Brasil: Bolsonaro declaró la “guerra contra el crimen” y Sergio Moro presentó medidas para reducir o anular penas a policías por legítima defensa

Brasil: Moro presentó un paquete de propuestas para combatir la corrupción, el crimen y la violencia

Como parte de las promesas de campaña del presidente Jair Bolsonaro de reducir la corrupción y la inseguridad en Brasil, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Sergio Moro, presentó esta tarde un amplio paquete de propuestas legislativas que incluyen el encarcelamiento más rápido de corruptos, la punición efectiva del financiamiento no declarado de campañas electorales, el endurecimiento de penas para crímenes con armas de fuego o cometidos por miembros de organizaciones delictivas, y la creación de un banco genético con ADN de condenados por crímenes dolosos, así como la flexibilización del concepto de legítima defensa para el accionar de agentes de seguridad.

En una conferencia de prensa en el ministerio, en Brasilia, Moro, exjuez que tuvo a su cargo la mayor parte de las causas de la Operación Lava Jato, explicó que las medidas que serán enviadas al Congreso para su discusión prevén modificaciones al Código Penal, a la Ley de Ejecución Penal, a la Ley de Crímenes Hediondos, y al Código Electoral, por lo que podrían aprobarse con celeridad. El proyecto legislativo tiene tres ejes: corrupción, crimen organizado y crimen violento, que según el funcionario son temas muy relacionados, que no pueden ser tratados por separado.

“El crimen organizado utiliza la corrupción para ganar impunidad. Por otro lado, el crimen organizado está vinculado a buena parte de los homicidios del país; un gran porcentaje de los asesinatos ocurren por disputas del narcotráfico. El crimen contra la administración pública, como la corrupción, vacía los cofres públicos, disminuye los recursos disponibles para que el Estado pueda adoptar políticas más eficientes contra la criminalidad organizada, contra la criminalidad violenta, o políticas sociales que puedan servir para disminuir la seducción del crimen”, subrayó el ministro.

Antes de exponer a la prensa las alteraciones a 14 leyes para mejorar la lucha contra la corrupción y la criminalidad, Moro mantuvo reuniones con los gobernadores estatales y con los presidentes de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, y del Senado, Davi Alcolumbre, elegidos por sus pares el último fin de semana. Tanto Maia -reelecto en su cargo- como Alcolumbre -joven senador que logró vencer al veterano Renan Calheiros- pertenecen a la agrupación Demócratas (DEM), ideológicamente muy cercana al ultraderechista Partido Social Liberal (PSL) de Bolsonaro, por lo que se puede prever que faciliten el tratamiento de las reformas impulsadas por el nuevo gobierno.

Entre las medidas presentadas por Moro se destacan:

.Prisión en segunda instancia: se determina que los condenados en segunda instancia del proceso penal sean encarcelados provisoriamente si así lo determina un tribunal colegiado y solo excepcionalmente podrían apelar en libertad. Este ha sido un tema muy controvertido en los últimos tiempos, especialmente por el juicio por corrupción al expresidente Luiz Inacio Lula da Silva, ya que algunos juristas sostienen que las penas solo deberían empezar a cumplirse una vez que se agoten todos los recursos judiciales, es decir, se recurra a la Corte Suprema como tercera instancia. El propio Supremo Tribunal Federal tiene que juzgar reclamos al respecto en los próximos meses.

Régimen cerrado: el proyecto prevé que los condenados por corrupción pasiva, activa y malversación de fondos públicos sean encarcelados en régimen cerrado al inicio del cumplimiento de sus sentencias, independientemente de las penas que reciban. Actualmente, quienes reciben penas menores a ocho años pueden beneficiarse de un régimen de reclusión semiabierto o de prisión domiciliaria.

.Financiamiento no declarado de campañas: recaudar, mantener, movilizar o utilizar valores no declarados a la Justicia Electoral para campañas políticas -comunmente llamado “Caja 2” en Brasil- pasaría de ser un simple delito electoral a un crimen penal, con castigos mayores.

