La despenalización del aborto merece debate – El Telégrafo, Ecuador

Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

El debate del proyecto de reforma al Código Integral Penal (COIP) no termina. Para las modificaciones que se plantean se tomaron en cuenta 69 proyectos y uno de los temas polémicos es el aborto no punible en caso de violación, incesto o inseminación no consentida.

En Ecuador la interrupción del embarazo es legal cuando una mujer con discapacidad mental fue violada o si la vida de la embarazada corre un peligro que no puede ser resuelto por otros medios. Si no, la sanción para quien cause su aborto o permita que otro se lo cause es cárcel de seis meses a dos años. En ese contexto, el pasado 6 de agosto en la Asamblea se retomó una discusión que debe alejarse de convicciones personales y acercarse al bien común, a la ciencia y la información veraz. Calificativos como “delicado”, “polémico” y “sensible” se incluyeron en el debate.

La Constitución reza que Ecuador es un Estado laico. Los datos de la Fiscalía indican que, en el último lustro, 26.132 niñas, adolescentes y mujeres fueron violadas. Además, entre 2008 y 2018, 2.052 niñas parieron en hospitales públicos. El país tiene el índice más alto de embarazo adolescente en América Latina. En julio de 2019, durante la reunión que el presidente Lenín Moreno tuvo con el director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, se habló de debatir sobre la ampliación del derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo por causas específicas. “Este tema corresponde analizarlo de forma técnica y científica”, expresó el Mandatario.

La despenalización del aborto en casos de violación también requiere una visión de salud pública. El representante de HRW reconoció que la Asamblea avanza gradualmente en este ámbito, y confía en que Ecuador se pondrá al día en sus obligaciones jurídicas internacionales. La realidad en la que legislan los asambleístas es la de un país en el que, con o sin reforma, las mujeres interrumpen su embarazo en centros clandestinos. Y las víctimas de violación se exponen a ser condenadas y encarceladas por tomar esa decisión.

El Telégrafo