Mujeres tejiendo resistencias: voces de la minga indígena, afro y campesina colombiana – Por Natalia Hernandez Fajardo

Mujeres tejiendo resistencias. Voces de La Minga Indígena, Afro y Campesina en Colombia

Por Natalia Hernandez Fajardo*

Atravesando ríos, valles, montañas y desiertos, en lo que va corrido del año, a lo largo y ancho de su territorio, la Colombia históricamente convulsionada por la guerra se ha sacudido con la capacidad organizativa y movilizadora de una Minga indígena, Afro y Campesina. Con esa fuerza, en el mes de marzo se levantó un Paro Nacional y una Asamblea Permanente y, se instaló hasta el 2 de mayo un Refugio Humanitario por la vida de líderes y lideresas sociales en Bogotá.

Esta nueva explosión de sinergia social iniciada el 10 de marzo con La Minga por la Vida, Territorio, la Justicia y la Paz en el departamento del Cauca, que encontró adhesiones en todo el territorio nacional, sostiene como eje común y central la defensa de la vida, dentro un pliego de exigencias en materia de derechos sociales, culturales y sociales. La Minga enfrenta de esta manera las políticas derechistas y retroactivas en términos sociales, humanitarios y ambientales que busca implementar el gobierno a través de su base de políticas gubernamentales propuesta en el Plan Nacional de Desarrollo.

Los Acuerdo de paz, el gran damnificado de la falta de compromiso del Estado.

El presidente Iván Duque, del Centro Democrático, el partido político fundado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, ha sido el único en declararse formalmente opositor al Proceso de Paz llevado adelante entre el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y la organización guerrillera insurgente FARC-EP. En la misma línea ha procurado una postura desinteresada en dar cumplimiento a los Acuerdos de Paz. Por el contrario, ha optado por el desfinanciamiento de los mismos e incluso arremete en su contra entablando una serie de objeciones a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el conjunto de normas creado para regular el inédito sistema de justicia transicional que resultó de las negociaciones en La Habana para el juzgamiento de los excombatientes y que funciona a su vez como sistema de rendición de cuentas.

Las modificaciones propuestas por el mandatario afectan en varios sentidos a las comunidades movilizadas. Quebrantar los acuerdos establecidos que permitieron la desmovilización del grupo guerrillero instala un descrédito en el proceso que busca establecer una paz estable y duradera en territorios de fuego cruzado entre los distintos grupos armados. Este gesto es una invitación a la reactivación del conflicto. Además, sienta bases de desconfianza para futuros procesos de desmovilización con otros grupos guerrilleros como el Ejército de Liberación Nacional. Desde que Duque asumió la presidencia, ocho ex-comandantes de las Farc abandonaron sus espacios de reincorporación argumentando faltas de seguridad.

Esta actitud por parte del gobierno no es nueva. De hecho, fue la falta de compromiso político lo que precisamente impulsó a una nueva conformación de La Minga, una práctica ancestral que funciona como mecanismo de articulación entre indígenas de diferentes etnias para la coordinación de acciones conjuntas alrededor de la consigna “Caminar la Palabra”. A esta Minga, acudieron comunidades de consejos regionales indígenas de varios departamentos como el Cauca, Huila y Caldas, contó con la participación de algunos resguardos indígenas, organizaciones campesinas como el Coordinador Nacional Agrario, la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (FENSUAGRO-CUT), movimientos político-sociales como Marcha Patriótica y el Congreso de los Pueblos y comunidades Afro nucleadas en la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca.

Despojo de la tierra, el triunfo de las grandes minorías.

“Las organizaciones que nos movilizamos en la minga somos organizaciones que tenemos acuerdos firmados con el gobierno nacional, acuerdos que no se han cumplido” cuenta Marylen Serna, mujer campesina del departamento del Cauca, integrante de La Minga, vocera del Congreso de los Pueblos y vinculada al Movimiento de Mujeres por la Vida del municipio Cajibío.

