Bolivia y nuevos enfoques (no violentos y exitosos) sobre cómo enfrentar el narcotráfico – Por José Galindo

Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

Por José Galindo *

Para solucionar un problema, primero, se deben identificar sus causas y el alcance de sus efectos. ¿Es el narcotráfico un problema? Sí, indudablemente, pues aunque no siempre de forma directa o inmediata, el tráfico de drogas está relacionado con el incremento de la violencia así como de la erosión de las instituciones del Estado. No obstante, el enfoque desde el cual se ha abordado dicho problema no ha resultado muy útil para poder apreciar adecuadamente sus verdaderas implicaciones. Y esto debido a que lo hemos visto durante todo este tiempo como lo harían los Estados Unidos, que es otro país, con otros intereses y con una agenda que poco tiene que ver con el desarrollo de los pueblos y que solo busca mantener su cuestionada supremacía mundial.

El anterior artículo que publicamos por éste mismo medio tenía el objetivo de desmentir tres mitos que generalmente circulan en los medios y las redes sobre el narcotráfico en Bolivia: que el país es esencialmente un narco-estado; que sus políticos y autoridades han sido “atrapados” por narcotraficantes; y que el movimiento campesino cocalero es en realidad una asociación criminal. En éste artículo, abordaremos el problema del narcotráfico desde una perspectiva un poco más internacional, centrándonos especialmente en el rol que tuvieron los Estados Unidos para moldear nuestras percepciones y nuestras acciones respecto al narcotráfico.

Una narrativa perversa

Existen tres narrativas a partir de las cuales se ha interpretado la realidad subyacente al narcotráfico a nivel mundial: la criminal, la de salud pública y, la más reciente, la económico-política. Las consecuencias que producen cada una de ellas no podrían ser más diferentes, como tampoco podrían ser más diferentes las consecuencias que de cada una de ellas se derivan.

La primera percibe el mundo como un campo de batalla con una línea nítidamente definida entre buenos y malos, entre criminales y buenos ciudadanos; la segunda percibe el fenómeno del narcotráfico como un problema social que no encuentra su solución mediante la represión y el castigo, sino mediante tratamiento individual y colectivo de las sociedades afectadas por él; la tercera, entiende el fenómeno del narcotráfico, junto con el de otras economías ilícitas, como el lado oscuro de la globalización del capitalismo en su fase más avanzada y cómo economías motor de un sistema de acumulación de ganancias que es inseparable de su lado más legítimo y formal, aquel de las transnacionales y las grandes corporaciones (no sólo se globaliza McDonald’s, sino también las operaciones de los traficantes de armas).

La primera narrativa parte de interpretar al Estado como una entidad abstracta y formal, pura en sus orígenes y en su forma de funcionar: el modelo weberiano, donde el Estado es una maquina con funcionarios profesionales que se encargan de administrar el monopolio legítimo de la fuerza sobre la sociedad. En éste paradigma, el narcotráfico aparece como una anomalía con causas que están fuera del Estado y que si lo afectan lo hacen como un cuerpo extraño que invade un organismo. Como una enfermedad y, como si se tratara de una enfermedad, se procede a neutralizarlo mediante el ejercicio del monopolio legítimo de la fuerza. Mediante la represión.

Se ha teorizado mucho acerca de las condiciones sobre las cuales la violencia deja de ser un potencial efecto del narcotráfico, para convertirse en su consecuencia inevitable. Trabajos como los de Peter Andreas y Angélica Duran Martínez, en La Política Internacional del Tráfico Ilícito y las Drogas en las Américas, señalan, aunque de forma no conclusiva, que el narcotráfico puede intensificar la violencia dentro de una sociedad justamente como consecuencia de la intervención por la fuerza del Estado, y esto por una razón muy simple: al ser una rama de la economía ilícita, los agentes del narcotráfico no pueden recurrir a ninguna autoridad para resolver sus problemas, sino que recurren al uso de la fuerza. Cuando el Estado saca del escenario a un competidor, como un gran capo de cartel, el resto de los agentes tratarán de llenar ese vacío por todos los medios, incluyendo la eliminación física de los oponentes.

