Presidente de Guatemala es denunciado por compra de aviones

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La organización Acción Democrática de Guatemala denunció penalmente al presidente guatemalteco, Jimmy Morales, por la compra de dos aviones de guerra, también conocidos como Pampa III, a la Fábrica Argentina de Aviones (FadeA), que ha desatado un gran polémica en el país centroamericano.

La organización, en compañía de la oposición de Morales, citaron además al ministro de la Defensa, Luis Miguel Ralda, al de Finanzas Públicas, Victor Manuel Martínez Ruiz y otros altos cargos para que den una explicación del motivo de la compra y de dónde saldrá el dinero para costearlos.

Una de las causas del rechazo a esta costosa compra, de casi 30 millones de dólares, son los niveles de desnutrición infantil que tiene Guatemala, sobrepasando los de Haití, pudiendo invertir ese dinero en planes de nutrición y alimentación para la población infantil del país.

Entretanto, el ministro de la Defensa, aseguró en un intento por explicar los motivos, que no se trata de una compra si no una adquisición y señaló que a pesar que no es una compra venta, se pagarán 28 millones de dólares a FadeA.

“No es una compraventa porque en los convenios internacionales no está contemplada la compraventa como tal, es un convenio para fabricación y suministro de un sistema de defensa aéreo”, reiteró Ralda.

Ralda destacó que la adquisición de estos aviones serán de gran ayuda para atacar el narcotráfico.

Por su parte, el ministro de Finanzas, Martínez Ruiz ya señaló que Guatemala no cuenta con los recursos para esta adquisición, sin embargo, el presidente Morales y el ministro Ralda insisten.

La utilización del convenio de cooperación con Argentina, y su modificación, para poder hacer la adquisición evitó que el Ejecutivo siguiera el proceso a través de la Ley de Contrataciones del Estado, lo que diputados y analistas consideran un fraude, reportó el diario Prensa Libre en su página web.

Para Ralda, esto no ocurrió porque se trata de un convenio internacional y que “el artículo 54 de la Ley de Contrataciones del Estado establece que todo lo que se adquiera a través de convenios o donaciones deberá ser publicado al recibir el suministro en el portal de Guatecompras”.

No obstante, Eddie Cux, abogado de Acción Ciudadana, entidad que denunció penalmente al presidente Morales por esta adquisición, asegura que dicho artículo -54- se refiere a las compras que se efectúan a través de la Cancillería o de las embajadas y no aplica en este caso.

Para el abogado, el uso del convenio de cooperación le da “una apariencia de legalidad para evadir la Ley de Contrataciones”, por lo que la Contraloría y el Ministerio Público deberían comenzar una investigación de oficio y fiscalizar dicha compra.

También Enrique Álvarez, integrante del Frente Parlamentario por la Transparencia, dijo que un convenio internacional no da la potestad al gobierno para evadir leyes; además, el mismo convenio firmado en 1980 indica que cada país debe apegarse a su legislación, por lo que se debe cumplir con la Ley de Contrataciones.

Telesur


Ejecutivo modificó acuerdo con Argentina un mes antes de la compra de los Pampa III

El nuevo acuerdo, denominado Complementario de Cooperación, fue firmado entre los ministerios de la Defensa de los dos países y ratificado por los Ministerios de Relaciones Exteriores, informó a Prensa Libre el jefe de la Procuraduría General de la Nación (PGN), Jorge Luis Donado.

Según el funcionario, a la PGN llegó una consulta para establecer si el acuerdo complementario podía adherirse al convenio firmado hace 39 años, a lo que se le dio un dictamen favorable.

Donado aclaró que en ningún momento se consultó a la Procuraduría sobre la compra de los aviones Pampa III, por el que se pagará US$28 millones –unos Q215.8 millones-, y que la declaratoria de lesividad de ese contrato debe ser declarada por el presidente en consejo de ministros, por lo que la PGN no puede actuar de oficio en el caso.

Prensa Libre consultó al jefe de la PGN sobre si el Congreso debe conocer este acuerdo complementario, debido a que el convenio de cooperación fue ratificado por el Congreso, a lo que respondió que es la Cancillería la que define la forma en que este documento se adhiere y quien tiene la responsabilidad.

En la modificación firmada por las carteras de Defensa, ya se habla de intercambio de equipo y tecnología militar entre los dos países, algo que el convenio no contempla, pues este explica que se trata de cooperación técnica y científica para el desarrollo económico y social de ambas naciones.

Consulta tardía

El Ministerio de Finanzas recibió el 25 de junio, cinco días antes de que el presidente Jimmy Morales viajara al extranjero, una solicitud para dictaminar si un convenio de cooperación puede usarse como base para hacer una compra, informó este 5 de junio Carmen Abril, viceministra de Ingresos y Evaluación Fiscal, de esa cartera, durante una citación con la bancada Encuentro por Guatemala.

La diputada Nineth Montenegro, señala que en esa consulta no se especificó de la intención de compra de los aviones Pampa III a Argentina, y que sospecha que esta adquisición fue más una “ocurrencia” del presidente Jimmy Morales y del ministro de la Defensa, Luis Miguel Ralda.

Montenegro afirma, además, que este acuerdo complementario también debía conocerse por el Congreso, pero que parece que el documento fue hecho en días recientes, con fecha de junio, porque los funcionarios del Ejecutivo se dieron cuenta que el convenio de cooperación no permite la compra de los aviones y que estarían incurriendo en fraude de Ley.

La diputada destaca que, en todo caso, ningún acuerdo o convenio que no sea de Derechos Humanos es superior a la legislación guatemalteca, por lo que debió respetarse la Ley de Contrataciones del Estado.

Por su parte, el diputado Carlos Barreda, de la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza, indica que la modificación que se haga al convenio tendría que publicarse en el Diario de Centroamérica, aunque no sea conocido por el Congreso.

Sobre el uso del convenio para la compra de los aviones, el diputado indica que el mismo convenio señala que en el tema financiero, los países deben regirse a la legislación vigente y la guatemalteca es la Ley de Contrataciones.

“Aquí hubo un intento de evadir la Ley de Contrataciones a través de este convenio, lo cual puede ser sujeto de varios delitos: abuso de autoridad, incumplimiento de deberes”, indica el diputado.

Sin sustento

El economista Carlos Martínez, afirma que no es válido sustentar la compra de los aviones con un acuerdo que tiene 39 años de haber sido firmado, pues durante ese tiempo ya se modificaron leyes y está en vigencia la Ley de Contrataciones.

“Hay nuevas normas que cumplir, y se debe acatar las reglas de transparencia y observancia actuales”, señala el experto.

Prensa Libre

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