La nueva constitución cubana – Por Ariel Dacal Díaz

Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

Por Ariel Dacal Díaz *

El año 2018 trajo definiciones importantes para Cuba. Se oficializó la transición generacional en la dirección del Estado y el gobierno, y se inició la discusión pública del proyecto de la nueva Carta Magna. Ambos acontecimientos fueron el colofón del proceso de reforma iniciado en 2007, bajo la conducción de Raúl Castro.

En la última década se reorganizaron los procesos de producción, distribución y consumo; se amplió el sistema de gestión de la propiedad y se diversificaron los sujetos económicos; se definieron los sectores y ejes estratégicos para el desarrollo; se modificaron los mecanismos de la política social; y se ajustó el funcionamiento de la administración central del Estado. Quedaba pendiente el ajuste al modelo político e institucional que previera constitucionalmente los cambios en curso.

El 19 de abril de 2018, las cubanas y los cubanos supimos de manera oficial que tendríamos una nueva Constitución, que podríamos pronunciarnos sobre sus contenidos y que luego, con el voto directo, secreto y libre, podríamos refrendarla o no.

El proceso tuvo varios momentos que abarcaron desde abril (2018) hasta febrero (2019). En un primer momento, la Asamblea Nacional del Poder Popular, único órgano con poder constituyente, eligió entre sus miembros una comisión redactora, que elaboró y presentó un proyecto de Constitución. Éste fue debatido y aprobado por la propia asamblea. Luego, durante tres meses, el proyecto fue sometido a amplia consulta popular en centros laborales, comunidades e instituciones estatales y de la sociedad civil. Este proceso incluyó por vez primera la consulta a cubanas y cubanos residentes en el exterior.

Terminada la consulta, la comisión redactora analizó la propuesta, lo que derivó en un ajuste de 60 por ciento del articulado. La Asamblea Nacional debatió y aprobó el documento que, el pasado 24 de febrero, se sometió a referéndum popular.

Contenidos

Esta Constitución es un nuevo pacto social, la puesta a punto de las reglas generales que regirán las relaciones de los sujetos sociales, económicos y políticos de Cuba en adelante. Definir los contornos constitucionales de la nación no es asunto menor. Se puede coincidir o no respecto a su alcance, a las fuerzas políticas que confluyeron para su elaboración, a la calidad del pacto que se esgrime, a los métodos y límites del proceso y a la concepción que sustenta sus principales postulados, pero no tiene caso negar su rotundo valor político, normativo e histórico.

Si bien un proceso constituyente habría sido más democrático que la consulta popular a que se convocó a los ciudadanos, no es menos cierto que ésta fue una oportunidad poco frecuente por su dimensión ética, ideológica, legal y política.

Está claro que todo proceso de reforma parte de acumulados, nunca de cero. Por esa razón si bien es imprescindible analizar los añadidos que trajo el proyecto de Constitución cubana sometido a debate popular, también lo es observar las omisiones respecto a lo que ya estaba.

La emergencia de una nueva Carta Magna se explica no sólo por el nuevo momento histórico y la adecuación a las transformaciones realizadas sino, también, por los ajustes tácticos y estratégicos en la comprensión sobre los horizontes de la Revolución, los sujetos que la componen, la relación entre ellos y el entorno global que la condiciona.

Variados fueron los asuntos sometidos a debate durante la consulta. De manera condensada, destacaré los que, a mi juicio, fueron los esenciales.

1. Proyecto país

A diferencia de lo constituido en 1976, en el proyecto no planteó la superación de los regímenes de explotación de unas personas sobre otras. En su lugar se perfila un lugar de llegada donde el Estado conciliará los intereses ciudadanos, aun cuando en la práctica éstos reproducen, en algunas zonas, relaciones de explotación. El horizonte se constriñe significativamente.

2. Contenido y forma socialistas

En los postulados del proyecto, el socialismo tiene su sustento en el Partido Comunista de Cuba como única fuerza política organizada, como garante de la unidad nacional. Al mismo tiempo, la justicia social y la equidad parecen ser los contenidos esenciales del carácter socialista, no así la socialización de los medios de producción, el poder y el saber. En el actual diseño, el Estado funge como conciliador de las clases sociales emergentes y organiza la distribución de las riquezas como garantía de su carácter socialista. Este planteo reduce el alcance socialista previsto en la norma aprobada en 1976.

