El chavismo en su laberinto económico – Por Ángel Daniel González

La puesta en funcionamiento del llamado Plan de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica, el 20 de agosto de 2018, generó en el país, además de la obvia expectativa, un gran debate sobre sus características, efectividad y consecuencias. Como era de esperarse, desde la oposición lo que se produjo fue el descrédito total. Lo mismo ocurrió en el caso de los gremios empresariales y los acostumbrados analistas económicos antichavistas, que dejaron correr por medios y redes sociales su invariable pronóstico catastrofista. Pero lo más interesante en torno a este hito tal vez sea que las evaluaciones críticas de las medidas gubernamentales no se circunscribieron a las voces opositoras, sino que se generó una importante discusión a lo interno del chavismo.

Es pertinente, entonces, realizar un análisis de este debate particular, que acompañe el recuento y balance analítico del primer año del plan de recuperación que realizan, en términos económico-políticos, las voces reunidas en este foro, quienes, dicho sea de paso, han sido participantes destacados de la mencionada discusión.

Hay que decir que los primeros desencuentros a lo interno del chavismo comenzaron antes del 20 de agosto de 2018. La caída de los precios del petróleo desde 2014 y su consecuencia directa sobre los ingresos nacionales en dólares, sumada al bloqueo financiero impuesto por EEUU desde el año 2015 y profundizado en 2017, sumieron al país en una crisis económica sin precedentes, cuya principal característica es la ausencia de divisas para que el Estado financie la actividad económica nacional, como ha sido costumbre desde hace décadas. En este contexto surgió una polémica acerca de la necesidad de eliminar el control cambiario que se había mantenido desde 2003, cuando el presidente Chávez estableció un sistema de fijación del tipo de cambio y asignación controlada de divisas, lo cual permitió al gobierno conducir una política económica centrada en la distribución de la riqueza petrolera con énfasis en el despliegue de programas sociales que aumentaron notablemente la calidad de vida de la población durante la llamada “década ganada” (2003-2013).

Pues bien, una vez cerrado el chorro de “petrodólares” que irrigaba la economía nacional la opinión pública concentró sus “análisis” en el control cambiario. Era lógico que el empresariado privado reclamara la disminución de su acceso a las divisas cuando estas eran cada vez más escasas, señalando al Gobierno de “acaparar” los dólares para el Estado en desmedro de la “producción”. Lo que llama la atención es que este discurso haya permeado las vallas políticas y se haya incorporado a las líneas opináticas del chavismo, que históricamente había defendido de forma monolítica la política de control cambiario.

En junio de 2018, se publicó en el sitio web 15yultimo.com un documento de propuestas en materia económica elaborado por un grupo de 28 profesionales que se reunieron, debatieron y consensuaron un conjunto de recomendaciones dirigidas al presidente Nicolás Maduro. En el texto incluyeron consideraciones en múltiples áreas, incluyendo la monetaria y la cambiaria. Para nada sorprendió que, de todo lo abordado allí, los puntos que suscitaron mayor polémica fueran precisamente estos dos. En nuestro país parece que la discusión económica se niega a traspasar el sólido y cristalino domo de la relación bolívar-dólar.

El caso es que el documento de marras proponía “mantener y reforzar el control cambiario”, con la importante particularidad de que se hiciese “suspendiendo la asignación de divisas públicas a empresas privadas; destinando las divisas disponibles para importaciones directas de bienes esenciales por el Estado y la restricción de la libre convertibilidad del bolívar soberano”. Así mismo, recomendaba “la creación del bolívar oro soberano, cuyo valor sea fijado por la cantidad de oro depositado en las bóvedas del Banco Central de Venezuela. El objetivo es anclar el valor del bolívar a un bien cuyo precio sea marcado en el mercado internacional, no susceptible de manipulación por terceros, lo cual ha sido el factor determinante de la inflación inducida y la desestabilización económica”.

