Colombia | Duque y el escándalo por la recaptura de Santrich: “El país no está sumido en una crisis institucional”

Presidente Iván Duque dice que el país no está sumido en una crisis institucional

Durante la clausura de la Asamblea Seccional de la Andi, el presidente Iván Duque Márquez aprovechó para decirles a los colombianos que lo ocurrido con el caso de Seuxis Paucias Hernández Solarte, mejor conocido como “Jesús Santrich”, y la posterior renuncia de Néstor Humberto Martínez, fiscal general de la Nación hasta la semana pasada, no fueron hechos que derivaron en una crisis institucional.

“El país no está sumido en una crisis institucional, no. El país tuvo un reto la semana pasada y era un reto donde un delincuente que fue capturado en una cooperación judicial, con pruebas fehacientes, fue dejado en libertad. Pero las propias instituciones del país reaccionaron para defender el Estado de Derecho”, dijo.

Y añadió: “Ese criminal, gracias a la cooperación judicial y a la acción de las instituciones, está nuevamente tras las rejas, y esperando que se adelante un juicio severo, porque lo que no puede suceder en Colombia es que alguien que cometa flagrantemente un delito de narcotráfico, con las pruebas que han sido conocidas, pues no tenga una sanción proporcional”.

Otro ejemplo de esos comentarios fue la declaración de Aurelio Iragorri, presidente del partido de la U, quien después de una reunión con el presidente Duque el pasado Lunes, expresó a la opinión pública que el país vivía una crisis desde hace semanas. “Llevamos semanas en crisis. El país tiene que moverse y avanzar. Desde nuestra perspectiva y experiencia planteamos cuatro temas que son las cuatro ruedas que necesita Colombia para moverse de este momento difícil que está pasando”, dijo Irragori luego de su encuentro con el jefe de Estado, reunión que buscaba lograr un “gran acuerdo nacional” con los partidos políticos.

De igual forma, días antes de las reuniones con los directores de los partidos de gobierno y declarados independientes, y bajo esa misma nube en torno a las facultades de la JEP, Álvaro Uribe, jefe natural del Centro Democrático, aseguró que la sentencia sobre ‘Santrich’ demostraba “una profunda crisis y destrucción institucional”.

Ahora, el presidente hace explícito su pensamiento más neutral, el mismo que en declaraciones anteriores había dado a conocer la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez., quien el pasado 16 de mayo, ante los rumores de una posible Asamblea Constituyente, manifestó que “las instituciones tienen suficiente solidez y mecanismos para cerrarle la puerta al narcotráfico”, y que por ello no existe la “crisis que se está planteando”, reiteró Ramírez.

Ahora, sobre la elección de un nuevo fiscal, el presidente Duque aprovechó ese espacio para dar unas puntadas sobre lo que se viene en ese tema. Dijo que se tomará unos días para conformar una terna de la que se pueda escoger el nuevo Fiscal General de la Nación.

“El proceso que sigue ahora es evaluar -y lo haré por varios días- para presentarle a la Corte Suprema de Justicia la mejor terna que considere yo puede tener el país, buscando personas con independencia, con solvencia, con patriotismo, sin tacha, y personas comprometidas con la legalidad, como un principio para todos los colombianos”.

El Espectador


Partido Farc pide diálogo directo con Duque en medio de coyuntura por caso Santrich

El partido insistió en que es necesario un diálogo directo con el presidente Iván Duque, así como ocurrió con otros partidos políticos tras la recaptura de ‘Jesús Santrich’.

En un comunicado, que titularon “Un pacto por la paz y sin exclusiones”, aseguran que “el presidente debe convocar a los partidos de oposición y la bancada alternativa, está obligado a escuchar a la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común”, e insisten que como firmantes del acuerdo de paz necesitan de nuevo un diálogo directo con el Gobierno Nacional.

Aseguran que, además, en el consenso nacional se deben tratar temas como el asesinato y amenazas de líderes sociales y excombatientes, la reforma rural y la sustitución de cultivos ilícitos, entre otros.

Así mismo, aclaran que los pactos excluyentes “ahondan y agravan cualquier crisis que pretendan solucionar. Cualquier acuerdo debe partir del respeto pleno a lo que se pactó en La Habana”.

