Confusión y desconfianza – El Periódico, Guatemala

Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

A escasos seis días de las elecciones generales, los guatemaltecos estamos inmersos en una incertidumbre total, es decir en medio de una absoluta falta de conocimiento cierto, claro, seguro y sin ninguna duda, no solo en relación a los candidatos a cargos de elección popular que efectivamente están compitiendo, sino que también en lo que se refiere a las propuestas electorales. Inequívocamente, esto es una evidencia clarísima de que el actual proceso electoral está dominado por la falta de información, la desinformación y la conculcación del derecho a saber de los ciudadanos.

Cuando se planteó la posibilidad de que la campaña electoral durara solo tres meses, todos estuvimos de acuerdo, pero siempre y cuando los 90 días de promoción política fueran efectivos, o sea que, por un lado, se contaran a partir de que se hubiera terminado el proceso de calificación y depuración de candidaturas, y que, por otro lado, la propaganda electoral fuera irrestricta y a través de todos los medios de comunicación, sin perjuicio de que la autoridad electoral informara, de manera neutral y objetiva, sobre todas las opciones políticas en liza.

Sin embargo, el proceso de calificación y depuración de candidatos no ha terminado a escasos días de las elecciones, por lo que la impresión de las boletas electorales es incierta a estas alturas. Mientras tanto sigue la vorágine de inscripciones, no inscripciones, revocaciones y reinscripciones de candidaturas.

Efectivamente, la autoridad electoral, entre otros, ha venido inscribiendo a unos candidatos a diputado que son tránsfugas y a otros no, a unos candidatos presidenciales que tienen causas judiciales en su contra y a otros no, así como a unos candidatos que hicieron propaganda anticipada y a otros no. Por su parte, la Contraloría General de Cuentas ha venido extendiendo la “credencial transitoria de reclamación de cargos” a unos candidatos y a otros no, aunque se encuentren en igualdad de condiciones. Por otro lado, muchos procedimientos de impugnación de decisiones de la autoridad electoral ante las Cortes, así como diversas resoluciones de antejuicio contra candidatos, además de tortuosos e insufribles, han sido percibidos por la ciudadanía como injustos, parciales y subjetivos.

Por otro lado, la autoridad electoral limitó a su mínima expresión la propaganda electoral y ha mantenido una suerte de “Espada de Damocles” sobre todos los medios de comunicación que se han atrevido a transmitir entrevistas, foros y debates electorales, o, simplemente, a cubrir o informar sobre las campañas electorales, que podría traducirse en denunciarlos penalmente por donar espacios y tiempos a los proyectos electorales, por la supuesta comisión del delito de financiamiento electoral no registrado.

El colmo es que durante la campaña electoral se difundió propaganda electoral (pauta electoral), pagada por la autoridad electoral, a favor de candidatos que finalmente quedaron excluidos de la contienda, por decisión de la misma autoridad electoral. Sin duda, habrá que deducir responsabilidades legales por tal despropósito y exigir el reintegro de los dineros gastados.

En suma, la autoridad electoral y las Cortes nos han recetado un caótico proceso electoral, caracterizado por el desorden, la desinformación, la confusión y la sospecha, lo que ha sembrado profunda desconfianza entre el electorado. La percepción generalizada es que, detrás del aparente desbarajuste, existe un plan macabro, cuya ejecución se inicia con la aprobación, en 2016, del grotesco Decreto 26-2016, por el Congreso presidido por Mario Taracena (UNE), que reformó la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

Por tanto, no nos queda más que sepultar a votos a los ”enemigos de la democracia” que urdieron esta mala pasada a la ciudadanía, para que no se salgan con la suya.

El Periódico