El Grupo de Puebla y la catástrofe ambiental de la Amazonia

Declaración Grupo de Puebla | La Amazonia es nuestro futuro común

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El brutal retroceso ambiental que se observa en Brasil con la llegada de Bolsonaro al poder, cuya cara más dramática es la actual devastación de la Amazonia por vastos y criminales incendios, constituyen una agresión innombrable a un patrimonio incalculable de aquel país y su soberanía nacional, así como compromete el futuro de las generaciones jóvenes de brasileiros y no brasileiros

En efecto, antes de llegar al poder, Bolsonaro dio declaraciones demostrando su clara intención de promover retrocesos sustanciales en la agenda ambiental de Brasil. Prometió no dar un “centímetro más de tierra para indígenas y quilombolas” y afirmó que la Amazonía tenia que ser explorada comercialmente con la ayuda de los Estados Unidos

Además, él y su canciller pre-Ilustrado, emulando a la administración Trump, cuestionaron el calentamiento global, a pesar de la sólida evidencia científica disponible, y amenazaron incluso con eliminar a Brasil del Acuerdo de París.

En este sentido, la agenda anti-ambiental del gobierno de Bolsonaro es una clara manifestación de sumisión geopolítica a la agenda regresiva del gobierno de Trump y encarna el evidente deseo de entregar el inmenso patrimonio fitogenético, zoogenético y mineral de Brasil a la búsqueda depredadora de empresas extranjeras, en detrimento del uso soberano y  sustentable de sus vastos recursos ambientales y de los derechos de los pueblos indígenas en la preservación de sus culturas y de la población en general a un medio ambiente equilibrado.

Este anti-ambientalismo pre-científico, irracional y entreguista del gobierno de Bolsonaro se contrapone a los grandes avances civilizatorios realizados en esta área en gobiernos brasileños anteriores, particularmente en los de Lula y Dilma.

En esos gobiernos, con el establecimiento de la Política Nacional sobre Cambio Climático, las áreas de protección ambiental fueron ampliadas considerablemente y los niveles de deforestación se redujeron sustancialmente, especialmente en la Amazonía.

Los resultados fueron dramáticos. En 2012, en el gobierno de Dilma, Brasil tuvo la tasa de deforestación más baja en su historia documentada. La reducción de la deforestación en Brasil alcanzó el 76,27%, en comparación con los niveles practicados hasta principios de este siglo. Como resultado, las emisiones de CO² se desplomaron de 3.453 billones de toneladas en 2004 a 1.368 billones de toneladas en 2015, el último año del gobierno del Partido de los Trabajadores.

Estos avances internos, entre muchos otros, permitieron un cambio notable de posición de Brasil en el escenario internacional. Así, en las Conferencias de la ONU sobre el Cambio Climático (Río + 20 y COP 15), Brasil salió de una posición histórica eminentemente defensiva y llevo en su equipaje propuestas concretas: una Política Nacional sobre Cambio Climático, un Fondo para financiar acciones de mitigación y  adaptación al cambio climático, y  más importante aún, el compromiso de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 36,1% a un 38,9%, junto con el compromiso de reducir la deforestación de la Amazonia en un 80%, una meta que  ya se había sido prácticamente logrado en 2012.

Brasil se convirtió así, de manera coherente con sus intereses nacionales, en uno de los líderes mundiales en la lucha contra el efecto invernadero y los desequilibrios ambientales. Los otros países latinoamericanos también se sumaron a este esfuerzo.

Ahora, bajo el gobierno de Bolsonaro, Brasil se ha convertido en un villano ambiental que atenta a sus propios intereses, su soberanía y los anhelos de la humanidad. De ser una solución, Brasil se convirtió en un gran problema.

La señal de la catástrofe ambiental que se está desarrollando actualmente principalmente en la Amazonía, con un aumento incontrolado del 67% en las áreas quemadas, fue dada por las actitudes hostiles del nuevo gobierno hacia el medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas.

De hecho, en pocos meses, el gobierno de Bolsonaro:

  1. a) debilitó al Ministerio del Medio Ambiente al trasladar la Agencia Nacional del Agua al Ministerio de Desarrollo Regional y el Servicio Forestal de Brasil al Ministerio de Agricultura;
  2. b) anunció la revisión de las 334 Unidades de Conservación brasileñas, amenazándolas de reducción o extinción;
  3. c) coloco un freno en la fiscalización ambiental, lo que provocó una caída del 34% en el número de multas impuestas por IBAMA
  4. d) comenzó el desmantelamiento de la Política Climática, con declaraciones posteriores contra esta política global, incluido el Ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, quien define el tema como “académico” y “no prioritario”;
  5. e) atacó el Fondo Amazonia y sus principales financiadores, como Alemania y Noruega, recurriendo incluso, a acusaciones falsas;
  6. f) atacó y debilitó a los órganos de control ambiental, en particular IBAMA e ICMBio, y cuestionó los datos de monitoreo INPE, lo que resultó en la renuncia de su responsable;
  7. g) trató de vaciar FUNAI cambiando la función de demarcación de tierras indígenas al Ministerio de Agricultura; y
  8. h) se negó a albergar la COP-25.

