Colombia: Duque entrega al Secretario General de ONU documento que “prueba” apoyo de Maduro al ELN y disidentes de las FARC

Duque revela las pruebas que presentó a la ONU contra Maduro

El presidente Iván Duque reveló este jueves páginas claves del dossier que contiene las imágenes, los mapas y los puntos precisos, según el Gobierno Nacional, de la presencia de miembros de las disidencias de las Farc y de las guerrillas del Eln en Venezuela.

Duque puso en su cuenta de Twitter algunas de las 128 páginas, un día después de su discurso ante la asamblea de la ONU en donde indicó que hay pruebas del vínculo de Nicolás Maduro con grupos terroristas y narcotraficantes, y minutos después de entregarle en persona una copia al secretario general de la ONU, Antonio Guterres.

Duque dijo ante la comunidad internacional que presentaba la lista de “una cuadrilla de menos de 20 criminales que traicionaron la generosidad de los colombianos, y hoy residen en Venezuela a sus anchas, con todas las capacidades logísticas, promovidos por la dictadura. También revelamos, en este reporte, la ubicación de más 1.400 hombres en armas pertenecientes a los bloques más peligrosos del Eln, y 207 ubicaciones controladas por esta organización criminal en territorio venezolano”.

“También incluimos los testimonios de los ciudadanos venezolanos que se quejan de la presencia del Eln en su territorio y la inocultable presencia de delincuentes en campos de entrenamiento, así como la existencia de 20 pistas de aterrizaje al servicio del narcotráfico. Esta evidencia inequívoca prueba el auspicio, el patrocinio y el apoyo de la dictadura de Nicolás Maduro a esas estructuras criminales”.

En su alocución, ante el 74º período ordinario de sesiones de la Asamblea General de Organización de las Naciones Unidas (ONU), Duque sentenció: “Venezuela, señores Presidente, se ha convertido en tierra fértil para estructuras delictivas aliadas con el Eln, que no conocen fronteras”.

El Tiempo


Duque denuncia centros de entrenamiento para explosivistas en Venezuela

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, recibió el ‘dossier’ con el que el presidente Iván Duque busca probar el presunto apoyo de Nicolás Maduro al ELN y a los disidentes de las FARC.

“Yo espero que él y su equipo lo puedan revisar a profundidad. Y yo espero que el debate empiece porque creo, además, que la información que se ha entregado es muy contundente y tiene que servir para que el mundo entero no solamente siga condenado esa dictadura sino para que se consoliden más sanciones contra el régimen”, dijo Duque a su llegada a Washington.

En su cuenta de Twitter el mandatario publicó apartes del documento y, en una de sus páginas, acusa al ELN de delinquir en asocio con organismos de Seguridad de Venezuela y de repartir alimentos en nombre de la dictadura.

Incluso hay fotos de varios sellos del ELN en las cajas de alimentos CLAP que le entrega el Gobierno de Maduro a los venezolanos y de niños en el estado Táchira que estarían siendo adoctrinados por ese grupo criminal.

El mandatario también reveló imágenes de los campamentos la Laguna y la Cochinera en donde estarían siendo entrenados explosivistas para ejecutar atentados en Colombia.

En otra publicación, Duque muestra la conexidad que tendrían varios terroristas del ELN con el Cartel de Juárez y generales del Ejército Bolivariano para traficar droga a Aruba y otros destinos.

Otra de las páginas muestra el mapa de pistas clandestinas y de la presencia de los frentes de guerra oriental, nororiental y del norte en el territorio venezolano.

W Radio


¿Quiénes son las ‘Águilas Negras’?, le pregunta la CIDH al gobierno de Colombia

Con el mensaje de que el Estado debe concentrarse en investigar mucho más las amenazas contra líderes sociales, que los homicidios, para evitar que los sigan asesinando, las organizaciones de derechos humanos presentaron en Washington un informe detallado sobre este fenómeno que en Colombia sigue creciendo con cifras alarmantes. Según la delegada del programa Somos Defensores, Diana Sánchez, quien entregó los datos este jueves a los delegados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), durante 2016 y 2017, que coincide con la firma del Acuerdo de Paz, las cifras disminuyeron frente a 2015 cuando se registraron 539 casos. Aumentaron en 2018 con 583 amenazas y todo indica que este año esa cifra aumentará: solo en el primer semestre se reportaron 477 líderes amenazados.