Un serial acumulado de pactos incumplidos relacionados principalmente con prácticas de despojo de la tierra que se remontan al periodo colonial y que hoy persisten en los territorios a causa de las altas concentraciones de la tierra en manos de pocos propietarios: terratenientes, ingenios azucareros, grandes concesiones mineras y multinacionales. Marylen nos presenta un ejemplo concreto de esta dinámica: “En el caso del Cauca, la multinacional irlandesa Smurfit Kappa Cartón de Colombia que siembra pinos y eucaliptos tiene más de 12.000 Hectáreas”.

La presencia de esta compañía en municipios del suroccidente colombiano como Cajibío, Sotará y El Tambo, genera varios tipos de afectaciones “Tiene miles de hectáreas productivas. Ha ocupado tierras que se necesitan para la producción de alimentos, además requiere muchísima agua y ha ido acabando con fuentes hídricas propias de nuestras comunidades. Ha desplazado flora y fauna nativa por la instalación de cultivos que son agresivos. Los campesinos y campesinas que antes tenían sus propias fincas donde producían su comida se han vuelto dependientes de esta empresa, hoy son peones con malos pagos por sus trabajos […] Al ir mecanizando el trabajo, ha ido desplazando el empleo que trajo a las comunidades.” Explica Marylen.

Defensa de la tierra y el territorio en el centro de la vida

La líder campesina señala que los impactos más fuertes los produce en la vida de las mujeres: “No es posible que haya una producción de alimentos en la zona, porque no tenemos tierra y las mujeres somos las que más trabajamos y luchamos por la conservación de las semillas, para tener una producción diversificada en el terreno, en las propias huertas, así no es necesario comprar todos los alimentos, ni traerlos de otros lugares o de las ciudades o que las mujeres tengan que irse al trabajo doméstico simplemente porque no hay tierra para trabajar. El promedio de la tierra que tenemos en el municipio de Cajibío es 1.3 hectáreas por cada familia y cada familia está compuesta por 5 o 6 personas. Realmente es imposible vivir con esa cantidad de tierra. Por eso una de las peticiones más importantes de las mujeres en esta Minga es la adjudicación de tierra y que las mujeres sean propietarias de esa tierra.”

La expansión de la frontera agrícola tiene efectos semejantes en la generación de alimentos para las comunidades. Kelly Peña perteneciente a la Confluencia de Mujeres para la Acción Pública comparte la enorme preocupación por el impacto del creciente fenómeno de la deforestación: “El desplazamiento de esta frontera transforma inmensos bosques tropicales de la Amazonía del pacífico colombiano en grandes hatos ganaderos y cultivos de palma aceitera, poniendo en riesgo la labor de recolección que realizan las mujeres en las comunidades indígenas, reduciendo parte de la oferta de alimento que tienen comunidades enteras”.

Sobre este punto las diversas comunidades que integran La Minga vienen trabajando en el diseño de una propuesta de reordenamiento territorial con una justa redistribución de la tierra basada en la fórmula “territorio con autoridad colectiva” para que según Marylen “Podamos hacer un acuerdo interétnico con las comunidades indígenas y negras, porque estamos en un solo territorio, que podamos construir territorios interculturales, para producir conjuntamente […] que la tierra vuelva a manos de sus propietarios ancestrales y tradicionales”.

Mineras y violencias en los territorios

El conflicto por la tierra y el territorio se ven profundizados por el extractivismo, señala Kelly Peña. Desde la organización en la que trabaja vienen enfatizando las consecuencias del extractivismo minero-energético para las mujeres: “Se ha dado un aumento de la explotación y la violencia sexual de las niñas y mujeres en el marco de las economías de enclave, desarticulación de las economías propias de comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas donde las mujeres tienen un papel preponderante, informalidad laboral, impacto en la salud sexual y reproductiva y surgimiento de nuevas formas de explotación de las mujeres a partir del trabajo no valorizado que realizamos en torno al cuidado”.

