Colombia: universitarios se suman a la minga de campesinos e indígenas

Estudiantes colombianos se suman a la Minga Nacional

Integrantes de la Unión Nacional de Estudiantes de la Educación Superior (UNEES) de Colombia realizaron este jueves diversas manifestaciones para mostrar su apoyo a la minga social que llevan a cabo comunidades indígenas y campesinas de la región del Cauca, en el surocidente del país.

En su cuenta de la red social de Facebook, la UNEES informó que este jueves estudiantes de la Universidad Nacional se solidarizaron con la Minga Nacional en Bogotá, sin embargo, fueron reprimidos por el Escuadrón Móvil Anti Disturbios (ESMAD).

También denunció que hubo detenciones arbitrarias y fuerte represión en la Universidad Distrital – Sede Tecnológica por parte de la Policía Nacional.

En la red social de Twitter, un integrante de la UNEES afirmó que la minga social “ya no es sólo indígena, sino una minga nacional que llegó a Bogotá”.

“Estamos desarrollando manifestaciones porque estamos en contra de cómo el Estado ha tratado a la protesta social, a punta de militarización, a punta de asesinatos de nuestros compañeros”, agregó.

Pidió al presidente colombiano Iván Duque que acuda a la región del Cauca, en el suroccidente del país, como lo demandan las comunidades indígenas y campesinas, con el fin de dar soluciones reales a las exigencias del movimiento.

Adelantó que el próximo 25 de abril habrá un paro cívico nacional. “Nos volveremos a ver el 25 en las calles”, externó el estudiante.

Elementos de seguridad colombianas han reprimido en las últimas semanas las movilizaciones que lleva a cabo la minga social, con un saldo de al menos un campesino asesinado y varias personas heridas y detenidas.

Telesur


Indígenas dicen que “ataque” a su protesta “sería la peor masacre de Colombia”

El portavoz indígena colombiano José Pete alertó este jueves de que una eventual intervención violenta de la fuerza pública contra la protesta que los nativos iniciaron el pasado 11 de marzo causaría “la peor masacre de Colombia”, por lo que pidió a las autoridades que no usen armas letales contra los manifestantes.

“Si el ministro de Defensa (Guillermo Botero) ataca a la población civil sería la peor masacre en Colombia, porque los mingueros (manifestantes) no tienen armas. Las armas las tiene la fuerza pública”, indicó Pete a Efe.

Por eso, afirmó que “en este momento” observan que la fuerza pública “quiere seguir la guerra”.

Precisamente, el ministro Botero participó ayer en un debate en el Senado en el que no descartó que la Policía actúe con “contundencia” frente a las protestas indígenas.

Los indígenas colombianos iniciaron su protesta el pasado 11 de marzo para reclamar al actual Gobierno que cumpla 1.300 acuerdos pactados con administraciones anteriores.

Las protestas se han tornado en ocasiones violentas, especialmente en el bloqueo que mantienen de la Vía Panamericana a la altura del departamento del Cauca (suroeste), durante las que han muerto un policía y un indígena.

Por su parte, la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) abogaron este jueves por que se mantenga el diálogo entre el Gobierno y los indígenas.

“El diálogo es fundamental para la atención a las demandas sociales y es la única salida”, apuntaron, y agregaron que “el enfoque de derechos humanos siempre allana el camino hacia el fortalecimiento de las democracias”, reza un comunicado publicado por la CIDH y la Oficina de la Alta Comisionada.

En esta línea, Pete, que forma parte del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), señaló que “los diálogos deben existir” pero sin que haya una “arremetida de la Fuerza Pública”.

“Pero mientras se dialoga, en Popayán (capital del Cauca) están atacando las sedes (del CRIC). Ayer por poco se rompen los diálogos. No hay garantías y lo que se está pidiendo son garantías”, agregó Pete.

Las instalaciones del CRIC fueron objeto ayer de un ataque con piedras, en el que varios integrantes de la minga, como denominan los indígenas a su protesta, resultaron heridos.

Pete señaló que estos ataques fueron subvencionados por un concejal del municipio que “está pagando para que vayan y tiren piedra”.

