“No es normal que sigan los asesinatos de líderes sociales”: Colombia se movilizó contra la violencia

‘No es normal que sigan los asesinatos de líderes sociales’

“¡Paremos esto, que es una barbarie!”, fue el mensaje que el país entero envió el viernes pasado, con las gigantescas marchas que rechazaron la matanza de líderes sociales.

En 57 ciudades de Colombia y 53 del exterior, cientos de miles de personas participaron en plantones y marchas de protesta por los asesinatos. En Colombia, 982 líderes sociales han sido amenazados en el último año, y la Defensoría del Pueblo ha informado que desde enero de 2016 al 30 de mayo de este año, han sido asesinado 482 líderes.

Una de las organizaciones que participaron en las marchas fue Minga, entidad de derechos humanos que dirige una de las activistas más conocidas y respetadas del país: Diana Sánchez. Ella, además, hace parte del comité de impulso de la mesa social para la paz. Es también la coordinadora del programa ‘Somos defensores de la paz’.
Diana tiene una maestría en análisis político del Externado y un diplomado de la Universidad de Ginebra en acción humanitaria y derechos humanos.

Quiénes son los llamados líderes sociales?

Tenemos una dificultad como sociedad y es que lo que no existe en una ley pareciera que no existiera; pero en la realidad, en el sentimiento y en la cultura cotidiana, sí existe. Un presidente de junta de acción comunal es un líder, ¿por qué? Porque tiene un liderazgo en su territorio; cuando llega una empresa a intervenir, ¿a quién buscan? Al presidente de la junta. Cuando llega la guerrilla, ¿a quién busca? Al presidente de la junta. Él es quien lidera esa comunidad para solucionar sus problemas, es un concepto que se va construyendo.

¿Por qué los están asesinando?

Porque enfrentan los poderes reales en los territorios, llámense mafias, o contrabandistas de gasolina, o por narcotráfico o por minera ilegal.

¿No es que haya una organización de asesinos de líderes comunales o sociales?

No, no hay un aparato con estructura para asesinar líderes. Lo que defienden en muchos casos son los derechos económicos, sociales y culturales, que en últimas son derecho a la vivienda, a la salud, a la carretera, a la educación, al medioambiente, a la paz.

¿Cómo definiría a los líderes sociales?

En general, son personas que están luchando por sus derechos, son personas que nacen en sectores marginados y excluidos. Lo que quieren es que se atiendan los derechos de unas comunidades que están marginadas y a las que les hace falta todo.

¿Qué la hace a usted pensar que la barbarie que está ocurriendo con el asesinato de estos dirigentes cívicos puede disminuir o desaparecer por la marcha?

Los funcionarios públicos territoriales y todos en general van entendiendo que ellos tienen una responsabilidad. El movimiento de derechos humanos, al que yo pertenezco, que es pequeño pero hace bulla, insiste en que estas violencias no se pueden permitir pero están siendo legitimadas por la misma sociedad porque nunca nos habíamos movilizado masivamente para rechazar estos asesinatos selectivos. El alcalde y el policía tienen que ver con esto en su localidad. Las marchas se hicieron para entrar en las venas de un Estado que corre el riesgo de la naturalización de la violencia. Yo creo que los altos funcionarios tienen que recibir estas movilizaciones como un llamado de atención para que cambien el chip frente a la violencia. Estamos empezando a avanzar para ser una sociedad civilizada.

¿Quiénes están asesinando a los líderes?

Muchos: grupos sucesores del paramilitarismo, como en Córdoba; quienes financian a esos grupos; quienes defienden intereses económicos y políticos; los narcotraficantes, los explotadores ilegales de minerales, los excombatientes de las Farc, disidentes; los que desplazaron y ocuparon tierras. Muchos.

¿Por qué están asesinando?

Porque los líderes sociales se oponen a los intereses de estos grupos; entonces matan porque el campesino sustituye la siembra de coca. Los asesinatos de líderes se originan en la lucha por el control territorial. En otras zonas de asesinatos, como el bajo Cauca antioqueño, opera el clan del Golfo que tiene asociados en Tierralta, en el sur de Córdoba.

¿Con las marchas del viernes podría decirse que comenzó el fin de la barbarie?

Yo no podría decir eso. Lo que se busca es sensibilizar al máximo a la sociedad, desnaturalizar la violencia, no aceptar más la violencia.