En este sentido el relato de Marylen resulta descriptivo: “Las concesiones mineras llevan maquinaria a sitios donde anteriormente la minería era artesanal, tanto hombres como mujeres de manera sostenida en el tiempo extraían pequeñas cantidades de minerales que les permitían subsistir, hoy ya no es posible, hoy están las dragas, las grandes maquinarias en los ríos especialmente donde se saca oro. Lo que afecta principalmente a las mujeres quienes más se sostenían de la pequeña minería”.

Estos territorios de gran riqueza natural y proximidad al mar pacífico convierten a estas tierras en una región codiciada por todos, aquí el conflicto armado se relaciona con la disputa por el control de cultivos ilícitos, la minería y la presencia de las multinacionales. Frente a este escenario las comunidades desarrollan procesos de resistencia por el valor de los ríos y del agua, cuenta Kelly, recordando la experiencia de lucha contra el proyecto hidroeléctrico de Hidroituango. “En muchas de estas regiones se asesinan líderes y lideresas sociales” plantea. La organización Somos Defensores habla de 600 asesinatos desde el 2016. De los cuales 118 serían indígenas según la Organización Indígena Nacional de Colombia.

“La presencia de grupos guerrilleros, militares, paramilitares, grupos armados protegen los cultivos ilícitos, otros protegen la minería y las multinacionales. Quitan libertades y la posibilidad de movilidad de la gente en el territorio. La gente no tiene libertad para reunirse, organizarse, porque está siempre estigmatizada, señalada. Donde las mujeres son botín de guerra de los actores armados [..] las consecuencias de todo esto son muy fuertes: miedo a la organización, a la vida comunitaria, tener que salir del territorio para ir a la ciudad a buscar formas de subsistencia, por miedo, por el temor, por el asesinato a líderes y lideresas que se atreven a levantar su voz y defender su territorio”. Comparte Marylen acerca de la presencia de actores armados legales e ilegales.

Conectando luchas entre mujeres mingueras y de otras organizaciones.

En este contexto la movilización social adquiere características específicas para las mujeres “Ellas han ganado estos espacios en el marco de enormes dificultades y sacrificios familiares […] Alejandrina Pastor, mujer referente de la ONIC hablaba de Efigenia Vásquez, de todo lo que implicó tanto para la organización como para ella, ser una mujer periodista indígena” cuenta Kelly refiriéndose al asesinato de la lideresa indígena del pueblo Kokonuko en el 2017 por el Escuadrón Móvil Antidisturbios, una unidad de la Policía Nacional de Colombia. “No sólo se pierden vidas, se pierden procesos costosísimos para las mujeres”.

En medio de estos escenarios de dolor, exclusión de los espacios de decisión y la desatención de las apuestas y necesidades de las mujeres, las mujeres han motivado los procesos de organización, expone Marylen: “Poder leer el contexto que nos rodea y nos afecta desde la visión de las mujeres ha permitido el reconocimiento de nuestro derecho a la movilización y la participación política”. Sobre el desafío que implicó para las mujeres sostener la minga durante más de 27 días comparte una anécdota: “Las múltiples tareas y obligaciones no les permiten esa libertad para poder participar y poder salir de su casa durante tanto tiempo. Por eso tuvimos que generar un relevo. Que estuvieran por 3 y 4 días y después llegarán otras. No fue fácil, fue muy difícil. Sin embargo, ahí estuvimos durante todo el tiempo, movilizadas, trabajando, cocinando, prestando guardia, asistiendo a los espacios de comisión política. Las mujeres nos la jugamos toda en esta Minga”.

Créditos: Juliana Ladrón de Guevara

A pesar de que el movimiento social y en este marco el de las mujeres atraviesa por un periodo de repliegue defensivo, sugiere Angélica Beltrán de la Confluencia de Mujeres para la Acción Pública, en el cual “pasamos de tener un escenario en el que propusimos con mayor protagonismo a uno en el cual resistimos el avance de las diferentes iniciativas del Gobierno Colombiano”. Las últimas movilizaciones revelan una nueva capacidad aglutinante entre diferentes sectores, organizaciones y apuestas “Poder construir un ejercicio unitario de movimiento social y popular de los movimientos sindicales, agrarios, estudiantiles.” concluye Marylen.

