Argentina: llega al Senado la emergencia alimentaria para enfrentar la situación económica y social

Emergencia alimentaria: el Senado quiere aprobarla rápido y sin cruces

Por Gustavo Ybarra

El Senado se apresta a sancionar hoy la ley de emergencia alimentaria en una sesión especial que nadie quería celebrar, pero que, ante los hechos consumados, tendrá como telón de fondo un acuerdo político entre todas las bancadas para evitar discursos polémicos y altisonantes que puedan exacerbar a los movimientos sociales que vienen ganando la calle en las últimas semanas.

La reunión está citada para las 14 y, según el consenso arribado entre los bloques de la Cámara alta, la idea es realizar una “sesión tranquila”. Esto se traduciría en la intervención de dos representantes por cada fuerza con representación legislativa.

Tal como ocurrió en la Cámara de Diputados la semana pasada, el proyecto será respaldado tanto por el oficialismo como por la oposición, por lo que se espera que sea sancionado por unanimidad.

“Consideramos que la política alimentaria del Gobierno está bien implementada en la actualidad, en coordinación entre la Nación, las provincias y los municipios, pero si alguien cree que se puede hacer algo más, no nos vamos a oponer”, explicó a LA NACION el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo (Pro-Capital). El legislador macrista fue uno de los responsables de coordinar con los jefes de las principales bancadas opositoras, el cordobés Carlo Caserio (Justicialista) y el neuquino Marcelo Fuentes (FPV), la rápida conversión del proyecto en ley para tratar de quitar el tema de la agenda lo más rápido posible.

De hecho, la sesión especial de esta tarde fue pedida por senadores de Cambiemos el jueves pasado, al día siguiente de que la emergencia alimentaria fuera aprobada en la Cámara de Diputados.

La iniciativa aprobada por la Cámara baja extiende la emergencia, en vigencia desde 2002, hasta el 31 de diciembre de 2022 y establece un incremento mínimo del 50% de las partidas correspondientes a planes alimentarios y de nutrición contempladas en el presupuesto vigente.

Según cifras de un estudio de la Oficina de Presupuesto del Congreso, el incremento en un 50% de esas partidas podría llegar a los $10.000 millones si se toma como base el presupuesto alimentario ejecutado hasta el 31 de agosto último.

Si el cálculo se hace sobre los montos presupuestados y aún no ejecutados, los fondos que deberán reasignarse ascenderían a algo más de $4000 millones.

El texto faculta al Poder Ejecutivo a realizar reasignación de partidas, pero también habilita la posibilidad de una ampliación presupuestaria, lo cual implicaría un incremento del gasto público.

Más allá de los discursos públicos, el debate de la emergencia alimentaria se convirtió en un tema incómodo para todos los sectores políticos del Congreso, pero en particular para el peronismo en el Senado.

Hasta que el bloque kirchnerista empezó a agitar el tema en la Cámara baja, el acuerdo entre el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, y el bloque peronista que conduce el cordobés Caserio implicaba eludir las sesiones hasta después de la elección de octubre. La razón: evitar cualquier tipo de desborde que pudiera perjudicar la marcha triunfal del PJ hacia la Casa Rosada.

Sin embargo, el tema tomó vida propia con el accionar de grupos piqueteros en las calles y tornó imposible detener el trámite legislativo de un proyecto que había sido pensado para azuzar al Gobierno.

“Esto lo impulsaron los sectores más duros del kirchnerismo con los movimientos sociales; una vez que arrancó, ya no lo pudieron parar”, se lamentó ante este diario un senador peronista con terminal en las oficinas de Fernández en la calle México.

La Nación


Emergencia alimentaria: los movimientos sociales se movilizan el miércoles

Los movimientos populares volverán a movilizar este miércoles al Congreso, donde los senadores tienen previsto tratar el proyecto de Emergencia Alimentaria. La Ctep, Somos Barrios de Pie, las CCC y el Frente Darío Santillán concentrarán a las 11 en Avenida de Mayo y Luis Sáenz Peña para dar su apoyo a la norma, que establece un aumento de emergencia como mínimo del 50 por ciento en el presupuesto para políticas nacionales de alimentación.

“Ha habido un enorme consenso para plantear una salida de emergencia ante esta profunda crisis que vivimos en un país productor de alimentos que no puede garantizar la comida al 50 por ciento de sus niños y adolescentes”, señaló Gildo Onorato, de la CTEP. El referente denunció como respuesta a estos avances, hay una nueva ofensiva de los medios hegemónicos para demonizar a las organizaciones sociales.

“Los movimientos hemos construido una agenda genuina. No tenemos todas las misma mirada política, pero sí un acuerdo estratégico de defender los derechos de las familias de menores ingresos. El gobierno y los medios intentan dividir esa unidad generando calificaciones, como ya lo hicieron con los sindicatos: nos separan en combativos o duros y acuerdistas. Todo tiene el objetivo de dividir a las organizaciones del pueblo que plantean una agenta para enfrentar este modoelo económico”, planteó Onorato.

Por otra parte, el Polo Obrero y Barrios de Pie-Libres del Sur anunciaron una jornada de lucha con movilización a la Plaza de Mayo, para el próximo martes 24. Sus referentes anticiparon que si el Gobierno no responde sus reclamos de planes y alimentos para los comedores sociales, irán a un acampe de 72 horas en el ministerio de Desarrollo Social, aunque todavía no fue fijada la fecha de esa protesta.

Página|12


Qué es la emergencia alimentaria y cuáles son los detalles del proyecto que aprobó la Cámara de Diputados

Después de un “tira y afloje” que se extendió durante varias semanas, y en un extraño caso de cooperación y colaboración entre el oficialismo y la oposición dentro y fuera del Congreso, la Cámara de Diputados le dio media sanción a la ley de emergencia alimentaria, y todo está dado para que la semana que viene el Senado convierta el proyecto en ley.

