La mala inmigración en la Argentina – Por Ana Inés Mallimaci Barral, especial para NODAL

Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

Por Dra. Ana Inés Mallimaci Barral. Dra en Ciencias Sociales. Investigadora Adjunta del Conicet. Profesora de la Universidad Nacional Arturo Jauretche de la materia “Procesos migratorios y mundo del trabajo” en la carrera de Relaciones del Trabajo.

En las últimas semanas se han difundido una serie de noticias sobre complicaciones para ingresar a la Argentina y deportaciones arbitrarias de residentes en el país. Tal es el caso del equipo de futsal paquistaní que no pudo ingresar al país por problemas administrativos con la visa impidiendo así que pudiera competir en el Mundial de Misiones o lo ocurrido con el equipo colombiano de BMX que fue demorados en el aeropuerto de Mendoza por averiguación de antecedentes. Días atrás, las noticias se centraron en el caso de Vanessa Gómez, una mujer peruana que fue expulsada por una causa penal ya cumplida, a pesar de residir en el país desde hace 15 años donde se recibió de enfermera y tuvo 3 hijos argentinos. También deportaron a otra persona boliviana, Jhonny Quiroz que residía en la Argentina desde el año 2000, por una condena en suspenso por delitos leves.

Estas noticias se viralizan espasmódicamente por medios tradicionales y redes sociales, que suelen presentarlos como casos aparentemente excepcionales y definirlos como “errores” o “excesos” de los y las funcionarios migratorios. Por el contrario, me interesa destacar en estas líneas que se trata de hechos visibles de una matriz mucho más profunda que rige la política migratoria del actual gobierno. De esta manera, no sólo no pueden considerarse “errores” sino que se trata de éxitos de una política que, tal como lo señaló la ministra Patricia Bullrich en notas radiales en enero de 2017, tiene como objetivo endurecer los criterios para el ingreso al país y limar la supuesta ligazón entre migrantes (bolivianos, paraguayos y peruanos, tal como lo expresó la ministra) y delitos.

Si bien sería engañoso negar la presencia de xenofobia y racismo en la anterior administración nacional, el cambio de gestión provocó una visibilidad y legitimidad de estas prácticas y representaciones estatales hacia las personas migrantes ausente en años anteriores.

Para comprender los alcances de este cambio, es necesario recordar que la política migratoria inaugurada en 2003, a partir de la sanción de la Ley Nacional de Migraciones N°25.871, reconocía el derecho humano a migrar y se enfocaba en acciones tendientes a lograr la regularización documentaria en oposición a su antecesora (conocida como la “Ley Videla”) centrada en la política de la “seguridad nacional”. Desde el año 2003, más de un millón de inmigrantes regularizaron su situación migratoria demostrando que cuando los trámites se vuelven accesibles, la población migrante no duda en regularizar su situación. A partir del año 2016, presenciamos transformaciones estructurales en la política migratoria llevada a cabo por el gobierno nacional sustentada en dos grandes ideas: los “costos” económicos de la población migrante y su asociación con el delito, es decir, la “criminalización de la población migrante”. Ambas representaciones encuentran un terreno fértil en el contexto de una creciente crisis económica y la instalación de un discurso meritocrático en el que los y las migrantes integrarían, junto con otras poblaciones, el colectivo de quienes “abusan” de los recursos estatales.

Apenas fue elegido Mauricio Macri como nuevo presidente de la Nación, este cambio en la legitimidad pública de discursos “anti inmigración” se hizo evidente cuando se instaló en la agenda mediática una supuesta “invasión” de estudiantes extranjeros/as en las universidades. En contradicción con todas las estadísticas sobre la temática, el mensaje era más profundo: los y las migrantes cuestan dinero y no le brindan al país nada a cambio. Sin embargo, diferentes informes demuestran que la población migrante residente en el país trabaja aún más que la población nativa (OIT 2015) participando de la generación de riqueza, consumiendo y pagando impuestos del mismo modo que lo hace la población nativa. El propio gobierno ha señalado la importancia de los aportes económicos de la población migrante en el país (www.odsargentina.gob.ar) y los funcionarios en materia educativa suelen reconocer la importancia de estudiantes extranjeros/as en las universidades. Si bien estas referencias pueden ser leídas como la confirmación de la presencia de contradicciones internas dentro las distintas áreas del gobierno, se trata más bien de la producción de un discurso solidario al de la “criminalización” y “el costo” de la población migratoria al plantear la existencia de diferentes “tipos” de migraciones y de migrantes. Por un lado, publicaciones y declaraciones de funcionarios sobre ciertos contingentes extranjeros construyen la imagen de una “buena inmigración” (trabajadora, inocente, calificada, etc..) que recuerda el relato sobre la migración europea frente a una “mala inmigración” (especialmente abusiva, cercana al delito, lejana al trabajo, etc.) que es la costosa. De esta manera no es la propia idea de extranjería la que está puesta en duda, sino la de algunos/as inmigrantes cuya potencial ilegalidad se solapa de manera demasiado explícita con ciertos orígenes de clase, étnicos y raciales.

Este cambio en los discursos y acciones públicas tiene como corolario la sanción, el 30 de enero de 2017, del decreto de necesidad y urgencia (DNU) N.º 70/2017 que modifica la ley migratoria. En sus considerandos, se justifica la necesidad del cambio de normativa en una supuesta situación de “emergencia” caracterizada por el vínculo entre personas extranjeras y actividades criminales. Es este decreto el que permite acelerar las deportaciones evitando la instancia judicial donde sería posible demostrar la inocencia de los y las acusadas/os y acortando los plazos para la presentación de la documentación que podría demorar o frenar las deportaciones.

También se han modificado las prácticas de la Dirección Nacional de Migraciones que pasan de estar centradas en la regularización de las poblaciones migrantes a basarse en el “control de los inmigrantes” desde la multiplicación de inspecciones originadas por el propio organismo con fines expulsatorios a la generación de aplicaciones para su suso por diferentes agentes gubernamentales que facilitarían dicho control (pescadofrescoblog). Asimismo, apelando a una supuesta necesidad de “modernizar” el sistema, los trámites migratorios se inician en la actualidad de manera online lo que, en los hechos, refuerza las brechas entre diferentes poblaciones de migrantes. Si a este escenario se suma el aumento de las tasas migratorias y la demora en los turnos para iniciar la regularización, podemos comprender que la regularización de la situación migratoria se convierta en una verdadera gesta. Así, las acciones emprendidas para “luchar” contra la ilegalidad están generando mayor clandestinidad aumentando la marginalidad y la injusticia en un contexto de miedo creciente a convertirse en víctima de deportación.

Es sumamente preocupante que desde el gobierno se reproduzcan, potencian y legitiman discursos y prácticas contrarias a la inmigración donde ser extranjero se convierte en sinónimo de “ser sospechoso” y potencialmente expulsable. Que se expulse de manera arbitraria y violenta a residentes argentinos/as que no tienen oportunidad de defenderse. No hay ninguna estadística que confirme los peligros de la población migrante y sus costos económicos, sin embargo, está demostradísimo en estudios internacionales y locales, que los obstáculos o dificultades en los ingresos o permanencias de la población extranjera suelen aumentar sideralmente las “oportunidades de negocios” y la rentabilidad de los circuitos ilegales relacionados con la población migrantes.


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