.Crímenes con armas de fuego y crímenes que resulten en muertes: cualquier condenado a un crimen cometido con arma de fuego deberá iniciar su pena en régimen de reclusión cerrado y tendrá su pena aumentada; en aquellos casos en que el crimen resulte en muerte, los condenados solo podrán beneficiarse de un régimen semiabierto una vez que cumplan 3/5 de su condena (actualmente es 2/5).

.Combate a organizaciones criminales: el proyecto amplía el concepto de estos grupos y establece reglas más duras para la prisión de sus líderes y miembros, que deberán ser recluidos necesariamente en cárceles de máxima seguridad y no tendrán posibilidad de pasar a un régimen semiabierto. Moro citó específicamente a organizaciones como el Primeiro Comando da Capital (PCC), el Comando Vermelho, el Terceiro Comando, Amigos dos Amigos (ADA), la Familia del Norte, y las milicias de exagentes de seguridad corruptos.

.Acuerdos judiciales para la reducción de penas (“plea bargain”): se crea la posibilidad de que los acusados puedan llegar a un acuerdo con los fiscales para que se declaren culpables y conseguir algunos beneficios, como la reducción de las penas, sin necesidad de ir a juicio. Ya durante la Operación Lava Jato fueron muy comunes acuerdos con condenados arrepentidos para delatar a otros involucrados o dar mayores detalles sobre cómo funcionaban las redes de corrupción reveladas.

.Multas y confiscación de bienes: el proyecto establece que los condenados deban pagar las multas impuestas en un plazo de diez días después del inicio de la ejecución definitiva o provisoria de la pena; asimismo, los condenados a más de seis años de prisión podrán tener sus bienes confiscados en cantidades proporcionales a los rendimientos que tuvieron por sus actividades ilícitas.

.Banco Nacional de Perfil Genético: los condenados por crímenes dolosos (con intención) serán incorporados a un banco de datos genéticos -con extracción de ADN- ni bien ingresen en una prisión. Sus datos se mantendrán por 20 años después de cumplida la pena.

.Flexibilización de puniciones a policías: el proyecto considera que un agente de seguridad pública actuó en legítima defensa cuando, “en conflicto armado o en riesgo inminente de éste, prevenga una agresión injusta e inminente a su derecho o el de otras personas”. Asimismo, los policías procesados en casos de excesos durante el ejercicio de su función podrán tener sus penas reducidas o anuladas si demuestran que existía “miedo, sorpresa o emoción violenta excusables”. Moro resaltó que las situaciones específicas deberán ser analizadas por los jueces, pero que estas condiciones no dan “licencia para matar” a los agentes de seguridad.

Régimen cerrado: el proyecto prevé que los condenados por corrupción pasiva, activa y malversación de fondos públicos sean encarcelados en régimen cerrado al inicio del cumplimiento de sus sentencias, independientemente de las penas que reciban. Actualmente, quienes reciben penas menores a ocho años pueden beneficiarse de un régimen de reclusión semiabierto o de prisión domiciliaria.

.Financiamiento no declarado de campañas: recaudar, mantener, movilizar o utilizar valores no declarados a la Justicia Electoral para campañas políticas -comunmente llamado “Caja 2” en Brasil- pasaría de ser un simple delito electoral a un crimen penal, con castigos mayores.

.Crímenes con armas de fuego y crímenes que resulten en muertes: cualquier condenado a un crimen cometido con arma de fuego deberá iniciar su pena en régimen de reclusión cerrado y tendrá su pena aumentada; en aquellos casos en que el crimen resulte en muerte, los condenados solo podrán beneficiarse de un régimen semiabierto una vez que cumplan 3/5 de su condena (actualmente es 2/5).