Con 222 votos a favor y solo una abstención (la diputada de la izquierda Mónica Schlotthauer) la Cámara baja aprobó la iniciativa impulsada por la oposición. Si el Senado aprueba el proyecto, tal como está previsto, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, su aplicación le costará al Estado unos $10.489 millones.

La norma que llegará a la mesa de entradas de la Cámara alta establece una prórroga hasta el 31 de diciembre de 2022 de la emergencia alimentaria nacional dispuesta por el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional 108/2002.

Además, enumera las obligaciones del Estado respecto de la alimentación y la seguridad alimentaria y nutricional de la población, y establece un “incremento de emergencia como mínimo del 50% de los créditos presupuestarios vigentes del corriente año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición”.

En ese sentido, el proyecto faculta a la Jefatura de Gabinete de Ministros, a partir del año que viene, “y hasta que dure la emergencia”, a “actualizar trimestralmente las partidas presupuestarias correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición, tomando como referencias mínimas el aumento de la variación porcentual del rubro ‘alimentos y bebidas no alcohólicas’ del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la variación de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que elabora el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC)”.

Por otro lado, la norma le da al Poder Ejecutivo la posibilidad de “disponer las ampliaciones y las reestructuraciones presupuestarias” para que se lleve adelante “un abordaje efectivo de la emergencia alimentaria y nutricional”.

El origen del reclamo

El reclamo por la sanción del proyecto empezó hace varias semanas y sus principales impulsores fueron la cúpula de la Iglesia católica y las organizaciones sociales, tanto las que son más cercanas al Frente de Todos como las que no responden a ese espacio.

Algunos días después se sumó al pedido un grupo de intendentes peronistas bonaerenses, que respaldaron la demanda de la Comisión Episcopal de Pastoral Social y la CTEP (Confederación de Trabajadores de la Economía Popular), Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), la Corriente Federal de los Trabajadores, entre muchas otras organizaciones.

Si bien en el oficialismo trataron de bajarle el tono al reclamo y aseguraron a Infobae que el Gobierno estuvo “aumentando la comida en comedores y reforzando la compra de alimentos por sistemas de compra de emergencia”, el principal argumento del Poder Ejecutivo para desestimar el pedido fue que la emergencia alimentaria ya estaba contemplada en dos leyes, un decreto firmado por Eduardo Duhalde en 2002 y un proyecto del oficialismo de 2016.

A poco de asumir, el ex gobernador bonaerense impulsó un DNU que estableció la creación del Programa de Nutrición y Alimentación Nacional “destinado a cubrir los requisitos nutricionales de niños hasta los 14 años, embarazadas, discapacitados y ancianos desde los 70 años en situación de pobreza”. La ejecución de esa iniciativa, que ratifica “el deber indelegable del Estado de garantizar el derecho a la alimentación de toda la ciudadanía”, cae bajo la responsabilidad del gobierno nacional junto a las provincias y a la ciudad de Buenos Aires.

Además, el oficialismo aseguraba que una norma sancionada por el Congreso en 2016 consensuada entre los bloques del Congreso, el Gobierno y agrupaciones sociales como el Movimiento Evita, CTEP y Barrios de Pie declaró la emergencia social hasta el 31 de diciembre de 2019 y dispuso la creación de dos órganos: el Consejo de la Economía Popular y del Salario Social Complementario y el Registro Nacional de la Economía Popular (RENATREP).

Esa ley le da poder a la Jefatura de Gabinete a cargo de Marcos Peña para que efectúe las “reestructuraciones presupuestarias que fueren necesarias” hasta un monto de $25 mil millones durante el plazo de vigencia de la ley y, en el caso de que ese monto haya sido ejecutado por completo al 31 de diciembre de 2018, se asignará un adicional de hasta $5 mil millones.

Infobae


Incendio y graves incidentes en la Legislatura de Chubut

Una protesta con una quema dentro de la Legislatura en Rawson terminó con graves incidentes, y con la caída del techo del edificio legislativo, el martes por la noche. Trabajadores estatales llevaban adelante un reclamo previsto para ese día, en el marco del conflicto salarial que viene avanzando sin solución en la provincia , en particular en el gremio docente. Por la tarde, dos docentes de Comodoro Rivadavia habían fallecido y otras dos habían sufrido heridas de gravedad, tras protagonizar un vuelco sobre la ruta nacional Nº 3, al sur de Trelew. Las víctimas se trasladaban hacia la ciudad de Rawson, junto a un contingente de maestros, para participar de las marchas previstas en contra del pago escalonado de haberes.

En el marco de un plan de lucha que viene profundizándose con cortes de ruta, piquetes y marchas estatales y docentes (la más recordada, la de agosto pasado, cuando los docentes fueron duramente reprimidos por fuerzas de seguridad), el reclamo del martes había comenzado con un acampe frente al edificio legislativo. Luego de conocerse el accidente y el fallecimiento de las docentes, se transformó en una quema dentro del recinto. Como resultado de esa quema, entre otros incidentes, se cayó el cielorraso en la entrada de la Legislatura.

“Quisimos ingresar de manera pacífica a la Legislatura, se le pidió a la Policía por favor y tiraron gases lacrimógenos desde afuera”, denunciaron los manifestantes en medios locales. “A partir de ahí la gente se empezó a exaltar y se hizo esta fogata. Queremos que los diputados vengan y que alguien se haga cargo de la muerte de estas dos docentes”, reclamaron.

Página|12


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