Esto fue un mensaje a quienes están asesinando…

Sí. Cuando una sociedad calla, esa sociedad otorga. Nosotros como sociedad lo hemos permitido hasta ahora porque hemos guardado silencio, no hemos protestado contra semejante matanza. Ojalá este sea el comienzo de un proceso. Lo suponemos largo, porque tenemos unas raíces muy profundas de violencia endémica, pero ojalá sea el inicio del camino para desnaturalizar la violencia y los asesinatos.

¿Desnaturalizar?

Sí. Por ejemplo, matan a una persona en la calle, nosotros lo vemos y decimos: “pobre familia, ¿quién sería?”. Nada más. La violencia, la muerte violenta no nos sorprende. Doce mil personas asesinadas violentamente en el país cada año es inaudito, inaceptable. Y no hemos hecho nunca una movilización contra eso; nos quedamos con que Medicina Legal siga contabilizando muertes violentas.

¿Hay organizaciones que pagan sicarios para asesinar líderes?

Son grupos para seguir controlando los territorios, por muchos intereses: el de las rutas para el narcotráfico, el de la posesión de la tierra, sea para ganadería, sea para palma, sea para extracción de recursos naturales, de todas formas para acumular riqueza. Mire: en el acuerdo de paz con las Farc quedó el punto 3.4, donde se habla de garantías, y dispone de 13 dispositivos jurídicos muy importantes; dentro de ellos está la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad; el mandato para esa comisión es crear la política de desmantelamiento del crimen organizado y ahí se llaman “sucesores del paramilitarismo”. Hicimos experiencias piloto para identificar quiénes son los financiadores de los grupos que asesinan líderes sociales, pues quien financia, mata y cada cierto tiempo cambia de sicarios.

¿Y qué se hizo con ese estudio piloto?

Nada. La Comisión Nacional de Garantías de Seguridad no ha avanzado.

¿Este fenómeno de la violencia no es una conducta patológica nacional?

Claro, eso es algo que también pretendíamos con la movilización del viernes; justamente, empezar a llamarnos a nosotros mismos la atención, de decir, esto no es normal; si lo hemos visto normal toda la vida, ya llegó un punto de inflexión donde no lo podemos soportar; esto tendrá un impacto impresionante en el país. Este es un problema estructural, profundo, importante; es un llamado para que se desmonte y se desmantele el crimen organizado, que está detrás de los asesinatos, y que se deje de estigmatizar a los líderes sociales y, en general, al movimiento social en Colombia. Entonces es muy importante que el Presidente asuma generar garantías para que a las personas no las sigan asesinando ni judicializando; son muchas formas de violencia; las mujeres, por ejemplo, también están muy violentadas en los territorios y con violación y mucha sevicia.

Protesta Cali

La concentración en la plazoleta de San Francisco duró más de tres horas, tiempo en el que se realizaron distintas actividades enfocadas en la paz.

Foto:

Juan Pablo Rueda Bustamante / EL TIEMPO

¿Cuáles son las cosas que se deberían hacer por parte del Estado y autoridades?

Dentro del movimiento ‘Defendamos la paz’, tenemos tres ejes de trabajo en los que estamos insistiendo al Estado y al Gobierno. Uno: que se cumplan a cabalidad los acuerdos de paz; ahí hay unas normas fundamentales para las garantías; dos: solucionar el problema de la sustitución de cultivos de uso ilícito, que genera unos contextos propicios para que a los líderes sociales los agredan o asesinen. Y el otro: nosotros consideramos que el cierre definitivo del conflicto por la vía política es la mejor forma de ir saneando el territorio.

¿Pero, a pesar de las marchas del viernes, no es difícil convencer a un criminal para que no siga cometiendo delitos?

Sí, es difícil, pero generamos unos muros de contención, como sociedad, como autoridad y como Estado, de sensibilizarnos, de que tenemos que encontrar otras formas para ir cerrando ese cerco y que se proteja, no solamente física sino jurídicamente a los líderes sociales. Los líderes deben ser visibles.

¿Eso no supone exponer más a los líderes sociales para que los maten?

No, nosotros creemos que no, que los líderes sociales tienen que ser lo más visible posible y lo más legítimo…

¿Para que los ataquen?…

No, para tener una protección política, porque se eleva el costo político. Un ejemplo, si a mí me pasa algo, el costo político de mi vida es más alto que si yo fuera una perfecta desconocida; por eso creemos que la protección política, el reconocimiento, la legitimidad y el alto perfil valen más, inclusive, que una camioneta blindada.

Protesta Cali

En Cali, miles reclamaron el cese de la violencia contra los líderes.

