Honduras: multitudinaria protesta pide la renuncia de Hernández por vínculos con el narco

En gigantesca protesta, hondureños exigen la salida de Hernández por vínculos con el narco

Mediante una multitudinaria protesta los hondureños exigieron este martes la salida del poder del gobernante, Juan Hernández, luego que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, lo identificara como co-conspirador del narcotráfico y de recibir $ 1.5 millones de dinero de la droga para su campaña política en el 2013.

A la masiva protesta, que fue convocada por la Plataforma para la Defensa de la Salud y Educación, se sumaron estudiantes, obreros, dirigentes comunales, sociales y militantes y autoridades de los partidos políticos de oposición.

En esta oportunidad la famosa frase “fuera JOH”, que han acuñado los hondureños para exigir la salida de Juan Orlando Hernández (JOH) fue cambiada por “fuera co-conspirador 4” (CC-4) nombre con el que el gobernante hondureño ha sido identificado por la Fiscalía de Nueva York, en el expediente de su hermano, Juan Antonio “Tony” Hernández, acusado por cargos de narcotráfico.

Las acciones de protestas se realizaron de manera simultánea en otras ciudades del país, pero la más apoteósica fue la Tegucigalpa, que salió desde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) hasta el centro de Tegucigalpa.

“Más medicinas, menos cocaína”, coreaban los manifestantes mientras caminaban por las calles y el bullicio de pitos y bubuzelas se apoderaba de la protesta a la que asistió Luis García, un docente que se trasladó desde la ciudad de Nacaome, zona sur y que dijo que Hernández ya debe entender que debe dejar el cargo porque así se lo está pidiendo el pueblo que, como él, se ha movilizado a las calles.

El mentor portaba en su manos una bandera con la leyenda de “fuera JOH” con manchas de sangre, que según él, “representa la peregrinación del pueblo que se está manifestando por dos cosas: una por demandar en la calle la salud y la educación pública y la otra por el gran latrocinio de quienes están destruyendo económica, social y culturalmente a nuestro territorio nacional, a toda la población hondureña”.

Mientras Luis avanzaba a peso lento, cientos de ciudadanos hacían el mismo recorrido y la misma exigencia: exigir la salida de Hernández, porque además de ser señalado por narcotráfico en los Estados Unidos, localmente ha sido denunciado de participar, junto a su núcleo familiar, en el saqueo de varias instituciones del Estado para financiar sus campañas políticas y uso particular.

En junio de 2015, mientras la población exigía en las calles la instalación de una misión internacional anticorrupción, Hernández confesó que su campaña política de 2013 recibió fondos de las empresas que participaron en el latrocinio al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

Ante la presión popular, el gobernante pactó con la Organización de Estados Americanos (OEA) la instalación de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) que entró en operaciones en abril del 2016. La semana pasada la misión pidió el aseguramiento definitivo de propiedades y empresas que participaron en un saqueo a la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y que se conoce como “Caso Pandora”. En este acto de corrupción se implicó a Ana Rosalinda García Carías, esposa del gobernante, como socia de una de las empresas que participaron en el robo de fondos públicos.

La primera dama y otros miembros de la familia presidencial están vinculados a las organizaciones sin fines de lucro FUNDEIH y FUNDEIMH, desde donde se ha drenado fondos del Estado mediante programas de asistencia social.

“El hecho que la gente esté en las calles, es que realmente esta situación se ha vuelto totalmente insoportable para la mayor parte de los hondureños”, dijo el economista Hugo Noé Pino, una de las tantas personas que andaba en la protesta.

El académico y expresidente del Banco Central de Honduras, manifestó que es importante aclarar que no se trata de acusaciones de un narcotraficante, sino que quien señaló la implicación de Hernández en el narcotráfico, fue el fiscal de Nueva York con base a documentos presentados en el juicio de Tony Hernández.

“Definitivamente, creo que este es el momento que se le deje de hacer daño a Honduras a la economía, a la democracia, a todos los hondureños y Juan Orlando Hernández se haga a un lado”: Hugo Noé Pino, expresidente del Banco Central de Honduras.

El involucramiento de Hernández en actos de corrupción y narcotráfico, ha logrado que los movimientos sociales y partidos políticos de oposición, converjan en las calles para exigir su salida.