Así también viene ocurriendo en los movimientos de mujeres según observa Sandra Solano, también integrante de la Confluencia “En nuestro país el movimiento de mujeres es muy diverso en sus apuestas feministas, aun así se han generado escenarios de unidad y convergencia desde los feminismos, entorno a la defensa de la paz y la salida política y negociada”. En este sentido el reto consistirá según ella en: “Seguir generando opinión y acción frente a la profundización del modelo neoliberal después de unos acuerdos incumplidos a las FARC y un creciente exterminio de líderes y lideresas sociales […] Es necesario generar procesos de reflexión frente a experiencias pasadas y apostar al fortalecimiento organizativo de las mujeres en los territorios, pues es allí donde se generan disputas diarias frente a la justicia, la permanencia en el territorio y la eliminación de todas las violencias que nos atraviesan”.

Estos desafíos conllevarían el aprovechamiento del caudal de saberes adquiridos en materia organizativa, como explica Angélica: “Las experiencias que vivimos son capacidad instalada, aprendizajes valiosos que nos fortalecen para seguir actuando de cara al país y también en lo regional, donde el trabajo no para y las organizaciones de mujeres seguimos sembrando trabajo de base”.

Este ciclo de movilizaciones que incluyeron el paro más grande realizado por poblaciones indígenas en el país seguramente continuará caminando como la Minga, hasta que se transformen las condiciones que le dieron forma, hasta que haya tierras donde vivir y garantías para cultivar. Ni los panfletos encargados de diseminar amenazas contra las líderesas y líderes sociales, las organizaciones sociales, campesinas y afro, ni los pronunciamientos criminalizantes por parte de integrantes del gobierno buscando estigmatizar las resistencias, ni el miedo, ni el dolor, ni la desesperanza han sido suficientes para frenar esta fuerza colectiva que aprende de la movilización en unidad. Porque como dijo la líderesa afro del Cauca Rossa Mejía Caicedo “El territorio es la vida y la vida no se vende, se ama y se defiende”.

Mulheres tecendo resistências. Vozes da luta da Minga indígena, negra e camponesa na Colômbia.

Traduzido por Larissa Bontempi

Atravessando rios, vales, montanhas e desertos, no que passou do ano, ao longo de todo o território, a Colômbia histericamente convulsionada pela guerra foi sacudida pela capacidade organizadora e mobilizadora de uma Minga indígena, negra e camponesa. Além disso, foi estabelecida uma Greve Nacional, uma Assembleia Permanente e um Refúgio Humanitário pela vida de líderes sociais na cidade de Bogotá.

Esta nova explosão de sinergia social que começou no dia 10 de março com a Minga pela Vida, pelo Território, pela Justiça e pela Paz no departamento de Cauca, que teve adesões em todo o território nacional, sustenta como eixo comum e central a defesa da vida, dentro de uma lista de exigências em matéria de direitos sociais e culturais. Desta forma, a Minga enfrenta as políticas direitistas e retroativas em termos sociais, humanitários e ambientais que o governo procura implementar através da sua base de políticas governamentais proposta no Plano Nacional de Desenvolvimento.

Os Acordos de Paz, o grande danificado pela falta de compromisso do Estado.

O presidente Iván Duque, do Centro Democrático, partido político fundado pelo ex-presidente Álvaro Uribe Vélez, foi o único a se declarar formalmente opositor ao Processo de Paz levado adiante entre o governo do ex-presidente Juan Manuel Santos e a organização guerrilheira insurgente FARC-EP. Na mesma linha, procurou uma postura desinteressada em cumprir os Acordos de Paz. Pelo contrário, optou pelo subfinanciamento e, inclusive, ataque aos mesmos, iniciando uma série de objeções à lei estatutária da Jurisdição Especial para a Paz (JEP), conjunto de normas criado para regular o sistema inédito de justiça transicional que resultou das negociações em Havana, para o julgamento dos ex-combatentes, e que funciona ao mesmo tempo como sistema de prestação de contas.

