Juristas, abogados y exministros de justicia internacionales piden la libertad de Lula

Lula no fue juzgado, fue víctima de una persecución política

En el siguiente texto, publicado originalmente en Folha de São Paulo ayer, domingo 11, abogados y jueces de varios países (dos mexicanos entre ellos) protestan por las irregularidades cometidas en el juicio al expresidente brasileño Lula da Silva y demandan su liberación. Este texto se reproducirá durante esta semana en Proceso, la revista francesa Le Nouvel Observateur, El Diario de España, y otros medios.

Nosotros, abogados, juristas, exministros de justicia y exmiembros de Cortes Superiores de Justicia de varios países, queremos llamar a la reflexión a los jueces del Tribunal Supremo brasileño y, en general, a la opinión pública internacional, sobre el proceso iniciado contra Lula.

Las recientes revelaciones del periodista Glenn Greenwald y su equipo en el sitio web de noticias The Intercept, en colaboración con los periódicos Folha de São Paulo y El País, la revista Veja y otros medios de comunicación, han agitado a toda la profesión jurídica. Nos ha conmocionado ver cómo se han violado sin vergüenza las normas de procedimiento más fundamentales en Brasil. En un país donde se supone que la justicia es la misma para todos, un juez no puede ser a la vez juez y parte.

Sergio Moro no sólo condujo el proceso de manera sesgada, sino que en realidad fue él quien dirigió el proceso desde el principio. Además, manipuló los mecanismos de denuncia recompensada, dirigió el trabajo de la fiscalía, exigió la sustitución de un fiscal que no le satisfacía y dirigió la estrategia de comunicación de la fiscalía.

También espió a los abogados de Lula y decidió no cumplir con la decisión de un juez de apelación que ordenó la liberación de Lula, violando así la ley de manera flagrante.

Hoy está claro que Lula no tuvo derecho a un juicio imparcial. Del mismo modo, según el propio Sergio Moro, fue condenado por “hechos indeterminados”. Uno de los empresarios detrás de una de sus condenas incluso admitió que se vio obligado a construir una narrativa para incriminar a Lula, bajo la presión de los fiscales. De hecho, Lula no fue juzgado, fue y sigue siendo víctima de una persecución política.

Por eso, en el seno de la comunidad jurídica internacional, la justicia brasileña atraviesa actualmente una grave crisis de credibilidad, en vista de estas prácticas ilegales e inmorales.

Es esencial que los jueces del Tribunal Supremo ejerzan todas sus funciones y sean garantes del respeto de la Constitución. Además, las autoridades brasileñas deben tomar todas las iniciativas necesarias para identificar a los responsables de este grave abuso de procedimiento.

La lucha contra la corrupción es ahora una cuestión esencial para todos los ciudadanos del mundo, al igual que la defensa de la democracia. Sin embargo, en lo que respecta a Lula, no sólo se ha instrumentalizado la justicia con fines políticos, sino que se ha violado claramente el estado de derecho, con el fin de eliminar al expresidente del juego político.

No hay Estado de derecho si no se respeta el debido proceso legal. Y no se respeta el debido proceso legal cuando un juez no es imparcial, sino que actúa como jefe de la acusación. Para que el poder judicial brasileño recupere su credibilidad, la Corte Suprema tiene el deber de liberar a Lula y anular estas condenas.

Lista de firmantes

Bruce ACKERMAN, Profesor Sterling de Derecho y Ciencias Políticas, Universidad de Yale
John ACKERMAN, Profesor de Derecho y Ciencias Políticas, Universidad Nacional Autónoma de México
Susan ROSE-ACKERMAN, Profesora emérita Henry R. Luce de jurisprudencia, Facultad de Derecho de la Universidad de Yale
Alfredo BELTRÁN, expresidente de la Corte Constitucional de Colombia
William BOURDON, abogado, Colegio de Abogados de París.
Pablo CÁCERES, expresidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia
Alberto COSTA, abogado, exministro de Justicia de Portugal
Herta DAUBLER-GMELIN, abogada, exministra de Justicia de Alemania
Luigi FERRAJOLI, Profesor Emérito de Derecho, Universidad de Roma III
Baltasar GARZÓN, abogado, Colegio de Abogados de Madrid
António MARINHO E PINTO, abogado, antiguo Presidente del Colegio de Abogados de Portugal
Christophe MARCHAND, abogado, Colegio de Abogados de Bruselas.
Jean-Pierre MIGNARD, abogado del Colegio de Abogados de París
Eduardo MONTEALEGRE, expresidente de la Corte Constitucional de Colombia
Philippe TEXIER, exjuez, asesor honorario del Tribunal de Casación de Francia, expresidente del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas.
Diego VALADÉS, exjuez de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, exprocurador General de la República
Gustavo ZAFRA, exjuez ad hoc de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, exjuez de la Corte Constitucional de Colombia.