La gobernabilidad en Honduras pende constantemente de un hilo, ya que cada vez que a Hernández se le imputan cargos, la ciudadanía sale a las calles. Para Salvador Nasralla, excandidato de la Alianza de Oposición Contra la Dictadura, lo que se está pidiendo en las calles no es la renuncia del gobernante, sino que su captura por estar involucrado en el narcotráfico y en actos de corrupción.

Nasralla dice que Hernández no puede renunciar porque está usurpando el cargo que a él le corresponde, de acuerdo a los resultados de las elecciones de 2017. Hernández, que se postuló ilegalmente a la reelección porque la Constitución lo prohíbe, logró imponerse en un segundo mandato mediante un fraude electoral.

El excandidato de la Alianza de Oposición Contra la Dictadura, quien participó ayer en la movilización, manifestó que es imperativo que “el crimen organizado abandone el poder y que ya dejen de pasar 80 toneladas de cocaína al mes por Honduras”.

La protesta concluyó en el centro de Tegucigalpa, donde en horas del mediodía se registró el incendio de tres tiendas. El hecho se produjo mientras los manifestantes eran reprimidos por miembros de la Policía Nacional, que lanzaban bombas lacrimógenas a discreción.

Criterio


Informe de inteligencia militar, revela reuniones de actual canciller Lisandro Rosales y Pepe Lobo con narcotraficantes extraditados

En las últimas horas Radio Progreso ha tenido acceso a documentos oficiales, que revela la participación del reciente nombrado Canciller de la República Lisandro Rosales y el ex presidente de la República (2010-2014), Porfirio Lobo Sosa con narcotraficantes acusados y condenados en cortes estadounidenses.

Un informe emitido por parte de la Inteligencia de la Fuerza Naval, el 12 de abril de 2010, reporta a las autoridades del Estado Mayor Conjunto, una serie de reuniones entre Fabio Lobo, Porfirio Lobo, Javier Rivera Maradiaga, Tony Hernández y Lisandro Rosales, quienes discutían temas relacionados con negocios, aspectos jurídicos, seguridad militar, policial, operación y funcionamiento de radares aeronáuticos.

El informe fue emitido por parte de elementos militares asignados a la seguridad de Fabio Lobo y familia, quienes detallaron todas las reuniones que Lobo tuvo con diversas personalidades: políticas, militares y líderes de organizaciones criminales.

El documento fue entregado el 12 de abril a las 10:30 de la mañana a la oficina del jefe del Departamento de Inteligencia Naval, capitán de Navío Mauricio Alemán Quiroz. El escrito expresa lo siguiente en relación a la reunión desarrollada entre el actual canciller Lisandro Rosales con Lobo y Rivera Maradiaga:

“El 7 de abril del 2010, se reunió el abogado Fabio Lobo con el señor comisionado general de COPECO, licenciado Lisandro Rosales y el señor Javier Rivera en compañía de tres personas de su círculo social, en su casa de habitación del señor Lisandro Rosales, en la residencial Altos de El Trapiche de esta ciudad (Tegucigalpa), obteniendo información relacionada a documentación de contratos laborales y legales, sobre la creación de empresas”.

El informe no solo detalló la reunión de Rosales con el señor Fabio Lobo, sino también otra serie de encuentros entre Lobo y otras personalidades del gobierno de turno, que en ese momento era dirigido por Porfirio Lobo Sosa.

“El 6 de marzo de 2010, se reunió el abogado Fabio Lobo con el señor Antonio Hernández en la casa de habitación de dicho ciudadano, en el sector de la ciudad de Tegucigalpa, obteniendo de ellos información principal sobre la elaboración de documentos y contratos legales para terceras personas”, señala parte del informe.

El exdiputado Tony Hernández, hermano de Juan Orlando Hernández, actualmente es acusado en una Corte norteamericana por el delito de narcotráfico a gran escala, siendo considerado por la justicia de Estados Unidos, como un referente del crimen organizado en la región, quien utilizó poder e influencia política para traficar droga hacia ese país.

Por otra parte, el informe detalla que el expresidente Porfirio Lobo también tuvo encuentros personales con líderes de la organización criminal “Los Cachiros”: “El 24 de marzo de 2010, asistió el abogado Fabio Lobo a una reunión en casa de habitación del señor presidente de la república, licenciado Porfirio Lobo Sosa, ubicada en el sector de “El Chimbo”, de esta ciudad en compañía del señor Javier Rivera y cuatro personas de su círculo sociopolítico, por un espacio aproximado de cuatro horas. Cabe mencionar que en dicha reunión no se obtuvo información ya que fue negada mi entrada al interior de la vivienda del mandatario por parte de la seguridad de la Guardia de Honor Presidencial”, describe uno de los militares que elaboró el informe.