As modificações propostas pelo mandatário afetam em vários sentidos às comunidades mobilizadas. A quebra dos acordos estabelecidos que permitiram a desmobilização do grupo guerrilheiro instala um descrédito no processo que busca estabelecer uma paz estável e duradoura nos territórios de fogo cruzado entre os diferentes grupos armados. Esse gesto é um convite à reativação do conflito. Além disso, assenta as bases de desconfiança para futuros processos de desmobilização com outros grupos guerrilheiros como o Exército de Liberação Nacional. Desde que Duque assumiu a presidência, oito ex-comandantes das FARC abandonaram seus espaços de reincorporação argumentando falta de segurança.

Essa atitude por parte do governo não é novidade. De fato, foi precisamente a falta de compromisso político que propulsou a a nova formação da Minga, uma prática ancestral que funciona como mecanismo de articulação entre indígenas de diferentes etnias para a coordenação de ações conjuntas em torno do lema “Caminhas a Palavra”. Comunidades de conselhos regionais indígenas de vários departamentos como o Cauca, Huila e Caldas, acudiram essa Minga, que também contou com a participação de algumas defesas indígenas, organizações camponesas como o Coordenador Nacional Agrário, a Federação Nacional Sindical Unitária Agropecuária (FENSUAGRO-CUT), movimentos político-sociais como a Marcha Patriótico e o Congresso dos Povos e comunidades Afro centralizadas na Associação de Conselhos Comunitários do Norte de Cauca.

Espoliação da terra, o triunfo das grandes minorias.

“Nós, que nos mobilizamos na Minga, somos organizações que têm acordos assinados com o governo nacional, acordos que não foram cumpridos”, conta Marylen Serna, mulher camponesa do departamento de Cauca, integrante da Minga, porta-voz do Congresso dos Povos e vinculada ao Movimento de Mulheres pela Vida, do município de Cajibío.

Um acúmulo de pactos não cumpridos relacionados principalmente com práticas de espoliação da terra que remontam ao período colonial e que hoje persistem nos territórios por causa das altas concentrações de terra nas mãos de poucos proprietários: latifundiários, engenhos de açúcar, grandes concessões mineiras e multinacionais. Marylem nos apresenta um exemplo concreto desta dinâmica: “No caso de Cauca, a multinacional irlandesa Smurfit Kappa Embalagens da Colômbia, que planta pinheiros e eucaliptos, tem mais de 12.000 hectares”.

A presença desta companhia em municípios do sudoeste colombiano, como Cajibío, Sotará e El Tambo, gera vários tipos de afetações: “tem milhares de hectares produtivos. Ocupou terras necessárias para a produção de alimentos, além de requerer muita água e ir acabando com fontes hídricas próprias das nossas comunidades. Substituiu a flora e a fauna nativa pela instalação de cultivos agressivos. Os camponeses e camponesas que antes tinham suas próprias terras onde produziam sua comida, tornaram-se dependentes desta empresa, hoje são peões mal pagos por seus trabalhod […] Por mecanizar o trabalho, foram removendo o emprego que trouxeram às comunidades”, explica Marylen.

Defesa da terra e o território no centro da vida

A líder camponesa chama atenção aos impactos mais fortes produzidos na vida das mulheres: “Não permite que haja uma produção de alimentos na região porque não temos terra e nós mulheres somos as que mais trabalhamos e lutamos pela conservação das sementes, para ter uma produção diversificada no terreno, nas próprias hortas, assim não será necessário comprar todos os alimentos, nem trazê-los de outros lugares ou da cidade, nem as mulheres terão que ir ao trabalho doméstico simplesmente porque não há terra para trabalhar. Temos em média 1,3 hectares de terra por cada família no município, e cada família está composta por 5 ou 6 pessoas. Realmente, é impossível viver com essa quantidade de terra. Por isso, uma das demandas mais importantes das mulheres nesta Minga é a concessão da terra e que as mulheres sejam proprietárias dessa terra”.