Proceso


La credibilidad del Presidente

Por John M. Ackerman

ntes, en el contexto de un gobierno corrupto y asesino, la población inmediatamente asignaba responsabilidad al mismo presidente de la República por casi cualquier asesinato, desaparición forzada, robo o acto de corrupción. El reclamo “Fue el Estado”, surgido en el contexto de la desaparición de los 43 estudian-tes deAyotzinapa, fue el resultado natural del colapso de institucionalidad y confianza democrática que había acompañado la llegada de Enrique Peña Nieto a Los Pinos. Durante el sexenio pasado, el descrédito del titular del Ejecutivo llegó a tal extremo que éste incluso se vio obligado a expresar públicamente su frustración frente a la impresión generalizada de que él se despertaría cada mañana pensando en una nueva forma para “joder a México”.

Después del trágico accidente en que perdieron la vida la gobernadora de Puebla, Martha Angélica Alonso, y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, los representantes del viejo régimen quisieron convertir el incidente en una crisis política equivalente a aquellas que mermaron la legitimidad de los presidentes anteriores. Vicente Fox, Javier Lozano y Felipe Calderón, junto con algunos medios de comunicación y periodistas afines, inmediatamente insinuaron que el avionazo habría sido un atentado en contra de una de las familias políticas más poderosas del panismo nacional y que el culpable sería el mismo López Obrador.

Movilizaron miles de bots y cómplices en las redes sociales para intentar dar credibilidad a esta disparatada hipótesis. Organizaron un coro de abucheos y gritos en contra de la representante de López Obrador, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, durante el funeral de la gobernadora y el ex gobernador.

Los nuevos opositores se comportan hoy de acuerdo con el fantástico guion que imaginan dirigía la actuación de la sociedad en los momentos cruciales de los sexenios de Calderón y Peña Nieto. Para el viejo régimen, las protestas en su contra nunca eran expresiones auténticas de descontento y desconfianza populares, sino conspiraciones orquestadas por algún agente externo, desde La Habana, hasta Moscú, Caracas, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Morena o Marte. Así que hoy que les toca ser “oposición”, el PRIAN se dedica a fabricar artificialmente supuestos escándalos políticos esperando ser tan efectivos como los morenistas cuando tomaban las calles.

El “pequeño detalle” es que ahora el Presidente de la República sí goza de una enorme credibilidad. En el caso de Puebla, por ejemplo, nadie en su sano juicio cree que López Obrador podría haber mandado a matar a la gobernadora y a su esposo. El tabasqueño ha sido muy consistente en su llamado en favor de la paz y la reconciliación y en ningún momento a lo largo de su amplia carrera política ha sido relacionado con acto alguno de venganza o de violencia.

Todavía no se puede descartar la posibilidad de que la caída del helicóptero donde viajaban Alonso y Moreno Valle haya sido provocada por alguna mente maligna. López Obrador ha invitado a expertos de Canadá, Estados Unidos y Europa a participar en la investigación para evitar la menor duda al respecto. Sin embargo, a los mexicanos sí nos queda perfectamente claro que no existe ninguna posibilidad de que el actual Presidente hubiera mandado a hacer semejante acción, lo cual genera una gran confianza en las investigaciones en curso.

La nueva oposición haría bien en madurar y ajustar sus estrategias a las nuevas circunstancias, en lugar de limitarse a imitar su propia imagen caricaturizada de las acciones que supuestamente tomaban las oposiciones anteriores. De lo contrario, después de cada tormenta falsa, el capitán López Obrador podrásonreir con aún mayor tranquilidad y serenidad frente al fracaso de las desesperadas acciones de sus adversarios. Este escenario ya lo vivimos durante la campaña presidencial de 2018 y lo hemos vuelto a atestiguar en el desenlace de la tragedia de Puebla.