3. Lugar de la clase trabajadora

Queda desplazada la clase trabajadora como sujeto revolucionario, prioritario en la atención del Estado. El proceso de empoderamiento de ésta y el control directo en los espacios públicos en general, y productivo en particular, no se perfilan como carácter del socialismo propuesto. Se exacerba el carácter del Estado como representante del pueblo en su condición de propietario de los medios de producción y no la potenciación práctica de la gestión directa por el propietario.

4. Sociedad civil

El proyecto desconoce el lugar creciente, dinámico y diverso de la sociedad civil en el mapa de actores sociopolíticos. El pequeño avance de reconocer otras formas asociativas no alcanza para dar cuenta y contemplar el lugar de la sociedad civil en la dinámica política nacional. Llama la atención que en la “Conceptualización del modelo”, documento elaborado como parte de la reforma, ésta es asumida junto al Estado, la familia y los ciudadanos. El diseño previsto en el proyecto tiene dos inmensas polaridades en el Estado y los ciudadanos y un tenue enunciado en las organizaciones de masas y otras formas asociativas.

5. Derechos, deberes y garantías

Aquí es donde más avances se notan. El enfoque de los derechos humanos se amplía, aun cuando aparecen algunas acotaciones que limitan su potencialidad y el mercado parecería tensionar algunas de sus posibilidades. Se presentan los derechos y deberes a escala individual y no aparecen referencias a los que corresponderían a la sociedad civil. Es notoria la ausencia del amplio enunciado de concreciones de derecho a la educación, la salud, movilidad en el territorio y acceso y disfrute de espacios públicos, consagrados en la Constitución de 1976. Es notoria la ausencia, además, del tribunal de garantías constitucionales que contribuya a proteger tales derechos.

6. Límites democráticos

La estructura del Estado y gobierno se hipertrofia en sus órganos nacionales. Lejos de cumplirse algunas expectativas referidas, por ejemplo, a la ampliación del tiempo de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular y la elección directa del presidente del Consejo de Estado, lo que aparece es una columna de mando por designación que va desde la figura del presidente, primer ministro y gobernadores. Cargos definitorios del nuevo modelo son designados y no elegidos. La estructura asamblearia se reduce y prevalecen cargos personales por sobre órganos colegiados, un retroceso democrático en comparación con las estructuras vigentes.

Resulta un paso de avance la declaración de la autonomía municipal, lo que abre mayores posibilidades de gestión administración de recursos a escala local. Se añaden las potencialidades de participación ciudadana directa en esta instancia a través de recursos como la consulta y la petición.

7. Contradicciones

El actual proyecto reitera la contradicción del carácter del PCC como fuerza superior, ahora profundizada con la declaración de la supremacía constitucional. Súmese la afirmación reiterada de que la soberanía reside en el pueblo y que la Asamblea Nacional es el órgano superior de representación del Estado. El mismo PCC que ahora redefine sus horizontes en una formulación más abstracta como la unidad nacional conserva un papel determinante en esta normativa y por encima de ella. La contradicción que arrastra el artículo 5 se profundiza en el nuevo escenario.

Datos

Los resultados oficiales del proceso de consulta popular del proyecto de Constitución, acontecido entre el 15 de agosto y el 15 de noviembre de 2018, develaron la celebración de 133 mil 681 reuniones para el debate del anteproyecto, con la asistencia de 8 millones 945 mil 521 personas.

En dichas reuniones se realizaron 1 millón 706 mil 872 intervenciones; y, de ellas, 783 mil 174 propuestas (666 mil 995 modificaciones, 32 mil 149 adiciones, 45 mil 548 eliminaciones y 38 mil 482 dudas). Igualmente, fueron recibidas 2 mil 125 propuestas de cubanos residentes en el exterior.

En 62 por ciento predominan las opiniones favorables al proceso de consulta, y las críticas en 3 por ciento.

