Javier Couso, eurodiputado español: “El Parlamento Europeo debería garantizar que América Latina y el Caribe siga siendo zona de paz”

Entrevista a Javier Couso, eurodiputado español

Por Jorge Marchini.

El 31 de enero de 2019 el Parlamento Europeo en una votación no vinculante reconoció con 439 votos a favor, 104 en contra y 88 abstenciones al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela Juan Guaidó como “presidente interino legítimo.” Uno de los que votó en contra fue Javier Couso, eurodiputado español electo por Izquierda Unida. En entrevista con NODAL advirtió que en Venezuela se juega la definición de las nuevas fronteras internacionales y el intento de establecer un nuevo orden mundial.

-¿Por qué motivo votó en contra de la resolución del Parlamento Europeo sobre Venezuela?

En primer lugar, es necesario recordar que la UE fue invitada como observadora internacional en las elecciones presidenciales de mayo del año pasado -en las que Nicolás Maduro resultó elegido como presidente con un 67,8% de los votos- y que decidió no asistir. Sin embargo, todos los observadores internacionales que participamos en dichas elecciones avalamos el proceso y su transparencia; entre otros el ex presidente de España José Luis Rodríguez Zapatero, que no parece ser un radical comprado por el chavismo. Durante nuestra labor sostuvimos reuniones con los comandos de campaña de las candidaturas que concurrían frente a Nicolás Maduro y tuvimos la oportunidad de asistir a más de 30 colegios electorales.  Y la jornada electoral transcurrió con absoluta normalidad.

En segundo lugar, Venezuela se rige por un sistema presidencialista y por sufragio directo. No existe ningún artículo en la constitución que prevea la usurpación de un cargo electo por parte del presidente de la Asamblea Nacional, y aún menos la concentración de poderes en una única persona. No existe reconocimiento internacional alguno que pueda hacer legal lo que constitucionalmente es ilegal, además de antidemocrático y contrario a la soberanía del pueblo de Venezuela. La cuestión en torno a la crisis política venezolana no es de carácter ideológico, sino de orden democrático y de respeto a la legalidad internacional.  La postura contraria al diálogo como solución a los conflictos, vulnera gravemente la Carta de Naciones Unidas y al principio de no injerencia en los asuntos internos de Venezuela. Es por ello que la posición de la UE resulta aberrante y -además- totalmente inútil.

En resumen, mi voto en contra de la resolución del Parlamento Europeo tiene como fundamento su carácter ilegal, y que supone una grave amenaza para la legalidad y las relaciones internacionales. A mi juicio, y en el de otros muchos diputados del Parlamento, la UE no puede estar al servicio de la política exterior estadounidense. El Parlamento Europeo debería jugar un papel en defensa del diálogo y garantizar que América Latina y el Caribe sigan siendo zona de paz.

¿Cuál es su opinión sobre la intención de ampliar sanciones conómicas y financieras contra Venezuela en el marco de una crisis humanitaria creciente?

El Parlamento Europeo no tiene competencias económicas y financieras. Esa atribución corresponde al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Tanto la Asamblea como el Consejo de Seguridad de la ONU reconocen a Nicolás Maduro como presidente constitucional y legítimo de Venezuela, por lo que el establecimiento de sanciones contra Venezuela al margen del gobierno legítimo vulnera la legalidad internacional.

Por otra parte, hay una cuestión que quisiera puntualizar. En Venezuela no hay una crisis humanitaria, sino una crisis política y económica fruto de tres años de bloqueo y sanciones de Estados Unidos contra el pueblo venezolano. Estas sanciones persiguen la coerción económica para un cambio de Gobierno. Los conceptos tanto de “crisis humanitaria” como de “ayuda humanitaria” no son otra cosa que un montaje militar y mediático articulado desde la Casa Blanca, por ello entidades como la Cruz Roja se han negado a colaborar con los envíos de EEUU a través de Colombia.

¿Cuál es su opinión respecto de la “Declaración final” firmada el 7 de febrero por Costa Rica, Ecuador, Uruguay, la Unión Europea, España, Italia, Portugal, Suecia, Alemania, Francia, Países Bajos y el Reino Unido, que insta a Venezuela a llamar a elecciones presidenciales “libres, transparentes, creíbles de acuerdo a la Constitución Venezolana”?

En Israel, que parece ya un Estado de la Unión Europa, hay cinco millones de desplazados fruto del genocidio y bombardeo continuo al que está sometido el pueblo palestino. En el Sahara existen más de 400 casos documentados de víctimas de desapariciones forzosas a manos de la ocupación marroquí. En Arabia Saudí decapitaban anteayer a un niño de seis años “por ser de una rama equivocada del Islam”. En Colombia, que tan preocupada está con Venezuela, han sido asesinados más de 500 líderes sociales en los últimos años, a pesar del acuerdo de paz con las FARC. Y en el recuerdo permanecerá el fraude electoral en EEUU del año 2000 que entregó la Presidencia a George Bush frente a Al Gore y que desembocaría en la guerra de Irak. Estos son tan solo algunos terribles ejemplos de lugares donde no existen observadores internacionales, donde no hablan de “crisis humanitarias”, ni piden elecciones, ni cambios de gobiernos, ni se firman “declaraciones finales”. Por ello, entenderán, tengo serias dudas que la verdadera preocupación de los firmantes de dicha declaración sea la de velar por la democracia y la transparencia electoral en Venezuela.