.Combate a organizaciones criminales: el proyecto amplía el concepto de estos grupos y establece reglas más duras para la prisión de sus líderes y miembros, que deberán ser recluidos necesariamente en cárceles de máxima seguridad y no tendrán posibilidad de pasar a un régimen semiabierto. Moro citó específicamente a organizaciones como el Primeiro Comando da Capital (PCC), el Comando Vermelho, el Terceiro Comando, Amigos dos Amigos (ADA), la Familia del Norte, y las milicias de exagentes de seguridad corruptos.

.Acuerdos judiciales para la reducción de penas (“plea bargain”): se crea la posibilidad de que los acusados puedan llegar a un acuerdo con los fiscales para que se declaren culpables y conseguir algunos beneficios, como la reducción de las penas, sin necesidad de ir a juicio. Ya durante la Operación Lava Jato fueron muy comunes acuerdos con condenados arrepentidos para delatar a otros involucrados o dar mayores detalles sobre cómo funcionaban las redes de corrupción reveladas.

.Multas y confiscación de bienes: el proyecto establece que los condenados deban pagar las multas impuestas en un plazo de diez días después del inicio de la ejecución definitiva o provisoria de la pena; asimismo, los condenados a más de seis años de prisión podrán tener sus bienes confiscados en cantidades proporcionales a los rendimientos que tuvieron por sus actividades ilícitas.

.Banco Nacional de Perfil Genético: los condenados por crímenes dolosos (con intención) serán incorporados a un banco de datos genéticos -con extracción de ADN- ni bien ingresen en una prisión. Sus datos se mantendrán por 20 años después de cumplida la pena.

.Flexibilización de puniciones a policías: el proyecto considera que un agente de seguridad pública actuó en legítima defensa cuando, “en conflicto armado o en riesgo inminente de éste, prevenga una agresión injusta e inminente a su derecho o el de otras personas”. Asimismo, los policías procesados en casos de excesos durante el ejercicio de su función podrán tener sus penas reducidas o anuladas si demuestran que existía “miedo, sorpresa o emoción violenta excusables”. Moro resaltó que las situaciones específicas deberán ser analizadas por los jueces, pero que estas condiciones no dan “licencia para matar” a los agentes de seguridad.

La Nación


Governo declara ‘guerra’ ao crime organizado, diz Bolsonaro em mensagem ao Congresso

O presidente Jair Bolsonaro afirmou em mensagem ao Congresso Nacional que o governo brasileiro declara “guerra” ao crime organizado.

A mensagem, entregue nesta segunda-feira (4) pelo ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, foi lida pela primeira-secretária do Congresso, deputada Soraya Santos (PR-RJ), na sessão de abertura do ano legislativo.

Mais cedo, nesta segunda, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, apresentou um pacote com propostas anticorrupção e antiviolência.

Segundo o presidente da República, a criminalidade “bateu recordes” em razão do “enfraquecimento” das forças de segurança e de leis “demasiadamente permissivas”.

Na opinião de Bolsonaro, o poder público foi “tímido” na proteção da vítima e “efusivo na vitimização social” dos criminosos nos últimos anos.

“Os mais vulneráveis foram os que mais sofreram com a degradação da segurança. Mulheres, crianças, pobres e negros eram objeto de discurso, mas não de políticas consistentes de proteção. Não vamos descansar enquanto o Brasil não for um país mais seguro, em que as pessoas possam viver em paz com suas famílias”, afirmou o presidente na mensagem.

A cerimônia desta segunda-feira aconteceu no plenário da Câmara dos Deputados.

Além de deputados e senadores, acompanharam a abertura do ano legislativo os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP); da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ); do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli; o vice-presidente da República, Hamilton Mourão; e a procuradora-geral da República, Raquel Dodge.

Outros temas

Saiba outros temas abordados por Bolsonaro na mensagem:

Educação

Afirmou que a educação “muitas vezes” foi transformada em “espaço de doutrinação ideológica”. Disse também que os pais brasileiros querem que os filhos “saibam português, matemática, ciências, que saibam ler, escrever, evoluir por suas próprias pernas”.

