ONU: 123 excombatientes de las Farc asesinados desde la firma de la paz
El último reporte de la Misión de Verificación de la ONU, que será presentado el 19 de julio, en Nueva York (EE. UU.), al Consejo de Seguridad de ese organismo, revela un panorama preocupante de la seguridad de los exguerrilleros de las Farc.
Este informe señala que los observadores internacionales han verificado al menos 150 agresiones contra excombatientes desde la firma del acuerdo de paz, en 2016. Entre estas están el asesinato de 123 de ellos, 10 desapariciones y 17 tentativas de homicidio. Según el documento, solo este año han ocurrido 14 homicidios de exintegrantes de la guerrilla.
La Misión de la ONU dio a conocer este informe, el cual se concentra en el período del 27 de marzo al 26 de junio de 2019, una semana antes de que los representantes de los países miembros del Consejo de Seguridad de la ONU visiten el país. En todo caso, este reporte será presentado oficialmente ante esa instancia, por el jefe de esa misión, el mexicano Carlos Ruiz Massieu.
El tema de seguridad para quienes dejaron las armas es calificado por el informe como “profundamente preocupante”. Hace alusión especial al segundo asesinato registrado de una mujer excombatiente, como lo fue el caso de Lucero Jaramillo Álvarez, que ocurrió el 4 de abril en Putumayo. El informe menciona, además, los casos de Dímar Torres, por cuyo caso ya hay dos uniformados procesados penalmente, en Norte de Santander, y el de Jorge Enrique Corredor González, conocido como Wilson Saavedra, en Valle del Cauca, excombatiente que estaba jugado por la paz y lideraba la reincorporación de antiguas estructuras de la guerrilla en el Tolima.
“La implementación urgente de garantías de seguridad integrales y la intensificación de los esfuerzos para desmantelar los grupos ilegales y las estructuras criminales, que suponen una grave amenaza para las comunidades y la implementación de la paz, son medidas clave para hacer frente a estos problemas” se lee en el informe.
El balance reporta como un avance que la Unidad Especial de Investigación, dentro de la Fiscalía, haya tenido principios de esclarecimiento en más de la mitad de los casos de estos homicidios, y que, en todo caso, ninguno ha sido dentro de los espacios de reincorporación, conocidos como ETCR.
Sobre los presuntos responsables, se habla de 68 autores materiales que han sido identificados, y de los cuales 35 pertenecen al ‘clan del Golfo’, Eln, Epl y disidencia de Farc. También se menciona que 50 autores intelectuales han sido identificados, pero solo 8 de ellos han sido detenidos.
Por este tipo de hechos, la ONU hizo un llamado de “máxima importancia” al Gobierno para ampliar el despliegue de la Fuerza Pública, sobre todo en los nuevos puntos de reagrupamiento y comunidades donde los excombatientes se están reincorporando, dados los factores de violencia que han evidenciado allí.
Como lo reveló EL TIEMPO hace unas semanas, unos 1.000 exguerrilleros se han reunido de manera espontánea en al menos 30 nuevos sitios de esos, distintos a los ETCR. Sobre este panorama en la reincorporación, la Misión de Verificación también resalta en el informe que a dos años de haber dejado las armas 10.708 exguerrilleros continúan en su proceso de readaptación a la vida civil.
‘230 líderes han sido asesinados desde la firma de la paz’
Aunque la ONU señala que se impulsaron políticas de prevención y protección, «se siguieron cometiendo atentados atroces contra líderes sociales y defensores y defensoras de los derechos humanos”.
Este panorama también preocupa a la ONU, ya que según la Oficina de su Alto Comisionado para los Derechos Humanos en el país, se han verificado 230 asesinatos desde la firma del Acuerdo de Paz.
Durante el período de este informe (marzo a junio) de la Misión, esa misma oficina ya tiene verificado el asesinato de 7 líderes en Arauca, Cesar, Nariño y Chocó, y el de otros 8 están en proceso de verificación. En cuanto a la protección de ellos, el secretario general Gutérres, dice que “se necesitan urgentemente resultados concretos”.
Gutérres también confía “en que el Gobierno logrará avances hacia el objetivo más amplio de estabilización previsto en el plan ‘Paz con legalidad’ y en la Hoja de Ruta para la Estabilización. El inicio de la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial supone un hito importante.”
Asimismo, el secretario lamentó «profundamente que persista la atmósfera de polarización sobre algunos elementos del Acuerdo”, pues para él lo pactado “ofrece a Colombia una oportunidad única de superar un legado de conflicto profundamente arraigado”.
“Exhorto a todas las partes a que velen por que cualquier reforma que se lleve a cabo respete los compromisos contraídos con quienes dejaron las armas de buena fe y sobre la base de las disposiciones del Acuerdo de Paz, principio que el propio Consejo de Seguridad ha recalcado”, agrega Gutérres en el informe.
