El cerco internacional y la amenaza de la intervención militar

El gobierno estadounidense ha repetido en los últimos meses respecto de Venezuela que todas las opciones están sobre la mesa, dejando abierta o sugiriendo la intervención militar directa; incluso a principios de mayo, en lo que puede ser parte de una campaña propagandística, trascendió la solicitud de Juan Guaidó al Comando Sur de los EE.UU. para iniciar conversaciones para su planificación. Ciertamente, EE.UU. tiene una dilatada historia de intervenciones o agresiones militares en Latinoamérica; desde la proclamación de la Doctrina Monroe y el conflicto militar con México en la primera mitad del siglo XIX. Recordemos, entre otras, las de Cuba, Panamá, Nicaragua, República Dominicana, Haití, Honduras, Guatemala y Granada, en la mayoría de estos casos en reiteradas ocasiones (Suárez Salazar, 2006) Sin embargo, de concretarse la amenaza sobre Venezuela sería la primera vez que esta lógica imperial se impondría en América del Sur.

Hasta el momento esta política parece tener más valor en el juego diplomático y como mecanismo de presión interna que como una estrategia militar efectivamente en curso; aunque los medios masivos de información se han encargado de desarrollar sobre ello una operación psicosocial de dimensión internacional con escasos precedentes. Aún en el plano diplomático, la iniciativa de EE.UU. para construir un bloque regional e internacional contra el gobierno bolivariano ha tenido límites, mayores incluso en el segundo caso. Existe un acuerdo entre algunos países latinoamericanos y caribeños de reconocer a Juan Guaidó, diputado de la Asamblea Nacional en desacato, como presidente interino. Complementariamente, gobiernos como el colombiano, el chileno, el brasilero y el de EE. UU. mantienen la actitud de impulsar un “asedio diplomático” permanente que se ha expresado también en los intentos de ataque a las sedes diplomáticas. Pero también ha quedado en claro la resistencia de estos países de verse comprometidos en una acción militar directa sobre Venezuela.

En esta dirección, la opción de generar un conflicto regional y una intervención multinacional con la participación de los Estados vecinos como Colombia, Guyana y Brasil enfrenta las dudas y resistencias esgrimidas por un sector de la clase dominante brasilera (en particular su burguesía autóctona) y de sus militares en relación a un conflicto militar de incierto resultado y que sirva para fortalecer la presencia estadounidense en la región, debilitando su posición geopolítica. Sin Brasil esta opción pierde fuerza, aunque la acción bifronte con Colombia y Guyana puede sostenerse como hipótesis siempre que la Cuarta Flota del Comando Sur sea quien dirija las maniobras del lado Atlántico ante la ausencia de unas FFAA preparadas para una ofensiva interestatal. Otra opción planteada sería la generación de un conflicto binacional con Colombia; una alternativa que cuenta con apoyo gubernamental aunque carece de solidez operacional, dado que éste país se ha pertrechado para combatir en escenarios irregulares ante un prolongado conflicto interno, no contando con medios militares suficientes para encarar un conflicto regular con otro Estado salvo que su participación sea simplemente servir de plataforma de despliegue para una ofensiva de EE. UU. Aunque también es cierto que la participación de militares de este país en ejercicios militares conjuntos y las reuniones con el Comando Sur se han intensificado en el último tiempo.

En este sentido, no siendo claro el papel que puedan jugar países vecinos en un esquema de “distribución del riesgo” ante las consecuencias devastadoras de un conflicto de este tipo, lo que parece mantenerse en última instancia es la vía de invasión estadounidense. Sin embargo, un escenario de intervención militar directa no suele ser la opción principal por los costos que este tipo de estrategia que incluye gastos logísticos de movilización, mantenimiento de tropas, empleo de medios, comando y comunicaciones, así mismo, los costos políticos devenidos de los efectos de la acción directa. Lo que demuestran las últimas intervenciones en las que ha participado EE. UU. es que los métodos que siguen implican muchas veces el uso de fuerzas indirectas, generalmente a través de operaciones encubiertas dirigidas por organizaciones locales o contratistas privados trasnacionales financiadas secretamente. En esta dirección, a principios de mayo la agencia de noticias Reuters informó de la existencia de una empresa de mercenarios continuadora de Blackwater, la misma que cometió decenas de asesinatos durante la guerra de Irak y con estrechos contactos con el gobierno de Trump, que anunciaba su disposición de preparar varios miles de militares latinos para operar en Venezuela. En similar sentido, en la tercera semana de mayo grupos de paramilitares colombianos fueron capturados en territorio venezolano sindicados de preparar acciones de desestabilización y violencia en un hecho que se reitera desde hace más de diez años.

Sin embargo, las dificultades de llevar adelante una intervención militar directa en Venezuela tienen que ver con los riesgos de un alto costo militar, de la continuidad de un enfrentamiento prolongado y desgastante en lo que ha sido llamado el “empantamiento del día después” y de los efectos regionales y geopolíticos globales que podría desencadenar.

En relación con los primeros señalamientos, tiene relación con una filosofía y práctica de defensa gestada, incluso, desde fines de los años 2000 bajo el gobierno de Chávez, y que bajo la unidad cívico-militar afirma la noción de defensa integral y de la guerra de todo el pueblo a partir de lo que se llama el Método Táctico de Resistencia Revolucionaria (MTRR) a partir del cual se reorganizó toda la estructura castrense y sus formas de lucha (Negrón Varela, 2018). Ciertamente, las tentativas de guerra e intervención también chocan con las experiencias de construcción del poder popular que tienen lugar en Venezuela, esas experiencias de control político-territorial del pueblo organizado en diversas formas y en torno a distintas necesidades y derechos y entre las que se destacan las comunas.


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