Según el documento, Fabio Lobo también sostuvo reuniones con las autoridades del gobierno de turno, entre ellos el jefe del Estado Mayor Presidencial, coronel de Infantería, René Osorio Canales y el subjefe del Estado Mayor, capitán de navío Cristóbal Romero Burgos en la oficina de la comandancia general con sede en la casa presidencial de Tegucigalpa.

El documento cierra con una observación que expresa: “Hago de su conocimiento que el dignatario presidencial asignado a mi responsabilidad, continuamente establece comunicación vía telefónica con grupos de personas relacionadas con aspectos netamente jurídicos, de seguridad militar y policial, operación y funcionamiento de un radar aeronáutico, utilizando para dichas personas indicativos personales, los cuales detallo a continuación:

El hombre

Comando

El Toro

Chuy

Oscarito

Mandadito

En el 2010, año de la emisión del informe, fungía como presidente Porfirio Lobo Sosa, quien juramentó a finales de enero de ese año, al señor Óscar Álvarez como ministro de seguridad, a Armando Calidonio como viceministro y como presidente del Congreso Nacional a Juan Orlando Hernández.

Ninguno de los dos acusados por narcotráfico, Fabio Lobo y Javier Rivera, tenía un proceso investigativo en Honduras. Sus casos se conocieron cuando Estados Unidos los solicitó en extradición por el tráfico de drogas.

Radio Progreso


JOH contrata lujoso bufete que lo representaría en EEUU por narco y lo ayudaría a huir de Honduras

El jefe del régimen nacionalista de Juan Orlando Hernández se está preparando de manera silenciosa para afrontar su futuro legal como acusado por sus nexos con la delincuencia organizada y ha recurrido a los servicios de una afamada firma legal británica que lo representará en caso de que fuese pedido en extradición por la justicia de EE.UU.

Hernández decidió no contratar a abogados como Manuel Retureta, quien defendió brevemente a su hermano, sino al bufete Mishcon de Reya LLP, reconocida por abordar casos de celebridades o ventilar asuntos como el divorcio de la fallecida princesa Diana de Gales, y forma parte del selecto club de firmas más conocida en el Reino Unido como el círculo de plata.

En otras palabras, esta oficina -con presencia en Londes, Moscú y Nueva York- sólo atiende a clientes de alto perfil y con una enorme y vasta capacidad económica; de hecho, el Ejecutivo hondureño ha confiado en el bufete para abordar asuntos legales en el extranjero. Mishcon de Reya es quien responde por cualquier asunto relacionado con Hernández y su administración respecto a asuntos de cualquier índole, en especial, las acusaciones por corrupción y narcotráfico.

Una carta enviada por el bufete a Univisión en respuesta a las acusaciones en su contra, indica que «el presidente está a la vanguardia de la lucha contra la corrupción», por lo que sale a la luz la existencia de esa oficina que fue fundada en 1937 por Victor Mishcon y Bartletts de Reya. ConfidencialHN halló que este consorcio está especializado en «asesorias» respecto al blanqueo de capitales.

«Nuestro equipo de especialistas brinda asesoramiento sobre las regulaciones sobre lavado de dinero a todos los sectores regulados, incluidas las instituciones financieras, las apuestas y los juegos, los servicios profesionales legales y contables… Nuestros abogados reguladores asesoran sobre los sistemas y controles que las empresas deben adoptar para cumplir con sus obligaciones contra el lavado», especifica su portal web.

Asimismo, Hernández fijó su mirada en el aclamado bufete ante un inminente requerimiento de la justicia estadounidense, pues la empresa legal se ha especializado en la prevención de la extradición y que suele tener buenos resultados. «Nuestro equipo de expertos en extradición se especializa en lidiar con los riesgos que enfrentan las personas de alto perfil. En particular, gran parte de nuestra práctica se basa en defender solicitudes de extradición motivadas políticamente y responder a campañas más amplias de persecución. Dichas campañas a menudo también pueden implicar intentos de generar presión psicológica, financiera o de reputación sobre las personas solicitadas y sus familias», según indica en su perfil la litigante Victoria Pigott.

