Argentina: A 43 años del golpe, marchas por la memoria, verdad y justicia

Marcha del 24 de marzo: Madres y Abuelas convocan a la Plaza de Mayo

A días de cumplirse un nuevo aniversario del golpe de Estado, madres y abuelas convocaron a marchar junto a ellas este domingo 24 de marzo para pedir por memoria, verdad y justicia. “No hay que bajar los brazos -fue el mensaje de Taty Almeida, madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora-. Lo decimos nosotras las locas, que a pesar de los bastones y las sillas de rueda seguimos de pie.”

“Si se olvida se repite”, remarcó Estela de Carlotto, de Abuelas de Plaza de Mayo, sobre la importancia de la marcha del domingo. “Por eso no olvidar es estar presentes en la Plaza de Mayo todos los 24 de marzo que sean necesarios”, convocó.

Nora Cortiñas también llamó a estar presentes en la marcha: “Quisiera invitar a los jóvenes a que vengan. Si estamos todos en la calle, todos luchando, qué bueno.”

Página 12


Lesa humanidad: cuando la ciencia hace justicia

El Banco Nacional de Datos Genéticos funciona en Argentina desde 1987 y fue el primero de este tipo en el mundo. Trabaja en 120 casos mensuales. Hay más de 300 personas en todo el país que aún no conocen su verdadera identidad

Por Candela Ramírez

Una abuela se pregunta: ¿puede mi sangre servir para identificar un nieto? La ciencia del mundo se pregunta: ¿tenemos los recursos para dar esa respuesta? Alguien en alguna parte se pregunta: ¿quién soy? Son estas preguntas las que confluyen, y confluyeron, para que se puedan encontrar a hijas e hijos de personas desaparecidas y que fueron apropiados por la última dictadura cívico-militar.

El Banco Nacional de Datos Genéticos es un archivo sistemático de material genético y muestras biológicas de familiares de desaparecidos. Su trabajo sirve como prueba objetiva en el proceso de restitución de identidad de personas que fueron apropiadas y para el esclarecimiento de delitos de lesa humanidad. También sirvió como fundamento para la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final.

El robo de bebés fue una práctica sistemática llevada adelante por los militares en Argentina entre 1976 y 1983. Abuelas de Plaza de Mayo lideró la búsqueda de las personas que fueron secuestradas en su niñez junto a sus padres y madres o que nacieron durante el cautiverio de sus madres embarazadas. Fue la lectura de una noticia sobre un padre que negaba la paternidad lo que despertó la pregunta de una abuela: ¿podía su sangre servir para identificar a un nieto? La ciencia aún no tenía la respuesta.

Las Abuelas se reunieron con investigadores por todo el mundo hasta que llegó la respuesta: el índice de abuelidad, que es una fórmula estadística que establece la probabilidad de parentesco entre abuelos y nietos, a partir del análisis del perfil genético y que garantiza un 99,99 por ciento de eficacia.

Así, el Banco Nacional de Datos Genéticos –BNDG– se creó en 1987, cuando se sancionó la ley 23.511, durante la gestión de Raúl Alfonsín. Fue el primero en el mundo. En 2009 pasó a la órbita del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, que hoy es una secretaría dependiente de la cartera de Educación. La compra de insumos y equipamiento necesarios para su funcionamiento es una política de Estado que continúa vigente.

Herencia e identidad

Daniel Alcázar es técnico en hemoterapia. Entró a trabajar en el laboratorio del BNDG en 1991 y desde 2001 se dedica a viajar por todo el país haciendo extracciones de sangre. Su trabajo es conseguir las muestras de personas que dudan de su identidad, que tengan familiares desaparecidos o que sean citadas en el marco de una causa judicial.

Le apasiona trabajar en el Banco aunque sea duro por la cantidad de historias que lo conmueven. Prefiere viajar en colectivo pero muchas veces, por las distancias y los tiempos, tiene que hacerlo en avión. Intenta hacer su trabajo rápido pero hay casos que le demandan quedarse varios días en un lugar, como cuando tiene que recorrer varios pueblos.

Alcázar viaja, viaja mucho. Es cansador porque muchas veces los resultados de las muestras no dan coincidencia. Entonces viaja, viaja de nuevo a ver si la muestra que sigue resulta en una nueva restitución. Junto con 30 personas más conforma el equipo del BNDG, que incluye bioquímicos, antropólogos forenses, biólogos moleculares, abogados y comunicadores, entre otras profesiones.