Foto:

Juan Pablo Rueda Bustamante / EL TIEMPO

Es decir, los líderes sociales tienen que seguir luchando, ¿así los maten?

Lo han hecho toda la vida.

¿En qué consisten los diálogos que ha tenido con la Ministra del Interior?

El presidente Duque firmó el 23 de agosto del año pasado, en Apartadó, un pacto por la vida y allí se comprometió a crear una política pública de protección y prevención contra las agresiones al liderazgo social. En noviembre promulgó el Plan de Atención Oportuna a líderes sociales, comunitarios, periodistas, etc., para su protección y dentro de ese plan está la construcción de una política pública. Por eso, estamos con la Ministra del Interior construyendo la ruta para ver cómo vamos a trabajar en la construcción de esa política; por ahora, tenemos una diferencia: ellos hablan de protección y prevención, nosotros hablamos de garantías, porque las garantías cobijan protección, respeto, prevención, investigación… Con la Ministra estamos acordando la metodología para construir la política de garantías.

¿Garantías de seguridad?

Sí, pero el enfoque no es militar y ahí tenemos tensiones, porque vamos a empezar a discutir; el Gobierno quiere retomar la militarización y nosotros decimos “no, la militarización no soluciona el problema”, porque está comprobado que donde hay alta militarización se complica más el contexto…

¿Entonces cómo se dan garantías de seguridad?

Todo lo que tiene que ver con reconocimiento, con investigación.

Pero eso es más con Procuraduría y Fiscalía…

No estamos satisfechos con lo que están haciendo. Debería dictarse un decreto que una a todos las instituciones del Estado para este tema del asesinato de los líderes; crear una sinergia entre los ministerios de Gobierno, de Defensa, Planeación, Fiscalía, Procuraduría, Defensoría…

Pero el Procurador, por ejemplo, ha hecho varias visitas regionales por este tema…

Está bien que los funcionarios hagan movilización y prevención, pero ese no es su mandato central; el mandato es investigar y disciplinar funcionarios públicos que por acción o por omisión están permitiendo que, en los territorios, amenacen y asesinen a los líderes sociales. A un funcionario público que por tomar una medida haya permitido que a alguien asesinen es una persona a quien tienen que sancionar disciplinariamente; así como lo que hizo en Tierralta, donde suspendió y le abrió investigación al alcalde, porque no evitó la muerte de María del Pilar Hurtado.

En resumen…

Que el Estado otorgue garantías para que haya un ambiente donde la gente no tenga miedo para ejercer su liderazgo.

El Tiempo


Miles de colombianos protestaron contra los asesinatos de líderes

Miles de personas se movilizaron en la tarde de este viernes en las principales ciudades del país para rechazar los asesinatos de líderes sociales en Colombia. Estudiantes, profesores, movimientos obreros, organizaciones sociales, negritudes, indígenas, comunidad LGBTI y familias enteras participaron en la jornada bajo el eslogan #DefendamosLaPaz.

En Bogotá se sumaron a la marcha al menos 15.000 personas. Como estaba previsto, la concentración se inició a las 4 p. m. en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Sin embargo, muchos participantes empezaron a reunirse desde temprano para preparar las pancartas, banderas y fotografías que portarían durante la movilización.

El recorrido, anunciado por redes sociales días atrás, se hizo por la calle 26 y las carreras 10.ª y 7.ª, y concluyó hacia las 7 de la noche en la plaza de Bolívar.
“Que paren los desplazamientos y las muertes de nuestros líderes”, pregonaban integrantes del magisterio. A ellos se unían los gritos de decenas de personas que marchaban con imágenes de los rostros de líderes asesinados.

“No podemos quedarnos sentados ante las muertes de tantos líderes, de tantos colombianos”, dijo un bogotano que se unió a la manifestación mientras ondeaba una pequeña bandera blanca.

La torre Colpatria también fue parte de la jornada. Cuando varios manifestantes pasaban junto al edificio, un mensaje en letra negra sobre un fondo blanco iluminó el cielo capitalino: ‘Por la vida de los líderes y las lideresas’.

Hacia las 6:30 p. m., varias estaciones de TransMilenio de las troncales El Dorado y 20 de Julio habían dejado de operar. El sistema también se afectó en la troncal de la NQS Central y Caracas.

Según cifras del Gobierno, desde 2016 han sido asesinados 289 líderes sociales y defensores de derechos humanos. No obstante, durante el mandato presidencial de Iván Duque, el número estos homicidios ha disminuido un 35 por ciento. Esto quiere decir que entre el 7 de agosto de 2018 y el 9 de julio de 2019 se registraron 68 muertes, 37 menos que un año atrás, cuando hubo 105.