Estas propuestas generaron un interesante debate en redes sociales y espacios de opinión en los medios. Pero destacó particularmente la voz del constituyente Jesús Faría, dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela y exministro del gobierno del presidente Nicolás Maduro. El economista publicó un artículo llamado “Observaciones a una propuesta económica“, en el que respondía al documento difundido por 15yÚltimo. Allí cargó contra la propuesta del “bolívar-oro” y la profundización del control cambiario, así como contra los controles de precios. Respecto al primero, señaló que “se estrangularía la economía, perderíamos la capacidad de maniobra que nos aportan las políticas macroeconómicas, sería un shock como el ajuste del FMI. La economía requiere, lo que en términos económicos se define como un ajuste, pero ese esquema representaría un golpe fulminante para la población”. Y en relación al segundo punto dijo: “El problema cambiario (la especulación, el control, la caída de ingresos de divisas…) constituye el eje central de las grandes perturbaciones económicas del país. El control se agotó hace bastante tiempo, persistir en esa política sólo puede conducir a profundizar la crisis, es caldo de cultivo para la despiadada especulación cambiaria”.

La opinión de Faría, por la exposición mediática y la importancia política de que goza, resumió la postura de quienes dentro del chavismo defendieron la idea de la “liberación” del llamado mercado cambiario, así como la eliminación de controles de precios. Pero también, aunque quizás suene demasiado suspicaz, pudiera ser que al camarada Jesús Faría le haya tocado la labor de abonar el terreno de la opinión pública con la postura que finalmente sería asumida por el Gobierno en el futuro próximo respecto a estos asuntos.

Por supuesto que estas “observaciones” fueron respondidas en su momento por algunos de los firmantes del primer documento (esta respuesta puede leerse en el artículo titulado “Comentarios a las “observaciones” de Jesús Faría“, publicado también en 15yultimo.com). Más tarde, Faría publicó sus propias “Ideas para el debate económico”. Pero no es la intención de este análisis hacer un recuento exhaustivo de estos intercambios. En su lugar, es mejor revisar los esquemas que subyacen a esta polémica y que dan cuenta de la verdadera confrontación de posturas existente en ese amplio y contingente espacio político que denominamos chavismo.

El problema de fondo aquí tiene que ver con la concepción que se sostenga en cuanto al origen de la formación de los precios y del fenómeno que los economistas llaman “inflación”. Aunque parezca este un asunto “meramente económico”, en realidad no es así, ya que en él yace el meollo de la formación, distribución y acumulación de la riqueza, lo cual es en sí mismo el centro de toda elaboración y discusión política.

En el chavismo conviven pensamientos y “corrientes” políticas bastante diversas, que convergieron en un movimiento cimentado en un “espacio común” que surgió sobre lo que Reinaldo Iturriza describe como la interpelación entre el pueblo en rebelión contra la oligarquía y el liderazgo del comandante Chávez. (Ver el libro El chavismo salvaje, de Reinaldo Iturriza). Sin embargo, aunque una de sus características sea la diversidad de posturas frente a distintos temas, el horizonte común del chavismo ha sido el combate contra el neoliberalismo. De hecho, este horizonte es el que marca el origen del chavismo. El experimento neoliberal aplicado durante el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez detonó dos rebeliones: una popular, el 27 de febrero de 1989; y otra militar, el 4 de febrero de 1992. “Del encuentro entre los protagonistas de ambas eclosiones surgió el chavismo” (Iturriza, op. Cit.). Hugo Chávez llegó al poder en 1998 con un discurso basado en la lucha contra la corrupción, el rescate de los valores bolivarianos y el rechazo al neoliberalismo, que había hundido en la miseria a las mayorías populares durante la última década.

Lo anterior explica que el debate en torno a la conveniencia o no del control cambiario haya incluido acusaciones, con sus respectivas negaciones, de estar asumiendo posturas neoliberales. Quienes defendían la eliminación del control de cambio afirmaban que tal cosa no implicaba un compromiso con el neoliberalismo.

Pero el problema es que no se trataba solo del control de cambio, sino que este forma parte de un conjunto de elementos de debate estrechamente relacionados. El tema urgente para los venezolanos era, y sigue siendo al día de hoy, el desmedido y descontrolado aumento de los precios de bienes y servicios, es decir, la inflación. Y las discusiones acerca de lo que debe o no debe hacer el Gobierno para enfrentar este fenómeno pasan, a su vez, por la discusión en torno al “origen” de la inflación.

