Nicaragua niega la extradición del expresidente salvadoreño Funes acusado de corrupción

Nicaragua decide proteger a Funes de la justicia salvadoreña

El expresidente Mauricio Funes no será extraditado. El domingo 7 de abril de 2019, la Corte Suprema de Nicaragua contestó a la Corte Suprema de El Salvador que el expresidente mantendrá su condición de asilado. La respuesta salva al exmandatario de enfrentar un proceso judicial por el desvío y blanqueo de $351 millones de la partida de gastos reservados de Presidencia de la República y otros cuatro procesos judiciales por sobornos, peculado y lavado de dinero.

El expresidente Mauricio Funes, sus dos hijos Carlos y Diego Funes, y su actual pareja Ada Mitchell Guzmán Sigüenza no serán extraditados. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua notificó la respuesta de la Corte Suprema nicaragüense que reafirma que los cuatro gozan de asilo político, por tanto, no lo entregarán a las autoridades salvadoreñas, confirmaron tres magistrados de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador.

“Al respecto, se hace del conocimiento que Carlos Mauricio Funes Cartagena, Ada Mitchell Guzmán Sigüenza, Diego Roberto Funes Cañas y Carlos Mauricio Funes Velasco, de conformidad a Resolución Ministerial No. 073-2016 de este Ministerio, les fue otorgado Asilo Político, con base en la Constitución Política de la República de Nicaragua, Convenios e instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos y de Asilo Político”, dice una correspondencia del Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua enviada a la Embajada de El Salvador, el 28 de marzo de 2019.

El 21 de marzo de 2019, la CSJ salvadoreña validó las acusaciones de la Fiscalía en contra de Mauricio Funes y su grupo familiar. A través de comunicaciones oficiales con el gobierno de Nicaragua comunicaron que el exmandatario y su familia no son perseguidos políticos y exigió iniciar el proceso de extradición. El gobierno de Nicaragua respondió que no podía entregarlo a El Salvador, porque aplicaba el numeral 8 del artículo 20 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos el cual establece que “toda persona puede solicitar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecución por delitos políticos o comunes conexos con los políticos y de acuerdo con la legislación de cada Estado y los Convenios Internacionales”.

Funes enfrenta cinco procesos judiciales en El Salvador: sobre él pesa una acusación de peculado y lavado de dinero en el caso del desvío de $351 millones de Presidencia de la República. También tiene una segunda investigación por lavado de dinero y por un soborno de $3.5 millones relacionado al caso El Chaparral. Es acusado de entregar dádivas al exfiscal Luis Martínez -quien guarda prisión- para comprar inmunidad. Es investigado por la divulgación de un Reporte de Operaciones Sospechosas, relacionado al caso Flores-Taiwán. Recientemente la Fiscalía le acusó de evadir $270,000 en impuestos sobre la renta.

“Lo que recibimos fue la respuesta oficial de la Corte Suprema de Nicaragua a través de Cancillería. La respuesta es que no es posible extradidatarlo a El Salvador porque él y su grupo familiar están bajo la figura del asilo. El Estado de Nicaragua también anexo la copia del Diario Oficial en el que consta el otorgamiento de asilo al expresidente”, dijo Leonardo Ramírez Murcia, magistrado de la Sala de Penal.

Para otro magistrado que aceptó hablar con la condición del anonimato, la CSJ ya no puede hacer más nada en el caso y solo le queda comunicar a la FGR y al Juez. “En el documento explican que tienen derecho a recibir asilo los extranjeros en casos de persecución por delitos políticos o por delitos comunes conexos con políticos. En todo caso la Fiscalía es la que debe justificar por qué no aplica (el asilo)”, añadió.

Un segundo magistrado compartió que la CSJ salvadoreña ya no tiene facultades para actuar en el caso. “Según la Convención Centroamericana de Extradición, la CSJ ya no tiene más facultades”, dijo.

María Soledad Rivas, secretaria general de la Corte, dijo que que la resolución será trasladada al juzgado 7° de Instrucción, que luego debe notificar la resolución a la Fiscalía. “La nota se recibió el 8 de abril y se trasladará al Juez 7° de Instrucción”, dijo.