Ello no implica, desde luego, que no se debería articular una oposición política clara y fuerte, sino todo lo contrario. El sistema político hoy es, en realidad, más sensible que nunca a los reclamos ciudadanos y las propuestas sociales. Como botón de muestra hemos sido testigos en las semanas recientes de como las críticas sobre el presupuesto lograron importantes reasignaciones en la Cámara de Diputados y las protestas sobre las reformas constitucionales en materia de seguridad pública generaron modificaciones claves en la propuesta presidencial con respecto a la Guar-dia Nacional.

No sólo quienes hoy llegan al gobierno, sino también quienes sorpresivamente se encuentran ahora en la oposición, deben ajustarse a las nuevas circunstancias. Pero mientras la mayoría de los nuevos gobernantes asciende por una pronunciada curva de aprendizaje, importantes sectores de la oposición se han quedado estancados en el pasado negándose tercamente a aceptar la nueva realidad política del país.

La Jornada


Juristas estrangeiros se dizem chocados e defendem libertação de Lula

Um grupo de 17 juristas, advogados, ex-ministros da Justiça e ex-membros de cortes superiores de oito países escreveu um texto conjunto em que pede ao STF (Supremo Tribunal Federal) a libertação de Lula e a anulação de processos a que ele responde na Justiça.

Eles afirmam que as revelações do escândalo das mensagens trocadas entre o procurador Deltan Dallagnol, coordenador da Operação Lava Jato, e Sergio Moro, que condenou Lula, “estarreceram todos os profissionais do direito”.

“Ficamos chocados ao ver como as regras fundamentais do devido processo legal brasileiro foram violadas sem qualquer pudor”, afirmam ainda no texto. “Num país onde a Justiça é a mesma para todos, um juiz não pode ser simultaneamente juiz e parte num processo.”

Eles seguem: “Por causa dessas práticas ilegais e imorais, a Justiça brasileira vive atualmente uma grave crise de credibilidade dentro da comunidade jurídica internacional”.

Os juristas que assinam o manifesto são de países como França, Espanha, Itália, Portugal, Bélgica, México, EUA e Colômbia.

Entre os signatários está Susan Rose-Ackerman, professora de jurisprudência da Universidade de Yale, nos EUA. Ela é considerada uma das maiores especialistas do mundo em combate à corrupção.

O procurador Deltan Dallagnol já recomendou entrevistas dela, apresentando a professora em redes sociais como “maior especialista mundial em corrupção e seu controle”.

O marido dela, Bruce Ackerman, também assina o documento. Ele foi professor do ministro Luís Roberto Barroso, do STF, em Yale. Os dois são amigos há 30 anos.

O magistrado brasileiro chegou a convidar Bruce Ackerman para participar de um seminário no Brasil sobre democracia, corrupção e justiça.

Outros nomes de peso que assinam a carta são o professor italiano Luigi Ferrajoli, referência do garantismo jurídico no mundo, o ex-juiz espanhol Baltasar Garzón, que condenou o ex-ditador chileno Augusto Pinochet por crimes contra a humanidade, Alberto Costa, ex-ministro da Justiça de Portugal, e Herta Daubler-Gmelin, ex-ministra da Justiça da Alemanha.

O grupo é integrado ainda por ex-presidentes e integrantes de cortes superiores, como Pablo Cáceres, ex-presidente da Suprema Corte de Justiça da Colômbia, e Diego Valadés, ex-juiz da Suprema Corte de Justiça do México e ex-procurador-geral da República.

Moro é o alvo central das críticas. Segundo os juristas, ele “não só conduziu o processo de forma parcial, como comandou a acusação desde o início”. “Manipulou os mecanismos da delação premiada, orientou o trabalho do Ministério Público, exigiu a substituição de uma procuradora com a qual não estava satisfeito e dirigiu a estratégia de comunicação da acusação.”

“Hoje, está claro que Lula não teve direito a um julgamento imparcial”, afirmam. “Não foi julgado, foi vítima de uma perseguição política.”

Segundo eles, a luta contra a corrupção é essencial. Mas “no caso de Lula, não só a Justiça foi instrumentalizada para fins políticos como o Estado de Direito foi claramente desrespeitado, a fim de eliminar o ex-presidente da disputa política”.

Eles finalizam dizendo ser “indispensável” que os juízes do STF “exerçam na plenitude as suas funções e sejam os garantidores do respeito à Constituição”. E pedem que as autoridades “tomem todas as providências necessárias para identificar os responsáveis por estes gravíssimos desvios de procedimento”.
Veja abaixo o artigo na íntegra e todos os signatários

Lula não foi julgado, foi vítima de uma perseguição política

Nós, advogados, juristas, ex-ministros da Justiça e ex-membros de Cortes Superiores de Justiça de vários países, queremos chamar à reflexão os juízes do Supremo Tribunal Federal e, mais amplamente, a opinião pública do Brasil para os graves vícios dos processos movidos contra Lula.