 

Al contrario de lo que dice el gobierno de Bolsonaro, esta no es una agenda de protección de la soberanía; esto es una agenda para promover la fechoría económica, social y ambiental.

Brasil, que tiene el 20% de la biodiversidad internacional y el 13% del agua dulce del planeta, la mayor potencia ambiental del mundo, quiere preservar y ampliar sus compromisos ambientales, de forma de hacer una contribución decisiva para evitar que el cambio climático llegue al punto de no – retorno, lo que afectará por igual la vida de los brasileños y de los demás pueblos de la tierra.

Bolsonaro y su locura depredadora no representan a Brasil ni a los demás países de América Latina.

En nuestra opinión, la mejor manera de asegurar la soberanía de Brasil, especialmente en la región amazónica, es promover la explotación sustentable de la biodiversidad y los recursos naturales. Nuestra generación y las futuras generaciones obtendrán muchos más ingresos y podrán contar con más y mejores empleos a través de esta estrategia sensata y moderna.

Este es el camino racional, justo y soberano de Brasil, América Latina y el mundo. Los otros países de la cuenca del Amazonas, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana y Surinam, entienden que esta es la forma de cuidar bien este jardín que comparten con Brasil.

Ya el mal camino piromaníaco que propone Bolsonaro significará, para Brasil, aislamiento diplomático, represalias comerciales, pobreza, escasez, sufrimiento para los pueblos originarios y la población más pobre, así como la erosión de su soberanía sobre el Amazonas y sus recursos naturales. Un mal camino que avergüenza a ese país ante el mundo.

Para el planeta, la locura ambiental de Bolsonaro, que miente sobre su respeto a los compromisos asumidos, es una amenaza global que debe ser contenida. Por lo tanto, entendemos las iniciativas para abordar el problema, como la que lleva a cabo el G7.

Bolsonaro no solo está incendiando el Amazonas, sino que está quemando la soberanía de Brasil, la soberanía de los demás países de la cuenca del Amazonas y el futuro de toda la humanidad.

 

 

Fernando Haddad, ex ministro de Educación y ex candidato presidencial, Brasil.

José Luis Rodríguez Zapatero, ex Presidente, España

Rafael Correa, ex Presidente, Ecuador

Cuauhtémoc Cárdenas, ex candidato presidencial y fundador del PRD, México.

Karol Cariola, diputada, Chile.

Leonel Fernández, ex Presidente, República Dominicana.

Julián Andrés Domínguez, ex Diputado y ex Ministro, Argentina.

Miguel Barbosa Huerta, Gobernador de Puebla, México.

José Miguel Insulza, ex Secretario General OEA, actual senador, Chile.

Camilo Lagos, presidente Partido Progresista de Chile.

Guillaume Long, ex Canciller, Ecuador.

Clara López Obregón, ex Ministra del Trabajo y ex Candidata Presidencial, Colombia

Esperanza Martinez, ex Ministra de Salud, actual senadora, Paraguay.

Daniel Martínez Villamil, ex ministro y senador, actual candidato presidencial, Uruguay.

Aloizio Mercadante Oliva, ex ministro de Educación y ex Jefe Gabinete Presidencial, Brasil.

Alejandro Navarro, senador, Chile.

Carlos Ominami, ex ministro de Economía y ex Senador, Chile.

Yeidckol Polevnsky, Presidenta de Morena, México.

Gabriela Rivadeneira, Asambleísta Nacional, Ecuador.

Ernesto Samper, ex Presidente, Colombia.

Felipe Carlos Solá, diputado nacional, Argentina.

Carlos Sotelo García, ex Senador, México.

Jorge Enrique Taiana, ex Canciller, Argentina.

Carlos Alfonso Tomada, ex Ministro del Trabajo, actual Legislador Federal, Argentina.

Beatriz Paredes, senadora, México.

Celso Amorim, ex canciller, Brasil.

Carol Proner, jurista, Brasil.

