En el primer año de gobierno de Duque fueron asesinados 226 líderes sociales

El Instituto de Estudios para La Paz (Indepaz), reportó que de acuerdo con los registros recolectados por diferentes organizaciones sociales, durante el primer año del Gobierno del presidente Iván Duque se cometieron 226 asesinatos de líderes sociales y defensores de Derechos Humanos en el país.

Así lo señaló en diálogo con RCN Radio, Camilo González Pozo, director de esa organización y quien aseguró que se presentó una leve disminución en comparación con el último año del gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, cuando se obtuvo un reporte de 268 crímenes de este tipo.

González Pozo precisó que sus estadísticas evidencian un número más alto de asesinatos de líderes sociales ya que son recolectadas y depuradas por las propias organizaciones sociales en la zona que cuentan con una mayor cobertura que otras instancias institucionales e internacionales, como la Defensoría del Pueblo y las Naciones Unidas (ONU).

De acuerdo con los registros oficiales de la Defensoría de Pueblo, entre el mes de marzo de 2018 y y mayo de 2019, se reportaron 196 crímenes de líderes sociales.

Por su parte, la Fiscalía General de la Nación, reveló que a la fecha ese organismo ya logró el esclarecimiento de un total de 175 de los 292 crímenes de líderes sociales y defensores de Derechos Humanos, reportados por la Oficina de Naciones Unidas entre el período de 2016 a 2019.

De acuerdo con los investigadores, se trata de una cifra récord en los últimos cuatro años, al presentarse una efectividad del 59,93 % en los reportes recibidos por las autoridades.

¿Por qué siguen asesinando líderes?

El presidente de Indepaz afirmó que el Gobierno de Iván Duque está en mora de reconocer que ha sido insuficiente la política que se ha venido implementado, para frenar los ataques contra líderes sociales en el país.

“Al presidente Duque le quedó grande reconocer que la política en está materia ha sido insuficiente porque la estrategia de seguridad que ha sido definida por el Gobierno, no coloca los problemas de la paz en el centro y desvía la atención hacia una estrategia de seguridad corporativa, para la iniciativa inversionista y no la seguridad en los territorios”, dijo.

González Pozo señaló que las autoridades deberían centrar su atención en regiones que han sido identificadas como rojas, debido a los ataques contra defensores de Derechos Humanos, por disputas territoriales a fin de quedarse con las riquezas producto de la explotación ilegal del oro.

“La región más crítica es toda la región que va desde el medio atrato, Norte y Bajo Cauca antioqueño, Magdalena Medio y sur de Bolívar, por la presencia de múltiples grupos armados e interés de grupos y de intereses económicos en disputa”, advirtió.

El representante de Indepaz dijo que ante esta situación, se requiere de una política integral para atender problemas de fondo de los pequeños mineros y que se ponga orden a ese tipo de económicas ilícitas que son generadoras de lavados de activos financiadas por grandes inversionistas.

De igual forma, indicó que hay otra gran disputa por las tierras de la Mojana, al igual que en el sur del país en zonas como Tumaco (Nariño), por la apropiación de las rutas del narcotráfico.

“Ahí hay economías ilícitas, intereses y corrupción y por ello, no basta con que se mate a un Guacho o persigan a su sucesor, porque aparece otro, ya que son sólo alfiles, sicarios o grupos armados de seguridad al servicio de negociantes y empresarios que tienen estructuras macrocriminales”, indicó.

Agregó que “el problema más grave para los líderes no es la falta de chalecos, sino la continuidad de la estigmatización y los discursos del odio, porque después vienen los disparos del odio” dijo González Pozo.

¿Fracasó Duque en la defensa de Líderes?

A su turno, Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, calificó con un puntaje de cinco sobre diez, la gestión realizada por el Gobierno de Duque con la protección de los lideres sociales.

No obstante, señaló que esta calificación obedece a la reducción en la tendencia nacional de los crímenes de defensores de Derechos Humanos en los dos últimos meses, pero no por las acciones adoptadas por el Gobierno.

En ese sentido, indicó que el Presidente Duque no ha sabido elegir a los encargados de su Gobierno, frente a las actuaciones y la defensa de los voceros comunales.

“La señora Claudia Ortiz (suspendida directora de la Agencia de Desarrollo Rural), dijo en su momento que los liíeres sociales eran guerrilleros. En el plan de acción se colocó al general retirado Leonardo Barrero muy cuestionado en las fuerzas militares”, dijo Ávila.

Sostuvo que todo parece indicar que los periodos electorales (como lo fue en el último año de Santos), tienden a ser muy dramáticos en la victimización de líderes sociales.

“Hay que esperar si la reducción en el primer año del Gobierno de Duque es una tendencia prolongada, o si previo a las elecciones de octubre vuelven a incrementarse los números”, señaló Ávila.

Los departamentos en rojo

Un informe de la Defensoría del Pueblo conocido por RCN Radio, reveló las zonas del país con el mayor registro de casos de crímenes de líderes sociales, entre marzo de 2018 y mayo de 2019.

De acuerdo con ese reporte, los departamentos más críticos por casos de homicidios de voceros comunales son: Cauca con 36 crímenes de líderes sociales, seguido por Antioquia 26; Norte de Santander 17; Valle del Cauca 17; y Caqueta, Nariño y Putumayo cada uno con 15 asesinatos reportados.

El Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, indicó que se requiere de una mayor inversión para fortalecer la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la unidad de víctimas, entidades a las que se les debe exigir un respaldo eficiente hacia los líderes que resultan amenazados.