Ele destacou, então, que “as minorias e as diferenças sejam respeitadas em ambiente acolhedor, afetivo e fraterno”.

Reforma da Previdência

Afirmou que o governo está produzindo uma proposta “moderna e, ao mesmo tempo, fraterna” de reforma da Previdência Social. A mensagem também diz que um dos itens que está sendo formulado no projeto é a Poupança Individual da Aposentadoria.

“É uma iniciativa que procura elevar a taxa da poupança nacional, criando condições de aumentar os investimentos e o ritmo de crescimento. É um caminho consistente para liberar o País do capital internacional”, diz o texto.

Meio Ambiente

Bolsonaro afirmou que o meio ambiente “virou bandeira ideológica, prejudicando quem produz e quem preserva”. Na campanha eleitoral do ano passado, o então candidato criticou reiteradas vezes o que chama de “indústria das multas” na área ambiental.

“O Estado sobrepõe dezenas de estruturas de fiscalização, inibe quem quer produzir, mas não conseguiu coibir a tragédia de Brumadinho”, afirmou o presidente.

Há cerca de dez dias, uma barragem da mineradora Vale rompeu na cidade de Brumadinho (MG), levando uma enxurrada de lama à região. Segundo as autoridades locais, mais de 120 pessoas morreram; mais de 200 estão desaparecidas.

Renovação política

Ao discursar na cerimônia, a presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), destacou que a composição do novo Congresso resultou em uma das maiores renovações dos últimos tempos e com um número maior de partidos representados.

Ele ponderou que a nova configuração exigirá “responsabilidade” dos parlamentares em um cenário fragmentado para encontrar soluções para construir acordos.

Maia disse que o Congresso terá de enfrentar “uma pauta de matérias urgentes” que são demandas da maioria da população e citou as reformas da previdência e tributária, além da retomada do crescimento econômico, a redução da violência e o combate à corrupção.

Para o presidente da Câmara, “passadas as emoções da campanha eleitoral”, o Congresso terá condições de retomar o ritmo de trabalho e frisou que devem prevalecer “as regras do debate civilizado e do convívio democrático”.

Ele citou, então, o desequilíbrio fiscal enfrentado pelo país e a crise econômica vivida por vários estados e defendeu a aprovação urgente de uma reforma da Previdência.

“Não é tarefa simples, uma vez que impõe sacrifícios à população. No entanto, para garantir o equilíbrio fiscal, o crescimento econômico, a geração de empregos, e o próprio pagamento dos benefícios aos aposentados, é imperativo enfrentar esse desafio. E quão mais urgente menos doloroso sacrifício”, afirmou.
Caminho do desenvolvimento’

Presente à cerimônia desta segunda-feira no Congresso, o presidente do STF, Dias Toffoli, afirmou ser necessário que o país retome o “caminho do desenvolvimento” para voltar a crescer e a gerar empregos.

O presidente do STF também defendeu um “grande pacto” entre os Três Poderes que envolva “reformas fundamentais”.

Toffoli citou a reforma da Previdência e as reformas fiscal e tributária, além de uma “repactuação federativa” para evitar maiores crises financeiras nos estados e municípios.

“É necessário que o país retome caminho do desenvolvimento, volte a crescer, gere empregos, recobre a confiança dos empreendedores e investidores, retome o equilíbrio fiscal e combata o aumento da criminalidade e da violência no país”, disse Toffoli.

O ministro também destacou a importância do combate à corrupção e ao crime organizado, bem como, à “epidemia” de violência e homicídios.

“A retomada do desenvolvimento e do o equilíbrio fiscal tem como fim o bem estar dos indivíduos e a redução das desigualdades regionais”, afirmou.

Íntegra

Leia abaixo a íntegra da mensagem de Bolsonaro:

Senhoras e Senhores Congressistas,

O Governo brasileiro vem ao Parlamento – na abertura deste ano legislativo – trazer uma mensagem de esperança. A esperança de que falo é a esperança da atitude e da liberdade. Falo, ainda, da resistência de um povo, de uma Nação.