En estos instantes la Asamblea Nacional, de la que sí es presidente Juan Guaidó, está en desacato según los tribunales venezolanos por serias irregularidades en su composición, pero nadie parece exigir elecciones a la Asamblea Nacional. Como  comentaba, en las elecciones presidenciales de mayo de 2018 estuvimos presentes más de dos mil observadores internacionales, que dimos por válidos los resultados electorales por los cuales Nicolás Maduro fue electo como presidente. Resulta realmente asombroso, no ya el reconocimiento de Juan Guaidó por los Estados firmantes de esa declaración, sino el reconocimiento como “presidente encargado” a una persona que ha sido nombrada como tal por Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos. Ni Pence, ni la Casa Blanca quienes para nombrar presidente en Venezuela o Cuba como no lo es para nombrarlos en España o Alemania. Es un grave caso de injerencia e intervención sobre los asuntos internos de un país soberano como es Venezuela, y que nos evoca preocupantemente a Libia o Irak.

En todo caso, en estos instantes existen distintas iniciativas. Por una parte está el Grupo de Contacto de la UE, en la que también están presentes Ecuador, Uruguay, Costa Rica y Bolivia, y, por otra, el Mecanismo de Montevideo, con México y los países del Caribe. Unos consideran que la solución es la exigencia inmediata de elecciones, y otros que la solución a la crisis política no puede ser por la fuerza ni sobre plazos fijados por actores externos al país, con una agenda amplia y sobre el principio del diálogo.

¿Qué entiende que está en juego en la crisis de Venezuela que ha llevado a una creciente y peligrosa polarización no sólo interna sino también geopolítica?

Hace unos días, Marco Rubio -articulador de la posición de EEUU para Venezuela- intervenía en la Fundación Heritage, y llamaba la atención sobre dos cuestiones. La primera, que en su consideración, si se producía un cambio de Gobierno en Venezuela a continuación se produciría en Cuba. La segunda, que Venezuela es un asunto de “interés nacional”, y que EEUU tiene el derecho a intervenir “en cualquier parte del planeta” para defender sus intereses.

Si atendemos a la imagen que han construido los medios de comunicación en torno a Donald Trump, pensaríamos que se trata de un sujeto caprichoso y que conforma su acción política sobre la improvisación y condicionado fuertemente por la televisión. Esto es una desgracia para una gran nación como EEUU que pasa de Barack Obama, el Premio Nobel de la Paz que ha mantenido a su país en guerra más tiempo que Roosevelt, Lyndon B. Jhonson o Nixon, a un excéntrico Donald Trump.

La realidad es bien distinta. Puede que hayan cambiado las formas en la política exterior norteamericana, pero los métodos y los objetivos – que tan clara y sinceramente transmitía Marco Rubio – y las bombas son las mismas. Obama bombardeaba Siria en 2014, y Donald Trump continuó con las operaciones militares iniciadas por su antecesor. ¿Acaso con Hillary Clinton, la candidata demócrata  que enfrentó a Trump, las cosas hubiesen sido distintas? Pues todo parece indicar lo contrario. Los correos electrónicos de Clinton revelan que fue ella, bajo su mandato como Secretaria de Estado de Obama, quien hizo de la intervención en Liba eje central para intentar cumplir sus sueños presidenciales. ¿Bill Clinton? Irak, ¿Bush? Irak y Afganistan. Estableciendo un simple listado de intervenciones bélicas de EEUU la injerencia por vía militar, económica e intermediada a través de terceros países no es ninguna novedad, sino un mínimo común denominador de la política exterior norteamericana a lo largo de toda su historia, que es más bien corta. El lema “primero Estados Unidos” no es la política exterior de Donald Trump, es el eufemismo histórico del mecanismo por el cual todo lo que sucede en el planeta es asunto de “interés nacional” y, por lo tanto, se creen con el derecho de intervenir “en cualquier parte del planeta”.

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La dictadura franquista en mi país decía que España, y la doctrina nacional-católica que regía sus principios políticos, era una unidad de destino universal y que todos los pueblos, por diversos que fueran, debían sentirse armonizados en esa irrevocable unidad de destino nacional-católica. Cambiamos España  y su “doctrina nacional-católica” por EEUU y su “american way of life” y daremos con la unidad de destino universal del proyecto usamericano. Todo aquello que no se ajuste al “american way of life” diseñado por el entramado económico y militar de EEUU se convierte en asunto “nacional” y “humanitario” que encuentra sus fronteras, principalmente, en aquellos lugares, pueblos y naciones que han decidido soberanamente explorar formas de organización política, económica y social alternativas a la de EEUU, a la luz de sus resultados por índices de pobreza y desigualdad social. Allí donde McDonalds y la televisión no logran imponer su modelo, se da paso a los golpes de Estado y las intervenciones militares.

El ansia por hegemonizar los recursos mundiales y homologar todo orden político al sistema norteamericano supone un peligro para la soberanía de los pueblos, al diálogo y la paz como modelo de relación entre las naciones del mundo. La definición de las nuevas fronteras internacionales y el intento de establecer un nuevo orden mundial se juega hoy en Venezuela.


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