Argentina: movilización contra el gatillo fácil pide la renuncia de la ministra de seguridad Patricia Bullrich

Masacre de San Miguel del Monte: familiares y organismos de DDHH marcharon contra el gatillo fácil

Familiares de las víctimas que murieron tras una persecución policial en San Miguel del Monte, marcharon desde el Congreso hacia Plaza de Mayo. Acompañados por organismos de Derechos Humanos, exigieron justicia y un freno al gatillo fácil que azota la provincia de Buenos Aires.

Un día después de la protesta que se llevó adelante en la localidad bonaerense de San Miguel del Monte, la organización Familiares de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil convocó rápidamente a movilizarse hacia Plaza de Mayo. “Cuando decimos Nunca Más, es Nunca Más. ¡Basta de Gatillo Fácil!”, expresaron en la convocatoria.

Por caso, la marcha que contó con miles de personas en las principales calles porteñas, llegó a Plaza de Mayo en donde los organismos de Derechos Humanos leyeron un documento. “El gobierno de [Mauricio] Macri, [Patricia] Bullrich y María Eugenia Vidal quiere profundizar el hambre, las políticas de gatillo fácil, la Doctrina Chocobar, y garantizar así la impunidad a los asesinos de nuestros pibes”, sentenciaron en el comunicado.

En tanto, se recordó que “nos matan a un pibe cada 21 horas”, por lo que “seguiremos denunciando las prácticas represivas del Estado y todas sus instituciones. Nos matan, nos torturan y nos desaparecen”, manifestaron. Finalmente, cuestionaron la llamada Doctrina Chocobar, instaurada por la ministra Bullrich, por la que primero se debería confiar en el agente que disparó y no en la víctima.

Durante todo el viernes, las redes sociales fueron lugar común para quienes criticaron a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por garantizar el “uso irracional de las fuerzas de seguridad”, tal como calificó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en su cuenta de Twitter.

Policías imputados

Este viernes, la jueza de Garantías de La Plata, Marcela Garmendía, imputó al capitán Rubén Alberto García, a los oficiales Leonardo Daniel Ecilape y Manuel Monreal, y al subayudante Mariano Ibáñez por “homicidio doblemente agravado por abuso de su función como miembto de fuerzas policiales y por el empleo de armas de fuego”.

Además, estos cuatro policías fueron imputados por “homicidio doblemente agravado en grado de tentativa”, en perjuicio de la adolescente de 13 años que viajaba en el auto y se encuentra en grave estado, internada en el hospital El Cruce de Florencio Varela.

Por otro lado, la magistrada imputó al subinspector José Alfredo Domínguez y a los oficiales Cristian Righero y Juan Gutiérrez por “encubrimiento y falsedad ideológica de instrumento público”, ya que brindaron una versión inverosimil de los hechos registrados en una cámara de seguridad y respaldados por pericias balísticas confirmadas por el procurador general bonaerense Julio Conte Grand.

Notas


San Miguel del Monte: los funcionarios políticos son responsables de las muertes

Como consecuencia de una persecución, la policía bonaerense mató a una niña, dos niños y un joven. Sus muertes no ​pueden ser tratadas por las autoridades políticas como una ​tragedia​ en la que no tienen responsabilidad.

El lunes 20 de mayo por la madrugada, en San Miguel del Monte, provincia de Buenos Aires, un vehículo policial persiguió a un auto en el que viajaban cuatro niñxs y un joven. Luego de una serie de disparos injustificados por parte de la policía, el auto perdió el control y chocó de frente con un camión. Fallecieron Gonzalo Domínguez, de 14 años, Camila López y Danilo Sansone, los dos de 13 años, y Aníbal Suárez, de 22 años. Según informaron las autoridades del Ministerio Público Fiscal de la Provincia, el accionar policial no respetó ninguno de los principios sobre el uso racional y proporcional de las armas de fuego. Por otra parte, según información publicada en diferentes medios de comunicación habrían ocurrido maniobras de encubrimiento e intentos de desviar la investigación por parte de los efectivos policiales involucrados en estos hechos, y de quienes se encontraban en servicio en la Comisaría de San Miguel del Monte. Según varios testigos, al momento de radicar la denuncia, los policías omitieron plasmar detalles relevantes del caso en las actas.