O Brasil resistiu a décadas de uma operação cultural e política destinada a destruir a essência mais singela e solidária de nosso povo, representada nos valores da civilização judaico-cristã. Esse processo começou pela dominação cultural nos espaços de formação e informação, passou pela ocupação do poder nas estruturas públicas e instituições e, por fim, chegou ao próprio Governo.

O Estado foi assaltado. O Erário foi colocado à disposição de tiranetes mundo afora. E a democracia ficou vulnerável diante de tamanha dilapidação moral e ética. Os brasileiros, especialmente os mais pobres, conhecem o resultado da era que terminou: a pior recessão econômica da história nos foi legada. Treze milhões de desempregados! Isso foi resultado direto do maior esquema de corrupção do planeta, criado para custear um projeto de poder local e continental.

O combate à miséria foi limitado à maquiagem nos números. Indicadores foram alterados para fins de propaganda, sem implicar melhoria nas condições de vida da população.

A criminalidade bateu recordes, fruto do enfraquecimento das forças de segurança e de leis demasiadamente permissivas. O governo de então foi tímido na proteção da vítima e efusivo na vitimização social do criminoso. A mentalidade era: quem deve ir para o banco dos réus é a sociedade.

Isso acabou! O Governo brasileiro declara guerra ao crime organizado. Guerra moral, guerra jurídica, guerra de combate. Não temos pena e nem medo de criminoso. A eles sejam dadas as garantias da lei e que tais leis sejam mais duras. Nosso governo já está trabalhando nessa direção.

Os mais vulneráveis foram os que mais sofreram com a degradação da segurança. Mulheres, crianças, pobres e negros eram objeto de discurso, mas não de políticas consistentes de proteção. Não vamos descansar enquanto o Brasil não for um país mais seguro, em que as pessoas possam viver em paz com suas famílias.

Nas relações internacionais, o Brasil deu as costas para o mundo livre e desenvolvido. Na saúde, o povo foi abandonado e os índices de mortalidade infantil voltaram a subir, depois de décadas de queda.

O meio ambiente virou bandeira ideológica, prejudicando quem produz e quem preserva – que, diferentemente do que se prega, são as mesmas pessoas. De novo: mais um objeto de discurso, que, na prática, ficou desprotegido.

O Estado sobrepõe dezenas de estruturas de fiscalização, inibe quem quer produzir, mas não conseguiu coibir a tragédia de Brumadinho. Aproveito para enfatizar que continuaremos empregando toda nossa energia para dar suporte às famílias, para melhorar o modelo de fiscalização de barragens e para colaborar com as investigações. Não é com um Estado mais pesado que vamos resolver e, sim, com um Estado mais eficiente.

A propósito disso, cito outra herança: o aumento do custo Brasil. Com carga tributária impeditiva, modais logísticos insuficientes e burocracia paralisante, formou-se uma combinação que – além de não proteger o meio ambiente – destruiu nossa produtividade e nossa competitividade.

Nosso país, de dimensões continentais e com uma população plural e de espírito livre, rejeitou essa forma de governar. Caiu por terra a mentira. E eis que vimos nascer a verdade e a esperança de quem segue em frente.

É fato que essa nova esperança se materializou em 2018. A esperança do trabalhador, do empreendedor, do cidadão do Brasil mais profundo, de todos que lutam de sol a sol para proteger suas famílias e serem felizes.

Nós – Executivo e Legislativo – temos grandes responsabilidades. A concretização dos nossos sonhos começa por acreditar mais no Brasil e nos brasileiros do que nas soluções de Brasília. É verdade! E, acima de tudo, não esquecer: governamos para Sua Excelência, a população brasileira!