El discurso economicista ortodoxo lleva más de 40 años repitiendo hasta consolidar su imposición la tesis de que la inflación es un asunto monetario. Básicamente, los economistas afirman que su causa descansa inequívocamente en un desbalance entre la cantidad de dinero circulante y el tamaño de la producción. La culpa de esto, por supuesto, es del Estado, quien eleva el llamado “gasto público” por encima de sus capacidades presupuestarias y por encima de la capacidad de la economía. En términos claros, los precios suben porque el Estado hace que los trabajadores tengan más capacidad de compra, de manera que la demanda de productos rebasa la oferta de los mismos; entonces la “tendencia natural” del mercado es a equilibrarse por la vía del aumento de los precios. Luego, esta lógica es captada tanto por capitalistas como por trabajadores, quienes se dedican unos a aumentar los precios previendo un aumento de salarios, y los otros a presionar por aumentos de salarios previendo un aumento de los precios. Circulo vicioso que genera hiperinflación.

Por el otro lado, está la postura crítica a este dogma monetarista. Para explicarla es bueno citar a Luis Salas, quien de paso es uno de los actores del debate económico y político dentro del chavismo. Salas afirma que, entre otros inconvenientes, el problema principal de la tesis difundida por Milton Friedman y la “Escuela de Chicago” es que hace pasar la descripción del fenómeno por una explicación del fenómeno. Es decir, la tendencia es a esconder las verdaderas razones del aumento de los precios, haciendo pasar como “comportamientos naturales” lo que corresponde a la lógica de reproducción del capital. En el libro Escritos desde la guerra económica, Salas expone:

“La inflación no existe: en la vida real, esto es, cuando una persona va a un local y se encuentra con que los precios han aumentado no está en presencia de una ‘inflación’. En realidad, lo que tiene al frente es justamente eso: un aumento de los precios, problema del cual la inflación en cuanto teoría y sentido común dominante se presenta como la única explicación posible cuando en verdad es tan sólo una y no la mejor. Se presenta como la única posible porque es la explicación del sector dominante de la economía en razón de lo cual se la impone al resto”.

Más adelante continúa:

“El control de precios en los mercados es un falso problema porque en los mercados los precios siempre están controlados: en realidad, cuando los economistas se refieren al control de los precios como problema se están refiriendo al control de precios del Estado. Para la mayoría de ellos, como dijimos, debe dejarse que el ‘libre juego’ de la oferta y la demanda se realice y autorregule los mercados. Sin embargo, en la única economía donde esa autorregulación funciona es en la de los manuales con que estudiaron dichos economistas que nos hablan de competencia perfecta y un conjunto de otras cosas que esos mismos manuales dicen que corresponden a tipos ideales y abstracciones que no se cumplen en la realidad. En un mercado suele suceder que los precios son impuestos por los productores y los ofertantes. Y en el caso venezolano eso es todavía más cierto dadas las condiciones oligopólicas y monopólicas de producción y comercialización”.

El punto es que el aumento de los precios no se debe a una supuesta distorsión entre la oferta y la demanda. Se trata del problema de toda economía capitalista: “el de la creación, distribución y acumulación de la riqueza una vez creada. Los precios altos no son un indicador de mercados distorsionados, son la expresión de la lucha de clases dentro de la sociedad capitalista venezolana”.

Pero en el caso actual de Venezuela, la cosa no es solo de “reproducción del capital”. Existe el factor político, la guerra que mantienen las clases capitalistas criollas, con sus “aliados” internacionales” contra el Gobierno Bolivariano, primero el de Chávez y luego el de Nicolás Maduro. Y aquí entra el juego la manipulación del tipo de cambio.

La economista Pasqualina Curcio ha publicado en distintos medios una colección de artículos en los que explica que “la causa determinante de la hiperinflación en Venezuela no es el aumento de la cantidad de dinero, es la manipulación política y criminal del tipo de cambio”.

Explica Curcio en el trabajo “Hiperinflación: enigmas teóricos y políticos“:

