Guatemala: Comisión anticorrupción CICIG se despide y advierte que el país sigue siendo un “Estado capturado”

Cicig se despide y advierte que Guatemala sigue siendo un “Estado capturado”

La comisión auspiciada por la ONU presentó su última actividad en el país en el lugar que fue su sede durante 12 años, la casa que albergó a Iván Velásquez será demolida.

A menos de una semana de retirarse del país y dar por concluido su trabajo, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig)advirtió este miércoles que el país centroamericano sigue siendo “un estado capturado” donde los grupos de poder buscan perpetuar el “statu quo” y la “impunidad”.

Mientras personal de mantenimiento y de la Comisión sacaba decenas de cajas , cartones y papeles de la que fue la sede de la Cicig durante los últimos 12 años, una casa que será demolida y en la que construirán un centro comercial, el ente auspiciado por la ONU presentaba su última actividad, el informe: “Guatemala: un Estado capturado”.

Este documento, que tiene por objetivo ofrecer una “interpretación analítica” de la “captura y cooptación del Estado” de estos cuerpos que actúan como “redes político-económicas ilícitas”, explica cómo estas estructuras se han “multiplicado y diversificado en el último cuarto de siglo”.

Así lo recordó mediante una videoconferencia el jefe de la Cicig, el abogado colombiano Iván Velásquez, quien hizo un breve repaso por la actividad desarrollada junto al Ministerio Público y en especial con el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval, uno de los “pilares fundamentales” y un “referente de ética” para el país.

La salida de la Comisión, prevista oficialmente para el próximo 3 de septiembre pero que se ha ido produciendo paulatinamente a lo largo de las últimas semanas, es para Velásquez consecuencia de los casos desarticulados en los últimos años, que evidenciaron “cuál era la raíz del problema del país”.

Y han sido los que tienen “en su poder al Estado” los que han hecho todo lo posible para lograr la salida de la Cicig, que se produce después de que el presidente Jimmy Morales, que ya el año pasado prohibió la entrada en Guatemala de Velásquez, decidiera no renovar su mandato por considerarlo un peligro para la seguridad nacional.

Como dice el informe, conforme avanzaban las investigaciones a lo largo de los años, donde se confirmaban los vínculos de ese tipo de estructuras con los “núcleos de poder político, económico y social del país”, estos optaron por “pactar con cualquier actor que les garantizara impunidad”, incluyendo grupos criminales.

Esto se tradujo en una “intensa campaña en contra de la Cicig, financiada por grupos de poder, que incluyó el pago de servicios de lobby en el extranjero, campañas de comunicación y desprestigio, y el intento de sabotear y detener las investigaciones”.

En este sentido, el informe denuncia que “altos funcionarios de los organismos Ejecutivo y Legislativo” formaron parte de esta “coalición mafiosa” y participaron “activamente” en las acciones en contra de la Cicig con el fin de “sacrificar el presente y el futuro de Guatemala para garantizarse impunidad”.

Estas estructuras, según explicó el consultor Ricardo Sáenz, son “dinámicas y flexibles, se adaptan a nuevos entornos legales y políticos, y aunque en condiciones normales tienden a competir entre ellas, frente a las acciones del Ministerio Público y de la Comisión ha tendido a coordinarse y coaligarse para detener los avances de las investigaciones y restituir el statu quo”.

Y es así como a pesar de que conservan su “composición estructural fundamental” se han “complejizado”, integrando nuevos actores y ocupando y disputando “posiciones estratégicas en el Estado” distorsionando “la institucionalidad democrática a su favor”, moldeando el sistema político y diseñando mecanismos para ocupar posiciones de poder.

Actualmente, explicó, están en la mayoría de entidades públicas del Estado y han tenido un papel fundamental en la vida política del país, pues las investigaciones demostraron que los resultados electorales de 2011 y 2015, donde ganó el expresidente Otto Pérez Molina y el actual, Jimmy Morales, fueron “moldeados” por la financiación electoral ilícita de estas redes.

