Colombia | La paz en crisis, las FARC también – Por Jerónimo Ríos Sierra

Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

Por Jerónimo Ríos Sierra(*)

Varios dirigentes de las FARC están desaparecidos. Es el caso de Jesús Santrich e Iván Márquez, quienes participaron activamente en las negociaciones por la paz. Las fracturas internas de la antigua organización y las políticas erráticas de la derecha de Duque han comenzado a detonar un proceso que se anhelaba exitoso.

El proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) atraviesa diversas dificultades. La reforma rural integral tiene ante sí la difícil realidad territorial de un Estado que, junto con Venezuela, es el más centralizado del continente en términos de inelasticidad vertical de renta. Por otro lado, algunos estudios de calidad de la democracia o integridad electoral, como el que propone la reconocida politóloga Pippa Norris, muestran que un Acuerdo de Paz no implicaría, de por sí, una mejor democracia.

Asimismo, el fin del conflicto con las FARC parece haber alimentado otras violencias diferentes, de parte de un Ejército de Liberación Nacional (ELN) y un Ejército Popular de Liberación (EPL) que parecen recompuestos y a los que se suman bandas criminales, grupos herederos del paramilitarismo y disidencias emergentes de las mismas FARC. A todo esto, se agrega el problema de las drogas ilícitas, que aún está lejos no solo de resolverse sino incluso de ser abordado integralmente.

En la última década, los cultivos cocaleros se cuadruplicaron y hoy superan las 200.000 hectáreas. Para colmo, la situación actual de la paz y la democracia en Colombia tiene otro punto débil: el vinculado a las víctimas de la violencia. La Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) han sido torpedeadas por el Ejecutivo de Iván Duque, a punto tal que se les ha reducido en 30% el presupuesto para sus labores.

El contexto general indica que el Acuerdo de Paz no atraviesa su mejor momento. Por las dificultades para su implementación hay responsabilidades claras del gobierno de Duque, pero también existen incumplimientos de las antiguas FARC. No obstante, el acuerdo ha tenido unos mínimos de implementación.

Aunque no sin dificultades, el despliegue de acciones para educación, formación para el trabajo, proyectos de emprendimiento individual o subsidios se están desarrollando. Todo parece indicar que los inconvenientes para cumplir con los compromisos adquiridos en noviembre de 2016 no provienen de la antigua base guerrillera sino de la comandancia y los cargos de cierta responsabilidad hacia dentro de la guerrilla.

En parte por responsabilidad del mismo Poder Ejecutivo y en parte por responsabilidad de la antigua guerrilla, las FARC llegaron a la implementación del Acuerdo de Paz con un importante nivel de rupturas internas, producto de las desavenencias acerca de cómo se tenía que llevar a cabo el tránsito a la vida civil. Por un lado, se encontraban las dos figuras más visibles de la negociación, Iván Márquez y Jesús Santrich. Del otro lado se ubicaba la cabeza de la organización, Rodrigo Londoño «Timochenko».

Esta división se proyectaría, por extensión, al resto de la dirigencia de las FARC, tanto del Secretariado como del Estado Mayor Central. A esta fractura en el alto mando habría que añadir la fisura entre los altos mandos y el conjunto de la estructura guerrillera (con la que el uribismo ha reconocido «no tener ningún problema»). A todo esto, se suma la fractura horizontal entre el modus operandi de los bloques tradicionalmente más apegados al negocio cocalero, que son el Bloque Sur y el Bloque Oriental, y aquellos que tuvieron una interpretación «más social y política» del conflicto armado interno colombiano.

Lo cierto es que las desconfianzas entre las FARC y el gobierno han existido siempre. Las FARC no se fiaban del gobierno, en atención a los acuerdos frustrados de La Uribe de 1984, el bombardeo de Casa Verde de 1991 o la más reciente respuesta de la Política de Seguridad Democrática impulsada por Álvaro Uribe durante la década pasada. Lo mismo sucedía con un gobierno que nunca olvidó la instrumentalización de los esfuerzos de paz de Tlaxcala, Caracas o el Caguán, a lo largo de la década de 1990.

Las FARC, tomando como ejemplos los casos del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional en El Salvador o del IRA en Irlanda, nunca se convencieron de cuándo debían dejarse verdaderamente las armas. Es decir, de si debían hacerlo una vez cumplido el Acuerdo de Paz o si, por el contrario, debía ser una condición previa para su implementación.

La posición de poder de las FARC frente a este dilema es unívoca: dada una correlación de fuerzas claramente favorable al Estado, la única posibilidad era entregar las armas y confiar en el voluntarismo del nuevo gobierno que, por plazos, debía suceder al de Juan Manuel Santos. Esto, unido a todo lo expuesto, quizá permita a ayudar a entender la actual situación de paradero desconocido –muy posiblemente Venezuela– de parte de algunos de los hombres más relevantes de las FARC. No solo de los mencionados Márquez y Santrich, sino de otros como «El Paisa» o «Romaña».

Iván Márquez fue la voz dirigente de las FARC durante los cuatro años que duró el proceso de negociación en La Habana. Por su parte, Jesús Santrich fue, a todas luces, la cabeza pensante del acuerdo por parte de las FARC –cuando lo conocí personalmente, junto a Márquez, en marzo de 2017, no me quedó ninguna duda de ello–. Sin embargo, ambos están desaparecidos. El primero ni siquiera tomó posesión como senador, arguyendo la falta de garantías.

Tras varias solicitudes de comparecencia por parte de la JEP, se encuentra fuera de rastro desde abril de 2018. Lo mismo sucedió con Santrich, quien desapareció a inicios de este mes de julio, tras un proceso complejo de acusaciones, detenciones y órdenes de captura que, como a Márquez, lo responsabilizarían de posibles delitos de narcotráfico en connivencia con el cártel de Sinaloa.

En el caso de Santrich, la intromisión de Estados Unidos ha sido, cuanto menos, un factor desestabilizador muy a tener en cuenta. A esto habría que añadir dos posiciones como las de «Romaña» o «El Paisa» quienes, encarnando la posición más beligerante de las FARC-EP y con mayores vínculos con la estructura cocalera, siempre se mostraron díscolos con la implementación del Acuerdo de Paz.

Es cierto que desde el uribismo existe una especial animadversión hacia cierta parte de la comandancia de las FARC y que la implementación del Acuerdo de Paz prometido se encuentra muy lejos de cumplirse. Pero es igualmente verdadero que la actual situación ofrece argumentos idóneos a los saboteadores de la paz que nunca creyeron en el acuerdo y a quienes entienden que cualquier posible proceso futuro con el ELN será más de lo mismo. En todo caso, ha de ser la justicia colombiana y no la estadounidense la que deba esclarecer esta situación de intrincados grises. Pero el acuerdo es claro: habrá responsabilidad penal por todos los delitos (incluido el narcotráfico) a partir del fin definitivo de las hostilidades. Es decir, desde agosto de 2016.

Personalizar las fallas, las dificultades y los aciertos en la implementación del Acuerdo de Paz es un ejercicio tan simple como reduccionista. Esto solo beneficia a quienes olvidan que, tras la paz con las FARC, existen más de 7.000 ex-combatientes y sus familias, millones de víctimas y desparecidos, y la oportunidad de transformar las estructuras institucionales y territoriales de un Estado que también fue parte responsable del conflicto.

(*) Licenciado en Derecho y en Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Madrid y doctor en Ciencia Política por la Universidad Complutense. Publicado en Nueva Sociedad.