Nicaragua: el Parlamento aprobó una Ley de Amnistía

Asamblea Nacional aprueba iniciativa de ley de Amnistía para crímenes relacionados con el fallido golpe de Estado

La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó este sábado la iniciativa de ley de Amnistía que beneficiará a las personas involucradas en actos de violencia y crímenes relacionados con el fallido golpe de Estado perpetrado por sectores de oposición.

En busca de promover la paz y la reconciliación, la iniciativa fue sometida a un amplio proceso de debate y discusión, con la participación de legisladores de todos los grupos parlamentarios.

«Concédase amplia amnistía a todas las personas que han participado en los sucesos acaecidos en todo el territorio nacional, a partir del 18 de abril del 2018 hasta la fecha de entrada en vigencia de la presente ley», cita el primer párrafo del artículo 1 de la iniciativa aprobada por los diputados.

La ley de amnistía se extiende a las personas que no han sido investigadas, las que se encuentren en proceso de investigación, en procesos penales para determinar responsabilidad y en cumplimiento de ejecución de sentencias.

Por tanto, las autoridades no iniciarán procesos de investigación, deberán cerrar los procesos administrativos y penales comenzados para determinar responsabilidad, así como la ejecución de sentencias al momento de la entrada en vigencia de la presente ley.

Esta iniciativa fue presentada con carácter de urgencia por los 70 diputados de la bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). La propuesta, además, establece que las autoridades competentes cancelarán los registros de antecedentes penales de todas las personas beneficiadas por esta iniciativa.

El artículo 2 establece que esta Ley de Amnistía cubre todos los delitos políticos y delitos comunes conexos, con estos que son tipificados por el ordenamiento jurídico penal vigente.

De igual manera, el artículo 3 refiere que las personas beneficiadas deberán abstenerse de perpetrar nuevos hechos que incurran en conductas repetitivas. La inobservancia del principio de no repetición traerá como consecuencia la revocación del beneficio establecido por esta ley.

«Estamos ante un acto soberano de este poder del estado basado en nuestra constitución. Un acto soberano que busca la paz, la reconciliación, que busca el perdón con justicia, con reparación, con no repetición», manifestó el coordinador de la bancada del FSLN, diputado Edwin Castro.

Durante su intervención, Castro señaló que la bancada sandinista rechaza las falsedades que medios de oposición y la bancada del PLC han esgrimido contra la iniciativa. «Esa es la verdad histórica aunque les duela a algunos, no con falsedades o con comunicados con falsos. Aquí lo que estamos hablando es de seguir por el camino de la paz, por el camino de la reconciliación y que solo puede ser a través del perdón. Y nos duele, porque nos duele a nosotros tener que amnistiar a asesinos confesos de policías, a torturadores del colegio San José en Jinotepe, que asesinaron a Bismarck Martínez, pero estamos conscientes que el altar de la patria tenemos que ponerlo primero antes que cualquier mezquino sentimiento por muy doloroso que sea», subrayó.

En tanto, la diputada del FSLN María Auxiliadora Martínez manifestó que quienes se opusieron a esta iniciativa, “se oponen a la paz y reconciliación y se oponen a que sigan llegando programas de restitución de derechos”.

«Los que hoy se oponen a este proceso de amnistía son aquellos que se oponen al desarrollo económico y social de este país, son aquellos que se oponen a que en este país se sigan construyendo carreteras, puertos, aeropuertos, son aquellos que se oponen a que continuemos mejorando las calles de nuestros barrios y comunidades. Los que se oponen a esta ley son aquellos que se oponen a que continuemos construyendo centros de salud y hospitales», indicó Martínez, actual presidenta de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Nacional.

El diputado José Figueroa detalló que el intento fallido de golpe de Estado dejó graves consecuencias morales, físicas y económicas, sin embargo, el Gobierno Sandinista ha tomado acciones que ayuden a superar la crisis generada por los sectores golpistas.

Figueroa mencionó que ha actuado de manera responsable en la mesa de negociación, cumpliendo de manera unilateral con los compromisos y acuerdos suscritos. Además, recordó que el gobierno ha impulsado diversas acciones como la Ley de Reconciliación, Paz y Trabajo, el Plan Integral de Atención a Víctimas del golpe fallido, la formación de comisiones de paz y el programa de retorno asistido con garantías plenas.

El legislador Sandinista Wálmaro Gutiérrez afirmó que los legisladores sandinistas deben sentirse orgullosos por aprobar esta Ley de Amnistía que pretende, principalmente, promover la paz y la reconciliación.