“Hemos escuchado en este y otros foros, la posición del Estado frente a los homicidios de personas defensoras incluidos los líderes y lideresas sociales, y entendemos la relevancia del esclarecimiento de los asesinatos, pero esperamos que la respuesta del Estado sea sustanciosa sobre la temática de las amenazas y otros ataques”, dijo Viviana Krsticevic, la directora de Cejil. Según Sánchez, el incremento de las amenazas contra los defensores de derechos humanos ha sido exponencial y progresivo, sin respuesta alguna por parte del Estado colombiano. Entre el 2010 y el primer semestre de 2019, se registraron al menos 3.434 amenazas, la mayoría bajo la modalidad de panfleto.

Los comisionados de la CIDH también escucharon las modalidades que más utilizan los armados para amedrentar a los líderes sociales y defensores de derechos humanos. Desde llamadas telefónicas, avisos fúnebres, ramos de flores, notas en papel dejadas debajo de las puertas, mensajes de voz y de texto, mensajes a través de terceros, entre otros. Sin embargo, esta vez, denunció el delegado de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, las amenazas más recurrentes se hacen de manera directa porque los grupos herederos del paramilitarismo tienen control de estos territorios. “En esa ruralidad hay mucha militarización, no obstante, hoy en día las organizaciones de derechos humanos también tenemos vetado el ingreso a esas zonas so pena de ser asesinados”, puntualizó.

Igualmente, Alberto Brunori, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, fue duro con su apreciación de lo que está pasando en Colombia con esta población: “La labor de defender los derechos humanos en Colombia es de alto riesgo. Muchas defensoras y defensores realizan su trabajo en zonas apartadas en medio de la pobreza y la violencia. Es necesario reforzar su protección”. A lo que el consejero de Colombia para los Derechos Humanos, Francisco Barbosa, respondió contrariándolo, señalando que no comparte dicha apreciación ante la CIDH: “Solo en 66 municipios de los más de mil que tiene el país se han presentado asesinatos de líderes sociales. En Colombia no en todas partes se violan los derechos humanos. Su apreciación es inaceptable”, dijo.

De otro lado, el gobierno colombiano fue sorprendido por el comisionado de la CIDH, Francisco Eguiguren, quien expresó: “la CIDH ha venido haciendo seguimiento al asesinato de líderes sociales y defensores de DD. HH en Colombia. La Comisión se pregunta ¿Quiénes son las ‘Águilas Negras’? Se requiere identificar, investigar, procesar a quienes producen las agresiones”. A lo que la representante del Estado colombiano señaló que hay un fiscal dedicado a investigar estas amenazas, específicamente de este supuesto grupo que es el que más panfletos ha emitido. “Estamos haciendo la investigación, hemos recepcionado entrevistas, existen condenas contra personas que pertenecieron a las ‘Águilas Negras’. La apuesta es que este año tenemos que dar razón de eso”, puntualizó.

Así las cosas, el periodo 173 de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tuvo como protagonistas nuevamente a los líderes y defensores de derechos humanos. Esta vez, para analizar cuáles son las amenazas y qué está haciendo el Estado colombiano frente a este fenómeno que es creciente y que asesina cada tres días al menos a un líder social. Por eso, la conclusión de las organizaciones sociales que presentaron el informe es que a partir de 2016 la Fiscalía General de la Nación ha priorizado la investigación de los homicidios, “en detrimento de otro tipo de agresiones como amenazas, atentados, violencia de género, hurto de información, allanamiento ilegal”.

Finalmente, la organización internacional CEJIL dijo que está colaborando con un amplio grupo de expertos a nivel mundial para desarrollar un protocolo que procura contribuir a que los Estados entiendan el impacto de las amenazas para la defensa de los derechos y garanticen una investigación penal. “Como un gesto de buena voluntad, nosotros le pediríamos al gobierno que ratifique el Tratado de Escazú sobre desarrollo y medioambiente que incluye obligaciones específicas frente a las personas defensoras de derechos humanos”, especificó Viviana Krsticevic, la directora de Cejil.

El Espectador


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