Finalmente, expresan que están abiertos al diálogo, pues “tras más de cinco décadas de guerra, la nación merece y se ha ganado otra suerte”.

Blu Radio


Juez advierte dilaciones en el caso de Jesús Santrich

La juez que se declaró impedida y remitió el proceso de Jesús Santrich a la Corte Suprema de Justicia advirtió que las acciones  de la defensa del exjefe guerrillero estaban muy cerca de una actitud “temeraria” para afectar el normal desarrollo de las diligencias.

“Aquí lo que no se quiere es que haya continuidad de la actividad judicial, que no fluya audiencia, elevando temerariamente una recusación para el juez que lo único que ha hecho es cumplir con la ley…” dijo la juez.

A esto, los abogados de Santrich dijeron que sus solicitudes son herramientas legalmente descritas para preservar los derechos de su cliente.

“Esperamos que la Corte Suprema resuelva en derecho y podamos continuar para que la JEP reclame el proceso…” manifestaron los juristas.

Tres días tendrá la corte para resolver el conflicto de competencia en este caso.

W Radio


Corte Suprema de Justicia aceptó renuncia de fiscal general por caso Santrich

La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de Colombia aceptó este martes la renuncia que presentó la semana pasada Néstor Humberto Martínez al cargo de fiscal general de la nación, así como la de la magistrada Margarita Cabello Blanco, quien fue nombrada por el presidente Iván Duque como nueva ministra de Justicia.

“La Corte Suprema de Justicia acepta las renuncias del fiscal Néstor Humberto Martínez Neira y de la magistrada Margarita Cabello Blanco; la Sala Plena pide terna al presidente Iván Duque para proceder a elegir nuevo jefe de la Fiscalía”, indicó la Corte a través de la red social Twitter.

Martínez presentó su renuncia el pasado miércoles, luego de que la Jurisdicción Especial de Paz (JEP, tribunal de paz) anunció que decidió no avalar la extradición a EEUU de Seuxis Paucias Hernández Solarte, conocido como Jesús Santrich, líder de la disuelta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Martínez dijo, en una declaración en directo a la prensa difundida por su despacho, que “este desafío al orden jurídico no puede ser refrendado por el suscrito, mi conciencia y mi devoción por el Estado de Derecho me lo impiden; por ello he presentado renuncia irrevocable al cargo de fiscal general de la nación”.

Cabello presentó su renuncia como magistrada al día siguiente, luego de que Duque la nombró ministra de Justicia en reemplazo de Gloria María Borrero, quien era cuestionada por varios sectores políticos, entre ellos el partido de Gobierno, el derechista Centro Democrático, por su “pasividad” al frente de esa cartera de Estado.

A su turno, y tras conocerse la renuncia de Martínez, la vicefiscal María Paulina Riveros también presentó su dimisión.

Por esa razón, el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Fabio Espitia, fue designado como fiscal general encargado mientras se elige uno nuevo de la terna que presente el presidente.

Quien resulte elegido solo podrá ocupar el cargo por un año, ya que en julio de 2020 vence el periodo que mantenía Martínez, por lo que entonces la Presidencia deberá presentar otra terna de la cual se escogerá al nuevo Fiscal General para un periodo de cuatro años.

Las renuncias generaron una crisis institucional en el país derivada del caso Santrich, quien es señalado por la Fiscalía de Colombia y la justicia de EEUU de un supuesto acuerdo con el Cartel de Sinaloa (México) para exportar 10 toneladas de cocaína hacia EEUU por unos 15 millones de dólares y que luego se venderían al detalle por hasta 300 millones de dólares en el mercado de destino.

Los presuntos delitos habrían ocurrido entre junio de 2017 y abril de 2018, después de la firma del Acuerdo Final de Paz (suscrito entre el Gobierno y las FARC en noviembre de 2016), por lo que no estaban comprendidos en los hechos contemplados por la justicia transicional de la JEP y darían paso a su extradición.

La negativa de la JEP de extraditar al exguerrillero ha generado una tensión política interna que puede escalar a relaciones diplomáticas con EEUU, ya que existe un tratado de extradición entre ambos países que el tribunal de paz desconoció en su fallo.

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