Colombia: organizaciones entregan informe sobre represión y asesinatos en universidades públicas

¿Cuál es la verdad de la violencia en las universidades del Caribe?

Entre 1996 y 2003 en la Costa Caribe colombiana asesinaron a 17 profesores y a 20 estudiantes universitarios. Los señalaron de ser subversivos, terroristas o bandoleros. Justificaron los crímenes y no se investigaron. Era la época en la que las universidades públicas de esta región estaban cooptadas por el paramilitarismo y, de paso, estos tenían alianzas con la Fuerza Pública. Así se ha podido comprobar en casos como el del profesor de la Universidad del Atlántico Jorge Freytter Romero, quien fue secuestrado, torturado y asesinado por miembros del Gaula de la Policía en alianza con el Ejército y el frente José Pablo Díaz de las Auc, comandado por Rodrigo Tovar Pupo, Jorge 40. Esto después de que denunciara que el paramilitarismo estaba tomando los recursos de las universidades. Por hechos parecidos varias universidades públicas del Caribe han sido reconocidas como sujetos de reparación colectiva.

Por eso las víctimas siguen buscando verdad y justicia, por eso este 29 y 30 de julio la Asociación Jorge Freytter Romero, en cabeza de Jorge Freytter Florián, hijo del maestro ya mencionado, presentó ante la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz el informe “Universidades bajo s.o.s.pecha: represión estatal a estudiantes, profesorado y sindicalistas en Colombia (2000 – 2019)”, donde documentaron estas situaciones.

En este libro hacen un contexto sobre la violencia continua que han vivido las universidades, las modalidades de represión y judicialización, la estigmatización que recae sobre el movimiento estudiantil, sindical y profesoral, hacen recomendaciones para el acompañamiento de las víctimas de falsos positivos judiciales y finalmente reseñan los casos de al menos 150 profesores, estudiantes y sindicalistas asesinados por la violencia estatal. Con este acto exigen a la Comisión de la Verdad que devele la verdad tras esta victimización.

Freytter Florián se reunió con tres comisionados de la Verdad, que tienen responsabilidades de esclarecimiento con este tema, y explicó de dónde salió el ejercicio. “Este libro se enmarca en una visita que hicimos en febrero y marzo a Colombia, después de yo estar casi 11 años en el exilio, y con un grupo de profesores de las universidades Distrital, Nacional, Pedagógica, del Atlántico y del Magdalena, pudimos analizar cómo estaba la situación de derechos humanos después de la firma del Acuerdo de Paz y recogimos algunos testimonios de estudiantes, docentes, sindicalistas que, los podrán encontrar en el texto, donde reflejan los índices de persecución que tiene la oposición política dentro de las universidades públicas y la persecución directa por parte de las estructuras del Estado y el paramilitarismo sobre todo en la región Caribe, donde con mmayor intensidad, entre el 98 y el 2006, se asesinaron personas que ejercen su pensamiento crítico”.

En este informe, la Asociación documenta que el Estado y el paramilitarismo victimizaron a la población universitaria de múltiples maneras, como la infiltración paramilitar, la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales, la estigmatización, persecución y exilio forzado, así como el uso arbitrario del Sistema Judicial.

Yéssika Hoyos, abogada del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y representante de la familia Freytter, hizo un llamado a la Comisión de la Verdad para que se documente esta violencia. Dice que debe tenerse en cuenta que hubo una construcción previa del “señalamiento de enemigos internos de diferentes formas por parte del Estado. Primero, en una práctica discursiva, fueron señalados de subversivos, terroristas, bandoleros, por leyes, además, fueron víctimas de montajes judiciales las diferentes organizaciones de las universidades”.