“Ni siquiera la Policía hizo algo, a la Defensoría (del Pueblo) se le llamó temprano. El comandante de la estación (policial cercana) se reunió con la ciudadanía temprano, antes de llegar a estos hechos pero no hicieron nada”, aseveró.

Por otro lado, emplazó al presidente de Colombia, Iván Duque, a que “oficialice” en una alocución presidencial su voluntad de aceptar el 80 % de las demandas de los indígenas, como aseguró que haría la ministra del Interior, Nancy Patricia González, en declaraciones a la prensa.

“Para nosotros, sería oficial con una alocución presidencial o un oficio firmado por el presidente, en el que diga ‘me comprometo a eso’. Allí nosotros diríamos, ‘bueno estamos pidiendo el 100 %, pero el 80 % es bienvenido'”, sentenció el líder indígena que se desplazó a Bogotá para participar en el debate parlamentario.

De lo contrario, Pete advirtió que la protesta “seguiría resistiendo”: “De no hacerse ese anuncio, hay una apuesta política. La minga ya ha resistido 25 días, pues seguirá resistiendo, es lo que ha dicho la minga”.

Zona Cero


CIDH y ONU piden no usar la violencia en las protestas indígenas del Cauca

Las instalaciones del Consejo Regional Indígena del Cauca, la IPS indígena en Popayán, y el Comité de Integración del Macizo Colombiano en Popayán fueron atacados con piedras el 3 de abril.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, y la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos manifestaron su preocupación frente a los últimos acontecimientos que se presentadaron en Popayán y en el Cauca en general durante el desarrollo de la Minga Nacional.

“La protesta social es un derecho humano que siempre debe ser pacífica en todas sus manifestaciones y acciones. Asimismo, el uso de la fuerza en manifestaciones públicas debe ser excepcional y en circunstancias estrictamente necesarias conforme a los principios internacionalmente reconocidos”, indican los organismos en un comunicado.

Asimismo, recuerdan que el diálogo es fundamental para la atención a las demandas sociales y es la única salida que contiene la violencia. “El enfoque de derechos humanos siempre allana el camino hacia el fortalecimiento de las democracias y el Estado de Derecho”, agregan.

Las instalaciones de Concejo Regional Indígena del Cauca, CRIC; la IPS indígena en Popayán, Cauca; y el Comité de Integración del Macizo Colombiano, CIMA han sido víctimas de ataques durante esta semana.

El Espectador


Gobierno, optimista sobre respuesta de indígenas a su propuesta

Pese a las protestas contra los indígenas que se presentaron este miércoles en Popayán, que llevó incluso a que el consejo regional de esa comunidad amenazara con tomarse la capital caucana, esta amaneció este jueves en calma y el Gobierno Nacional se mostró optimista en relación con la posibilidad de lograr avances en las negociaciones con quienes protestan desde hace 25 días.

El gobierno considera que hay una importante cantidad de peticiones que se pueden atender, y que están ya en el Plan Nacional de Desarrollo, hoja de ruta para los próximos cuatro años, y en gestiones y acompañamiento a diferentes tipos de proyectos y programas.Lo que si advierten el Ejecutivo es que no es posible en este momento citar con precisión montos de recursos destinados a estas comunidades.

La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, luego de la reunión de este miércoles en Mondomo, Santander de Quilichao destacó que la directora de Planeación Nacional, Gloria Alonso, les había presentado a los indígenas la propuesta de inversiones del Gobierno.

Alonso dijo que luego de revisar la petición presentada por los indígenas y que contiene 143 proposiciones -y pese a que no todas le competen al Gobierno Nacional- este hizo contrapropuestas. “Sobre el 80 por ciento de solicitudes entregamos una matriz para que ellos la estudien”, explicó la funcionaria.

Sobre el otro 20 por ciento, indicó que están relacionadas con temas de mandatos legales o jurídicos que tienen implicaciones de más largo alcance. “Requeriría pasar una reforma constitucional o legal que, definitivamente, no se podrían acatar. Igual ellos van a revisar todos esos detalles”, agregó la funcionaria.

En cuanto a los 4,6 billones de pesos adicionales a los 10 billones de pesos que exigió la comunidad indígena para el Plan Nacional de Desarrollo, la directora de Planeación señaló que les proponen un presupuesto para temas como tierras, vivienda y educación.

El Tiempo


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