Artículos y temas más comentados:

1. El artículo 68, relacionado con la institución del matrimonio, recibió 192 mil 408 opiniones, 24.57 por ciento de la consulta, y fue mencionado en 88 mil 66 reuniones (66 por ciento). La mayoría propuso sustituir la unión concertada entre dos personas y volver a que sea entre un hombre y una mujer, como está en la actual Constitución.

2. Respecto al presidente de la República, abundaron los criterios sobre la duración del mandato, establecida en el artículo 121. Tuvieron lugar 88 mil 39 opiniones, brindadas en 65 mil 803 reuniones. Aunque hubo de varios tipos, la más frecuente versó sobre eliminar el límite del periodo de mandato (74 mil 450). El otro asunto señalado fue eliminar la edad máxima o poner una mayor (24 mil 365 opiniones, en 20 mil 135 reuniones). La forma de la elección generó 16 mil 716 propuestas (2.13 por ciento), planteadas en 12 mil 804 reuniones. La mayoría (11 mil 80) pidió la elección directa y otros propusieron eliminar la forma de elección. Finalmente, la edad inferior para tener acceso a la Presidencia del país también generó polémica: 10 mil 300 opiniones pidieron cambiarla por una edad mayor o que no haya límite inferior.

3. Sobre el artículo 31, 46 mil 968 intervenciones pidieron convertir el trabajo en una obligación y otras 6 mil 922 solicitaron aumentar la remuneración del trabajo; o sea, el salario.

4. El gobierno provincial fue otro asunto muy tratado. En el artículo 165 se recibieron 24 mil 916 propuestas para sustituir el nombre de “gobernador” y unas 11 mil 289 sobre cambiar la designación como vía para llegar al cargo por la elección directa del pueblo.

5. El derecho a la asistencia jurídica y el ejercicio de la defensa fue tratado en más de 182 mil opiniones, mencionadas en 15 mil 132 reuniones. El derecho a un abogado desde el momento de la detención fue el principal reclamo.

6. Sobre el derecho a una vivienda digna (artículo 82) hubo 15 mil 398 propuestas, en 13 mil 182 reuniones. Las principales intervenciones fueron para cambiar el término “digno” por otro.

Todas las intervenciones de la población se reunieron en 9 mil 595 “propuestas tipo”. De ellas, 50.1 por ciento (4 mil 809) fue aceptado y 49.9 se consideró improcedente desde el punto de vista jurídico, pues “no son contenidos constitucionales, detalles que no tienen sentido en la lógica constitucional, como dudas y preguntas”.

Como señalé, con la puesta a punto de la nueva Constitución se cierra en lo esencial el proceso de reformas iniciado en 2007. Sin embargo, la nueva ley de leyes se explica no sólo por la adecuación a las reformas sino por los ajustes del proyecto país, los contenidos y las formas socialistas, el lugar de la clase trabajadora, los derechos, los deberes y las garantías ciudadanas y de la sociedad civil, los límites y alcances democráticos en las estructuras gubernamentales.

Como resultados finales, la Comisión Nacional Electoral informó el 28 de febrero que, con una lista actualizada de 8 millones 705 mil 723 electores, como resultado de la suma del parte inicial, las 39 mil 454 inclusiones reales que no se encontraban en el registro, menos los excluidos por fallecimiento, ejercieron el derecho al voto 7 millones 848 mil 343 electores, o 90.15 por ciento de la lista actualizada.

De los 7 millones 848 mil 343 boletas depositadas en urna se declararon válidas por reunir los requisitos establecidos en la ley 7 millones 522 mil 569, o 95.85 por ciento. Votaron por el “sí” 6 millones 816 mil 169 electores, quienes representan 78.30 por ciento de la lista actualizada y 86.85 de los que sufragaron. Los votos obtenidos por el “no” ascienden a 706 mil 400, u 8.11 de la lista actualizada y 9 por ciento de las personas que ejercieron ese derecho.

Desafíos

Más allá de los contenidos, el proceso constitucional transparentó algunos datos de la realidad cubana que trascienden el documento mismo. En su conjunto, tales datos tocan los cimientos de la cultura política cubana y colocan el análisis en clave de desafíos.