É hora de a Administração Pública voltar a SERVIR, a resolver os problemas da Nação. É isso que significa dizer “mais Brasil, menos Brasília”. O Estado brasileiro, ao longo do tempo, foi se voltando muito para si e pouco para a sociedade. É uma máquina que se retroalimenta e não percebe os anseios das pessoas, especialmente dos mais necessitados. O Brasil precisa voltar seu olhar para a vida real. Afinal, o Estado deve estar a serviço da sociedade, e não o contrário! A realidade acontece nos Municípios, nos mais de cinco mil rincões de vários sotaques que moldam a Nação brasileira.

Logo, a mudança que queremos – e precisamos – passa pela união das pessoas de bem, pela coragem dos que conosco irão resistir a todos os ataques que virão pela frente. Passa não só pela escolha de Ministros, com trajetória de serviços prestados à Nação, como também pelos representantes escolhidos pela população brasileira.

Portanto, Senhores Congressistas, para construir uma nova esperança ao lado das senhoras e dos senhores, antes o nosso Governo precisa deixar claro o que rejeita. Para saber por onde queremos ir, é preciso primeiro entender o caminho que se deve evitar. E nós – como a imensa maioria dos brasileiros – rejeitamos as ditaduras, a opressão, o desrespeito aos direitos humanos. Rejeitamos, também, os modelos que subjugam o Poder Legislativo e os demais Poderes, seja por corrupção, seja por ideologia, ou ambos.

Rejeitamos, ainda, a perseguição à oposição, a quem pedimos apenas: respeito ao País e dignidade no exercício de seu legítimo papel.

Olhar para trás e ver o que está errado faz parte do aprendizado para o futuro. Mas, feito isso, é hora de olharmos para frente e levar o Brasil adiante!

Um país só é livre se livre é seu Parlamento. Se respeita e zela pela Constituição. E um País só é desenvolvido se o seu Parlamento tem responsabilidade com a evolução, com a transformação e com o progresso. É hora de evoluirmos juntos – política e institucionalmente. É o mínimo que cada um de nós, depositários da esperança, deve ao povo brasileiro.

Os primeiros passos dessa esperança concreta já estão sendo dados, tanto no ambiente interno quanto no externo. O Brasil volta a ser olhado pelo mundo como um lugar seguro para investir, repleto de oportunidades. E mais do que isso: nossos empreendedores começam a recuperar coragem para gerar emprego e renda. Os níveis de confiança melhoraram, a taxa de investimento parou de cair, os postos de trabalho voltaram a ser criados e a renda real das famílias começou a dar sinais de melhora.

Estamos conscientes – nós e todos os formadores de opinião responsáveis –: o grande impulso deste novo ambiente virá com o projeto da Nova Previdência. Estamos concebendo uma proposta moderna e, ao mesmo tempo, fraterna, que conjuga o equilíbrio atuarial, com o amparo a quem mais precisa, separando “previdência” de “assistência”, ao tempo em que combate fraudes e privilégios.

A Nova Previdência vai materializar a esperança concreta de que nossos jovens possam sonhar com seu futuro, por meio da Poupança Individual da Aposentadoria, um dos itens que está sendo formulado. É uma iniciativa que procura elevar a taxa da poupança nacional, criando condições de aumentar os investimentos e o ritmo de crescimento. É um caminho consistente para liberar o País do capital internacional.

Ao transformar a Previdência, começamos uma grande mudança no Brasil. A confiança sobe, os negócios fluem, o emprego aumenta. E eis que se inicia um círculo virtuoso na economia. Não tenham dúvida disso!

Essa é uma tarefa do Governo, do Parlamento e de todos os brasileiros. Mas, é claro, temos outros desafios igualmente importantes. Nossa educação, muitas vezes transformada em espaço de doutrinação ideológica, precisa resgatar sua qualidade. Os pais do Brasil querem que seus filhos saibam português, matemática, ciências, que saibam ler, escrever, evoluir por suas próprias pernas. E que as minorias e as diferenças sejam respeitadas em ambiente acolhedor, afetivo e fraterno.