Marco Enríquez-Ominami, ex Candidato Presidencial, Chile.

Progresivamente


Declaración Grupo de Puebla | A Amazônia é Nosso Futuro Comum

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O brutal retrocesso ambiental que se observa no Brasil com a chegada de Bolsonaro ao poder, cuja face dramática é a atual devastação da Amazônia por vastos e criminosos incêndios, constitui-se em agressão inominável a um patrimônio inestimável daquele país e à sua soberania nacional, bem como compromete o futuro das jovens gerações de brasileiros e não-brasileiros.

Com efeito, mesmo antes de chegar ao poder, Bolsonaro deu declarações demonstrando sua clara intenção de promover retrocessos substanciais na agenda ambiental do Brasil. Prometeu não dar mais um “centímetro de terras para índios e quilombolas” e afirmou que a Amazônia tinha de ser explorada comercialmente, com o auxílio dos EUA.

Ademais, ele e seu chanceler pré-iluminista, emulando o governo Trump, colocaram seguidamente em dúvida o aquecimento global, apesar das sólidas evidências científicas disponíveis, e ameaçaram até retirar o Brasil do Acordo de Paris.

Nesse sentido, a agenda antiambiental do governo Bolsonaro é manifestação clara de submissão geopolítica à agenda regressiva do governo Trump e embute o desejo evidente de entregar o imenso patrimônio fitogenético, zoogenético e mineral do Brasil à sanha predatória de empresas estrangeiras, em detrimento do uso soberano e sustentável de seus vastos recursos ambientais e dos direitos dos povos originários à preservação de suas culturas e da população em geral a um meio ambiente equilibrado.

Esse antiambientalismo pré-científico, irracional e entreguista do governo Bolsonaro contrapõe-se aos grandes avanços civilizatórios feitos nessa área em governos brasileiros anteriores, particularmente os de Lula e Dilma.

Naqueles governos, com o estabelecimento da Política Nacional sobre Mudança de Clima, foram ampliadas consideravelmente as áreas de proteção ambiental e reduzidos substancialmente os níveis de desmatamento, especialmente na Amazônia.

Os resultados foram dramáticos. Em 2012, no governo Dilma, o Brasil teve o menor índice de desmatamento de sua história documentada. A redução do desmatamento no Brasil chegou a 76,27%, em relação aos níveis praticados até o início deste século. Em consequência, as emissões de CO² despencaram de 3,453 bilhões de toneladas, em 2004, para 1,368 bilhão de toneladas, em 2015, último ano do governo do Partido dos Trabalhadores.

Esses avanços internos, entre muitos outros, permitiram uma notável mudança de posição do Brasil no cenário internacional. Dessa forma, nas Conferências da ONU sobre Mudanças Climáticas (Rio +20 e COP 15), o Brasil saiu de uma posição histórica eminentemente defensiva e levou na bagagem propostas concretas: uma Política Nacional sobre Mudança do Clima, um Fundo para financiar ações de mitigação e adaptação às mudanças climáticas, e, mais importante ainda, o compromisso de redução de 36,1% a 38,9% das emissões de gases de efeito-estufa, juntamente com o compromisso de reduzir o desmatamento da Amazônia em 80%, meta que já havia sido praticamente alcançada em 2012.

O Brasil tornou-se, assim, de forma consentânea aos seus interesses nacionais, um dos líderes globais na luta contra o efeito-estufa e os desequilíbrios ambientais. Os demais países da América Latina, também se somaram a esse esforço.

Agora, no governo Bolsonaro, o Brasil tornou-se vilão ambiental que atenta contra seus próprios interesses, sua soberania e contra os anseios da humanidade. De solução, o Brasil virou um grande problema.

A senha para a catástrofe ambiental que hoje se desenvolve principalmente na Amazônia, com aumento descontrolado de 67% nas áreas incendiadas, foi dada pelas atitudes hostis do novo governo, em relação ao meio ambiente e aos direitos dos povos originários.

Com efeito, em poucos meses, o governo Bolsonaro:

  1. enfraqueceu o Ministério do Meio Ambiente, deslocando a Agência Nacional de Águas para o Ministério do Desenvolvimento Regional e o Serviço Florestal Brasileiro para o Ministério da Agricultura;
  2. anunciou a revisão de todas 334 Unidades de Conservação brasileiras, ameaçando-as de redução ou extinção;
  3. colocou um freio na fiscalização ambiental, o que provocou uma queda de 34% no número de multas aplicadas pelo Ibama;
  4. iniciou o desmantelamento da Política Climática, com seguidas declarações contra essa política global, inclusive do Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que define o tema como “acadêmico” e “não prioritário”;
  5. atacou o Fundo Amazônia e seus principais financiadores, como Alemanha e Noruega, recorrendo, inclusive, a acusações falsas;
  6. atacou e enfraqueceu os órgãos de controle ambiental, em especial o Ibama e o ICMBio, bem como questionou os dados de monitoramento do INPE, o que resultou na demissão de seu responsável;
  7. tentou esvaziar a Funai, deslocando a função de demarcar terras indígenas para o Ministério da Agricultura; e
  8. recusou-se a sediar a COP-25.