Un dinero que también salpicó a partidos de la oposición, como el de la ex primera dama Sandra Torres (Unidad Nacional de la Esperanza), y que es una muestra más de la “generalización de la corrupción y la impunidad”.

Ante esta situación, el informe recuerda que “Guatemala se encuentra hoy en una encrucijada”, en la que la coalición formada a favor de la impunidad y del statu quo “pretende detener las dinámicas de cambio” y mantener “la pobreza, la desigualdad y la exclusión, el secuestro de la institucionalidad democrática, el predominio de algunos grupos privilegiados y el saqueo de los recursos públicos”.

Pero el abogado colombiano, que asumió la dirección de la Comisión en 2013, prometió seguir apoyando a los guatemaltecos “en la medida” de sus posibilidades y pidió a todos los sectores “unidad” para seguir trabajando por la transformación del país, que empezó en 2015, que tiene que “rescatarse” y que “fortalecerse”.

En este mismo sentido se pronunció el portavoz de la Cicig, Matías Ponce, quien dijo que la sociedad debe cuidar de todas esas personas que han luchado contra la corrupción durante los últimos años y agregó que este informe muestra la “raíz” de la corrupción en el país.

En ese combate, dijo, es importante que se continúe, de parte de la sociedad civil y de los medios de comunicación independientes, para acabar, sino se puede con la impunidad de la justicia, con la “impunidad social”.

Prensa Libre


Jimmy Morales pide a la CC que haga su trabajo y no ocupar su tiempo en resolver “tonteras”

El presidente de la República, Jimmy Morales, instó este miércoles 28 de agosto a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) a no dar trámite a las “tonteras” que se presentan porque le hacen un daño sin precedentes a la justicia y reafirmó que la decisión de no renovar el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig) está tomada.

“Nosotros queremos que la CC haga su trabajo y que los que estén utilizando la figura del amparo como un pretexto político e ilegal reciban la respuesta que deben recibir”, comentó el mandatario cuando hacía un recorrido por los pasillos del Palacio Nacional de la Cultura.

Morales fue consultado sobre la decisión del máximo tribunal del país de no otorgar un amparo solicitado por cuatro personas para impedir la salida, el próximo 3 de septiembre, de la Cicig de Guatemala.

“Esto está decidido. No renovar el mandato desde que se planteó”, respondió el mandatario al indicar que la acción de amparo ante la CC fue presentada “por gente que quiere un poco de protagonismo”.

El presidente dijo que a este tipo de amparo la CC “ni siquiera les debe de dar trámite porque se gastan los recursos de los guatemaltecos”.

“¿Cuánto vale el tiempo de un magistrado?”, preguntó y enseguida respondió:”Carísimo y dejemos solo lo monetario. Ellos tienen temas importantes que tratar. Mientras más tiempo ocupen los magistrados para resolver tonteras que presentan, lo que están haciendo es un daño sin precedentes a la justicia, a la soberanía guatemalteca y a la sociedad”, aseguró.

Morales también cuestionó por qué la Corte no resuelve el caso de la Mina San Rafael, que lleva varios años, que no solo representan 1 mil millones de dólares de capital extranjero, sino también generación de empleo directo, indirecto y pago de tributos.
“Dejen de hacer eso, pónganse a trabajar las instituciones que quieren a Guatemala”, instó.

No otorgó amparo

El pleno del máximo tribunal del país informó el martes pasado en un breve comunicado, que resolvió “no otorgar el amparo provisional” solicitado por Álvaro Montenegro, Edie Cux, Pamela Saravia y Elvyn Díaz el pasado 21 de agosto “con el objetivo de que el mandato de la Cicig no termine” en la fecha prevista.

La decisión fue “unánime” pero se desconocen los motivos que llevaron a la CC a no otorgar de forma provisional este recurso, en el que se denunciaba un supuesto conflicto de intereses del presidente Morales en su afán de finalizar el mandato del ente auspiciado por la ONU.

En septiembre de 2018, rodeado de militares, Morales anunció que la Cicig no iba a continuar por haber extralimitado en sus funciones.

Prensa Libre


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