Examen justo a nominado para Secretaría de Estado – El Nuevo Día, Puerto Rico

Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

La designación del ex comisionado residente Pedro Pierluisi como secretario de Estado ofrecería a la Asamblea Legislativa la oportunidad de aquilatar las virtudes y deméritos del también abogado, con miras a resolver la ingobernabilidad e inestabilidad en Puerto Rico.

Sobre la legislatura recaería entonces la misión histórica de ceñirse con rigor a los procesos constitucionales dispuestos para evaluar al nominado. El resultado esperado es la protección de la institucionalidad del país.

A Pierluisi se le reconocen cualidades que deberían estudiarse en las vistas de confirmación que la Constitución les dicta a la Cámara de Representantes y al Senado. En la hoja de servicios del letrado se destaca haber ocupado los cargos de secretario de Justicia y comisionado residente, sin señalamientos reprochables.

Por su seriedad y compromiso con Puerto Rico, contó con apoyo dentro de la base de su Partido Nuevo Progresista para aspirar en primarias a la candidatura a la gobernación. En su trayectoria, ha mostrado un carácter conciliador, distante de la estridencia y la polarización. Observadores consideran que esas características podrían ayudarle a dirigir el país por los 17 meses que le restan al cuatrienio, y encaminarlo a la superación de sus grandes retos.

Al mismo tiempo, han surgido voces que señalan como principal defecto de Pierluisi su cercanía a la Junta de Supervisión Fiscal, para la cual ejerció labores de asesoría legal. Le corresponde al ex comisionado residente explicar cómo abordará ese presunto conflicto de interés.

A solo tres días para el cambio de mando en el gobierno, la legislatura está de frente al proceso para el análisis justo del nominado. Debe permitirle al país el crisol más razonable para confirmar si se trata de la persona mejor capacitada para que la isla recupere su gobernabilidad, su credibilidad y su paz social.

La legislatura tiene el deber legal y moral de acatar a las reglas y procesos que con visión y sabiduría establece la Constitución. La forma en que los presidentes legislativos, Carlos Méndez y Thomás Rivera Schatz, manejen este asunto tan serio para la credibilidad de nuestras instituciones, tendrá implicaciones serias de inmediato y a largo plazo.

Tienen la obligación de asegurar que el país cuente con una figura en la gobernación que concilie, inspire respeto y devuelva la dignidad al cargo. Hay que recuperar de inmediato las relaciones con Washington, con la Junta de Supervisión Fiscal y con la comunidad de inversión. Y hay darle continuidad al orden fiscal y a la reconstrucción encaminada para propiciar desarrollo económico.

La conclusión legislativa sobre el designado debe reflejar el compromiso de colocar a nuestras instituciones en posición de legitimidad, para asegurar estabilidad gubernamental, social y económica. La gran protagonista de los momentos que nuestro país vive es la democracia.

Precisamente, la institucionalidad es vehículo y salvaguarda de los valores democráticos. Está diseñada para servir al bien público, con transparencia y visión a largo plazo. Con las reglas para dirimir sin sesgos situaciones como las que el país enfrenta hoy, procura la integridad del sistema de gobierno para que sirva al interés público y le evite quedar rehén de intereses ajenos a ese propósito. Particularmente, en periodos críticos como el presente, cuando la confianza de la gente está lacerada.

El momento exige a los líderes legislativos actuar investidos con los valores que representan sus cargos, guiados por los altos principios reflejados en la Constitución. Deben garantizar que Puerto Rico cuente con el gobernante que requiere el momento, capaz de liderar con el ejemplo y propiciar la recuperación plena de un país que ansía sanar.

El Nuevo Día