‘10.708 de los 13.068 ex-Farc acreditados siguen con el proceso’
Pese a esta situación de inseguridad para quienes dejaron las armas, la ONU resalta «el firme compromiso con el proceso de reincorporación por parte del Gobierno y la Farc».
Como prueba de esto último menciona que, según el Registro Nacional de Reincorporación, completado a principios de 2019 por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), 10.708 de los 13.068 exmiembros acreditados de las Farc confirmaron su participación en el proceso de reincorporación, «lo que constituye una señal alentadora dos años después de concluido el proceso de dejación de armas», puntualiza la ONU.
«El Gobierno declaró que los 2.360 excombatientes de las Farc restantes que no pudieron ser contactados para la encuesta no necesariamente habían abandonado el proceso de reincorporación”, destaca el informe.
De acuerdo con el balance, un total de 11.018 exguerrilleros están recibiendo la asignación económica mensual básica, que corresponde al 90 por ciento del salario mínimo, y que irá, de acuerdo con la ARN, hasta mediados de julio, con posibilidad de extensión para quienes se encuentren estudiando o trabajando.
En el balance, se dice que cerca 7.000 viven fuera de los espacios previstos para su reincorporación, conocidos como ETCR, en nuevos asentamientos rurales más pequeños o en áreas urbanas en donde adelantan su proceso de reincorporación. De acuerdo, con un reciente informe de EL TIEMPO, estos nuevos puntos son más de 30.
Estos espacios empezarán a cambiar de estatus jurídico para convertirse en sitios permanentes a partir del 12 de agosto. Este proceso, resalta la ONU, “está siendo acordado con la Farc y las comunidades y autoridades locales, y el Gobierno está adoptando medidas para una transición gradual a lo largo de un período de 12 meses y solicitará que se apruebe la prórroga del suministro de alimentos y servicios básicos hasta que se establezcan medidas a largo plazo”.
Frente a la discusión sobre la permanencia de 11 espacios de reincorporación, por condiciones de seguridad o acceso según el Gobierno, entre otros, los observadores valoran como positivo que «este y los excombatientes han dado muestras de flexibilidad y buena disposición para tener en cuenta las opiniones de los demás y las de las comunidades locales, que expresaron el temor de que la supresión de los ETCR tuviera consecuencias negativas para su seguridad y sus condiciones sociales y económicas”.
En cuanto a los proyectos productivos, el informe destaca que el Consejo Nacional de Reincorporación ha aprobado 24 proyectos colectivos de los cuales le ha desembolsado recursos a 17, mientras que la ARN ha aprobado 190 proyectos individuales de los cuales 160 han recibido el desembolso de los fondos.
“Los avances en la reincorporación de exmiembros de las Farc reducirán la vulnerabilidad de los excombatientes a ser reclutados por grupos ilegales”, concluye en el informe Gutérres y agrega en todo caso en que “los dirigentes del Gobierno y de la Farc tienen la responsabilidad de ofrecer oportunidades económicas y un liderazgo efectivo, respectivamente», pero sobre todo enfatiza en «la importancia que los líderes de Farc den ejemplo, contribuyan activamente al esclarecimiento de la verdad y cumplan su compromiso con el proceso».
En este informe trimestral, la ONU reitera su invitación a los colombianos a sostener un «diálogo inclusivo ante los nuevos desafíos en la implementación del Acuerdo de Paz».
Procuraduría y Defensoría piden proteger a líderes sociales en Colombia
La Procuraduría y la Defensoría del Pueblo de Colombia conminaron este martes a las autoridades a que tomen “de manera urgente” medidas para proteger la vida de defensores de derechos humanos, líderes sociales, senadores de la Comisión de Paz, que han recibido amenazas de muerte de grupos armados organizados.
Así lo expresan en un comunicado conjunto emitido este martes en el que condenan las amenazas contra líderes sociales, defensores de Derechos Humanos, senadores de la Comisión de Paz del Congreso y funcionarios del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación que aparecieron en un panfleto firmado por un grupo armado.
“Alentaremos los esfuerzos que se requieran para que la justicia avance prontamente en las investigaciones, que deben dar con los responsables de esta grave intimidación, sobre quienes tiene que caer el peso de la ley”, aseguraron ambas entidades en el citado texto.
Por esto, el Ministerio Público reiteró su respaldo “a la acción legítima y legal de los líderes, senadores y funcionarios que trabajan por la búsqueda de la verdad” e hizo un llamado especial a “respetar, proteger y apoyar la acción del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación”.
Sobre este organismo, la Procuraduría agregó que tiene bajo su responsabilidad “una acción trascendental para el futuro del país, y es la búsqueda de la justicia para quienes intervinieron en el conflicto armado interno, pieza clave de un futuro justo y en paz”.