La primera narrativa, por lo tanto, tiene como consecuencia casi siempre inevitable, como se pudo observar en México y Colombia, la intensificación de la violencia hasta el paroxismo, con más de 60 mil muertos en México y una situación de vulneración a los derechos humanos que va más allá de cualquier indicador propio de una dictadura militar en Colombia (más de 230 líderes sindicales asesinados sólo en 2018). El discurso de la Guerra contra el Narcotráfico, tiene así, consecuencias perversas, dado que el uso de la violencia termina afectando no sólo a los agentes del narcotráfico, como políticos y narcotraficantes, sino también a civiles y periodistas y líderes sindicales. Y más perversa aún cuando se toma en cuenta que mientras se criminaliza la lucha contra el narcotráfico, es decir, el tráfico de drogas, los EE.UU. trafican a través de sus fronteras con México y hacia toda América Latina más de 230 mil armas de fuego por año, sin contar el entrenamiento y asistencia militar que prestan por año.
Un mensaje hipócrita

En su investigación Teorizando las relaciones narco-Estado en la naciente democracia de Bolivia (1982-1993): gobernanza, orden y transición política, el autor Allan Gillies desentraña las relaciones estructurales que se han tejido entre el mundo del narcotráfico y el mundo de la política en la construcción del Estado boliviano. Lo que hoy en día reconocemos como nuestro Estado, nos dice el autor, es también el resultado de un conjunto de relaciones y pactos que se han dado entre empresarios del narcotráfico y miembros de la élite política, donde los segundos terminaron absorbiendo a los primeros en sus estructuras con el objetivo de mantener el orden social (que no exploten guerras entre narcotraficantes) y también para financiar sus actividades políticas mediante las rentas que producía el narcotráfico.

Roberto Suarez, el famoso narcotraficante boliviano de los años 70s, no era nada menos que el primo de Luis Arce Gómez, el infame ministro del Interior de García Meza, y éste tipo de conexiones se hicieron casi la regla de la política boliviana desde que René Barrientos asumió la presidencia y repartió tierras en el Oriente, justamente para permitir operaciones de narcotráfico con las cuales financiar sus actividades políticas.

El mundo de la política, entonces, nunca fue ajeno al financiamiento ilícito y el establecimiento de pactos clandestinos. No obstante, la historia reciente del país no deja de estar atravesada por esta innegable pero incómoda realidad. De acuerdo a Gillies, una vez concluido el periodo de dictaduras militares, los principales actores del sistema de partidos que emergió luego de la caída de la UDP priorizó la estabilidad política sobre la lucha contra el narcotráfico y la develación de sus lazos con el Estado, aunque no desde un punto de vista altruista.

Al decir del autor: Por supuesto, intereses mutuos en la economía ilícita también pudieron haber jugado una parte en ésta dinámica Ningún partido podía reclamar un record sin manchas sobre este asunto, y así cada uno tenía mucho que perder con la revelación de la corrupción por drogas entre la clase política. Por ejemplo, James Cason, Concejero Político de la Embajada de los EE.UU., sostuvo que dichos pactos eran parte de un cínico juego de la élite, jugado por los partidos políticos para “robar tanto dinero como pudieran para ellos mismos”.

De hecho, nos dice el autor, estos acuerdos significaron mucho patronaje político entre varios partidos de esos tiempos, como por ejemplo durante el gobierno de Jaime Paz Zamora, que logró, gracias a estos pactos relacionados al narcotráfico, la adición de tres ministros, 16 viceministros y más de 20 mil trabajadores en el sector público. Pactos que incluían también, nos dice Gilles, al Ejército y la Policía y donde curiosamente el movimiento cocalero era el que cargaba con todo el peso, incluyendo el de sus muertos, que superaron los 40 muertos entre 1997 y 2004 solamente.

Los narcotraficantes no estaban, así, en las selvas del trópico cochabambino ni en los valles de los Yungas, sino en el Palacio de Gobierno, en el Legislativo, en la Policía y en el Ejército. Estaban, sobre todo, en los partidos políticos, engranaje esencial de una maquinaria construida durante los gobiernos militares para financiar la represión y el nacimiento de poderosas élites económicas en el Oriente boliviano. Cuando los medios de comunicación sugieren a través de sus titulares que el gobierno de Evo Morales es esencialmente un narco-gobierno debido a la revelación de casos de narcotráfico que involucran a la Policía y algunos políticos sin mencionar lo estructural del problema y la parte que tuvieron en él muchos políticos actuales de la oposición, no sólo dicen medias verdades sino que transmiten un mensaje hipócrita.