Además el trabajo de Alcázar consiste en escuchar. Del centro, del norte o del sur del país, las personas que conoce le comparten un retazo de la historia del país que hace eco en sus historias personales. Muchas veces escucha relatos de familiares de desaparecidos que le hablan de su pérdida, de ese dolor continuo. Otras, le cuentan cómo fueron los días en cautiverio y cuánto sufrieron. El daño del terrorismo de Estado es permanente, las secuelas individuales persisten. El daño al tejido social dura generaciones: la falsificación de identidad se hereda.

Hijas e hijos de desaparecidos ya rondan los 40 años. Muchos tienen hijos. Si fueron bebés apropiados y aún no recuperaron su verdadera identidad, quiere decir que hay una nueva generación que desconoce también su origen. De ahí la importancia de que más allá del gobierno de turno siga existiendo el BNDG: para que cualquier persona a la edad que sea pueda resolver las dudas que tenga sobre su identidad.

Ciencia al servicio de lo social

La directora del Banco, Mariana Herrera Piñero, cuenta que cuando una persona duda de su identidad puede acercarse a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) o a Abuelas de Plaza de Mayo. Ambos organismos acudirán al BNDG en caso de ser necesario.

Al mismo tiempo, el Banco recibe a personas que son citadas por la Justicia por investigaciones relacionadas con la apropiación de menores. “En 2018 organizamos jornadas de intercambio y capacitación con la CONADI y con la Unidad Especializada para causas de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado. Fueron muy productivas y nos ayudaron a aceitar la labor diaria. El volumen de trabajo es muy grande, tenemos alrededor de 120 casos mensuales de jóvenes que dejan su muestra”.

Para la comunidad científica haber encontrado respuesta a la pregunta de Abuelas fue una forma de ponerse al servicio de lo social y de los derechos humanos luego de un siglo donde la ciencia muchas veces se usó en guerras y matanzas. Construir un Banco y no responder a cada caso de forma individual fue importante para el desarrollo científico y también para permitir la masividad de la búsqueda.

Herrera Piñero nombra también al Equipo Argentino de Antropología Forense que aporta perfiles genéticos de personas desaparecidas para que se puedan completar los grupos familiares del banco.

La directora destaca que los avances científicos de los últimos años son muchísimos. Recuerda que cuando se comenzaron a realizar los análisis de ADN en 1985 sólo se analizaban las características presentes en la sangre y se hacía de forma manual. Hoy los procesos son automatizados.

Cuenta que la genética forense avanza continuamente y por eso es importante que quienes forman parte del laboratorio se sigan capacitando. “Hoy podemos comparar la muestra de un posible nieto contra todos los grupos familiares que se encuentran a la búsqueda de un nieto o nieta a través de un software llamado Familias, en donde se carga el perfil genético de la persona analizada y desde allí se compara con toda la base de datos disponible”, explica.

Herrera Piñero plantea que el cálculo estadístico se ve reforzado en la medida en que los árboles familiares se encuentren más completos: es vital contar con la mayor cantidad de muestras de familiares posibles del núcleo cercano. “Por eso se creó un área de antropología forense que se ocupa exclusivamente de exhumar y extraer muestras de ADN de abuelos fallecidos que no lograron dejar su muestra y de posibles nietos que no llegaron a analizarse”.

Por otra parte, explica que los estudios que dan resultados negativos se registran como no inclusiones: “Esto quiere decir que el negativo surge de la comparación contra las familias que actualmente se encuentran cargadas en la base de datos. En la medida en la que se sumen nuevas familias que estén buscando un nieto o nieta o que se completen los árboles familiares, los perfiles de las personas que dudan de su identidad, estos jóvenes se vuelven a comparar para establecer si hay un nuevo match”.

El trabajo continúa

“Es una genialidad de las Abuelas haber pensado cómo encontrar sus nietos y dar con todo esto”, piensa Alcázar. Herrera Piñero coincide y agrega: “Este organismo es un legado de las Abuelas no solo para la restitución de nietos nacidos en cautiverio, sino para todos los países que sufrieron tragedias similares a las nuestras”. Actualmente el Banco trabaja con Colombia, Perú y El Salvador. En 2016 recibió a la agrupación nigeriana Bring Back Our Girls que busca a jóvenes secuestradas por un grupo islámico desde 2014.

La búsqueda de nietas y nietos es compleja porque una de las características principales de la represión militar fue su clandestinidad. No existen registros oficiales de cuántas personas fueron detenidas ni por dónde pasaron. Tampoco todos los familiares de desaparecidos saben si había un embarazo al momento del secuestro. Es posible que nunca hayan dado su muestra al Banco.

En el robo de bebés se pone de manifiesto la responsabilidad civil durante la dictadura: los grupos militares contaron con la complicidad de funcionarios civiles, médicos y auxiliares. Lugares como la ESMA o Campo de Mayo funcionaron como maternidades clandestinas, lo que permitió que la supresión de identidad fuera legitimada en los registros oficiales.