A expansão da fronteira agrícola tem efeitos semelhantes na geração de alimentos para as comunidades. Kelly Peña, pertencente à Confluência de Mulheres para a Ação Pública,compartilha da enorme preocupação pelo impacto do fenômeno crescente de desmatamento. “A ocupação desta fronteira transforma as imensas florestas tropicais da Amazônia do pacífico colombiano em grandes rebanhos e cultivos de palmeira de azeite, colocando em risco o trabalho de colheita realizado pelas mulheres nas comunidades indígenas e reduzindo parte da oferta de alimento de comunidades inteiras”.

Sobre este ponto, as diversas comunidades que integram a Minga vêm trabalhando no projeto de uma proposta de reorganização territorial com uma redistribuição justa da terra baseada na fórmula “território com autoridade coletiva”, para que, de acordo com Marylen, “Possamos fazer um acordo interétnico com as comunidades indígenas e negras, porque estamos em um território só, que possamos construir territórios interculturais, para produzir conjuntamente […], que a terra volte às mãos de seus proprietários ancestrais e tradicionais”.

Minérios e violências nos territóriosO conflito pela terra e pelo território são aprofundados pelo extrativismo, aponta Kelly Peña. A partir da organização onde trabalha, enfatiza as conseqüências do extrativismo mineiro-energético para as mulheres: “Aumento da exploração e violência sexual das meninas e mulheres no quadro da economia de enclave; desarticulação das economias próprias das comunidades indígenas, afro-colombianas e camponesas, onde as mulheres têm um papel preponderante; informalidade laboral; impacto na saúde sexual e reprodutiva e surgimento de novas formas de exploração das mulheres a partir do trabalho não valorizado que realizamos referente ao cuidado”.

Nesse sentido, o relato de Marylen é descritivo: “As concessões mineiras levam máquinas a lugares onde antes a mineração era artesanal; por um período limitado de tempo, tanto homens quanto mulheres extraíam pequenas quantidades de minerais que lhes permitiam subsistir. Hoje já não é possível: existem sondas, os grandes maquinários, especialmente nos rios, de onde se extrai ouro. O que afeta principalmente às mulheres, quem mais se sustentava com a pequena mineração”.

Esses territórios de grande riqueza natural e próximos ao oceano pacífico, fazem com que essa região seja cobiçada por todos, aqui o conflito armado se relaciona com a disputa pelo controle de cultivos ilícitos, a mineração e a presença das multinacionais. Diante deste cenário, as comunidades desenvolvem processos de resistência pelo valor dos rios e da água, conta Kelly, relembrando a experiência de luta contra o projeto hidroelétrico de Hidroituango. “Líderes sociais são assassinados em muitas destas regiões”, disse. A organização Somos Defensores gala em 600 assassinatos desde 2016, Dos quais 118 seriam indígenas, de acordo com a Organização Indígena Nacional da Colômbia.

“A presença de grupos guerrilheiros, militares, paramilitares, grupos armados que protegem os cultivos lícitos, outros que protegem a mineração e as multinacionais Tiram a liberdade e impossibilitam a mobilidade das pessoas no teritório. As pessoas não têm liberdade para se reunirem, nem se organizarem, porque está sempre marcada, estigmatizada. Onde as mulheres são saque de guerra dos agentes armados […], as consequências de tudo isso são muito fortes: medo da organização, da vida comunitária, de ter que sair do território para ir à cidade procurar formas de subsistência, por causa do assassinato de líderes que se atrevem a erguer a voz e defender seu território”. Compartilha Marylen a respeito da presença de agentes armados legais e ilegais.

Conectando lutas entre mulheres mingueiras e de outras organizações.

Neste contexto, a mobilização social adquire características específicas para as mulheres. “Elas ganhara, estes espaços em circunstancias de enormes dificuldades e sacrifícios familiares […]. Alejandrina Pastor, referência da ONIC, falava de Efigenia Vásquez, de tudo o que implicou tanto para a organização quanto para ela, ser uma mulher jornalista indígena”, conta Kelly, referindo-se ao assassinato da líder indígena do povo Kokonuko em 2017, pelo Esquadrão Antidistúrbios Móveis, uma unidade da Polícia Nacional da Colômbia. “Não só vidas são perdidas, mas também processos caríssimos para as mulheres”.

