Argentina | No todo está perdido – Por Carlos Heller

Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

Una frase repetida por el presidente Mauricio Macri en su último discurso de apertura de sesiones en el Congreso de la Nación Argentina fue que se encontraba ahí porque así lo había decidido la gente que lo votó. En efecto, si bien podemos considerar su asunción como “legal” por haber sido el candidato con mayor cantidad de votos, aunque no por mucha diferencia, podría cuestionarse su legitimidad, habida cuenta de la gran brecha entre lo prometido durante su campaña electoral y los resultados de las políticas aplicadas como Presidente. Que quede claro: no fueron errores o circunstancias que llevaron a que no se cumplieran ni una de sus promesas. El modelo económico que aplica Cambiemos, la alianza con la que Macri llegó al poder, es diametralmente opuesto a la búsqueda de un mayor bienestar para la gran mayoría de la población argentina. Claro que, si hubiese dado a conocer los verdaderos objetivos de sus políticas antes de haber sido electo, probablemente esto último no hubiera ocurrido.

Lamentablemente, no existe un solo indicador económico con evolución positiva en los últimos meses. Por cuestiones de extensión, me concentraré en algunos de ellos, los que fueron noticia recientemente. El último dato sobre actividad económica difundido por el INDEC, el organismo oficial de estadísticas argentino, reflejó una caída del 7% interanual en el mes de diciembre de 2018. De esta forma, el año pasado cerró con una reducción del 2,6% del PIB. Más aún, luego de una caída del 1,8% del PIB en 2016 y una moderada recuperación en 2017 (+2,9%), elecciones legislativas de por medio, la de de 2018 fue la peor disminución de la producción en nueve años. La actividad industrial en particular sufrió una reducción del 14,7% interanual en diciembre de 2018.

Pero más importante que los números de la actividad económica es el hecho de que este desempeño no es gratuito para la ciudadanía. El año pasado se perdieron 191.340 puestos de trabajo registrados, casi 131.000 fueron del sector privado y dentro del mismo 61.000 de la industria manufacturera.

La inflación de 2018 fue del 47,6%, la mayor de los últimos 27 años. Por lo tanto, para aquellos que pudieron mantener su empleo, en un contexto recesivo y con paritarias que cerraron en su mayoría por debajo de este nivel de inflación, los salarios perdieron en promedio un 12% de su poder adquisitivo.

Las pequeñas empresas por su parte, se encuentran ante un mercado interno fuertemente deprimido, algo esperable dada la menor capacidad de compra de casi todos los argentinos, a lo que se suman los fortísimos incrementos en las tarifas de servicios públicos.

El traslado a los usuarios de los costos de la energía y el agua de forma abrupta era, según las voces oficiales, necesario para disminuir los subsidios que otorgaba el gobierno. Lo paradójico es que, a pesar de haber sufrido un año de “tarifazos”, así fueron denominados por su magnitud en la prensa local, los números fiscales de 2018 indican que los subsidios a las empresas proveedoras de energía se incrementaron un 2,6% en términos reales. Gran incidencia en esto tuvieron la fuerte devaluación y la decisión del gobierno de dolarizar las tarifas de estos servicios.

Ni los trabajadores, ni las PyMEs, ni los jubilados, ni los beneficiarios de los programas de asistencia la están pasando bien. En aras de cumplir con el “ajuste fiscal”, el principal objetivo de este gobierno, todos sufrieron recortes en sus ingresos.

En este sentido, y volviendo al último discurso del presidente Macri, allí señaló que “lograr el equilibrio fiscal en 2020 y 2021 será el acto de justicia social más importante que hayamos hecho en 80 años”. ¿Cómo se puede pensar que el recorte del gasto público en obras de infraestructura, en haberes jubilatorios, en inversión en educación, en ciencia y tecnología, en salud, etcétera, constituye un acto de justicia social? La realidad es que, mientras se reduce el gasto público se incrementa el gasto en el pago de intereses de la deuda contraída, en su gran mayoría, durante el gobierno actual. En efecto, mientras que en 2015 los intereses de la deuda representaban el 1,3% del PIB, en 2018 ese guarismo aumentó al 2,8% ya que la deuda pública alcanzó el 95,4% del PIB, según datos oficiales.

Ni siquiera las medidas presentadas en los últimos días como “paliativos” ante la negativa coyuntura económica en un año electoral, resultaron ser efectivas. Como ya ocurrió en los tres años anteriores, las “buenas intenciones” se quedaron en sus pomposos títulos. Un ejemplo fue el ¿alivio? impositivo anunciado por el propio Presidente Macri a fines de febrero.

En un intento por reducir los tan mentados “costos laborales” se redujeron parte de los costos de los servicios sociales para los empleadores. Sin embargo, pese a que el propio Presidente dijo que la medida estaría focalizada en las PyMEs (pequeñas y medianas empresas) que son las más castigadas por este modelo económico, terminó siendo para todas las empresas sin discriminar por tamaño y sólo para algunos sectores económicos específicos relacionados con la agricultura o sus manufacturas. Además, las PyMEs ya se vieron perjudicadas en materia impositiva desde la sanción de la Reforma Tributaria en 2017, cuando se acordó una convergencia gradual de las alícuotas de aportes patronales, resultando en un incremento (perjuicio) de las mismas para las pequeñas empresas y una reducción (beneficio) para las grandes.

Otra medida similar que estuvo en el candelero estos días se relaciona con el “adelanto” de la actualización por inflación del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) y de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Si bien pueden considerarse medidas positivas dado el difícil contexto que atraviesan los sectores más vulnerables, una vez más, resultan insuficientes. En el primer caso, se adelantó a marzo 2019 el valor del SMVM que se había previsto para junio. Pero en ese caso, el monto del salario mínimo ni siquiera llega a cubrir la mitad de la canasta familiar de pobreza medida por el INDEC.

En cuanto a la AUH, el aumento anunciado por el Presidente del 46% para marzo 2019, también se queda por detrás de los niveles de inflación y de la canasta básica. En pocas palabras: una medida con elevado sentido electoral.

Lejos quedaron las promesas de que “este gobierno trabaja para todos, sobre todo para los más débiles”, “por lo único que espero poder ser evaluado es por poder reducir la pobreza” o que “la inflación es la demostración de la incapacidad de gobernar” y otras de similar estilo. Pero lo importante es que en 2015, las promesas de Macri aún resultaban creíbles para aquellos que no conocían bien su trayectoria ni su modelo económico a seguir. Hoy en día, a pesar de que continúa manifestando muchas de esas cosas en sus discursos, el nivel de aceptación del gobierno ha bajado significativamente, a la luz de lo ocurrido en su gestión.

Es por eso que las elecciones que se llevarán a cabo a fines de octubre en Argentina son más que nunca una oportunidad para optar por el ascenso de un nuevo gobierno cuyo eje principal sea un modelo distinto al aplicado durante el mandato de Macri. Una coalición lo suficientemente amplia como para  hacerle frente a este proyecto ultraliberal (y a sus representantes) y así iniciar un nuevo periodo en el que el horizonte sea el bienestar de la población y no el ajuste fiscal y el endeudamiento.

*Presidente Partido Solidario de Argentina. Ex diputado Nacional por Ciudad de Buenos Aires