“Cualquier libro de texto de ‘Economía’, hasta el más básico, muestra que la inflación, según sus causas, se clasifica en 1) inflación de demanda y 2) inflación de costos. Teóricamente y según esos textos, siempre que la inflación es de costos, el resultado en la economía es un aumento de los precios acompañado de una caída del producto interno bruto, es decir, implica una estanflación. Los costos, por su parte, aumentan, entre otras razones porque aumentan los precios de los bienes importados, a su vez por la depreciación de la moneda, aunque haya sido manipulado su valor. Este tipo de inflación ocasiona lo que se conoce como shock de oferta. Mientras que la inflación de demanda deriva en un aumento de precios acompañado de un aumento del producto interno bruto. Ocurre cuando aumenta la demanda debido, por ejemplo, al incremento de la cantidad de dinero. Si la inflación fuese de demanda, a su vez originada por la expansión de la cantidad de dinero, tal como afirman algunos economistas de la derecha, estaríamos, teóricamente ante un aumento del tamaño de nuestra economía. No es el caso. Es el caso es que en Venezuela, la hiperinflación está acompañada de la caída del producto interno bruto, estamos en estanflación, por lo tanto, la inflación es de costos, no de demanda, estamos ante la presencia de un shock de oferta originado por la manipulación del tipo de cambio que, por las expectativas racionales y adaptativas de los agentes económicos, encarece los bienes importados, incide sobre los costos de producción y los precios de todos los bienes y servicios de la economía”.

Señala también la economista en otro artículo (“Lo evidente“) que “no hay que ser economista, ni sacar muchas cuentas para percibir lo que ocurre”: “los comerciantes ajustan sus precios tomando como referencia el tipo de cambio del mercado paralelo. Este es el principal factor en la determinación de los precios, no en cambio ninguna ley de oferta y demanda. “Cada vez que aumenta el tipo de cambio en esos portales web aumentan los precios de todos los bienes, independientemente de que haya o no más dinero en la economía. Y como ya dejamos en evidencia antes, ese tipo de cambio no incrementa tampoco por la mayor cantidad de dinero, sino por manipulaciones intencionadamente políticas”

Ubicadas las dos perspectivas en disputa para analizar el problema económico, es posible analizar el comportamiento del Gobierno a partir del Plan de Recuperación implementado desde el 20 de agosto de 2018

Durante mucho tiempo y hasta la fecha en cuestión, el Gobierno se mostraba casi dogmático en la defensa de políticas como el control de cambio, controles de precios, subsidio del precio de la gasolina, etc. Respondía a la postura histórica del chavismo. Tan es así que dentro del mismo comenzó a circular la idea de que tales medidas debían revisarse o redimensionarse, puesto que el problema consistiría en que tanto los precios de algunos productos como el tipo de cambio bolívar-dólar estaban “desfasados”. Se proponía revisar los marcadores pero sin levantar los controles. Sin embargo, había voces, entre las cuales destacó por su persistente presencia en medios de comunicación públicos y privados, la del constituyente Jesús Faría, quien proponía directamente el “levantamiento del control cambiario”.

Es en este contexto que se anuncia y entra en vigencia el Plan de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica. Si bien este programa no incluyó, al menos en las líneas implementadas el 20 de agosto, una “liberalización” en cuanto a precios y tipo de cambio, sí hubo una especie de “apertura de puertas”, a través de una especie de opción intermedia: la reformulación de la política de controles. En el ámbito cambiario, se estableció una tasa única flotante que respondería a un sistema de subastas de divisas entre privados. Y en cuanto a los precios de productos de primera necesidad la fijación de los mismos dejó de ser formulada por el gobierno para inaugurar una nueva modalidad: los precios “acordados” entre el Estado y los empresarios. Vale decir que más allá de las medidas anunciadas, la realidad económica tomó un rumbo distinto: los precios acordados no se respetaron y la inflación continuó imparable. Es decir, las acciones no generaron un impacto sobre el alza desmedida de los precios, lo cual era uno de sus objetivos.

Y es que, junto a las medidas comentadas, se tomaron otras que resultaban contradictorias respecto a estas. Se comenzó a hablar de “disciplina fiscal” y de “reducir la liquidez y la emisión de dinero inorgánico”. Al margen del plan de recuperación fue derogada la Ley de Ilícitos Cambiarios, lo que supuso la despenalización de las transacciones en dólares en el territorio nacional y un impulso a la “desbolivarización” de la economía, lo cual devaluó aún más la moneda nacional. Es decir, aunque no se habló de “liberalización” ni mucho menos, se dio a entender que se asumía la tesis monetarista de que la inflación es producto de un exceso de liquidez y se hizo caso omiso a las reiteradas advertencias que desde el chavismo se hacían sobre que el principal factor en el alza de los precios era la manipulación del tipo de cambio. Este movimiento es aún más sorprendente si recordamos que durante años el propio Gobierno denunció al “dólar criminal” como enemigo número uno de la economía nacional.