“Darle la solución de la garantía de la vida, no es darle a todo el mundo un carro blindado, pero sí hay que estar pendiente en el momento inmediato cuando ocurre la amenaza, porque una amenaza no atendida con seguridad es un asesinato de un líder o una lideresa social”, dijo.

RCN Radio


Las deudas del Gobierno con el Acuerdo de Paz para acabar con el asesinato de líderes sociales

El movimiento Defendamos la Paz enumeró ocho mecanismos consignados en los textos de La Habana para acabar con la violencia. Ejecutar el Pacto Político Nacional y aprobar las 16 circunscripciones de paz son dos de ellos.

La consigna de proteger la vida de los líderes sociales y exguerrilleros amenazados generó que cientos de personas, políticos y el Gobierno mismo se unieran a las movilizaciones del pasado 26 de julio, convocadas por los defensores del Acuerdo de Paz.

Ante el fuerte llamado de los colombianos sobre este tema, el presidente Iván Duque pidió para el próximo 12 de agosto una sesión de la Comisión Nacional de Garantías para examinar la situación de violencia y vulnerabilidad que viven los representantes de los territorios y que, ya en reiteradas ocasiones, el mismo mandatario ha reconocido como difícil la tarea de protegerlos. Defendamos la Paz se pronunció al respecto.

Aunque el movimiento ciudadano celebra la medida de Duque en favor de la vida de líderes y excombatientes, se permitió recordar que el Acuerdo de Paz con las Farc, firmado hace casi tres años en La Habana, contiene varios mecanismos para implementar rutas claras y eficaces que paren la ola de violencia que acecha al país, ahora más en periodo electoral.

Entre las propuestas, Defendamos la Paz reiteró el mandato constitucional de fortalecer a las instituciones encargadas de la protección de los más de siete millones de personas que el Gobierno identifica por su labor como líderes políticos, sociales, y comunitarios. Entre ellas, está la Comisión Nacional de Garantías y la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía.

Así mismo, y según proponen los textos de la Paz, el movimiento pide poner en práctica el Programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en los Territorios, como también el Pacto Nacional contra la violencia, para que la sociedad civil y los partidos políticos rechacen conjuntamente estos crímenes. Finalmente, los defensores que hacen parte de dicho movimiento insisten en que el Gobierno está en mora no solo en eso, sino en ejecutar los 16 Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial y los programas de reincorporación, para construir realmente una paz estable y duradera en vasto territorio colombiano. Finalmente, recordaron la deuda de aprobar las 16 circunscripciones de paz, hundidas en el Congreso pasado.

Estos son los ocho mecanismos que Defendamos la Paz destacó para ese cometido:

1. Se requiere dotar a la Comisión Nacional de Garantías de un Plan de Acción Permanente para el desmantelamiento de las organizaciones criminales y desarrollar sus funciones encaminadas a impulsar la política pública de seguridad para la paz en el plano nacional, departamental y municipal. No basta con citarla de manera esporádica.

2. El Gobierno está en mora de poner en práctica el decreto 660 de 2018 mediante el cual se creó el Programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en los Territorios, construido con la participación de organizaciones de la sociedad civil. Este decreto puede ayudar a superar el modelo de protección individual, hacer el tránsito a la protección colectiva y posibilitar la participación de las comunidades en el diseño de los planes de protección.

3. Las mesas de garantías departamentales y municipales constituyen instrumentos que, desde 2013, han mostrado su utilidad para la recepción de denuncias y coordinación de acciones y necesitan ser instaladas o reactivadas.

4. La pronta ejecución de los 16 Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial y de los programas de reincorporación contribuye a asegurar la presencia integral y permanente de todas las instituciones del Estado requeridas para satisfacer los derechos fundamentales de la población.

5. Es necesario el fortalecimiento de la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía para desarticular las estructuras criminales y las mafias en los territorios, y sobre todo para capturar y sancionar a los autores intelectuales de los asesinatos.

6. La consecución del Pacto Político Nacional constituye una urgencia para excluir definitivamente la violencia de la vida social y política, como lo estipula el punto 3.4.2 del Acuerdo.

7. Invitamos a las candidatas y los candidatos a las alcaldías y gobernaciones a hacer un compromiso público para que, durante sus administraciones, diseñen o fortalezcan políticas públicas de protección para líderes sociales y solicitamos a altos funcionarios, autoridades locales y candidatos el uso de un lenguaje que valore su trabajo en los territorios, evitando todo tipo de estigmatización.

8. Una contribución a la política de protección, que dará voz a líderes sociales en el Congreso de la República, es sancionar el Acto Legislativo que crea las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, que fueron aprobadas por el Legislativo en noviembre de 2017, una solicitud para cuyo respaldo nuestro movimiento recoge actualmente un millón de firmas.

Como defensores del Acuerdo de Paz, el movimiento ciudadano solicitó al presidente Duque cumplir con lo pactado entre la extinta guerilla de las Farc y el Estado colombiano. Además, se puso a disposición para lograrlo. “Como cuestión prioritaria, el movimiento Defendamos la Paz está comprometido a trabajar en la protección de la vida de las personas que ejercen liderazgo social y están en el proceso de reincorporación. El fin de los asesinatos no se logrará sin el desmantelamiento de las organizaciones militares en los territorios y eso último debe abocarse de manera prioritaria en la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad”. “Estamos listos para contribuir a su labor”, fue el mensaje.

El Espectador