«Nuestro equipo tiene una compleja comprensión del significado de la persecución política. Reconocemos que las incursiones corporativas patrocinadas por el Estado suelen ser el catalizador de las solicitudes de extradición y que el cambio gubernamental puede conllevar a las personas a caer en desgracia ante un Estado solicitante sin ser declarados culpables», refiere la letrada.

El ocupante del palacio José Cecilio del Valle confía en los servicios de Mishcon de Reya porque ofrecen una «estrategia integral antes de que se realice una solicitud de extradición y para preparar una defensa sólida una vez que llegue la solicitud». «Tenemos experiencia en la eliminación de las alertas rojas de Interpol y trabajamos en estrecha colaboración con nuestros colegas del Grupo de Inmigración para desplegar las solicitudes de asilo político cuando corresponda».

Es decir que Hernández ya se está preparando para un posible plan B y C que lo ayudaría a eludir un pedido de extradición de la justicia de EE.UU. ya que los asesores del bufete británico le brindarían todo un soporte legal para blindarse de los requerimientos que efectuara el tribunal federal de Nueva York en el contexto del juicio que se realizará en octubre próximo. El jefe del régimen podría anticiparse a los acontecimientos mediante una petición de asilo en cualquier país del mundo, en especial, aquellos que no tengan un tratado de extradición con Washington y sus aliados políticos de derecha que pudieran tener una política exterior independiente a los lineamientos de la Casa Blanca.

Por tanto, Hernández podría dar por descartado un posible asilo en Israel y Taiwán, ambos aliados incodicionales de EE.UU. porque lo entregarían para llevar la fiesta en paz con su principal benefactor y protector; no obstante, su opción sería Francia por varias razones: la embajadora en París, Ivonne Bonilla, fue su esposa y lo resguardaría ante cualquier solicitud judicial que se llegara a formular a futuro; el hecho de que se instalara en la capital francesa, podría pasar de bajo perfil y huir hacia cualquier país de la Unión Europea que no tenga un tratado de extradición.

No resulta extraño el movimiento de embajadores que realizó en fecha reciente el nuevo secretario de Relaciones Exteriores Lisandro Rosales, que alcanzó a Bonilla -quien sirvió en la embajada en Buenos Aires- al ser colocada en la representación en París, por lo que configuró una suerte de ruta de las ratas (creada por los nazis para huir de Alemania tras la caída de Berlín) que podría facilitar a Hernández una salida cómoda en caso de que las protestas contra su régimen alcanzaran el éxito deseado. En esa línea se vería beneficiada su esposa Ana Rosalinda García Carías -sindicada por corrupción y blanqueo-, parte de su entorno familiar y algunos funcionarios de extrema confianza que serían útiles a JOH desde su dorado exilio.

Desde luego, los asesores de Mishcon de Reya especializados en el tema, le ofrecerían una baraja de opciones a Hernández a modo de esquivar alguna requisición del Departamento de Justicia de EE.UU. ya que están basados en la defensa de quienes son pedidos bajo la denominada euroorden u Orden Europea de Detención y aquellos Estados que mantienen en sus legislaciones la figura de la extradición.

«Nuestra especial experiencia en el aprovechamiento de las leyes europeas de derechos humanos nos permite bloquear los intentos de extraditar clientes a muchas jurisdicciones… Podemos utilizar nuestra red internacional de expertos políticos de confianza y abogados locales para ayudarnos cuando sea necesario», informa el famoso bufete.

Uno de los escenarios (Hernández en París) es muy posible, en términos de previsión de los hechos que podrían acaecer en el cortísimo plazo, ya Mishcon de Reya recurría a las legislación europea de asilo, Derecho Internacional Humanitario y aquellas normas que proporcionen los espacios jurisdiccionales para refugiarse.

Por tanto, el cuestionado ocupante de Casa Presidencial pasaría a formar parte de la lista de presidentes y dictadores que recurrieron al sistema legal para no ser apresados, tal como ocurrió el fallecido tirano haitiano Jean-Claude Duvalier, quien se enquistó en la capital francesa por más de 30 años hasta que decidió volver a su país cuando prescribieron los delitos de corrupción que había cometido.

