Argentina – Valeria Salech, de Mamá Cultiva: “Quienes necesitamos terapia con cannabis estamos en la ilegalidad”

Entrevista a Valeria Salech, presidenta de la fundación Mamá Cultiva

Por Carla Perelló, de la redacción de NODAL

Hace dos semanas, a través del Boletín Oficial, se dio a conocer el aval del Ministerio de Seguridad para que la provincia argentina de Jujuy tenga el primer centro de elaboración de cannabis medicinal. La noticia podría haber sido tomada como un paso hacia adelante para la descriminalización del uso de la planta, teniendo en cuenta que, desde 2017, la ley 27.350 avala y permite la investigación médica y científica. Sin embargo, organizaciones y asociaciones que reclaman por el autocultivo con fines terapéuticos salieron a objetar el modo en el que esta prueba piloto fue asignada a la empresa Cannabis Avatãra S.E. Para conocer un poco más acerca del panorama actual respecto de quienes precisan terapia cannábica NODAL habló con Valeria Salech, presidenta de la fundación Mamá Cultiva, una de las organizaciones al frente del reclamo de la legalización de la marihuana y del autocultivo.

La empresa jujeña está asociada con la estadounidense Green LeafFarms International, y el dueño es Gastón Morales, hijo del actual gobernador Gerardo Morales. Según publicó la agencia estatal Télam, el proyecto se asentará sobre una superficie de 5 a 15 hectáreas de la finca El Pongo, montada sobre tierras del Estado provincial, y tiene como objetivo lograr “certidumbre científica respecto de la adaptación de la planta a las condiciones del suelo, agua, aire y clima del lugar”.Se estima que el proyecto estará finalizado en junio.

¿Qué posibilidades tienen de acceder a una terapia con cannabis tienen quienes la precisan en la actualidad en Argentina?¿Cuál es su opinión sobre la aplicación de la ley 27.350?

Nos encontramos en un limbo legal. La ley contempla en su artículo 8 un registro de pacientes usuarios de cannabis y, de implementarse, nos brindaría un marco de protección a quienes no podemos esperar los tiempos burocráticos del Estado. Su incumplimiento nos desprotege, debemos recurrir a amparos e intrincados y costosos procesos judiciales que son todavía más complejos para personas con discapacidad, enfermedades crónicas o terminales para tener algún aval oficial. Además, la normativa es limitada: solo para epilepsia refractaria. La ley siempre fue insuficiente, pero al menos nos brindaba un marco: hoy sentimos que su sanción fue nominal y electoralista, para instalar la sensación de que se escuchó nuestro reclamo mientras todo sigue igual o peor para quienes cultivamos cannabis para la salud. Siguen dejándonos en la ilegalidad a quienes necesitamos esta terapia porque la ley no se cumple. De hecho, este año el presupuesto es mínimo: 25 dólares por día (mil pesos argentinos). Para poner en proporción esta suma irrisoria podemos compararla con el salario mínimo vital y móvil, que en el país es de 282,50 dólares (11.300 pesos). En otras palabras, con el presupuesto diario asignado apenas podrían pagarse tres salarios que permitieran ejecutar la normativa en todo el territorio nacional.

Lamentablemente, seguimos perseguidas y criminalizadas por buscar una mejor calidad de vida y en una situación de mucha confusión, ya que el mismo Estado dilata y burocratiza la implementación de las medidas que aprobó. Cabe mencionar que en 2018 el Ministerio de Salud, autoridad de aplicación, fue degradado de rango y hoy es una Secretaría. Mientras, el Ministerio de Seguridad basa su política contra las drogas en perseguir a consumidores y cultivadores solidarios de cannabis y, en esas condiciones, incrementó su poder y absorbió otros ministerios que sufrieron el mismo destino que el de Salud. Debemos mencionar que la ley en cuestión nos vuelve dependientes de laboratorios y empresas farmacéuticas por contemplar sólo la exportación y la producción nacional aún no ha iniciado. Esto, además, corre sólo para una patología que es la epilepsia refractaria, dejando sin respuesta a otras decenas de patologías que también mejoran con el uso de cannabis. En esta coyuntura miles de personas practicamos el autocultivo porque es la única herramienta que encontramos para dar solución a nuestros padecimientos y los de nuestros familiares, que no pueden esperar.

Recientemente el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Seguridad, habilitó a una empresa como el primer centro de elaboración de cannabis medicinal de argentina y fue adjudicado al hijo del gobernador Gerardo Morales, de Jujuy. Ustedes se han pronunciado a través de un comunicado para manifestar su preocupación al respecto ¿por qué? ¿qué beneficios y qué perjuicios encuentran en esta decisión?

Celebramos que finalmente el Gobierno, a menos de un año de las próximas elecciones presidenciales, haya dado pasos en función de la implementación de la ley, sin embargo, esta noticia nos trajo mucha preocupación por varias razones. En primer lugar, porque no somos criminales consideramos que el cannabis para la salud debe ser una cuestión de salud pública. Ahora, en la actualidad, no son los organismos sanitarios los que lideran la instalación del laboratorio mitad público-mitad privado, sino que los anuncios dependen del Ministerio de Seguridad. En segundo lugar, la ley 27.350 contempla la formación de un Consejo Consultivo, el cual integramos y al que sólo fuimos convocadas una vez. Para la instalación de este laboratorio el Consejo no fue convocado y no sabemos para qué se cultiva, a quiénes está destinada la producción y con qué criterio se realizará la distribución o qué papel juega la Secretaría de Salud. Como tercer punto, nos genera profundo desconcierto el hecho de que sea el hijo del gobernador Morales el principal beneficiado con este emprendimiento estatal, mientras nosotras somos perseguidas por cultivar. Además, la intervención de un laboratorio norteamericano en el proyecto, en una provincia limítrofe, y la noticia sobre que parte de la producción se destinará a exportación, nos inquieta: ¿cuánto de la producción será destinado a satisfacer la enorme demanda interna que existe y que sabemos que se incrementará?

¿Qué impacto puede llegar a tener sobre la ley actual la recomendación de la OMS para que el cannabis sea eliminado de la categoría de “drogas peligrosas”?

La noticia de la OMS fue para nosotras motivo de festejo: finalmente este organismo se hace eco de lo que nosotras sabemos por experiencia y lucha. Esperamos que el gobierno, siempre tan interesado en cómo nos ven en el exterior, acompañe y tome las medidas que requiere la recomendación. Sería para nosotras un importantísimo logro dejar de ser perseguida por cultivar nuestra salud.


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