Primer dato. La pluralidad ideológica develó de manera integral sus perspectivas diversas: socialistas, liberales, socialdemócratas. Si bien esta pluralidad es más notoria en círculos intelectuales, cuyos ámbitos de expresión fundamental son las llamadas “redes sociales”, diferentes espacios dan cuenta de estos signos, independiente del nivel de elaboración de las opiniones.

Segundo dato. Como particularidad del dato anterior, el movimiento político con ropaje de fundamentalismo religioso mostró músculos públicamente. Por vez primera en muchos años aparece una fuerza organizada con visos de oposición al orden existente, con cierta capacidad de movilización y conexión con fuerzas político-religiosas fuera de Cuba y contrarias a los postulados socialistas.

Tercer dato. Los debates y las propuestas se dieron, en lo fundamental, en dos canales, uno oficial y el otro no oficial. El primero contiene todos los espacios legitimados por la institucionalidad política que condujo el proceso. El segundo engloba espacios a los que nunca se hizo referencia en las presentaciones oficiales.

Cuarto dato. El conservadurismo político, el reformismo economicista y la preservación de la política social son tendencias actuantes entre los principales grupos decisores. En la aparente unanimidad se dejaron ver diferentes enfoques de análisis entre quienes presentaron el proyecto y sus enmiendas. Incluso mostraron posturas contradictorias sobre un mismo asunto en una y otra etapas del proceso.

Quinto dato. En relación con el dato anterior, las corrientes que apuntan a una mayor apertura al debate popular, de un lado, y las tendentes a preservar los espacios centrales de decisión, por otro, mantienen su pulseo. Si bien el proceso tuvo carácter democrático en el hecho de la consulta, mostró limitaciones importantes de este carácter.

Sexto dato. Se describe mayor estabilidad en el acceso a cierta información proveniente de las instancias de gobierno y sus principales representantes. No obstante, faltan análisis que las contrasten, debate de ideas sobre los temas tratados, y con ello una más amplia diversidad de enfoques que contribuyan a cualificar las opiniones de la población.

Séptimo dato. El giro propuesto hacia la prevalencia del estado de derecho se obstaculiza con la insuficiente cultura jurídica de la población evidenciada en el proceso. Esto se notó con fuerza en el propio Parlamento donde, salvo algunas excepciones, faltó rigor en los debates político-jurídicos a que aspira cualquier reforma constitucional. El Parlamento no representó la riqueza, el rigor ni las diferencias de opiniones generadas en la sociedad durante la consulta.

Octavo dato. En relación con el aspecto anterior, predominó un enfoque jurídico en los espacios informativos oficiales, lo cual limitó las interpretaciones políticas que entraña cada elaboración jurídica. Parecería que el debate sobre la Constitución fuera un asunto meramente técnico. Súmese que las variables para aceptar, o no, determinadas propuestas fueron confusas o contradictorias. Esto ratifica la discrecionalidad de la norma latente en la cultura política cubana.

Noveno dato. El creciente llamado a una mayor participación popular en las decisiones aún se reduce a informar y recoger opiniones, no a la presentación de propuestas que impliquen consultas vinculantes o referéndum. Al mismo tiempo, prevaleció la opinión individual y no las posturas consensuadas en organizaciones, gremios, sectores o territorios.

Estos datos se traducen en desafíos políticos, más allá de la nueva Constitución que se refrendaría este 24 de febrero. Los desafíos pueden esbozarse en las siguientes preguntas: ¿la nueva Constitución será un referente efectivo para la participación popular?, ¿se conseguirá despegar económicamente a la par que garantizar la justicia distributiva?, ¿se ampliarán las condiciones para mayor participación de la sociedad civil en la definición de las políticas públicas?, ¿se potenciará la creación de una cultura jurídica ciudadana?, ¿qué cambios se operarán en la cultura política cubana?

* Doctor en Ciencias Históricas por la Universidad de La Habana. Miembro del Equipo de Educación Popular del Centro Memorial Luther Martin King Jr. de Marianao, La Habana.


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