Colombia: 155 defensores de DDHH fueron asesinados en 2018, según informe de una ONG

155 defensores de derechos humanos fueron asesinados en Colombia durante el 2018

Durante el 2018 ocurrieron 155 asesinatos a defensores de derechos humanos en Colombia. Las estadísticas expresan que es un 46,2 % superior al 2017, en donde se registraron 106 homicidios, según el informe anual de la ONG Programa Somos Defensores que fue divulgado este martes.

El Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos en Colombia (Siaddhh) registró que el 90 % de los asesinatos fueron cometidos contra hombres, el 9 % contra mujeres y el 1 % contra miembros de la comunidad Lgtbi.

“Este aumento de asesinatos en el 2018 indica que fue uno de los años con mayor número de victimizaciones y vulneraciones al ejercicio de la defensa y el liderazgo social en Colombia”, destaca el informe.

Los departamentos en los que hubo más homicidios fueron el Cauca, uno de los que tiene más conflictos sociales del país, con 28 casos, seguido de Antioquia, con 24; Norte de Santander (15), Putumayo (13), Valle del Cauca (10) y Caquetá (10).

De los 155 asesinados, 63 eran líderes comunales, 24 indígenas, 24 defendían derechos comunitarios, 19 eran campesinos y siete dirigentes sindicales.

También fueron asesinados seis afrocolombianos, tres que abogaban por las víctimas del conflicto armado, tres líderes educativos, tres defensores de la restitución de tierras, dos del medioambiente y uno Lgtbi.

“Al igual que en años anteriores son los directivos de las Juntas de Acción Comunal (JAC) quienes encabezan esta lamentable lista con 63 asesinatos, frente a los 29 casos del 2017, es decir, existió un preocupante incremento del 117,2 %”, subraya la información.

Las JAC son formas de asociación y organización de las comunidades, especialmente rurales, para buscar soluciones a los problemas de su entorno.

En cuanto a la autoría de los homicidios, en 111 de los casos, equivalentes al 73 %, los presuntos responsables son desconocidos; en 16 casos (10 %), grupos herederos de los paramilitares; en 12 casos fueron disidentes de las Farc (8 %); otros nueve fueron asesinados por la guerrilla del Eln (5 %), y siete por la fuerza pública (5 %).

“Frente a por qué se presentan tantos casos cometidos por desconocidos, se entiende que la razón puede estar en el temor de los familiares o miembros de las comunidades a denunciar por razones de seguridad, dada la complejidad de los contextos. La otra razón puede estar relacionada a que la mayoría de los asesinatos son cometidos por sicarios”, detalló el informe.

Por otra parte, el documento señala que el año pasado hubo 805 agresiones contra líderes sociales entre “amenazas, atentados, desapariciones, detenciones, judicializaciones, robos de información y asesinatos”.

Eso supuso un crecimiento del 43,7 % con respecto a las 560 de 2017 y significa además que fueron agredidas 2,2 personas por día, lo que convierte al 2018 en “el año con más ataques registrados por este sistema de información”.

Según el documento, el crecimiento de las agresiones contra los defensores de derechos humanos obedeció a que “el Estado no estuvo en la capacidad de aprovechar la oportunidad histórica que se ofreció con la desmovilización” de la guerrilla de las Farc tras la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016.

En ese sentido, el informe, financiado por la embajada de Noruega en Colombia y las agencias de cooperación Misereor, Diakonia y Terres des Hommens, añadió que “las acciones por parte del Gobierno no fueron suficientes y la implementación de los acuerdos de paz se dio de manera lenta y poco efectiva”.

También señaló que el desarrollo del punto uno del acuerdo de paz, el de “reforma rural integral”, es clave para evitar los asesinatos, pues las cifras del Siaddhh evidencian que “la defensa de la tierra y del territorio aparece como una de las causas que más tratan de ser silenciadas por diferentes actores, lo que se refleja en los registros de agresiones”.

En el informe se detalló además que de las 805 agresiones, 503 fueron amenazas, 155 asesinatos, 34 atentados, 19 judicializaciones, seis robo de información, cuatro detenciones y cuatro desapariciones.

Las cifras divulgadas por Somos Defensores son más altas que las del informe anual de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, que registró el asesinato de 113 líderes sociales en 2017 en el país.

El Colombiano


La Naranja Mecánica. Informe anual 2018, Sistema de Información sobre agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos en Colombia SIADDHH – Programa Somos Defensores

Bogotá, 23 de abril de 2019

Frente a este contexto de violencia, llama la atención que el actual Gobierno nacional haya optado por poner en el centro de sus políticas temas como la Economía Naranja y que proponga estrategias poco efectivas como el Plan de Acción Oportuna –PAO–, para supuestamente proteger la vida de las personas defensoras de derechos humanos, pero restando importancia a instrumentos legales e instancias políticas que se iniciaron en el anterior Gobierno y que planteaban intervenir la violencia de manera estructural.

El 2018 ha sido uno de los peores años en materia de Derechos Humanos para las personas defensoras y líderes sociales en Colombia. Con un total de 805 agresiones y dentro de ellas 155 asesinatos, podemos decir que las cifras de violaciones a la vida de estos activistas alcanzaron niveles nunca antes registrados por el Sistema de Información sobre Agresiones contra personas Defensoras de Derechos Humanos –SIADDHH– del Programa Somos Defensores.

Desde el 2016 las cifras han venido en aumento pero, de manera especial, preocupa que este último año haya quedado marcado como el más violento para las personas defensoras de Derechos humanos, pues en relación con el 2017 el incremento de las agresiones fue del 43,7%. Diferentes causas se encuentran detrás de este incremento de la violencia, entre ellas, identificamos como una de las principales, el reordenamiento de los grupos armados en los territorios después de la firma del Acuerdo de Paz con las FARC y de la desmovilización de esta guerrilla.

De otro lado, y mientras no paran de presentarse casos de agresiones contra defensoras y defensores, la Fiscalía General de la Nación ha optado por hacer referencia a un “esclarecimiento histórico” en las investigaciones de asesinatos, a partir de una distorsión del concepto de esclarecimiento con el que nombra como tal los avances en las investigaciones. De esta manera, por ejemplo, en enero del presente año la Fiscalía hizo referencia a que de 250 casos priorizados tenía esclarecimiento en el 54,8%, cuando en realidad solo se había realizado 22 condenas, es decir, un esclarecimiento del 8,8%.

Con estos pocos avances en las investigaciones y la exclusión de muchos otros casos de violación a la vida y derechos, tenemos que la impunidad sigue siendo un factor de preocupación en las agresiones contra personas defensoras de derechos humanos; además, las indagaciones muchas veces se concentran en identificar el autor material, cuando detrás de cada agresión o asesinato se pueden encontrar responsabilidades a un nivel más profundo.

Mientras tanto, la violencia contra defensoras y defensores no se detiene. En el 2019 el panorama no es mejor, pues de acuerdo con los registros de nuestro Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos –SIADDHH– durante el primer trimestre de 2019 (enero-marzo) se presentaron 245 agresiones, es decir, un incremento del 66% en comparación con el mismo periodo del 2018.

Inquietan los altos niveles de violencia, frente a unas políticas de Gobierno poco efectivas para garantizar la vida y derechos de los defensores, y de cara a un próximo escenario electoral en el que se ponen en riesgo los liderazgos en los territorios.

Somos Defensores


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