¿Hay alguien que pague los daños ambientales en Ecuador? – Por Luis Ángel Saavedra
Por Luis Ángel Saavedra
Tres décadas de extracción petrolera en la Amazonia ecuatoriana deja cientos de fosas con desechos tóxicos que continúan afectando el medio ambiente y la salud de las comunidades.
La realidad es cruda. Los territorios de pueblos originarios convertidos en áreas de extracción de recursos estratégicos para el desarrollo de occidente, mueren y no pueden ser recuperados para seguir albergando a los pueblos indígenas, campesinos o afrodescendientes que los habitaban. Junto al territorio, mueren también estos pueblos a pesar de que resistan, de manera épica, el embate de los gobiernos y las transnacionales empeñadas en la explotación de recursos. Para los gobiernos y las empresas no importa el costo ambiental, no importa la destrucción de las comunidades, no importan los enfrentamientos, no importan las muertes. Lo hecho por la empresa Texaco, adquirida por Chevron en el 2001, y la complicidad de los gobiernos ecuatorianos es un ejemplo de lo afirmado.
La empresa estadounidense Texaco operó por 28 años en el norte amazónico del Ecuador. Desde 1964 extrajo petróleo sin tomar ninguna medida de protección, ni para el ambiente ni para la salud de las comunidades campesinas e indígenas que habitaban lo que hoy constituyen las provincias de Orellana y Sucumbíos. Perforó más de 350 pozos en 15 campos petroleros utilizando tecnología obsoleta, que a la época ya no la utilizaba en otros países más estrictos con la protección ambiental, incluyendo los EEUU. Se fue en 1992 dejando al menos 820 piscinas con desechos tóxicos y luego de derramar deliberadamente más de 18 millardos de galones de agua tóxica en la selva amazónica ecuatoriana.
Las piscinas, como se les llama a las fosas donde se depositaron desechos tóxicos, fueron excavaciones sin ningún tipo de recubrimiento o material que impidiera la filtración de petróleo a los terrenos adyacentes o a los ríos. Aún en la actualidad se puede comprobar cómo las filtraciones siguen llegando a los esteros y ríos de la región.
Hicieron tantas de estas fosas que aún no se sabe el número exacto. La Corte de Sucumbíos, al dictar sentencia contra la petrolera en el 2011, señaló 356 pozos perforados, con un total de 820 fosas de desechos, pero los pobladores siguen hallando más ya que algunas fueron escondidas rellenándolas de tierra y se las descubre por las filtraciones de petróleo o por fotografías e inspecciones que realiza el Instituto Geográfico Militar del Ecuador.
Aumentan casos de cáncer
Otra de las prácticas nocivas de la empresa fue el verter petróleo en las decenas de caminos que la empresa abrió para llegar a los sitios de extracción. La mayoría de los indígenas y campesinos no usaban zapatos, por lo que tuvieron contacto directo con el petróleo.
A la larga, estos hechos provocaron que en las provincias de Orellana y Sucumbíos se registren tres veces más casos de cáncer que la media registrada en el país. La cifra es mayor si se compara con zonas que no han sido expuestas a la contaminación petrolera en las mismas provincias; en ese caso el indicador es 6 a 1, tal como lo afirma el médico Carlos Beristain en un estudio publicado en el 2009 por el Instituto de Estudios Sobre Desarrollo y Cooperación Internacional, de la Universidad del País Vasco, en España.
De igual forma, la Sociedad de Lucha Contra el Cáncer (SOLCA) de Ecuador, a cuyo cargo está el “Registro Nacional de Tumores”, reveló que desde el 2004 existe un incremento progresivo de casos de cáncer en los residentes de Orellana y Sucumbíos, registrándose mayor incidencia de cáncer de estómago, sistema hematopoyético y retículo endotelial, cuello uterino, piel y ganglios linfáticos. En casos de leucemia, que afectan principalmente a los niños de 0 a 4 años de edad, la incidencia es 3 a 1, comparado con el resto del país.
Esta gran agresión ambiental no solo impactó negativamente en la salud, sino que destruyó la estructura social de nacionalidades ancestrales como los cofanes, secoyas y sionas, a más de otras nacionalidades que migraron desde la región amazónica sur y se asentaron allí desde finales de la década del 50, como los kichwas amazónicos y los shuar. Enfrentados a la Chevron-Texaco, sin posibilidades de rehabilitar sus tierras y con la amenaza de nuevos proyectos extractivos, estas nacionalidades corren el riesgo de desaparecer, tal como sucedió con los pueblos Tetetes y Sansahuaris, que desaparecieron en la década de 1970 debido a la presión ejercida por la explotación petrolera y, junto a ella, el avance de la colonización mestiza.
