Ayotzinapa: a cinco años, el gobierno de México califica el caso como “desaparición forzada a manos del Estado”

Contexto Nodal
En la noche del 26 de septiembre de 2014, policías federales y municipales de Iguala, estado de Guerrero, atacaron a estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa que se dirigían en autobuses a la capital mexicana a conmemorar la masacre de Tlatelolco en 1968. El saldo de la represión fue de seis personas asesinadas y 43 estudiantes desaparecidos. Sin avances en la investigación, sus familiares siguen reclamando justicia y denunciando la responsabilidad del Estado.

Reclasifican caso Ayotzinapa como desaparición forzada

A cinco años de la desaparición de 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, el gobierno federal informó que el caso se reclasificó como una “desaparición forzada cometida por agentes del Estado Mexicano“.

Durante la conferencia mañanera del Presidente Andrés Manuel López Obrador, se apuntó que como parte de la nueva investigación sobre los sucesos del 26 de septiembre de 2014, se llamará a comparecer a ex altos funcionarios de la extinta PGR, como el ex procurador, Jesús Murillo Karam, e incluso, de ser necesario, al ex presidente Enrique Peña Nieto.

Alejandro Encinas Najera, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, expuso que existen nuevas líneas de investigación a partir de la reapertura del caso en las que se descarta la “mal llamada verdad histórica”, que señala que los estudiantes fueron secuestrados en Iguala por el grupo Guerreros Unidos, llevados al basurero de Cocula, asesinados e incinerados.

Aunque no existe una fecha límite para concluir la investigación, manifestó que existen avances como que los estudiantes no salieron de Guerrero y el análisis de más de 80 llamadas telefónicas vinculadas al caso, de las cuales, están en indagatoria 116 números desde la desaparición de los jóvenes hasta dos años después.

A su vez, y sin dar más detalles, anunció que derivado de informantes, como un ex líder de la policía Comunitaria de Guerrero, se prepara un operativo en una zona considerada de alto riesgo por la incidencia del crimen organizado, donde se podrían encontrar indicios de los normalistas.

Otra de las líneas, que denunció fue ocultada por el anterior gobierno, es la información de la Policía Federal y Cisen, sobre investigaciones internas de presuntos vínculos de agentes de esa corporación con el crimen organizado de Guerrero.

Además, apuntó que las ex autoridades locales de Guerrero, como el ex gobernador, Ángel Aguirre, y el ex fiscal Iñaki Blanco, acudirán en los próximos días ampliar su declaración ante la FGR.

Destacó que la investigación se retomará desde las primeras horas, cuando fue llevada a cabo sólo por el gobierno Guerrero y hasta los seis días que fue atraída por las autoridades federales, debido a que éstas ignoraron las primeras indagatorias.

Alejandro Encinas consideró que el caso Ayotzinapa es paradigmático para el Estado mexicano porque conjuga todos sus males como la narco-política, impunidad y corrupción.

Por su parte, Omar Gómez, fiscal especial del caso, reiteró que la FGR cuenta con un programa de recompensas de 1.5 millones de pesos por información verificable de los normalistas y otra de 10 millones de pesos por informes de Alejandro Tebescalco Mejía, uno de los principales implicados en la desaparición.

Sobre la comparecencia de los ex funcionarios, detalló que la próxima semana se comenzarán a girar los citatorios y confirmó que entre los primeros está el del ex procurador Murillo Karam.

24 Horas


AMLO revela avances de investigación del caso Ayotzinapa en documental

A cinco años de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, el Gobierno de México a través de un documental dio a conocer los avances y trabajos realizados en la investigación del caso Iguala.

En 17 minutos, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador resumió los 254 días de la instalación de la comisión especial para darle seguimiento al caso de Ayotzinapa.

El video no muestra un hallazgo contundente en el caso de la desaparición de los estudiantes refrendando que la investigación del gobierno anterior estuvo viciada y que se comenzará desde cero.

Sin embargo destaca que se han firmado 2 convenios con organismos internacionales y que se han llevado 9 sesiones ordinarias, 13 extraordinarias y 25 reuniones de trabajo con actores estratégicos e instituciones.

Además indica que se han realizado 8 operativos de búsqueda y revisado más de 210 puntos relevantes y se han analizado 80 millones de registros telefónicos, en 4 años, de los cuales 206 mil son de interés, además se tienen identificadas 84 mil líneas telefónicas prioritarias y se han revisado 116 números telefónicos.

Durante la conferencia matutina de este jueves Alejandro Encinas de la Secretaría de Gobernación dio a conocer que se dará una recompensa de un millón 500 mil pesos y protección a quienes aporten información sobre el paradero de los 43 normalistas.

Asimismo quien proporcione información sobre uno de los principales responsables, Alejandro Tenescalco Méjia se le darán 10 millones de pesos.

¿Qué pasó el 26 de septiembre del 2014?

Estudiantes de Ayotzinapa, una escuela para formar maestros rurales con historial de activismo de izquierda, viajaban en autobuses a Iguala, Guerrero.

Según han dicho sus compañeros, pretendían reunir fondos para trasladarse a Ciudad de México y participar en la conmemoración de la matanza de estudiantes del 2 de octubre de 1968.

Los autobuses fueron interceptados y atacados por policías municipales de Iguala, que mataron a tres de los estudiantes y detuvieron a 43.

Los agentes también atacaron otro autobús en que viajaban miembros del equipo local de fútbol Avispones, presuntamente por creer que era uno de los vehículos de los estudiantes. En este suceso murieron otras tres personas.

De acuerdo con la versión oficial, a la que el entonces procurador, Jesús Murillo, calificó en enero de 2015 de “verdad histórica”, los agentes entregaron los estudiantes detenidos a miembros del cártel Guerreros Unidos, quienes los asesinaron e incineraron sus cuerpos en un vertedero de basura, confundiéndolos por miembros de un cártel rival.