Precisamente, esto es lo que más llama la atención en este debate. La ocurrencia de un giro pragmático, no declarado, en la visión gubernamental de la política económica. A este respecto podemos citar la crítica de Luis Salas a propósito de un primer balance del Plan de Recuperación, días antes de anunciarse el factor de corrección:

“… Pero, por otra parte, el corazón de la política económica no explícita del Gobierno implica sacrificar el poder adquisitivo en nombre de la estabilidad macroeconómica, pues en la medida en que se convenció de que la hiperinflación es un fenómeno monetario causado por el exceso de liquidez monetaria, tal y como dicen los monetaristas, al luchar por reducirla o al menos no aumentarla no solo está impedido de aumentar salarios e incluso de controlar precios, sino que en la práctica debe dejar que el poder adquisitivo se deprima aún más y los precios sigan aumentando”.

“Parece un contrasentido pero en realidad tiene mucha lógica. Lo que genera confusión es que eso va en contra de lo que el Gobierno discursivamente defiende”.

“Pero eso es justo lo que queremos decir: que mientras el Gobierno tiene una política económica manifiesta o discursiva que mal que bien coincide con los principios del chavismo (justicia social, igualdad, inclusión, etc.), en la práctica, tiene una política económica no bien explicitada que marcha en camino contrario. Y pareciera haber llegado el momento en que debe escoger entre las dos”. (“Los dilemas del plan de recuperación: corregir o no corregir“).

Pareciera que la línea lógica de acción del Gobierno consistiera en una especie de “pragmatismo” para enfrentar la crisis político-económica. Pero esto se realiza de manera no declarada. Durante lo que va de 2019, se ha mantenido la política de contracción del consumo, mediante el mantenimiento de salarios realmente bajos en comparación con los índices de precios. Lejos quedaron los tiempos en que el Gobierno mantenía un “mano a mano” con la inflación mediante una “política de defensa del salario”.

Pero este giro práctico no solo se observa en cuando a la política cambiaria o de precios. En concordancia con las acciones en tales ámbitos, ha habido exoneraciones impositivas a los empresarios con la esperanza de esto sea un “incentivo” para exportar y captar dólares para la economía. Así mismo, se han flexibilizado los impuestos a inversiones extranjeras, con la intención de atraerlas y con ellas, también a los dólares. Nada de esto, por demás ha sucedido.

Sin embargo, quizás lo más escandaloso, por la tragedia que estos casos y porque acercaría aún más la política práctica hacia el neoliberalismo, ha sido la situación denunciada por el movimiento campesino, que afirma que existe una avanzada de “devolución” a los terratenientes de tierras que fueron entregadas por el Gobierno Bolivariano a asociaciones campesinas. De la misma manera, proliferan denuncias sobre “privatizaciones” de empresas y fábricas que otrora fueron recuperadas por el Estado ante el abandono de los antiguos propietarios.

Esta situación en el campo, que data de mucho antes del Plan de Recuperación, viene “acompañada” por una aumento del sicariato contra dirigentes del campo, así como la persecución y judicialización del movimiento campesino, con la denunciada participación de policías, guardias nacionales, fiscales, jueces y funcionarios del Ejecutivo nacional y regional, que se complotan para ejercer la fuerza en favor de los terratenientes. Proliferan denuncias y casos de este tipo, lo cual es preocupante, no solo por la vida y la integridad de los compañeros campesinos, sino porque en plena crisis económica, en lugar de apoyar y promover las alternativas populares, pareciera que se las frena y neutraliza, lo cual es una absoluta contradicción tratándose de un Gobierno socialista.

Tal política de privatización y “reprivatización” tampoco ha sido declarada ni defendida, mucho menos explicada por la vocería gubernamental. Esto ha generado también reacciones de diferente tono dentro del chavismo. Entre ellas destaca la voz del exministro Elías Jaua, quien en octubre del año pasado, en plena vigencia del Plan de Recuperación, llamaba la atención al respecto mediante un artículo en su blog personal titulado “Producir sí, desnacionalizar no“:

“Necesario es un balance del proceso de las llamadas alianzas estratégicas iniciado en el año 2016, donde se transfirió la gestión de un número indeterminado de empresas estatales a sectores privados; así como de la política de intervención con funcionarios externos de otro número importante de empresas estatales. No es cierto que dichas empresas estén dirigidas, en la actualidad, por sus trabajadores”.