Hasta el momento los organismos recuperaron las identidades de 128 personas. Faltan más de 300. Se acerca el 43° aniversario del último golpe cívico militar, las heridas todavía no cierran.

El Ciudadano Web


El terrorismo de Estado fue también terrorismo sexual

Después del secuestro y las torturas para las mujeres venía la violación, una forma de sellar con la firma patriarcal esos cuerpos ya marcados por el terrorismo de Estado. El Poder Judicial tardó casi tres décadas en nombrar estos crímenes. “No hay una sola memoria, las memorias son muchas, son colectivas y son feministas. Nunca más una memoria sin las mujeres y las disidencias. Nunca más una historia sin nosotras”, escribe María Florencia Alcaraz.

Por María Florencia Alcaraz

Las violencias estatales no son lineales: son capas que se abren y encierran más violencias, como una cebolla putrefacta. Después del secuestro, los interrogatorios, los golpes, el estacamiento, más golpes, la capucha, los grilletes, el submarino seco, el submarino mojado, la picana, la parrilla, las sesiones de tortura física y las amenazas de muerte constantes, para ellas venía la violación.

Muchas sobrevivieron para dar testimonio, otras tuvieron como último destino la desaparición forzada y sus compañerxs dieron cuenta de ese sometimiento en el encierro. En las cuchas en las que dormían; en los baños cuando intentaban asearse; en cuartos a los que eran llevadas engañadas; en hoteles y habitaciones fuera de los predios clandestinos: militares de diferentes rangos y responsabilidades violaban a las detenidas-desaparecidas. El terrorismo de Estado fue, también, terrorismo sexual.

Era una forma de sellar con la firma patriarcal esos cuerpos ya marcados por las violencias del secuestro, las vejaciones y torturas. Acentuar al extremo las masculinidades violentas y agresivas que se desplegaban en los centros clandestinos de detención.

Las violaciones, a su vez, fueron correctivas: una manera de signar esas trayectorias vitales que habían desobedecido al mandato de género y a la sumisión que se esperaba de la sociedad en general. Los delitos sexuales se inscriben en la larga lista de delitos que se cometieron durante la última dictadura cívico-militar. Los varones también sufrieron, en menor escala, este tipo de crímenes de poder, pero para las mujeres formaba parte del cotidiano.

Desde la óptica patriarcal se trataba de un castigo que rebotaba en un laberinto de espejos: cada violación fue un mensaje para lxs otrxs detenidxs, sus parejas, compañerxs de militancia, hermanos, padres. Y, a su vez, imprimía en ellas un estigma que -como sobrevivientes- después iban a cargar. Sobre el “algo habrán hecho” para estar cautivas, se imprimió el “algo habrán hecho” para sobrevivir. “Putas y guerrilleras”, nombró la periodista Miriam Lewin su libro sobre Crímenes sexuales en los centros clandestinos de detención.

Es posible hilvanar una historia común que une las denuncias públicas y judiciales que hacen muchas chicas hoy contra músicos del rock; las actrices contra actores abusadores y violadores y cada una que decide volver perecedero el tiempo del silencio. Las sobrevivientes de la dictadura víctimas de violaciones y otros delitos sexuales, tampoco se callaron; solo que sus relatos quedaron bajo el manto de crueldad que imprime la desaparición forzada y, a su vez, la escucha era otra. El Poder Judicial tardó casi tres décadas en nombrar estos crímenes. La invisibilización jurídica los ocultó bajo la figura de “tormentos”.

—¿Es verdad que vos salías con el tigre Acosta?”, le preguntó la señora de los almuerzos, Mirtha Legrand, a Miriam Lewin hace 15 años.

—¿Cómo que “salía”?

No. En un centro clandestino de detención no existe el consentimiento. El continuum de terrorismo sexual comenzaba con la desnudez forzada a la que eran sometidas. Seguía con los comentarios sobre sus cuerpos, manoseos, tocamientos, abusos, penetración con objetos, violaciones, abortos forzados, esclavitud sexual, partos clandestinos.

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A Mirta Pérez se turnaban para violarla. No sabe cuánto tiempo estuvo esposada a la cama con sábanas limpias que eligieron para someterla a este crimen de poder. A Susana la violaron, al menos, en tres oportunidades. Primero, un guardia la llevó al baño engañada para forzarla a tareas de limpieza y luego la violó en un cuartito. Después el represor Jorge Rádice la llevó a un hotel cercano al centro clandestino y la violó. Juan Carlos Rolón, también.

