Ernesto Samper expresidente de Colombia y último secretario general de UNASUR : “Venezuela entre la guerra y la paz”

Venezuela: entre la guerra y la paz

Por Ernesto Samper Pizano

En el año 2016, actuando como secretario general de Unasur, y por decisión de los presidentes suramericanos, pusimos en marcha, con mis colegas expresidentes Leonel Fernández de República Dominicana, José Luis Rodríguez Zapatero de España y Martín Torrijos de Panamá, un proceso de diálogo entre el gobierno del presidente Maduro y la oposición venezolana.

El diagnóstico inicial identificó tres frentes de trabajo: la estabilización económica, la renovación de la democracia a través de unas elecciones generales y la necesidad de una reforma constitucional que equilibrara los poderes públicos concentrados, desde hacía varios años, en el Poder Ejecutivo.

La propuesta de ‘Estabilización económica solidaria’, en la cual participaron destacados economistas latinoamericanos, buscaba unificar los tipos de cambio, mantener el poder adquisitivo de los salarios con un subsidio al estilo de la bolsa familiar brasileña, ajustar de forma gradual el precio de los combustibles, preservar los logros en materia de inclusión conseguidos a través de algunas de las “misiones” sociales, renegociar la deuda externa y realizar algunos activos de propiedad del Estado en el exterior, con el objetivo de darle una liquidez internacional a PDVSA.

La propuesta incluía la apertura de canales humanitarios, destinados para ayudas de primera necesidad en artículos de inmediato requerimiento, como drogas y alimentos, y el aprovechamiento de facilidades logísticas, públicas y privadas, ya existentes, para la distribución de estos. Lamentablemente, la propuesta, que se terminó en República Dominicana, no fue implementada.

Unasur también trabajó en un proyecto de enmienda constitucional para restablecer el equilibrio de poderes y evitar que el juego de la democracia terminara convertido en un ‘gana todo o pierde todo’, en el cual el partido ganador se queda con todo el poder –incluidos los organismos de control y los órganos judiciales– y la oposición, con nada. Se proponía además someter este nuevo diseño institucional a un referendo cuya celebración coincidiría con la de unas elecciones generales.

En la última reunión de la Comisión del Diálogo, celebrada en noviembre del 2016 en la ciudad de Caracas, donde estuvimos con voceros del Gobierno y de la oposición, y el delegado personal del papa Francisco, se acordaron decisiones importantes alrededor de estos temas.

La más importante: los actores políticos en la mesa se comprometieron a renunciar a la violencia como forma de lucha política. Se acordó una fórmula para equilibrar el Consejo Nacional Electoral, con la presencia de miembros de todas las fuerzas políticas. Se acogieron fórmulas para la renegociación de la deuda externa y la aprobación de leyes y reformas constitucionales en el seno de la Asamblea Legislativa, relacionadas con la estabilización económica. Hubo acuerdo sobre una línea de tiempo para celebrar elecciones generales. Se aceptó la apertura de un canal humanitario de medicinas que solicitaba el Vaticano, a través de Caritas.

Lamentablemente, la incapacidad de la oposición para ponerse de acuerdo sobre los temas que habían aprobado sus propios voceros en la mesa, sumada a la actitud ciega del sector radical del equipo económico del Gobierno, impidió que se desarrollaran estos acuerdos, los cuales hubieran devuelto el país a la normalidad que se estaba buscando.

Con posterioridad a mi retiro de la Secretaría, el Gobierno venezolano lanzó la iniciativa de una Asamblea Constituyente, que no compartí porque era, como lo dije públicamente, un salto al vacío institucional; lo que haría daño al carácter democrático del Gobierno.

En mi último viaje a Caracas, a comienzos del 2017, visité oficialmente a Julio Borge, quien era presidente de la Asamblea. Una Misión Electoral de Unasur había validado, unos meses atrás, la legitimidad de esta última. Concedí algunas entrevistas de balance de resultados a medios independientes del Gobierno y me despedí del presidente Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores.

A la luz de estos antecedentes, es claro para mí que Venezuela enfrenta hoy una peligrosa disyuntiva. Si se endurece el bloqueo económico iniciado por Estados Unidos, se agregan más sanciones económicas y el presidente se mantiene en Miraflores apoyado por el Ejército, será el pueblo venezolano el que sufra las consecuencias de una tragedia humanitaria, que podría terminar en una verdadera guerra civil con derramamiento de mucha sangre.

En este escenario de confrontación, no se debe descartar el interés de algunos círculos militares cercanos al Gobierno por escalar un conflicto fronterizo con Colombia, lo que legitimaría domésticamente al presidente Maduro. En ese caso, también habría víctimas colombianas. Esta salida de fuerza legitimaría además una intervención militar extranjera, que no ha sido descartada por el presidente de Estados Unidos y sus asesores de seguridad, ni rechazada de manera enfática por los países del Grupo de Lima que lo acompañan en su libreto. La imposición a la fuerza del presidente interino escalaría la polarización actual y agravaría, en el mediano plazo, la desinstitucionalización que hoy se vive en el país.

La vía alternativa, que han propuesto el grupo de Montevideo, el papa Francisco y el grupo de contacto de la Unión Europea, sería una negociación entre las fuerzas políticas de Venezuela para celebrar un gran acuerdo nacional que podría tener, entre otros, los siguientes objetivos, algunos de los cuales estaban contenidos en la propuesta de los expresidentes y Unasur: un gobierno nacional de transición que sea garantía para todas las partes, un plan de estabilización económica, un calendario para la celebración de unas elecciones generales, los términos de una reforma constitucional que restablezca el equilibrio de poderes y la creación de un mecanismo de verdad y justicia que inicie un proceso de justicia transicional, para concretar indultos y concesiones en materia punitiva y carcelaria que faciliten, en adelante, la reconciliación de los venezolanos.

Transición, estabilización económica, elecciones anticipadas, equilibrio constitucional de poderes y verdad con justicia serían entonces los elementos de una alternativa justa, democrática y pacífica que solucione la crisis venezolana. El dilema no puede ser más claro: el camino de la paz o el camino de la guerra; las urnas y la democracia o la fuerza y la violencia.

ERNESTO SAMPER PIZANO
Exsecretario General de UNASUR y expresidente de Colombia

El Tiempo


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