La exposición de motivos de la iniciativa expone 14 leyes de amnistía aprobadas durante los últimos años, incluyendo 10 en la primera etapa de la Revolución Popular Sandinista, tres en el gobierno de Violeta Chamorro y una más en el gobierno de Arnoldo Alemán.

La Voz del Sandinismo


Rechazo nacional e internacional a ley de amnistía

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, declaró que la Ley de Amnistía imposibilitaría el procesamiento de las personas potencialmente responsables de las graves violaciones contra los derechos humanos cometidas durante las protestas contra el Gobierno que se iniciaron el 18 de abril de 2018

“Las amnistías por graves violaciones de los derechos humanos están prohibidas por el derecho internacional. Crean impunidad, lo que puede conducir a nuevas violaciones”, enfatizó. Además, resaltó que “pueden socavar el derecho de las víctimas a un recurso efectivo, incluidas las reparaciones y el derecho a la verdad”.

Bachelet recordó que, tanto el seguimiento conducido por su Oficina como por los mecanismo regionales, mostraron las graves violaciones cometidas contra las garantías fundamentales que  comenzaron en abril del año pasado.

“En particular el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía que, en algunos casos, resultó en ejecuciones extrajudiciales; desapariciones forzadas, casos de tortura y violencia sexual, y detenciones arbitrarias o ilegales generalizadas, ocasionalmente cometidas por elementos armados progubernamentales con la aquiescencia de las autoridades”, detalló.

Bachelet indicó que las protestas han provocado más de 300 fallecimientos, 2000 heridos, la encarcelación de centenares de opositores gubernamentales y el procesamiento de 700 personas.

La Alta Comisionada añadió que “el Gobierno tiene el deber de garantizar la rendición de cuentas y la justicia para las víctimas”.

Basándose en la información que dispone, hasta el momento solo se ha sentenciado a un agente armado progubernamental y no se ha abierto ninguna investigación a los integrantes de las fuerzas del orden relacionados con las mencionadas denuncias de los derechos fundamentales.

Del mismo modo, pidió la liberación y el sobreseimiento de las causas penales de las personas detenidas arbitrariamente durante las protestas o por manifestar opiniones disidentes.

Otra ley preocupante

Bachelet también mostró su preocupación por la aprobación el pasado 29 de mayo de la Ley sobre Atención Integral a Víctimas. La adopción de la norma se efectuó en menos de 48 horas y sin previa consulta con la sociedad civil o las organizaciones de víctimas,

En opinión de la Alta Comisionada, la ley no sienta las medidas de reparación adecuadas y proporcionadas, en particular las indemnizaciones y las garantías de no repetición.

“Los nicaragüenses tienen derecho a la verdad, la justicia y la reparación. También se les debe garantizar que un uso excesivo de la fuerza similar al ocurrido no se pueda repetir y que se respetarán sus derechos fundamentales a las libertades de expresión y reunión pacífica. Se necesita un proceso inclusivo de diálogo para abordar las demandas de la gente y trazar el camino a seguir “, dijo Bachelet.

Comité condena acción

El Comité Pro Liberación de Presos Políticos de Nicaragua rechazó la Ley de Amnistía, propuesta y aprobada por los sandinistas. “No aceptamos ninguna amnistía. Daniel Ortega (presidente de Nicaragua) busca la amnistía para encubrir sus crímenes cometidos por policías y paramilitares del régimen”, denunció ese Comité en una declaración.

Ese Comité está conformado por familiares de las personas encarceladas en el marco de la crisis, acusó al Gobierno de Ortega de querer “esconder la verdad” con esa amnistía y que su demanda es de justicia, verdad, reparación y no repetición.

Entre otros, ese grupo explicó que rechaza enérgicamente la Ley “porque nuestros hijos no son culpables de ningún crimen”.

“Demandamos que se investiguen los crímenes cometidos contra manifestantes pacíficos, cuyos asesinatos aún siguen en la impunidad y no quieren ser investigados por el Estado de Nicaragua”, exhortó.

El Parlamento de Nicaragua, controlado por el oficialismo, aprobó este sábado con carácter urgente esa Ley que concede “amplia amnistía a todas las personas que han participado en los sucesos acaecidos en todo el territorio nacional a partir del 18 de abril de 2018 hasta la fecha”.

La amnistía se extiende a las personas que no han sido investigadas, que se encuentran en procesos de investigación, en procesos penales para determinar responsabilidad y en cumplimiento de ejecución de sentencias.

Por tanto, según la Ley, las autoridades competentes no comenzarán procesos de investigación, deberán cerrar los procesos administrativos iniciados y los procesos penales para determinar responsabilidad, así como la ejecución de sentencias.

Trinchera


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