La #MarchaPorLaVida, como también se llamó la movilización, se vivió con fervor en las principales ciudades del país y en varias capitales en el mundo. En términos generales, las manifestaciones en el país transcurrieron con normalidad.

En Cali, una delegación de centrales obreras y estudiantes partió a las 9 a. m. del sur de la ciudad en medio del repudio por el crimen del líder Carlos Montaño, ocurrido esta semana en la capital vallecaucana. La movilización culminó de forma pacífica en el centro de la ciudad.

En Medellín, la movilización se inició a las 4 p. m. en el parque de San Antonio y recorrió 2,5 km hasta el parque Bicentenario. Allí, Pastor Alape, miembro del partido político Farc, que se unió a los otros 3.000 ciudadanos que salieron a rechazar al asesinato de líderes sociales, dijo: “Lo que estamos diciendo es ‘paremos la muerte y sembremos la vida’ ”.

Más de 2.000 personas asistieron a la marcha en Barranquilla, que comenzó cerca de las 6 p. m. en la calle 74 y terminó en la plaza de la Paz. Los manifestantes corearon frases como: “Que el juego de bala no siga, pues ha cobrado muchas vidas”.

Los bumangueses tampoco se quedaron por fuera de la jornada. Desde la plaza cívica Luis Carlos Galán y la UIS se movilizaron hasta el parque San Pío, donde realizaron una ‘velatón’.

Duque habló con líderes, marchó y se fue en medio de arengas

Al menos 15.000 bogotanos pidieron que cesen los asesinatos de líderes – Foto: Héctor Fabio Zamora

El presidente Iván Duque se reunió en Cartagena con un grupo de líderes sociales. Allí escuchó sus peticiones ante la difícil situación que atraviesan.

Luego salió a marchar en compañía de víctimas de la violencia a marchar por el centro histórico y, aunque inicialmente fue saludado y aplaudido, en cercanías de la plaza de la Paz fue recibido con arengas, por lo que fue retirado por sus escoltas. “Aquí no podemos rechazar, aquí lo que tenemos es que unirnos para decirle no más a la violencia”, dijo el Presidente.

El Tiempo


Presidente Duque fue abucheado en marcha en Cartagena

Aunque el mensaje inicial estaba enfocado en rechazar estos tipos de violencia, al notar la llegada del presidente Iván Duque, los participantes de la movilización lanzaron arengas contra el mandatario.

Por estos motivos y previendo la seguridad del presidente, su esquema decidió sacarlo de la movilización. En declaraciones en Twitter, el presidente señaló que “hoy estamos todos marchando por la vida de este país, sin criterios políticos, sin criterios partidistas todos unidos en la defensa de la vida de los colombianos”.

 

En el video publicado, el presidente fue consultado por la acción de rechazo que generó su presencia en la movilización. Sobre esto, Duque apuntó que “acá no podemos rechazar, acá lo que tenemos es que unirnos para decir no más a la violencia”.

 

Las jornadas de movilizaciones por la protección de los líderes sociales del país fueron convocadas en diversas ciudades de Colombia y el mundo, con un solo llamado: proteger la vida de quienes velan por los derechos ciudadanos en los territorios.

Vanguardia


“Hay un pueblo que llora y que necesita liberarse”

Vestida de negro y con una notable tristeza en su rostro, Jessica Blanco caminó desde la India Catalina hasta la plaza de La Paz, en el Centro, a las 5 de la tarde de ayer. El recuerdo de su madre la hacía tomar fuerzas y continuar gritando: “la vida se respeta”.

A los 9 años, su vida dio un giro inesperado. Un día cualquiera en una calle de San Onofre, Sucre, su madre fue asesinada por pensar diferente, por tomar la vocería de unas personas y luchar por los derechos.

“Luego de ese suceso tuve que desplazarme en compañía de mi familia, pero la violencia no nos deja escapar y nos persigue y por eso luchamos, para que esta sombra nos deje tranquilos”, aseguró Jessica.

Según contó la mujer, el principal motivo por el que decidió movilizarse ayer es porque sueña con que nadie más sufra lo que a ella le ha tocado vivir.

“El Gobierno nacional tiene que dejar de alimentar esta herida, tiene que saber que hay un pueblo que llora y necesita liberarse, es momento de frenar esta violencia”, expresó.