Liliana Elvira Pontoriero contó durante el juicio que la segunda vez que la sometieron a una sesión de picana eléctrica no la violaron porque estaba menstruando. Sin embargo, la obligaron a masturbarse con un palo de goma. Todas ellas sobrevivieron a su estadía forzada en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde se calcula que pasaron -al menos- 360 mujeres. A pesar de la enorme cantidad de testimonios que dan cuenta de una práctica sistemática sobre los cuerpos de las cautivas aún ningún represor de este centro clandestino de detención fue condenado por violaciones y abusos sexuales.

“Los guardias solían decir que las mujeres éramos mucho más peligrosas que los hombres”, dijo Andrea Bello, secuestrada el 6 de diciembre de 1978, en el testimonio que brindó en el juicio por ESMA en 2013.

Ya en el Juicio a las Juntas, en 1985, algunas sobrevivientes pudieron poner en fila los recuerdos del horror y contar las violaciones. Sin embargo, los jueces no jerarquizaron esos relatos. Las interrumpían, no repreguntaban o simplemente pasaban a otro tema sin solución de continuidad.

Elena Alfaro, una sobreviviente de El Vesubio, contó cómo la violaron a ella y a tres compañeras más, de las que pudo dar nombre y apellido. Sin embargo, cuando terminó el relato, el juez solo atinó a preguntarle: “¿Pudo notar la presencia de alguna persona extranjera en el lugar, como detenida”. Con la apertura de los juicios volvió a contar cómo había sido violada.

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La invisibilidad jurídica también estuvo relacionada a que en el Código Penal argentino la violación sexual estaba tipificada como “delito contra la honestidad” y recién en el año 1999 la definición fue cambiada por “delito contra la integridad sexual”.

En la jurisprudencia internacional, la primera sentencia que definió la violación sexual como un delito contra la humanidad y en un instrumento para el genocidio fue el 2 de septiembre de 1998, en el caso Akayesu, por la Sala de Primera Instancia del Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Allí se juzgaron las violaciones de las mujeres Tutsi.

Tras la reapertura de los juicios, en 2010 la condena Gregorio Rafael Molina a prisión perpetua por los crímenes cometidos en “La Cueva”, que funcionó en la Base Aérea de Mar del Plata, fue una bisagra. Se trató de la primera que nombró a los delitos sexuales por su nombre. Las mujeres que pasaron por ese centro clandestino lo recuerdan por sus sistemáticas violaciones. “Cuando ese hombre de uniforme me violaba, era la Patria la que me violaba”, declaró una de las testigos en el juicio. Molina ya murió.

Dos años después de esa primera condena, la Procuración General de la Nación emitió una resolución que marcó lineamientos a lxs fiscales: cómo propiciar espacios seguros para que las sobrevivientes cuenten estos delitos y abordarlos criminalmente. Pablo Parenti, por entonces coordinador de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos, fue uno de los abogados que empujó esta perspectiva. Hubo actores y actrices que fueron fundamentales para que se investiguen estos crímenes de manera autónoma. Como Carolina Varsky, desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que en sus alegatos en la causa ESMA habló de las particularidades de ser mujer en ese centro clandestino y escribió distintos documentos para aportar a la reflexión sobre este tema. Varsky hoy es titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. También la fiscal Mercedes Soiza Reilly hizo un pedido en esa misma línea en el caso de la ESMA.

Hoy los delitos sexuales son delitos de lesa humanidad. A 43 años del 24 de marzo de 1976, en todo el país los fallos judiciales cuentan 892 personas condenadas por delitos de lesa humanidad, de las cuales 98 fueron responsabilizadas por delitos sexuales: 95 hombres y 3 mujeres. Únicamente el 12% de las sentencias incluye este tipo de delitos, 26 de un total de 219 veredictos. En esos fallos, se reunieron las historias de 86 víctimas: 75 mujeres y 11 hombres.

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Hasta hace muy poco el lugar en el que aparecían las mujeres en el Museo Sitio de Memoria ESMA era en la maternidad. La memoria construida alrededor de lo que pasó en ese centro clandestino comandado por el Grupo de Tareas 3.3.2. las encapsulaba ahí y la recorrida propuesta-escrita en paneles en genérico masculino ni siquiera las nombraba. La muestra inaugurada recientemente “Ser mujeres en la ESMA, testimonios para volver a mirar” propone una nueva mirada e incluye los abusos y delitos sexuales que sufrieron, en particular, los cuerpos de las mujeres. “Hoy el feminismo entró a la ESMA y no se va de acá nunca más”, dijo Miriam Lewin en una de las actividades alrededor de la muestra.  No hay una sola memoria, las memorias son muchas, son colectivas y son feministas. Nunca más una memoria sin las mujeres y las disidencias. Nunca más una historia sin nosotras.

Cosecha Roja