Al menos 462 líderes sociales fueron asesinados del 1 de enero de 2016 al 28 de febrero pasado, según datos de la Defensoría del Pueblo.
Según un informe de la ONG Instituto de Estudios sobre Paz y Desarrollo (Indepaz) y el movimiento político Marcha Patriótica, ya son más de 700 líderes sociales y 135 excombatientes de las FARC asesinados desde 2016, año en que se firmó el acuerdo de paz.
Los asesinatos de defensores de derechos humanos y líderes sociales en Colombia aumentaron casi un 50 % en 2018 en medio de la impunidad, ya que en tres de cada cuatro casos ni siquiera se establece la autoría del crimen, según el último informe de la ONG Somos Defensores.
Según su reporte, 2018 fue uno de los más sangrientos para los defensores de derechos humanos en Colombia porque fueron asesinados 155 de ellos, lo que supone un 46,2 % más que los 106 documentados en 2017.
El asesinato la semana pasada de la también líder social María del Pilar Hurtado frente a su pequeño hijo en el municipio de Tierralta, en el departamento de Córdoba (norte), escandalizó al país y prendió de nuevo las alarmas acerca de este tipo de crímenes.
Una fecha para que no muera la memoria de los líderes sociales
Por Fernando Alexis Jiménez
El 26 de julio, muchos colombianos saldrán a las calles a pedir que cesen los crímenes que ahondan las heridas de una nación que ansía dejar atrás 50 años de guerra
En el barrio de invasión 9 de agosto de Tierralta, Córdoba, ya nadie habla de María del Pilar Hurtado, quizá por temor o porque como ocurre con muchos incidentes que nos causan dolor, su recordación se va desdibujando con el paso del tiempo.
Su caso no es el único. Es el mismo de infinidad de hombres y mujeres que cayeron bajo las balas de no se sabe quién, ordenadas no sabe por qué determinador y se desconoce, por supuesto, cuándo y por qué.
Murieron violentamente y, tras su deceso, las noticias del día a día que se superponen y se convierten en una concatenación de titulares en los portales digitales, los noticiarios de televisión y de los periódicos, y condenan al olvido a aquellos cuyos rostros parece que se disolvieran y para rememorarlos físicamente, hay que ir a las fotografías que todavía se conservan en los álbumes.
“Aquí estaba cuando hizo la primera comunión, no teníamos sino para una tortica, pero, la pasamos muy contentos; en éste, cuadro se graduó del colegio; por este lado, cuando estaba acompañado por amigos del trabajo…”, explica aquél que se resiste a que la memoria de su familiar quede sepultada en el ayer. Por eso conserva las imágenes, como si fueran un tesoro.
Sol Navia Ramírez, la madre de un sindicalista con quien compartí lides en las calles, con pancartas y consignas, inicialmente en las pedreas estudiantiles del Colegio Eustaquio Palacios de Cali, y luego en las marchas del primero de mayo, me dijo: “Para mí, él no ha muerto. Incluso, lo recuerdo cuando estaba cursando sus primeros años de escuela. Es como si nunca hubiese crecido y, claro, como si nunca lo hubieran asesinado. A veces, cuando abro la puerta hacia el patio, me parece verlo jugando allí, con esa sonrisa inocente.”.
Para que los líderes sociales no caigan en el olvido, el 26 de julio los colombianos estamos llamados a ocupar calles y plazas.
Es una forma de decir, pacíficamente, que deseamos el cese de los crímenes que ahondan las heridas de una nación que ansía pasar la página de cincuenta años de enfrentamientos.
Es un deber moral, porque estamos llamados a legarle a nuestros hijos y nietos un país en donde lo mínimo que prevalezca sea la tolerancia; en donde las diferencias sociales, políticas y religiosas no marquen fronteras invisibles que inciten a imponer la verdad con violencia, y a sembrar de cruces los cementerios, ante la mirada impotente de familiares que riegan la tierra con lágrimas de desesperanza.
Es un compromiso con Colombia, donde las cifras del asesinato sistemático de líderes sociales, son impresionantes.
Los crímenes se han tornado tan recurrentes, que pasan a convertirse en estadísticas frías, noticias rutinarias que parecieran no conmover a un país que avanza a pasos agigantados hacia una nueva polarización.
Desde enero de 2016 hasta la fecha se han registrado 872 asesinatos relacionados con el posconflicto: 702 líderes sociales y defensoras de Derechos humanos, 135 exguerrilleros de las Farc y 35 de sus familiares, incluyendo un bebé de 6 meses.
La movilización de la sociedad civil programada para el 26 de julio, con todo y ser pacífica, debe convertirse en una marcha gigantesca en la que emerjan de los recuerdos los líderes sociales que han muerto, con la certeza de que con cada paso que demos en las calles, sembraremos semillas arraigadas en lo profundo del asfalto para que su memoria nunca muera…
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