Ao contrário do que diz o governo de Bolsonaro, isso não é uma agenda de proteção da soberania; isso é uma agenda de promoção de vilania econômica, social e ambiental.

O Brasil, que tem 20% da biodiversidade internacional e 13% da água doce do planeta, a maior potência ambiental do mundo, deseja preservar e ampliar seus compromissos ambientais, de forma a contribuir decisivamente para impedir que as mudanças climáticas cheguem ao ponto de não-retorno, o que afetará, por igual, a vida dos brasileiros e dos demais povos da Terra.

Bolsonaro e sua loucura predatória não representam o Brasil e os demais países da América Latina.

Em nosso entendimento, a melhor forma de assegurar a soberania do Brasil, especialmente na região amazônica, é promover a exploração sustentável da biodiversidade e dos recursos naturais. Nossa geração e as futuras gerações auferirão de muito mais renda e poderão contar com mais e melhores empregos, mediante essa estratégia sensata e moderna.

Esse é caminho racional, justo e soberano do Brasil, da América Latina e do mundo. Os demais países da Bacia Amazônica, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana e Suriname, entendem que esse é o caminho para cuidar bem desse jardim que compartilham com o Brasil.

Já o descaminho piromaníaco que Bolsonaro propõe significará, para o Brasil, isolamento diplomático, retaliações comerciais, pobreza, escassez, sofrimento para os povos originários e para a população mais pobre, bem como erosão da sua soberania sobre a Amazônia e seus recursos naturais. Um descaminho que envergonha aquele país perante o mundo.

Para o planeta, a insanidade ambiental de Bolsonaro, que mente sobre seu respeito aos compromissos assumidos, é uma ameaça global que precisa ser contida. Compreende-se, portanto, as iniciativas de tratar o tema, como a realizada pelo G7.

Bolsonaro não está apenas colocando fogo na Amazônia, está queimando a soberania do Brasil, a soberania dos demais países da Bacia Amazônica e o futuro de toda a humanidade.

Fernando Haddad, ex ministro de Educación y ex candidato presidencial, Brasil.

José Luis Rodríguez Zapatero, ex Presidente, España

Rafael Correa, ex Presidente, Ecuador

Cuauhtémoc Cárdenas, ex candidato presidencial y fundador del PRD, México.

Karol Cariola, diputada, Chile.

Leonel Fernández, ex Presidente, República Dominicana.

Julián Andrés Domínguez, ex Diputado y ex Ministro, Argentina.

Miguel Barbosa Huerta, Gobernador de Puebla, México.

José Miguel Insulza, ex Secretario General OEA, actual senador, Chile.

Camilo Lagos, presidente Partido Progresista de Chile.

Guillaume Long, ex Canciller, Ecuador.

Clara López Obregón, ex Ministra del Trabajo y ex Candidata Presidencial, Colombia

Esperanza Martinez, ex Ministra de Salud, actual senadora, Paraguay.

Daniel Martínez Villamil, ex ministro y senador, actual candidato presidencial, Uruguay.

Aloizio Mercadante Oliva, ex ministro de Educación y ex Jefe Gabinete Presidencial, Brasil.

Alejandro Navarro, senador, Chile.

Carlos Ominami, ex ministro de Economía y ex Senador, Chile.

Yeidckol Polevnsky, Presidenta de Morena, México.

Gabriela Rivadeneira, Asambleísta Nacional, Ecuador.

Ernesto Samper, ex Presidente, Colombia.

Felipe Carlos Solá, diputado nacional, Argentina.

Carlos Sotelo García, ex Senador, México.

Jorge Enrique Taiana, ex Canciller, Argentina.

Carlos Alfonso Tomada, ex Ministro del Trabajo, actual Legislador Federal, Argentina.

Beatriz Paredes, senadora, México.

Marco Enríquez-Ominami, ex Candidato Presidencial, Chile.

Celso Amorim, ex canciller, Brasil.

Carol Proner, jurista, Brasil.

Progresivamente