Em meio a esse cenário de dor, exclusão dos espaços de decisão e de desatenção das apostas e necessidades das mulheres, as mesmas motivaram os processos de organização, expõe Marylen. “Poder ler o contexto que nos rodeia e nos afeta a partir da visão das mulheres permitiu o reconhecimento do nosso direito de mobilização e à participação política”. Compartilhou um relato sobre o que acarretou o desafio das mulheres de manter a Minga por mais de 27 dias: “As múltiplas tarefas e obrigações não permitem essa liberdade para poder participar e sair de casa durante tanto tempo. Por isso, tivemos de fazer revezamento. Ficavam por 3 a 4 dias e depois chegavam outras. Não foi fácil, foi bem difícil. No entanto, ficamos ali durante todo o tempo, mobilizadas, trabalhando, cozinhando, fazendo plantão, assistindo aos espaços de comissão política. As mulheres arriscam tudo nesta Minga”.

Apesar de que o movimento social, e nesta instância o das mulheres, atravessa um período de retirada defensiva, Angélica Beltrán, da Confluência de Mulheres para a Ação Pública, sugere que “passamos de um cenário no qual propusemos com maior protagonismo a um no qual resistimos ao avanço das diferentes iniciativas do governo colombiano”. As últimas mobilizações revelam uma nova capacidade aglutinante entre diferentes setores, organizações e apostam em “poder construir um exercício unitário de movimento social e popular dos movimentos sindicais, agrários, estudantis”, conclui Marylen.

Minga por la Vida y el Territorio. Movimiento de Mujeres por la Vida de Cajibío

Assim também tem acontecido nos movimentos de mulheres, como observa Sandra Solano, também integrante da Confluência. “No nosso país, o movimento de mulheres é muito diverso em suas propostas feministas, ainda assim, surgiram cenários de unidade e convergência a partir dos feminismos, envolvendo a defesa da paz, da saída política e negociada”. Nesse sentido, de acordo com ela, o desafio consistirá em: “Seguir gerando opinião e ação diante do aprofundamento do modelo neoliberal depois de acordos não cumpridos com as FARC e um crescente extermínio de líderes sociais […]. É necessário gerar processos de reflexão diante das experiências passadas e apostar no fortalecimento organizativo das mulheres nos territórios, pois é ali onde nascem disputas diárias contra a justiça, a permanência no território e a eliminação de todas as violências que nos atravessam”.

Estes desafios implicam o aproveitamento do fluxo de saberes adquiridos em matéria organizativa, como explica Angélica: “As experiências que vivemos são capacidades instaladas, aprendizagens valiosas que nos fortalecem para continuar agindo de frente no âmbito nacional e regional, onde o trabalho não para e as organizações de mulheres permanecem semeando trabalho de base”.

Este ciclo de mobilizações que incluíram a maior greve realizada por povos indígenas no país certamente continuará caminhando como a Minga, até que mudem as condições que as geraram, até que haja terras para viver e garantias para cultivar. Nem os panfletos encarregados de disseminar ameaças contra os líderes sociais e as organizações sociais, camponesas e negras, nem os pronunciamentos criminalizantes proferidos por integrantes do governo, com o intuito de estigmatizar as resistências, nem o medo, nem a dor, nem a desesperança foram suficientes para frear esta força coletiva que aprende com a mobilização em unidade. Porque, como disse a líder negra de Cauca, Rossa Mejía Caicedo, “O território é a vida e a vida não se vende; se ama e se defende”.

*Socióloga, serigrafista, activista feminista, migrante con raíces en Colombia e integrante de Revista Amazonas y del colectivo Las Comarqueñas. En su caldero de bruja el arte y la academia son herramientas para perforar los mandatos y disposiciones que estrangulan los cuerpos y deseos.

Revista Amazonas


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