Oportunidades perdidas y nuevos desafíos

Oportunidades perdidas y nuevos desafíos

Por Victorio Oxilia*

Pasaron casi cinco décadas de los promisores discursos gubernamentales de desarrollo para el Paraguay, construidos sobre la base de la abundancia de oferta energética de las entidades hidroeléctricas binacionales. Se trataba de justificar las negociaciones para el aprovechamiento del importante recurso energético (el potencial hidroeléctrico) en el tramo internacional del río Paraná, del cual Paraguay participa en su totalidad, compartiendo el recurso con Brasil y Argentina. Se firmaron, en el mismo año del embargo petrolero internacional (1973), los tratados de ITAIPU y YACYRETA, para realizar estos dos emprendimientos, dejando otros en una lista de espera. Hasta la relación con la cuestión petrolera parecía presagiar bondades financieras para un país marcado por dos grandes guerras fratricidas (incluyendo los países con los que Paraguay comparte el potencial hidroeléctrico del río Paraná) en poco más de tres generaciones y con una economía que se basaba en la agricultura familiar.

Pero el tan mentado desarrollo no se dio en la magnitud esperada. Si bien se registró un desarrollo importante del Paraguay desde la década de 1970, las condiciones actuales del país están lejos de la ilusión de una revolución energética y económica. No se trata de ninguna “maldición de los recursos naturales” (infeliz y tendenciosa frase acuñada en la academia de países del Norte); los recursos no tienen culpa de nada. El problema está en la gobernanza del aprovechamiento de esos recursos; y en la distribución de los excedentes económicos que se generan en la cadena de valor, desde la misma explotación del recurso hasta el uso final de la energía, incluyendo en esa zaga el muy conveniente financiamiento; conveniente para los financiadores.

En el caso de ITAIPU Binacional, las elevadas inversiones realizadas (que superaron ampliamente los valores de proyecto) y las decisiones sobre el manejo financiero tomadas por representantes de ambos países, y que multiplicaron la deuda a niveles superiores a los USD 20 mil millones (en la década de 1990), permitieron una gigantesca transferencia de las rentas hidroeléctricas a los organismos financiadores, en particular ELETROBRAS, socia del capital de la entidad binacional y principal acreedora; y principal beneficiaria de los flujos financieros de ITAIPU, hasta el año 2022, cuando se espera que concluya el pago de la deuda.

El gran esfuerzo financiero para pagar la abultada deuda de la entidad binacional recae sobre el usuario brasileño de esa energía (más del 90%), que posiblemente ni siquiera esté consciente de ello (al menos el consumidor residencial), entre tantas otras cuentas que paga el pueblo brasileño. Pero también el pueblo paraguayo participa, en la proporción que le corresponde a los contratos de ANDE, del pago de la varías veces billonaria deuda.

De hecho, hasta el presente, los grandes beneficiarios de ITAIPU han sido los usuarios de energía eléctrica (en Brasil y en Paraguay, pero principalmente en el primer país) y ELETROBRAS, como principal financiadora de las obras.

Se podría conjeturar sobre una multiplicidad de razones por las cuales Paraguay no aprovechó hasta este momento el bono energético (la abundancia de energía eléctrica) para un desarrollo mayor al que se dio. Pero es inevitable que parte de esas razones pasen por la escasez de políticas públicas adecuadas y, en algunos casos, políticas que pudieron ser buenas, pero no se ejecutaron. Basta recordar que el transporte en el país se realiza son hidrocarburos importados. No se impulsó el uso de trenes eléctricos, ni de la movilidad eléctrica en el transporte urbano. Además, desde la década de 1970, se implantó el modelo agroexportador; y no se dieron las condiciones necesarias (sean de infraestructura o de andamiaje institucional y de políticas) para un uso más intensivo de electricidad en la industria.

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En el presente, el país se depara nuevamente con oportunidades del sector energético. Ha concluido recientemente negociaciones del Anexo C de YACYRETA y, a pesar de que pueden encontrarse varias falencias en estos acuerdos, ni siquiera se ha aprovechado convenientemente la energía de esta central. En realidad, los asuntos de las centrales hidroeléctricas binacionales se manejan con escasa – o nula – coordinación. ¿Por qué no pensar en una entidad gubernamental paraguaya que coordine y administre la parte nacional de todos los proyectos del río Paraná? Se trata de un mismo complejo hidroeléctrico. La ANDE debería ser parte de esa entidad.

Además, cada vez más se habla del 2023, año previsto para revisar el Anexo C de ITAIPU (el segmento del tratado que define las condiciones de comercialización de la energía y distribución de rentas). Es una oportunidad para que la distribución de beneficios económicos se equilibre, que se amplíe la participación del Estado paraguayo en las rentas hidroeléctricas. Esto se puede lograr mediante la adquisición de toda la energía de bandera paraguaya (que se traduce en el contrato de la mitad de la potencia disponible para contratación) por parte de la mencionada entidad administradora del complejo hidroeléctrico del río Paraná. Esta entidad podría establecer contratos con la ANDE, con las empresas compradoras brasileñas (o argentinas). Las tarifas pueden ser diferentes: ANDE debe tener preferencia, con tarifas más bajas.

El paradigma de tratados que enyesen la comercialización exclusivamente a los países socios debe ser superado. Paraguay debe impulsar la creación de un mercado eléctrico regional donde se puedan comercializar excedentes de energía, buscando una operación óptima del complejo hidroeléctrico. Se debe pensar en el post 2023; e incentivar, sobre todo, el consumo de la energía en el país: en el transporte y en la industria. Para ello debe ser recordado que la energía barata no deviene directamente en desarrollo. Es necesaria pero no suficiente. Se necesita que la población reciba altos estándares de educación y salud pública, que existan reglas claras y justas para las empresas y trabajadores; y que esas reglas se respeten. Se debe superar el rezago histórico de una infraestructura pobre y, en muchas ocasiones, de baja calidad. Los deberes son muchos para que realmente se puedan aprovechar las oportunidades de la energía eléctrica renovable, limpia y abundante.

*Profesor Investigador GISE. Director, Dirección de Investigación y Posgrado, Facultad Politécnica – Universidad Nacional de Asunción. Ex Secretario General de la OLADE (2011 – 2014).


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