Y agregó que debe estudiarse el contexto en el que sucedía esta represión. “Para el año 98 en las universidades de la Costa el movimiento estudiantil estaba muy fuerte, pero también las organizaciones sindicales (Aspu y Sintraunicol). Los tres sectores (estudiantes, empleados y profesores) se organizaban y trabajaban conjuntamente. Así, fueron señalados, llegaban amenazas previas y señalaban a los dirigentes estudiantiles y sindicales, que usaron para justificar las arremetidas que hubo. Tanto es así que previo a los homicidios en la U del Atlántico detienen a los dirigentes estudiantiles como Reynaldo Serna, Humberto Contreras, son acusados de subversivos y aparece un listado conformado por la Policía, en donde señala a varios de los dirigentes como pertenecientes a la guerrilla de las Farc o al Eln. Les hacen una marca muy fuerte”.

Freytter agregó que este también era un llamado a la Fiscalía para declarar el crimen de su padre como de lesa humanidad, de modo que no prescriba, pues aún no se sabe quién lo ordenó.

Los comisionados Carlos Martín Beristain y Carlos Ospina y la comisionada Marta Ruiz escucharon estas explicaciones y, teniendo en cuenta su mandato, recibieron el informe.

Ruiz, comisionada encargada de buscar la verdad en el Caribe, rescató el hecho de que haya esfuerzos desde las universidades para documentar las violencias que vivieron, como la de Córdoba, Atlántico y Magdalena, y agregó: “nuestra idea es que el año entrante de repente podamos hacer algún tipo de acto de reconocimiento con las universidades del Caribe, y eso va a requerir un diálogo con muchos estamentos de las universidades sobre lo que ocurrió”. A esto, el comisionado Ospina, que es militar retirado y está trabajando el tema de la violencia en las universidades, reconoció que este informe les “permite ahondar en lo que pasó en las universidades del Caribe” de una manera más directa.

Por su parte, el comisionado Beristain, encargado de las víctimas en el exilio, contó que el caso de Jorge Freytter fue el primer testimonio tomado por la Comisión de la Verdad, “fue tomado en el exilio y conjuga varias cosas: el exilio, el sindicalismo, el caribe, las universidades y nos muestra la profundidad del testimonio, que tiene muchos elementos claves para la Comisión”.

Parapolítica

La Jurisdicción Especial para la Paz, que aún no abre la puerta a exparamilitares, recibe el informe de la Asociación Jorge Freytter, en el que los mayores perpetradores son los “paras” y el Estado. Sin embargo, Freytter Florián explica que con esta entrega quieren buscar llegar hasta el final del entramado que permitió que el paramilitarismo se tomara las universidades del Caribe.

“La JEP está comunicando el caso de Álvaro Ashton y creemos que él tiene relación directa con la parapolítica y ahí vemos que muchos jefes o varones de los partidos tradicionales en el Magdalena y el Atlántico, así como se tomaron la salud, que lo dicen claramente, también tienen que dar una explicación sobre la relación que hubo para tomarse también la universidad pública, no solo la universidad del Atlántico sino también del Magdalena, donde existe un contexto en que los paramilitares controlaban casi todo el comercio de la ciudad. Es importante que se denuncie eso y que las víctimas puedan tener acompañamiento y protección a la hora de señalar a estos varones, porque a veces se señala y se terminan desapareciendo a las víctimas, les interceptan comunicaciones y las revictimizan enviándolas otra vez al exilio”, finalizó.

El Espectador


Asesinan a los dos ex-Farc que se volaron del mismo sitio que Santrich

Desde hace un mes no se sabía absolutamente nada de los exguerrilleros de las Farc Jorge Luis Montero, alias Augusto Reyes, y Mauredy de Jesús Azajue Urdaneta, conocido en la guerra como ‘Milton Jesús’.

El dato más fresco indicaba que, a través de la misma trocha, y usando métodos de evasión similares, los dos habían desaparecido del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) ubicado en La Paz, Cesar, justo 24 horas antes de que Jesús Santrich se esfumara de ese lugar, la madrugada del 29 de junio.

Pero EL TIEMPO estableció que tanto Montero, de nacionalidad colombiana, como Azajue, con identidad venezolana –exmilitantes del frente 19 del Bloque Martín Caballero, que operó en La Guajira–, acaban de ser abatidos por tropas del país vecino.