Supuestamente los policías creían que los estudiantes se dirigían a Iguala a interrumpir un mitin de María de los Ángeles Pineda, esposa del alcalde de Iguala, José Luis Abarca.

Pineda y Abarca huyeron de Iguala y fueron detenidos posteriormente en Ciudad de México. Actualmente están sujetos a proceso por presuntos lazos con Guerreros Unidos.

El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, iniciado en diciembre de 2018, reabrió el caso y estableció una comisión especial. Además, la Fiscalía General de la República (FGR) creó una unidad especial sobre el tema.

El Sol de México


Son 5 años de pesadilla, reprochan padres de los 43 desde San Lázaro

En la tribuna de la Cámara de Diputados y en nombre de las familias de los 43 normalistas desaparecidos hace cinco años, las madres de Jorge Antonio Tizapa Legideño y César Manuel González definieron que la transformación que pretende este gobierno pasa por esclarecer las graves violaciones cometidas en Iguala y demantelar las estructuras y redes criminales, que siguen intactas en Guerrero.

Destacaron que además del respaldo presidencial para buscar a sus hijos, se requiere mayor dinamismo en la investigación de la Fiscalía General de la República, procesos penales contra los ex funcionarios que obstaculizaron la investigación y apertura de la Secretaría de la Defensa Nacional para que sea investigado el 27 Batallón de Infantería.

Cinco años hemos vivido una pesadilla que no termina. Cinco años de incertidumbre. Cinco años donde cada amanecer despertamos con la esperanza de encontrar a nuestros hijos, pero llega la noche y sólo vemos oscuridad, expresó Hilda Legideño Vargas, madre de Jorge Antonio Tizapa.

El acuerdo político de la Cámara fue conceder a uno de los padres 10 minutos para dirigirse al pleno. Ellos eligieron que la lectura de su mensaje lo hicieran –en tiempo dividido– Hilda Legideño e Hilda Hernández Rivera, esta última madre de César Manuel González.

Acompañadas en la tribuna por los otros padres, que portaron las imágenes de sus hijos, ambas reprocharon cómo hace tres años –cuando la mayoría del PRI rechazó la petición– la Cámara de Diputados les cerró las puertas, al igual que el gobierno de Enrique Peña Nieto. Hilda Hernández señaló que aun cuando las autoridades tenían información en tiempo real de lo que ocurría la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, la desaparecida Procuraduría General de la República empezó la investigación ocho días después. El resultado de las irregularidades, expuso, es la impunidad y la liberación de los presuntos responsables.

Las fuerzas de seguridad del gobierno anterior desaparecieron a nuestros hijos y se negaron a investigar; cuando lo hicieron, obstaculizaron el camino a la verdad y, finalmente, nos cerraron las puertas de todas las instituciones, las cuales nos reprimieron cuando protestamos de manera legítima, exigiendo verdad y justicia, dijo.

Lamentó que el gobierno de Peña dio a los padres trato de disidentes políticos, no de víctimas de desaparición forzada. Además del dolor, tuvimos que sufrir el trato despótico de los órganos de justicia y de las instituciones, incluido este Poder Legislativo, que en aquellos años nos cerró las puertas, señaló.

Hilda Legideño relató que después de cada 26 de septiembre, al regresar a sus casas, sus otros hijos reclaman la presencia de sus hermanos. “Al abrir la puerta preguntan: ‘¿ya encontraste a mi hermano?’ No tenemos respuesta. No podemos mirar a los ojos a nuestros hijos y demás familiares. No tenemos nada…” Consideró que los diputados tienen la oportunidad de dar con el paradero de los 43, encontrar la verdad y hacer justicia a los padres.

La postura institucional de la presidenta de la mesa directiva, Laura Rojas (PAN) –que trastabilló con la fecha: hoy a cinco días de la desaparición–, fue para reclamar que la exigencia de verdad debe tener eco en el estado de derecho, continuar la investigación, castigo a los responsables y cerrar cualquier espacio a la impunidad.

La Jornada


Marcha por los cinco años del caso Ayotzinapa

Ayer por la tarde se realizó la marcha por los cinco años del caso Ayotzinapa, en la Ciudad de México; te compartimos algunas fotos y videos de cómo transcurrió la movilización.

Previo a la marcha denominada “Ayotzinapa, cinco años de memoria y resistencia” se realizó una misa en el Ángel de la Independencia, para enseguida iniciar con el recorrido por el Paseo de la Reforma rumbo al Zócalo de la Ciudad de México.

En la marcha participaron padres y familiares de los 43 normalista de Ayotzinapa, acompañados de miles de personas.

En el “Antimonumento de los 43”, ubicado en las esquinas de Reforma y Bucareli, los padres de los normalistas realizaron un breve mitin y el pase de lista.

Durante la manifestación, un grupo de anarquistas encapuchados vandalizó monumentos, edificios y comercios.

Los destrozos fueron acompañados por cohetones, además de que cargaron extintores extraídos de inmuebles, así como gasolina con amenaza de prenderla en los lugares que vandalizaron, sin que se haya registrado intervención policiaca.

Las agresiones con palos y piedras por parte de los anarquistas no se limitaron a los inmuebles a su paso, sino que se extendieron a los representantes de los medios de comunicación que cubrieron la movilización.

“¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, “¡El 26 de septiembre no se olvida!” y “¡Castigos los responsables!”, fueron las expresiones y exigencias durante la movilización a lo largo de las calles de la capital mexicana.

Cuando el contingente de la marcha llegó al Zócalo de la Ciudad de México, los padres de los 43 normalistas dieron un mensaje en un mitin.

Televisa