Colombia: amenazas a líderes sociales aumentaron un 47% el último año

Amenazas a líderes sociales aumentaron un 47 % el último año

El atentado contra Francia Márquez evidenció que la situación de los líderes sociales sigue siendo crítica en el país. Si bien esta reconocida defensora del territorio de las comunidades afros del norte del Cauca, premiada internacionalmente por esa labor, salió ilesa, lo cierto es que el grado de amenaza que enfrentan voces como la de ella en distintas zonas del país no deja de ser alto y, por el contrario, va en aumento.

El sábado en la tarde, en la vereda Lomitas, zona rural del municipio de Santander de Quilichao (Cauca), hombres armados les dispararon a ella y a un grupo de líderes sociales de la zona y les lanzaron granadas. En el hecho, escoltas de la Unidad Nacional de Protección, que custodiaban a la líder, quedaron heridos.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, las amenaza contra los líderes sociales aumentaron en el último año en casi un 50 por ciento. En los registros de la entidad, desde marzo de 2018 hasta febrero de este año, aparecen 982 denuncias de amenazas, mientras en el mismo periodo del 2017 a 2018, se denunciaron 669.

Es decir, el aumento de las amenazas, en lo que va corrido de este año, es de un 47 por ciento. Lo preocupante es que, de acuerdo con el organismo del Ministerio Público que tiene delegados en distintas regiones, tras esas amenazas se produjo, en el 2019, el asesinato de 25 líderes sociales. En sus registros, desde el primero de enero de 2016 hasta el 28 de febrero, cuentan 462 homicidios de líderes.

Por su lado, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia señala que este año, hasta marzo, 29 líderes sociales han sido asesinados.

La cifra es grave si se compara con el número de casos registrados por ese organismo internacional el año pasado, que fue de 113 homicidios contra esta población que lidera procesos claves para los territorios más apartados del país.

Desde marzo del 2017, la Defensoría del Pueblo había lanzado al menos tres alertas tempranas a las autoridades nacionales, departamentales y locales que advertían el riesgo de que sucedieran hechos como el atentado que sufrió el grupo de líderes en el que estaba Francia Márquez.

Pero hace apenas menos de dos semanas, el 26 de abril, había enviado una carta al Ministerio del Interior en la que enfatizaba el riesgo latente que viven, entre otras, las comunidades afros en el Cauca.

Lo que decía la alerta

Fernando Gaitán Peña, el delegado de la Defensoría para la prevención de violaciones de derechos humanos y director de las alertas tempranas, señaló en esa carta a Fabio Parra, subdirector para la seguridad y convivencia ciudadana del Ministerio del Interior, su preocupación por la amenaza contra estos líderes “por parte de actores armados, a raíz de los procesos de defensa y exigibilidad de los derechos humanos individuales y colectivos y las movilizaciones en diversos espacios de protesta social legítima”.

La carta no solo habla de circulación de panfletos, llamadas, mensajes de texto y correos electrónicos intimidantes, recepción de coronas fúnebres y obituarios, sino también de amenazas a través de “homicidios ejemplarizantes”. Solo en esa región del Cauca, este año han circulado 12 panfletos –de las Águilas Negras, las disidencias de las Farc y del Epl– frente a 55 que circularon en el 2018.

La Defensoría del Pueblo pide adoptar “medidas efectivas para superar la situación de amenaza y vulnerabilidad que vayan más allá de los esquemas de protección que en ocasiones no son efectivos para las particularidades del territorio”.

El Tiempo


Comunicado de prensa de la Defensoría del Pueblo

Finalizando la tarde del sábado 04 de mayo un grupo significativo y representativo de líderes y defensores de derechos humanos sufrió un grave atentado en la vereda Lomitas del municipio de Santander de Quilichao.

El Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera, condenó a los pocos minutos después de haber acontecido el atentado e instó a las autoridades estatales a brindar todas las garantías para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos y el liderazgo social en el norte del departamento del Cauca. Asimismo, realiza acompañamiento a las víctimas desde la noche del sábado 04 de mayo para gestionar la atención de sus casos.

Este lamentable hecho, que provocó lesiones a dos miembros de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP), sucede en el contexto de las reiteradas advertencias realizadas por la Defensoría del Pueblo desde el mes de marzo del año 2017 donde se ha descrito el riesgo al cual se encuentran expuestos líderes sociales y defensores de derechos humanos.

De la misma manera, esta acción consuma el riesgo que se encuentra registrado en cuatro documentos de advertencia (ATI 001-18; AT035-18; AT 050-18 y la AT 067-18) que tiene hoy el departamento del Cauca y sobre los que el pasado 26 de abril la Defensoría del Pueblo manifestó su preocupación a la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT) por el aumento de amenazas en contra de organizaciones como la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC) y el Proceso de Comunidades Negras (PCN).

La Defensoría del Pueblo resalta el rol desempeñado por los agentes de protección de la UNP quienes intervinieron para evitar que la vida e integridad de los líderes y defensores de derechos humanos protegidos resultaran afectadas.

Sin embargo, ante esta neurálgica situación que padece el norte del Cauca, se hace necesario implementar acciones que involucren a todas las agencias del Estado en la adopción de medidas efectivas en pro de superar los factores que amenazan y generan vulnerabilidad a defensores y defensoras de derechos humanos, que vayan más allá de los esquemas de protección individual que en ocasiones no son efectivos para las particularidades del territorio. Por lo anterior, es importante incluir medidas de seguridad social y de fortalecimiento comunitario que impacten en la protección.

El Defensor del Pueblo insta a las autoridades estatales, especialmente al Ministerio del Interior, la Gobernación del Cauca, la Fiscalía General de la Nación y a la Fuerza Pública, a adoptar una conducta conforme al estándar de debida diligencia en la protección, respeto y garantía de los derechos humanos de líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país, especialmente para esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que aconteció este atentado y dar con sus responsables.

Defensoría del Pueblo


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