Cancillería mexicana preocupada por actividades anti-migrantes en la frontera con EEUU

Las tareas de patrullaje y seguridad, al margen de las estructuras legales del gobierno federal de Estados Unidos constituyen un riesgo para los derechos humanos y la seguridad humana de las personas migrantes y solicitantes de asilo en el país vecino del norte, alertó la Secretaría de Relaciones Exteriores.

La oficina a cargo del canciller Marcelo Ebrard Casaubón externó preocupación ante las actividades de intimidación y extorsión a migrantes por parte de grupos de milicias en la frontera de Nuevo México.

A inicios de la semana en curso, un grupo de ciudadanos estadunidenses de extrema derecha autodenominados Patriotas Constitucionales Unidos (United Constitutional Patriots) comenzó a subir en redes sociales videos en los que se les ve deteniendo a migrantes que buscaban asilo para entregarlos a la Patrulla Fronteriza.

En una carta dirigida a la gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, la La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles en Nuevo México (ACLU, por sus siglas en inglés), denunció la situación.

En el texto, la ACLU describió que el 16 de abril que una organización de milicias descrita a sí misma los Patriotas Constitucionales de Estados Unidos arrestó a casi 300 personas que buscaban protección en el país norteamericano, incluidos niños pequeños. Los hechos se registraron cerca de Sunland Park, Nuevo México.

En este contexto, la cancillería expuso que las prácticas de intimidación de grupos de milicias en la frontera con Nuevo México pueden conducir a un atropello a los derechos humanos de las personas que migran o que solicitan asilo o refugio en los Estados Unidos.

“Para México, las tareas de patrullaje y seguridad, al margen de las estructuras legales del gobierno federal de ese país, constituyen asimismo un riesgo para la seguridad humana de los migrantes”, indicó la SRE.

La Jornada


Migrantes, tras las rejas en México

Los migrantes centro y sudamericanos no solamente utilizan México como país de tránsito para alcanzar el sueño americano, ya que desde 2004 hasta marzo pasado han sido detenidos 431, acusados de delitos graves, como robo, homicidio, extorsión, violación, narcotráfico, secuestro y portación de arma de fuego para uso exclusivo del Ejército.

De acuerdo con informes que enviaron los gobiernos de Chiapas, Tamaulipas, Baja California, Yucatán y el Estado de México a la Cámara de Diputados, la mayoría de los migrantes detenidos purga una condena o está en ese proceso en 44 prisiones estatales de esos cinco estados.

La nacionalidad más común entre los detenidos es la guatemalteca, con 178 (se encuentran principalmente en Chiapas y Tamaulipas); le siguen la hondureña, con 164; la salvadoreña, con 70; la nicaragüense, con 11, y un ciudadano de Belice. No obstante, las autoridades chiapanecas reportaron que también tienen detenidos a cinco colombianos, un cubano y un ecuatoriano.

A causa de su cercanía con Centroamérica, el estado que más migrantes tiene detenidos es Chiapas, con 268; le sigue Tamaulipas, con 86; luego, el Estado de México, con 46; Baja California, con 29, y Yucatán, que tiene sólo a dos guatemaltecos recluidos.

El pasado 6 de diciembre, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó un punto de acuerdo en el que le solicitó a todas las entidades federativas y federales, así como a la Ciudad de México, que en el ámbito de sus facultades proporcionaran el estado del proceso penal que guardan los centro y sudamericanos privados de su libertad en centros penitenciarios.

En el punto de acuerdo, el Palacio Legislativo de San Lázaro también requirió esas estadísticas además de datos de identificación de los detenidos para realizar un censo.

“La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa a las autoridades penitenciarias de las entidades federativas y federales, así como de la Ciudad de México, a que en el ámbito de sus atribuciones, y considerando siempre la protección de datos personales, proporcionen el estado del proceso penal que guardan las personas centroamericanas privadas de la libertad en centros penitenciarios, así como datos de identificación que permitan realizar un censo”, describía el resolutivo del punto de acuerdo.

Sin embargo, los únicos estados que han respondido hasta este momento, de lo que se dio cuenta en la Gaceta Parlamentaria, fueron Baja California, Tamaulipas, Yucatán, Chiapas y el Estado de México.

De acuerdo con la información que proporcionaron estas cuatro entidades, la situación jurídica de los detenidos es que se encuentran procesados, sentenciados, ejecutoriados e imputados.

Entre los delitos que describen los documentos de los gobiernos estatales se encuentran privación ilegal de la libertad, violación, homicidio, atentados a la seguridad de la comunidad, delincuencia organizada, homicidio, robo, hurto de vehículos, lesiones, asociación delictuosa y robo domiciliario. Además, narcomenudeo, posesión de armas para uso exclusivo del Ejército, pandillerismo, tentativa de homicidio, allanamiento de morada, posesión de vehículo robado, tráfico de personas y violación de las leyes sobre inhumaciones y exhumaciones.

Casos

De acuerdo con la descripción estatal, hay tres casos que sobresalen en las listas, como el del guatemalteco Pedro “N”, de 56 años, quien fue detenido en 2007 y está purgando dos condenas por los delitos de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro o plagio y delincuencia organizada, por la que le dieron 31 años, 10 meses y 15 días de prisión.

Además de esta sentencia, desde 2008 también purga otra condena de 30 años por homicidio calificado. No obstante, tiene pendiente otro expediente por el propósito de cometer delitos contra la salud con la delincuencia organizada.

Asimismo, hay otro hondureño de 40 años detenido en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados Número 5 en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, desde 2011. Se le identifica con cinco nombres diferentes y tiene una sentencia de 11 años, 4 meses y 15 días por el delito de robo con violencia agravado y privación ilegal de la libertad.

Además, tiene otros dos casos pendientes en los que está procesado por los delitos de traslado de coche robado, asociación delictuosa y secuestro.

Julio “N”, un hondureño de 38 años, fue detenido en 2014 y se le dictó sentencia por 60 años por delitos de homicidio calificado, homicidio en grado de autor intelectual y delincuencia organizada.

Cárceles

De acuerdo con los documentos entregados en San Lázaro, las cárceles con más migrantes están en Tapachula de Córdova y Ordóñez, con 150; en El Amate de Cintalapa de Figueroa, con 38, y en Comitán de Domínguez se encuentran recluidos 20. En Tamaulipas hay 30 migrantes en el penal de Nuevo Laredo y 31 en Reynosa. En Baja California se encuentran en el Cereso conocido como El Hongo nueve migrantes, mientras que en Mexicali hay siete. En el Estado de México, el penal que más migrantes detenidos tiene es el de Nezahualcóyotl-Bordo de Xochiaca; le siguen Cuautitlán, Almoloya de Juárez y Tenango del Valle, entre otros.

El Universal