Un discurso fallido

Decíamos que la primera narrativa sobre el problema del narcotráfico parte desde un enfoque criminalista y securitista, donde el uso de la fuerza por parte del Estado no es sólo la mejor sino la única alternativa. Recordemos las palabras de Carlos Sánchez Berzaín en una entrevista suya en 1999: “en materia de lucha contra el narcotráfico tengo muy claro quién es el enemigo, el enemigo es la gente que produce coca en Bolivia”. El resultado de éste enfoque ha sido la ampliación de la violencia hasta niveles inimaginables hace unas décadas.

Ésta narrativa ha tenido su mejor promotor, sin embargo, en el gobierno de los Estados Unidos, a partir de los años 70s, cuando el presidente Richard Nixon declaró al narcotráfico como el enemigo número uno de su administración; unos años después, Ronald Reagan declararía la Guerra contra las Drogas al mismo tiempo que financiaba a la Contra nicaragüense con recursos provenientes del narcotráfico colombiano; George W. Busch no hizo más que sumar al terrorismo como parte de una alianza criminal entre el crimen organizado y los enemigos de la libertad. Todos fueron discursos que promovían la venta de armas, la expansión de la influencia estadounidense en el mundo y la invasión de países tercermundistas.

Pero ninguna región se ha visto tan afectada por ésta política como Latinoamérica. De acuerdo al politólogo Peter Andreas, Estados Unidos siempre ha condicionado sus relaciones diplomáticas y su cooperación con ésta región según su apoyo a la guerra contra las drogas, logrando la implementación de dos planes de gran escala que explican, de muchas formas, nuestra actual situación como uno de los continentes más violentos del mundo: El Plan Colombia y la Iniciativa Mérida, siendo la última implementada en México. En ambos casos, consistentes en la cooperación y asistencia militar, sin mencionar la instalación de bases militares, fluyeron ingentes cantidades de recursos económicos (sobre todo en Colombia) que alcanzaron los 15 mil millones de dólares. Dinero, que los convirtió en más de una ocasión como los principales sujetos de cooperación económica de América del Sur.

Lo interesante de todo esto es que la determinación de lo que era ilegal y lo que no, así como lo que debía priorizarse en ésta guerra, no era determinado por los gobiernos que recibían la ayuda, sino por los EE.UU. Así, se convertían en enemigo número uno los productores de hoja de coca, y en último lugar los bancos que lavaban los narco dólares, dirigiendo, en los hechos, la política interna de casi toda Latinoamérica y del resto del mundo según sus propias prioridades geopolíticas, decidiendo que era ilegal y que no, y donde aplicar la violencia del Estado y donde no hacerlo. La selectividad sobre sus objetivos siempre acompañada por movimientos antisistema que poco tenían que ver con el narcotráfico, como campesinos reclamando por tierras o comunidades rurales reclamando por escuelas u hospitales.

Cerramos éste artículo explicando por qué este discurso, el de la Guerra contra las Drogas, terminó siendo uno fallido, y porque la narrativa enfocada desde la economía política finalizó siendo mucho más exitosa, partiendo justamente del caso boliviano. Desde la implementación del programa de erradicación voluntaria de cocales en 2006, Bolivia ha pasado a ocupar el tercer lugar en el continente en cuanto al volumen y cantidad de hectáreas de coca producidas. En primer lugar está Colombia, con el 68%; en segundo Perú, con 21%; y Bolivia, con sólo el 10%. Bolivia es, también, el menos violento de los tres países.

Desde que estalló la guerra contra el narcotráfico en México, el mundo y particularmente los países que forman parte de la cooperación internacional se han hecho más y más conscientes de que la represión tiene menos resultados que proyectos para promover el desarrollo de comunidades empobrecidas. Ésta tendencia se ha ido popularizando desde que en 2016, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el Problema Mundial de las Drogas, se reconoció que enfrentar el narcotráfico y promover las metas de desarrollo sostenible eran objetivos que se reforzaban mutuamente y donde Bolivia expuso al mundo una nueva manera de enfrentar el narcotráfico, basada en el control social.

* Politólogo boliviano, columnista de La Epoca.


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