Estas muertes s​on consecuencia del endurecimiento de la política de seguridad y de los mensajes que alientan a​ que la policía dispare en cualquier circunstancia. También las persecuciones de autos a los tiros fueron avaladas en reiterados casos. La tolerancia y promoción de estas prácticas conducen a que el Estado mate y a que la policía nos imponga el miedo.

Lo que ocurrió debe ser investigado por el Poder Judicial y los responsables​ directos​, sancionados. ​Pero no es suficiente con que las autoridades políticas pidan la detención de los funcionarios involucrados: este hecho debería conducir a una reflexión sobre que el Estado debe, ante todo, proteger la vida y ser un antes y un después en las políticas que están implementando.​

Desde el CELS acompañamos a las familias de Gonzalo Domínguez, Camila López, Danilo Sansone y Rocío Guagliarello

CELS


Bullrich dijo que el caso Arruga fue “una construcción”

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, habló anoche de la masacre de San Miguel del Monte y aprovechó para reflotar su línea de defensa de la mano dura y el gatillo fácil. En ese marco, se refirió al caso de Luciano Arruga , el joven que se negó a robar para la policía y estuvo desaparecido por más de cinco años hasta que su cuerpo finalmente fue encontrado enterrado como NN en el cementerio de Chacarita. Para la ministra se trató de “una construcción como quisieron hacer con el caso Maldonado”.

Bullrich dijo que en San Miguel del Monte, donde policías bonaernses persiguieron y causaron la muerte de tres chicos y un adolescente, existe “algún tipo de trama porque el pueblo ya mantenía una relación de distancia y desconfianza con los agentes policiales”. Y se esforzó por diferenciar ese caso de su “doctrina” para las fuerzas de seguridad.

“Hemos cambiado la doctrina para que los policías no siempre sean culpables”, explicó en el programa “Corea del Centro” de NetTv y reafirmó su defensa del policía Luis Chocobar, también señalado por gatillo fácil. “El caso Chocobar es un claro ejemplo de cómo deben actuar las fuerzas policiales en cumplimiento de su deber”, redobló Bullrich.

Allí también aprovechó para repetir su libreto sobre los casos de Santiago Maldonado, muerto luego de una represión de Gendarmería en Chubut, y Rafael Nahuel, asesinado por disparos de efectivos de Prefectura en Río Negro. En esa línea ubicó también al caso de Luciano Arruga.

“Lo que pasaba antes en la Argentina es que cuando un policía actuaba, independientemente de lo que hubiera hecho, aparecía un aparato ideológico con el CELS, CORREPI, que lo condenaban por el solo hecho de ser policía”, lanzó y añadió: “Con el caso Arruga se encontró la prueba de que nunca se lo había llevado la policía, que apareció en la General Paz porque lo había atropellado un auto y que estaba como N.N enterrado”.

Bullrich repitió que “Arruga fue una construcción como quisieron hacer con el caso Maldonado”. Y narró: “El juez del caso Arruga me llamó y me dijo que él no había tenido la valentia que tuve yo en el caso Maldonado y que se fue de la causa. Todo lo que se construyó en el caso de Arruga se demostró que era mentira”.

Arruga desapareció el 31 de enero de 2009, cuando volvía a su casa luego de estar con unos amigos. Se determinó que estuvo en la comisaría 8ª de Lomas del Mirador y que uno de los patrulleros no había cumplido su recorrido habitual. El joven se negó a robar para la policía. Cuatro meses antes, el oficial Diego Torales lo había torturado, un hecho por el cual fue condenado a diez años de prisión en 2015.

Fue encontrado el 17 de octubre de 2014, cuando se determinó que sus restos estaban enterrados como NN en la Chacarita. Arruga habría sido embestido por un automóvil y la familia asegura que fue “luego de que fuera obligado por la policía a cruzar la General Paz”.

Página 12


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