Al igual que ella, más de un centenar de personas salieron ayer a rechazar la violencia contra los líderes sociales. Pancartas, megáfonos, banderas, globos y pañuelos blancos se vieron en la marcha.

“La vida se respeta”, “no más líderes asesinados”, “queremos paz”, eran algunas de las arengas que se escuchaban en el recorrido, que se hizo por la avenida Venezuela y llegó hasta la plaza de La Paz, en la Torre del Reloj.

Mientras la marcha avanzaba, otra multitud de personas vestidas de blanco, con banderas de Colombia y mensajes de paz, esperaba en la plaza donde se realizaría un plantón para pedir cese a la violencia en el territorio nacional.

La manifestación se realiza luego del asesinato de María del Pilar Hurtado, en Tierralta (Córdoba), debido a que en redes sociales nació el movimiento “Defendamos la paz”. De este surgió la idea de realizar la marcha nacional, que lleva el nombre de “El Grito”, en honor al hijo de la líder.

La movilización se realizó en varias ciudades del país como Barranquilla, Santa Marta, Bogotá, Medellín y Cali, entre otras.

Atenas, Berlín, Buenos Aires, Bruselas, Elche, Estocolmo, Frankfurt, Londres, México, Madrid, Montevideo, Munich, New York, Quebec, París, Santiago de Chile, Washington y Toronto serán ciudades del mundo donde también marcharán por los líderes de Colombia.

En la marcha en Cartagena participaron el presidente de la República, Iván Duque; el alcalde de Cartagena, Pedrito Pereira; el gobernador de Bolívar, Dumek Turbay Paz; la ministra del Interior, Nanci Patricia Gutiérrez; y la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez.

La participación del presidente Iván Duque en la marcha en Cartagena terminó de manera abrupta, tras ser abucheado por un grupo de ciudadanos que también se movilizaban por las calles del Centro.

Estas personas interrumpieron en varias ocasiones al mandatario en medio de su caminata: “Asesino, asesino”, le gritaban. El incidente motivó a que su grupo de escoltas lo guiará fuera de la multitud para protegerlo.

El mandatario tuvo que ser sacado de la plaza de manera inmediata. Lo llevaron hasta el parque de La Marina, donde lo esperaban vehículos. Excepto por este incidente, la manifestación transcurrió de forma pacífica y la ciudad se solidarizó con la situación de los líderes del país.

Sin Acuerdos
Ayer, a las 2 de la tarde en la Institución Universitaria Bellas Artes de Cartagena, se realizó el Plan de Acción Oportuna de Prevención y Protección para Defensores de Derechos Humanos, Líderes Sociales, Comunales y Periodistas. En esta participaron el presidente Duque, el alcalde de Cartagena, el gobernador de Bolívar, la ministra del Interior, la vicepresidenta, el defensor del Pueblo, funcionarios de la Procuraduría y líderes. Sin embargo, no se llegó a ningún acuerdo. Los líderes manifestaron sus preocupaciones y realizaron peticiones de protección y reparación al Gobierno nacional.

El Universal


No están solos: la marcha por los líderes sociales

Miles de voces y un solo grito contra la muerte, la violencia y la impunidad. Ese fue el común denominador de las marchas, plantones y homenajes que este viernes se realizaron en cerca de 100 ciudades del país y el mundo para visibilizar la tragedia de los líderes sociales y defensores de derechos humanos, que en Colombia están siendo asesinados a cuentagotas.

El problema no se puede reducir a cifras, pero los números hablan por sí solos. Según la Defensoría del Pueblo, entre el 1° de enero de 2016 y el 28 de febrero de 2019 mataron a 462 líderes sociales en el país. Una cifra que alarma y a la que habría que sumar por lo menos otras 20 muertes, que se han registrado después de esa fecha; los cerca de 983 líderes amenazados o los atentados y ataques directos.

Por eso la consigna este viernes fue declararse a favor de la vida. “Detengan el asesinato de líderes sociales”, “Defendemos la vida, caminamos por la paz. Ni uno más”, fueron algunas de las arengas entonadas por cientos de colombianos que también se tomaron las calles de ciudades del mundo como Bruselas, Berlín, Dubái, París, Londres y Madrid. En Colombia, la concentración más grande fue en Bogotá, en donde los marchantes se dieron cita a las 5:00 p.m. en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, ubicado en la calle 26, para caminar hacia la Plaza de Bolívar.