As recentes revelações do jornalista Glenn Greenwald e da equipe do site de notícias The Intercept, em parceria com os jornais Folha de São Paulo e El País, a revista Veja e outros veículos, estarreceram todos os profissionais do Direito. Ficamos chocados ao ver como as regras fundamentais do devido processo legal brasileiro foram violadas sem qualquer pudor. Num país onde a Justiça é a mesma para todos, um juiz não pode ser simultaneamente juiz e parte num processo.

Sérgio Moro não só conduziu o processo de forma parcial, como comandou a acusação desde o início. Manipulou os mecanismos da delação premiada, orientou o trabalho do Ministério Público, exigiu a substituição de uma procuradora com a qual não estava satisfeito e dirigiu a estratégia de comunicação da acusação.

Além disso, colocou sob escuta telefônica os advogados de Lula e decidiu não cumprir a decisão de um desembargador que ordenou a liberação de Lula, violando assim a lei de forma grosseira.

Hoje, está claro que Lula não teve direito a um julgamento imparcial. Ressalte-se que, segundo o próprio Sérgio Moro, ele foi condenado por “fatos indeterminados”. Um empresário cujo depoimento deu origem a uma das condenações do ex-presidente chegou a admitir que foi forçado a construir uma narrativa que incriminasse Lula, sob pressão dos procuradores. Na verdade, Lula não foi julgado, foi e está sendo vítima de uma perseguição política.

Por causa dessas práticas ilegais e imorais, a Justiça brasileira vive atualmente uma grave crise de credibilidade dentro da comunidade jurídica internacional.

É indispensável que os juízes do Supremo Tribunal Federal exerçam na plenitude as suas funções e sejam os garantidores do respeito à Constituição. Ao mesmo tempo, esperamos que as autoridades brasileiras tomem todas as providências necessárias para identificar os responsáveis por estes gravíssimos desvios de procedimento.

A luta contra a corrupção é hoje um assunto essencial para todos os cidadãos do mundo, assim como a defesa da democracia. No entanto, no caso de Lula, não só a Justiça foi instrumentalizada para fins políticos como o Estado de Direito foi claramente desrespeitado, a fim de eliminar o ex-presidente da disputa política.

Não há Estado de Direito sem respeito ao devido processo legal. E não há respeito ao devido processo legal quando um juiz não é imparcial, mas atua como chefe da acusação. Para que o Judiciário brasileiro restaure sua credibilidade, o Supremo Tribunal Federal tem o dever de libertar Lula e anular essas condenações.

Lista de Signatários

Bruce Ackerman, professor Sterling de direito e ciência política, Universidade Yale

John Ackerman, professor de direito e ciência política, Universidade Nacional Autônoma do México

Susan Rose-Ackerman, professora emérita Henry R. Luce de jurisprudência, Escola de direito da Universidade Yale

Alfredo Beltrán, ex-presidente da Corte Constitucional da Colômbia

William Bourdon, advogado inscrito na ordem de Paris

Pablo Cáceres, ex-presidente da Suprema Corte de Justiça da Colômbia

Alberto Costa, Advogado, ex-ministro da Justiça de Portugal

Herta Daubler-Gmelin, advogada, ex-ministra da Justiça da Alemanha

Luigi Ferrajoli, professor emérito de direito, Universidade Roma Três

Baltasar Garzón, advogado inscrito na ordem de Madri

António Marinho e Pinto, advogado, antigo bastonário (presidente) da ordem dos advogados portugueses

Christophe Marchand, advogado inscrito na ordem de Bruxelas

Jean-Pierre Mignard, advogado inscrito na ordem de Paris

Eduardo Montealegre, ex-presidente da Corte Constitucional da Colômbia

Philippe Texier, ex-juiz, Conselheiro honorário da Corte de Cassassão da França, ex-presidente do Conselho econômico e social das Nações Unidas

Diego Valadés, ex-juiz da Corte Suprema de Justiça do México, ex-procurador-Geral da República

Gustavo Zafra, ex-juiz ad hoc da Corte Interamericana de Direitos Humanos

Folha de San Pablo


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