Funes, un expresentador televisivo, se convirtió en 2009 en el primer presidente de izquierdas en El Salvador bajo la bandera del FMLN. En 2014, tras su salida del ejecutivo, comenzó a ser investigado por enriquecimiento ilícito. El 28 de noviembre de 2017, Funes y su hijo Diego fueron condenados porque no pudieron justificar $419,000. El expresidente gastó más de lo que tenía y aún así pudo ahorrar $150,000.

El 8 de junio de 2018, la Fiscalía acusó al exmandatario del desvío de $351 millones de la partida de gastos reservados de la Presidencia de la República. La Fiscalía pidió la detención de Funes junto a la de 24 personas de su círculo cercano, entre ellos, su pareja Ada Mitchell Guzmán Sigúenza; su amigo y financista de campaña, Miguel Menéndez Avelar (Mecafé), su exsecretario privado, Francisco Cáceres, sus hijos Carlos y Diego Funes; su exesposa Vanda Pignato y círculo familiar (Cristina Pignato y Thiago Nogueira Vasconcelos). La acusación fiscal sostiene que Funes llevó a cabo una cadena de favores con fondos públicos que salieron en efectivo del Banco Hipotecario y $10 de los $351 millones desviados sirvieron para pagar lujos y excesos injustificados del expresidente Funes y de su círculo cercano.

El 4 de enero de 2019, la Fiscalía presentó una nueva acusación por lavado de dinero contra Funes, Mecafé y Ada Mitchel Guzmán Sigüenza. Son acusados de beneficiarse con un soborno de $3.5 millones de la constructora Astaldi, los cuales fueron depositados en cuentas “offshore” creadas a través del bufete de abogados Mossack Fonseca. Astaldi recibió un pago de $45 millones de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), que corresponde al 50% de la presa hidroeléctrica El Chaparral cuando solo concluyó el 29% de la obra. La tesis de la FGR es que Funes y Mecafé ordenaron llevar a cabo esos pagos y a cambio se beneficiaron de dádivas de la constructora.

A principios de abril, la policía de Costa Rica detuvo a Juan Carlos Guzmán Berdugo, padre de la compañera de vida de Funes y vinculado al caso por el desvío de 351 millones. Guzmán Berdugo es requerido por la Fiscalía por lavado de dinero y la Corte salvadoreñas ya tramitó su extradición a suelo salvadoreño. La justicia de Costa Rica debe decidir si lo envía a El Salvador para que enfrente la acusación en su contra.

El Faro


Nicaragua confirma ante Corte Suprema que expresidente Funes goza de asilo

Cancillería de Nicaragua envió una nota a la Corte Suprema de Justicia de El Salvador donde aclara que expresidente Funes goza de asilo.

El Gobierno de Nicaragua le notificó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador que el expresidente Mauricio Funes goza de asilo político en ese país.

El magistrado de la Sala de lo Civil, Óscar López Jerez, confirmó que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua envió recientemente la respuesta a la petición de extradición que hizo la CSJ.

López Jerez dijo que en la nota, que consta de una página, no especifica si se niega la extradición o no, pues “se limitan a decir que el exmandatario goza de asilo”.

El 21 de marzo pasado, los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia votaron a favor de solicitar la extradición del expresidente Funes, acusado de actos de corrupción durante su gobierno, entre 2009 y 2014.

El juez Séptimo de Instrucción envió hace unos meses una petición a la CSJ para tramitar la extradición de Funes de Nicaragua por el supuesto desvío de $351 millones de fondos públicos mientras estuvo al frente del Ejecutivo entre 2009 y 2014 bajo la bandera del FMLN.

En septiembre de 2016, el régimen de Daniel Ortega le otorgó asilo al expresidente, a dos de sus hijos y a su actual pareja, Ada Mitchell Guzmán. Los cuatro son reclamados por el Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador.

Según el magistrado López Jerez, la notificación recibida de parte del Gobierno de Nicaragua será remitida al juzgado para seguir con el trámite judicial.

La Prensa Gráfica


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