Nosso governo quer recolocar o aluno no centro do projeto educacional, a partir de professores respeitados e valorizados. É nesse ambiente de liberdade que queremos desenvolver nossas crianças. E é LIBERDADE que queremos oferecer também a quem trabalha, a quem empreende, a quem investe. Queremos abrir o Brasil para as parcerias com a iniciativa privada, seja de capital nacional, seja de capital externo – desde que se cumpram as exigências legais.

Vamos defender sempre a liberdade de opinião, de crença, de imprensa, de manifestação religiosa, de pensamento!

Temos uma equipe de Ministros e técnicos altamente qualificada. Um time de ponta! Queremos transformar o País a partir de estudos sólidos e fundamentados que estão sendo elaborados pelos Ministros em suas respectivas áreas. Juntamente com o Congresso Nacional, vamos resgatar o Brasil!

Já somos um grande País. Iremos, juntos, transformar esse País em uma grande Nação: Pátria Amada, Brasil!

Muito obrigado!

Jair Messias Bolsonaro

Presidente da República

G1 Globo


Proposta de Moro prevê que juiz possa reduzir ou deixar de aplicar pena em casos de ações policiais resultantes de ‘medo, surpresa ou violenta emoção’

Uma das alterações propostas no projeto de lei anticrime apresentado pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, nesta segunda-feira (4), diz respeito à legítima defesa. Ele propõe mudanças no Código Penal e no Código de Processo Penal.

O artigo 23 do Código Penal, que tinha um parágrafo único (O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo), ganha um segundo parágrafo: “O juiz poderá reduzir a pena até a metade ou deixar de aplicá-la se o excesso decorrer de escusável medo, surpresa ou violenta emoção”.

Além disso, na nova redação do artigo 25 considera-se legítima defesa:

I. o agente policial ou de segurança pública que, em conflito armado ou em risco iminente de conflito armado, previne injusta e iminente agressão a direito seu ou de outrem
II. o agente policial ou de segurança pública que previne agressão ou risco de agressão a vítima mantida refém durante a prática de crimes

O projeto também prevê uma alteração no artigo 309 do Código de Processo Penal com a seguinte redação:

Se a autoridade policial verificar, quando da lavratura do auto de prisão em flagrante, que o agente manifestamente praticou o fato nas condições constantes dos incisos I a III do caput do art. 23 do Código Penal, poderá, fundamentadamente, deixar de efetuar a prisão, sem prejuízo da investigação cabível, registrando em termo de compromisso a obrigatoriedade de comparecimento a todos os atos processuais, sob pena de revelia e prisão

Veja aqui a íntegra do projeto

Na coletiva, o ministro disse que “a proposta fala por si”. “O que a proposta faz é tirar dúvidas de que aquelas situações específicas descritas caracterizam legítima defesa. Então, um agente policial, que numa situação de sequestro de refém toma uma providência para prevenir a morte da vítima, é evidente que ele atua em legítima defesa. No entanto, às vezes por questões discricionárias e subjetivas de interpretação da lei, essa situação não era assim entendida. Nós apenas deixamos claro na lei, extraímos do conceito de legítima defesa situações que a ela são pertinentes. Não existe nenhuma licença para matar. Quem afirma isso está equivocado, não leu o projeto.”

No final do ano passado, Moro comentou a questão, dizendo que era preciso “repensar” se “o tratamento jurídico atual era suficiente ou não para cobrir situações em que um policial, no âmbito de um confronto, tenha que eventualmente disparar a sua arma contra um criminoso fortemente armado”.

O chamado “excludente de ilicitude” foi uma das bandeiras do presidente Jair Bolsonaro durante a campanha. “Se chama excludente de ilicitude, existe em muitos estados norte-americanos. O elemento, ao ser flagrado portando uma arma de forma ostensiva, o lado de cá pode atirar primeiro sem problema nenhum.”

G1 Globo


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