En efecto, los cuerpos de Montero, de 45 años, y de Azajue, de 39, fueron hallados en zona rural del municipio de Lossada, del fronterizo estado de Zulia.

Ambos aparecen dados de baja tras un fuerte combate que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) sostuvo el sábado pasado con hombres armados que identificaron como miembros de las disidencias de las Farc. Según el reporte oficial, en manos de este diario, en el enfrentamiento resultaron heridos dos uniformados venezolanos y también fueron abatidos otros dos miembros de las disidencias de las Farc, pero sus identidades aún no han sido establecidas.

Arsenal y antecedentes

El grupo ilegal se movilizaba por una trocha de la región en un campero color plata que portaba la placa AC3-68RV. Dentro del vehículo se encontraron 14 detonadores, un fusil R15 y dos escopetas.

Reporteros de este diario confirmaron con fuentes de ambos países que el enfrentamiento, ocurrido en horas de la madrugada, se registró a un kilómetro de la llamada hacienda El Recreo, adscrita al Batallón 103 Misilístico Antiataque del Ejército de Venezuela y ubicada en la ribera del río Palmarito.

La confirmación sobre la militancia en las disidencias de los dos abatidos en Venezuela cobra relevancia en momentos en que se intenta verificar información según la cual Santrich, al igual que los también fugados excomandantes Iván Márquez y Hernán Darío Velásquez, el ‘Paisa’, estarían escondiéndose en territorio del país vecino y coordinando desde allí su regreso a sangre y fuego al negocio del narcotráfico y la minería ilegal.

Incluso, el propio Nicolás Maduro dijo esta semana que si esa información era real, él los considera “bienvenidos”, algo que de inmediato generó el repudio del gobierno de Iván Duque.

Cuando EL TIEMPO indagó en archivos oficiales por la procedencia de los dos ex-Farc abatidos, logró confirmar que ambos estaban acreditados ante la Oficina del Comisionado de Paz. Además, aparecían adscritos a los programas de reincorporación e, incluso, uno de ellos –alias Augusto Reyes– había sido beneficiado con la figura de indulto a través del decreto 1165 de 2017.

De hecho, Miguel Ceballos, comisionado de Paz, aseguró que el siguiente paso es ahora reportarle oficialmente a la justicia especial para la paz (JEP) la muerte de estas dos personas a fin de proceder de inmediato con su exclusión de las listas de desmovilizados y beneficiados tras el acuerdo con las Farc.

Mientras en Venezuela confirman la identidad de los otros abatidos en los combates del sábado pasado, la JEP confirmó ayer la apertura de un incidente de incumplimiento contra Jesús Santrich por su ausencia injustificada para la citación que se le ha hecho a fin de que rinda versión en el expediente sobre secuestros cometidos con la guerrilla (ver recuadro).

De prosperar, Santrich sería expulsado de esta jurisdicción en los próximos días.

JEP abre camino a la expulsión

El fugado excomandante fariano Jesús Santrich no asistió a la citación que la JEP le tenía programada para ayer martes y cuyo propósito era que rindiera su versión en el expediente 001, por los secuestros de las Farc. Su plantón a la JEP ya le costó la apertura de un incidente de incumplimiento por el cual podría ser expulsado de la órbita transicional. La Sala de Reconocimiento de esa justicia considera que su asistencia a estas diligencias es “personal e indelegable”, además de que su falta es injustificada.

De prosperar el incidente, Santrich –por quien se ofrecen 3.000 millones de pesos de recompensa y que tiene una circular roja de Interpol– perdería los beneficios de la justicia transicional. El exjefe guerrillero también tiene pendiente que se resuelva la apelación que presentó la Procuraduría a la decisión de dejarlo en libertad, el 15 de mayo, al no aplicársele la garantía de no extradición a Estados Unidos.

El Tiempo


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