“Desde el punto de vista pragmático, afirmamos que la privatización de nuestros activos no es la solución a los problemas de producción. En primer lugar, porque el peso de la mayoría de estas en el abastecimiento, salvo las estratégicas, no es determinante en el mercado nacional; en segundo lugar, porque no contribuirían en nada a reducir el déficit fiscal, ya que seguirían demandando dólares y financiamiento del Estado para funcionar; y en tercer lugar, porque tendrían un impacto social y político en nuestros trabajadores, trabajadoras, campesinos y campesinas”.

“No hay que equivocarse en el diagnóstico, si el origen del desabastecimiento se ubicara en el régimen de propiedad social, cómo explicar la falta de medicamentos, siendo la industria farmacéutica privada. La explicación está en que ésta depende, al igual que las empresas públicas, la Polar y otras “exitosas” empresas privadas, de los dólares del Estado. Desviación estructural del modelo capitalista venezolano, origen principal de las distorsiones de nuestra economía”.

Para que el análisis sea justo, es necesario tomar en cuenta el contexto político en el que los hechos aquí comentados han tenido lugar. El Gobierno Bolivariano ha estado bajo un asedio creciente y cada vez más violento por parte no solo de la oligarquía criolla, sino de múltiples poderes internacionales, dirigidos todos nada menos que por el gobierno de Estados Unidos, quien ha dejado de estar tras bastidores para ponerse al frente de una avanzada contra Venezuela. Ha habido magnicidios frustrados, múltiples intentos de golpe de Estado y levantamientos militares infructuosos, se ha despojado a la nación de miles de millones de dólares, se ha bloqueado financiera y comercialmente al país y especialmente a nuestra industria petrolera. 50 países se han confabulado en una acción de desconocimiento del gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro. Las voces oficiales del imperio no cesan de dar ultimátums al Presidente y su equipo para que abandonen el poder. Es evidente que no es nada fácil resistir en tales condiciones y no es un logro menor haber logrado mantener el poder al día de hoy ante todos estos ataques.

Quizás sea exagerado afirmar que el Gobierno ha tratado de ceder en la concepción de la política económica con la esperanza de convocar alianzas prácticas que le permitan recuperar la gobernabilidad. Pero lo cierto es que la realidad ha evidenciado cambios performativos con respecto a la tradición gubernamental del chavismo, al menos en lo circunscrito al ámbito económico, lo cual no es poca cosa.

La pregunta es que, dado el recrudecimiento de la guerra en contra del chavismo, ¿Cuál es la opción del Gobierno? ¿Con quién establecerá alianzas? Si el origen del chavismo se ubica, precisamente, en la alianza de una dirigencia política hecha gobierno con las clases subalternas y los movimientos populares, ¿puede considerarse realista un cambio de perspectiva que desdiga de la naturaleza del chavismo para buscar fuerzas en otros sectores sociales, en otras clases que históricamente han puesto todos sus esfuerzos en la negación de la alternativa bolivariana como identidad política y de gobierno?

En todo caso es comprensible que, estando en “modo supervivencia”, el Gobierno no esté dispuesto a caer en “asambleísmos” que pongan en peligro la vida de la Revolución, y por eso no exista un debate frontal a lo interno del movimiento. El problema es que esa actitud sirve para aglutinar y polarizar a una parte del chavismo, pero dispersa y expulsa a otra buena parte, precisamente cuando el Gobierno necesita sumar fuerzas. ¿Será verdad que la radicalidad del chavismo es peligrosa para su propia supervivencia?

Si el chavismo puede aparecer, para algunos, peligroso, al parecer el pragmatismo ha resultado más peligroso aún, porque, al menos en cuanto a lo económico, no ha dado más resultado que agudizar la crisis y hacer avanzar en el conflicto.

En este sentido, sirvan para cerrar este análisis las palabras de Pasqualina Curcio en un artículo de opinión publicado en el diario Últimas Noticias el pasado 5 de agosto, en el que insistió en refutar la tesis monetarista que hace que se mantengan bajos los salarios para combatir la inflación. Que la frase sirva de punto gravitacional para reorientar las acciones políticas que permitan reconcentrar al chavismo y pasar a una etapa ofensiva de la resistencia.

En cualquier circunstancia, si queremos mantener la perspectiva socialista y popular, jamás debe ser olvidado que:

“En revolución es del lado de la clase trabajadora que se debe estar“.

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