La marcha la convocó el movimiento Defendamos la Paz, para llamar la atención sobre los crímenes que, aseguran, son sintomáticos de una enfermedad arraigada en Colombia: “La de querer descabezar, desanimar, eliminar, asustar, exterminar a cualquiera que quiera levantar cabeza, que quiera denunciar una injusticia o proponer una reforma, una solución o una reivindicación popular, necesaria y justa”.

Por su parte, el presidente Iván Duque hizo un llamado para desmarcar la movilización y quitarle los tintes políticos, entendiendo que no se trata de causas ideológicas o de polarización entre Gobierno y oposición. “Abordemos esta causa sin envidia, sin mezquindades, sin dobleces, sin segundas intenciones (…) Vinimos hoy a expresarles a los líderes que, al marchar, lo hacemos para que Colombia rechace la violencia, el narcotráfico y la corrupción”, dijo el mandatario desde Cartagena en donde lideró una sesión del Plan de Acción Oportuna para la prevención y protección de líderes sociales.

Lo cierto es que la movilización pone la lupa sobre un problema que no solo preocupa en Colombia. Los 15 representantes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que estuvieron hace unas semanas en el país, como parte de una visita oficial de apoyo al proceso de paz, hicieron un llamado al Gobierno para que las medidas anunciadas se traduzcan en hechos concretos, que permitan prevenir los ataques y evitar que los crímenes queden en la impunidad. Desde el organismo también alertaron de otro fenómeno que deja cifras igualmente preocupantes: la persecución a exguerrilleros de las Farc. A la fecha se han registrado 136 homicidios de excombatientes, 35 de sus familiares y 11 desapariciones forzadas.

La situación es tan crítica, que incluso el pasado 8 de julio la Unión Europea anunció que destinará cerca de $7.000 millones para al fortalecimiento de la unidad especial de la Fiscalía que investiga los asesinatos de líderes sociales y exguerrilleros, con el fin de combatir la impunidad en estos casos. La idea, ha dicho el Gobierno Nacional, es que dichos dineros sean ejecutados durante 18 meses, con inversiones en aspectos claves como el mejoramiento de recursos logísticos, técnicos y tecnológicos; facilidades para el acceso a las zonas más apartadas, y la transformación de la Unidad Especial de Investigaciones de la Fiscalía.

Pero, más allá del contexto internacional, en Colombia los escenarios de riesgo para los líderes están identificados y desde distintos sectores han lanzado varias alertas sobre la urgencia de atacar los fenómenos que confluyen en los territorios y que configuran una verdadera bomba de tiempo. Por ejemplo, la Defensoría del Pueblo habla de tres aspectos determinantes: la recomposición de dominios armados en territorios, que durante décadas estuvieron bajo la influencia de las Farc y que quedaron con un vacío de poder tras la salida de esa guerrilla del escenario de conflicto; la persistencia de otros actores armados que viven de las rentas de las economías legales e ilegales, y los pocos avances —en algunos casos nulos— en la implementación del Acuerdo Final de Paz.

Incluso, varios organismos nacionales e internacionales han documentado la existencia de una concentración geográfica de los homicidios como una muestra clara de que existe una práctica generalizada. En departamentos como Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Nariño, Valle del Cauca y Arauca, donde en el último año ha habido un escalamiento de la violencia, hay una alta concentración de economías ilícitas y las dinámicas del conflicto están transformándose, por eso siguen figurando como los que más casos registran de asesinatos de líderes y defensores de derechos humanos.

Casos puntuales como Ituango, en Antioquia, o Tierralta, en Córdoba, en donde las comunidades han denunciado que grupos paramilitares, asociados con el Clan del Golfo o las Autodefensas Gaitanistas, patrullan las calles de las veredas, decretan toques de queda y imponen normas de convivencia, muestran el nivel de riesgo que deben enfrentar desde los líderes de las juntas de acción comunal hasta aquellos que trabajan en procesos como la reclamación de tierras o la sustitución de cultivos.

Para no ir más lejos, mientras miles de colombianos se manifestaban en las calles de Colombia y el mundo en contra de la violencia, Carlos Alberto Tovar Mosquera, integrante del Comité del Paro Cívico de Buenaventura, permanecía en cuidados intensivos recuperándose de un atentado del que fue víctima la noche del jueves. El líder fue atacado por desconocidos que le dispararon seis veces mientras se encontraba en su vivienda, ubicada en la comuna 12, barrio Nueva Frontera. Son justo este tipo de casos los que hoy justifican el llamado de miles de voces para luchar contra la muerte, la violencia y la impunidad que hoy amenaza a los líderes sociales.

El Espectador