¿POR QUÉ HUIRÍA JOH DE HONDURAS? Las acusaciones contra Juan Orlando Hernández van desde el saqueo al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), pasando por el apropiamiento del denominado Fondo Departamental -para controlar voluntades leales y críticas a su gestión- hasta probados nexos con la delincuencia organizada y narcotráfico que le han valido un creciente repudio popular durante los últimos años y la actual coyuntura podría dar una estocada final que lo echaría del palacio José Cecilio del Valle para ser sometido a la justicia.

Cabe rememorar que Hernández cuenta con un amplísimo prontuario de acciones que colindan con la delincuencia, según amplísimas investigaciones efectuadas por los equipos de investigación de Radio Globo y ConfidencialHN, entre ellas, blanqueo de capitales por hasta unos cuatro mil millones de lempiras procedentes de actos de corrupción y recepción de dinero del narcotráfico.

Asimismo, muchas de las indagaciones, de las cuales han hecho acopio medios internacionales como Univisión, New York Times y The Washington Post, apuntan a JOH como parte de una estructura criminal que tomó por asalto el Estado de Honduras que, en el mejor de los casos, sería el principal cabecilla; sin embargo, al tener un control efectivo sobre la justicia ha bloqueado cualquier intento de ser perseguido penalmente, ya que operó para colocar a Óscar Chinchilla como fiscal general y Rolando Argueta y varios magistrados en el Poder Judicial, que tienen fuertes compromisos con la impunidad y el crimen.

El denominado gobernante también ha sabido aplacar la ira popular al saber controlar a gran parte de los medios de comunicación, reprimir a los críticos a su controvertida administración y apresar a los que lo han confrontado -mediante pruebas sólidas- por sus actos reñidos con la ley. Sin embargo, la publicación de investigaciones -que fueron inspiradas en las hechas por Radio Globo y ConfidencialHN– han provocado la ruptura del cerco mediático implantado por Hernández a punta de cheques y multimillonaria pauta oficial y la prensa se ha visto obligada -algunas con posturas frontales y otras de manera disimulada a reproducir cables internacionales o redactar y manipular información a modo de no verse comprometidos con sus intereses económicos con el régimen de turno.

Los reportajes de investigación de Univisión, basados en indagaciones de la Unidad Fiscal Contra la Impunidad y Corrupción (UFECIC), desataron la ira de JOH que acusó a la cadena que opera desde Miami de ser utilizada por actores de oposición para desprestigiarlo y avisó de una conspiración del crimen para, según él, tumbarlo del gobierno.

Una de las aristas abordadas por periodistas del influyente medio estadounidense radica en la masiva corrupción del Fondo Departamental, creado en 2006 para que los 128 congresistas llevaran asistencia a sus comunidades azotadas por la pobreza y miseria, pero que Hernández, en la oscuridad de la noche y aupado por 71 diputados, se lo llevó para el Ejecutivo a fin de cooptar, controlar y beneficiar a los que estuvieran a favor de sus agresivas políticas a su primer mandato ocurrido entre 2014 y 2018.

El hecho de que la UFECIC pudiera operar, con cierta autonomía y con muchas críticas, propinó en enero de 2018 junto a la MACCIH un fuerte golpe al clan Hernández Alvarado-García Carías, al allanar oficinas y secuestrar documentación, cuyos resultados apuntan contra algunos de sus seres queridos, en particular, contra Ana Rosalinda -su esposa- y Carlota Lotti Carías, madre de la denominada primera dama, extremo que provocó fricciones entre JOH y el entonces jefe anticorrupción Juan Jiménez Mayor, cuyo pecado fue tomarse muy en serio su mandato como jefe de la misión anticorrupción de la OEA para Honduras, que culminó con la salida de este del organismo supranacional al denunciar un pacto de impunidad entre el gobernante y el secretario general Luis Almagro.

Sin embargo, el pronturario de Hernández supera los niveles de corrupción y delincuencia organizada que ha sorprendido y molestado a los actores políticos y sociales que están exigiendo su salida. Por tanto, el número uno del Ejecutivo está orquestando un silencioso plan para huir del país. En esta trama, la firma legal Mishcon de Reya jugará un papel clave para que el cuestionado personaje pueda disfrutar de sus recursos obtenidos en tiempo récord y sólo es cuestión de tiempo que los hechos se den o tengan dramáticos finales.

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