México: AMLO confirma 40 mil desaparecidos y anuncia la reinstalación del Sistema Nacional de Búsqueda

Los 40 mil desaparecidos, la herencia más dolorosa que recibimos: AMLO

Los 40 mil desaparecidos que se heredaron de pasadas administraciones constituyen la herencia más dolorosa y más triste que recibió el nuevo gobierno, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien calificó este saldo como el fruto podrido de la política neoliberal.

Ante familiares de desaparecidos y colectivos de búsqueda, ofreció que para la atención del problema no habrá techo financiero, porque se trata de una responsabilidad de Estado.

En Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo federal encabezó la reinstalación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, acto en el que ofreció tres compromisos para enfrentar este problema: el flujo presupuestal ilimitado, pues a partir de un gobierno austero se pueden garantizar recursos a asuntos prioritarios; encabezar trimestralmente una evaluación del avance de las acciones, y atender de manera urgente la identificación de más de 26 mil cadáveres que hay en instalaciones forenses.

Nunca más situaciones tan lamentables como tener a los cuerpos en tráilers, en camiones, recorriendo las calles. Es dantesco e inhumano, dijo López Obrador. Vamos a dedicar todo lo que se necesite, el Estado se va a dedicar a la búsqueda de los desaparecidos. No sólo es un asunto de una comisión, sino una responsabilidad de Estado, es decir, todas las instituciones, todo el gobierno. Ese es el compromiso, que no falten los recursos.

Reconoció que el asunto de los desaparecidos se ha convertido en un tema central en sus giras, pues las madres de las víctimas me jalan, me sacuden, me gritan, lloran. Aguanto todo, porque sé lo que están sufriendo sin sus hijos, sin sus seres queridos.

El Presidente señaló que su gobierno no enfrentará la violencia con más violencia, no es la ley del talión, no es ojo por ojo, pues se atenderán las causas sociales que la han generado, atribuyéndola a las secuelas del desempleo y estancamiento económico de las políticas neoliberales. La apuesta por la política social fue el preámbulo para su defensa de la Guardia Nacional como el instrumento para complementar las acciones para serenar al país.

Aunque no mencionó expresamente al ex presidente Felipe Calderón, descalificó abiertamente su política: “Vamos a tener muy buenos resultados, para que nunca jamás volvamos a estos años de sufrimiento y de dolor, cuando de manera irresponsable se tomó la decisión de declarar la guerra a un problema que surgió básicamente por la falta de crecimiento económico y de empleo, por la desintegración de las familias.

Se optó de manera irresponsable por pegarle un garrotazo a lo tonto al avispero y, además, con mala decisión y con las malas entrañas de querer, con el uso de la fuerza de manera autoritaria, resolver el problema. Esa política ya no regresará, porque entre todos se pacificará al país.

El mandatario admitió que no se ha podido contener la violencia, pues no se ha logrado reducir de forma significativa la incidencia delictiva en rubros como los homicidios o en el robo de vehículos. Sin embargo, reivindicó su estrategia de combate a la inseguridad centrada en atender las causas sociales –que representan 80 por ciento del programa– y la incorporación de los militares en la atención de la seguridad pública con respeto a los derechos humanos y con el uso moderado de la fuerza.

La Jornada


Agenda de víctimas: señales positivas pero insuficientes

El 24 marzo se conmemora el Día internacional del derecho a la verdad en relación con violaciones graves de los derechos humanos y de la dignidad de las víctimas. Naciones Unidas decidió colocar ese día como reconocimiento al trabajo de Monseñor Óscar Arnulfo Romero quien fue asesinado en San Salvador el 24 de marzo de 1980.

Con buen tino, este domingo se realizó la reinstalación del Sistema Nacional de Búsqueda. Es uno de los pocos anuncios concretos para atender la agenda de víctimas en su entera dimensión.

Comenzaré por reconocer los avances que se han dado en este gobierno. La creación de la Comisión de investigación para el caso Ayotzinapa, el Subsecretario Encinas ha estado presente en distintos Estados atendiendo el trabajo en fosas clandestinas, se han realizado disculpas públicas para algunos casos, el anuncio de la creación de un Instituto Nacional de Identificación Forense, el nombramiento de Karla Quintana al frente de la Comisión Nacional de Búsqueda es muy positivo, este domingo se confirmó que se destinará el presupuesto necesario para las búsquedas y que habrá un seguimiento frecuente a los avances de todo el sistema. Sin duda son avances en comparación con el desastre heredado por dos administraciones.

Sin embargo, la agenda de víctimas es mucho más compleja y amplia. Si no se atiende de manera integral, las señales y avances serán insuficientes y la crisis humanitaria no será resuelta. Al parecer el gobierno se centra en casos concretos, algunos de ellos emblemáticos, y en la búsqueda de personas desaparecidas.

La dimensión del horror ha desbordado a las instituciones ordinarias. Es necesario emprender medidas extraordinarias en materia de verdad, justicia y reparación. Es urgente un modelo de seguridad que garantice la no repetición. La Guardia Nacional no es esa solución.

El gobierno tiene una estrategia de caso a caso. Eso no dará resultados ante la masividad de la violencia. Atender casos emblemáticos no producirá la verdad que requiere la sociedad y las víctimas. Es necesaria una gran Comisión de la Verdad que arroje luz sobre las violencias del siglo XX y las actuales. Estas comisiones tienen un tiempo de maduración importante. Es imperativo que se inicie la discusión de esta comisión.

La justicia es el otro gran ausente. Al reiterado “perdón y olvido” se suma la nueva Fiscalía que carece de la autonomía necesaria. Adicionalmente la reestructuración y fortalecimiento de esta institución, por décadas olvidada, demorará un tiempo importante. En los Estados las fiscalías se encuentran en situación similar. Hace unos días en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, el Estado mexicano aceptó una serie de recomendaciones entre las que se incluye el establecimiento de un mecanismo independiente para combatir la impunidad en materia de crímenes atroces, violaciones a derechos humanos y corrupción.

La Comisión de la Verdad y el Mecanismo internacional contra la impunidad podrán iniciar el desmantelamiento de las redes criminales, las de corrupción y las de protección política. Las instituciones ordinarias con que cuenta el Estado no lo podrán hacer.

En materia de búsqueda y reparación tenemos casos similares. A pesar de contar con un Sistema Nacional de atención a víctimas y otro de búsqueda de personas desaparecidas, los avances en los Estados son magros o casi nulos. A nivel federal, aparentemente, los recursos económicos están dispuestos pero no la cantidad de recursos humanos. La Comisión Nacional de Búsqueda tiene asignadas poco más de 40 personas. A todas luces insuficiente.  A nivel estatal no están listas las comisiones de búsqueda ni de víctimas. Las comisiones estatales de atención a víctimas tienen años de retraso. Se requieren modelos nacionales o presión política suficiente para empujar a gobernadores. De lo contrario el modelo federal descarrilará el trabajo de búsqueda y reparación.

Se menciona que hay la intención de volver a reformar la Ley General de Víctimas. Debe hacerse pensando en esquemas de justicia transicional y no en el modelo asistencial que hoy se tiene. Buscar modelos administrativos de reparación que no eliminen la reparación por vía judicial, privilegiar la reparación colectiva y colocar a distintas instancias del gobierno (salud, vivienda, trabajo, educación, etc.) en armonía con los paquetes de reparación. Ya se han hecho dos versiones de esta ley, que no se cometa el mismo error por tercera vez.

Sin verdad, búsqueda, justicia, reparación y garantías de no repetición no habrá transformación alguna. Caso a caso será imposible.

Aristegui Noticias


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