En 1993, un grupo de campesinos e indígenas afectados por las acciones de Texaco decidieron demandar a esta gigante petrolera en Nueva York, EEUU, iniciando así un juicio que acaparó la atención de organizaciones, militantes y abogados ecologistas, así como de los directivos de las más grandes transnacionales petroleras, quienes se vieron amenazados por este proceso propiciado por unos 30,000 indígenas y campesinos que exigían una indemnización de US$27 millardos por los daños producidos por los pasivos ambientales que la petrolera había dejado sin remediar.
Diez años después, la justicia estadounidense se declaró incompetente para llevar adelante este juicio y concluyeron que la demanda debía ser presentada en Ecuador, argumentando que los daños habían sido provocados en ese país. Durante los nueve años que duró el juicio en Ecuador, Chevron puso una serie de obstáculos, incluso la recusación de jueces y varias demandas contra los abogados y principales líderes de los demandantes, todo esto con la intención de demorar una sentencia que ya se veía venir, pues no pudo desvirtuar su responsabilidad en el daño ambiental producido en las zonas donde operó.
El 14 de febrero de 2011, el juez de primera instancia Nicolás Zambrano condenó a Chevron a pagar $9.5 millardos por los daños ambientales producidos durante 28 años de explotación petrolera. Además, exigía que Chevron pida disculpas públicas a los habitantes de Sucumbíos y Orellana por el crimen cometido en sus territorios; si no lo hacía en un plazo de 15 días, a partir de la fecha de la sentencia, debería pagar el doble del monto fijado. Chevron-Texaco ni pidió disculpas, ni pagó por los daños causados.
La sentencia contra Chevron fue ratificada en el 2013 por la Corte Nacional de Justicia y en julio del 2018 por la Corte Constitucional, pero las maniobras de la petrolera estadounidense empezaban también a dar resultados.
Campaña contraproducente
En setiembre del 2013, el expresidente Rafael Correa (2007-2017), en su afán de convertirse en una figura ecologista internacional, lanzó la campaña “La mano sucia de Chevron” con la que metió al gobierno en un litigio que se daba entre particulares y, además, lo hizo cuando los demandantes ya habían ganado.
La campaña gubernamental dio a la empresa los argumentos necesarios para asegurar que en el Ecuador se cometió un fraude y así llevar el caso a instancias de arbitraje internacional en donde tenía el control. Le sirvieron también los mecanismos que Correa implementó para controlar el sistema judicial y perseguir a sus opositores.
El exmandatario dio todos los argumentos necesarios para que Chevron pueda asegurar que en el Ecuador se cometió un gran fraude jurídico en su contra, en el que estaban involucrados los demandantes, sus abogados, los jueces de las diversas instancias en donde se ratificó la sentencia y hasta el propio gobierno.
Con base a esos argumentos, en setiembre del 2018 el tribunal internacional, administrado por la Corte Permanente de Arbitraje con sede en La Haya, Holanda, que veía el caso falló a favor de Chevron y ordenó anular la sentencia del 2011 y establece que el Estado ecuatoriano debe pagar a Chevron una indemnización (aún desconocida) por el presunto daño económico causado a esta.
Por su parte, Lenín Moreno, presidente de Ecuador desde mayo del 2017, con un gobierno débil y en manos de empresarios cercanos a Chevron, no hizo lo necesario para defender al país en las instancias de arbitraje internacional, y se han venido dictando resoluciones que endosan al Estado ecuatoriano la responsabilidad de remediar el daño causado por la petrolera en la Amazonia norte.
Por lo pronto, el ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Carlos Pérez García, anunció en febrero pasado que este año el gobierno asumirá la remediación de las zonas petroleras que fueron contaminadas por la petrolera estadounidense Chevron. La decisión fue aceptada por la Unión de Afectados por Chevron-Texaco (UDAPT), organización que agrupa a la mayoría de demandantes, pero exigió que esta iniciativa incluya un plan de acción inclusivo y transparente que involucre a las poblaciones afectadas.
La UDAPT señala en su sitio web que la decisión del gobierno ecuatoriano de reparar las áreas afectadas responde al cumplimiento de sus obligaciones establecidas en el Contrato de Remediación firmado entre Ecuador y Texaco en 1995 y que nada tienen que ver con lo ordenado en la sentencia contra Chevron, que incluye reparaciones por daños culturales, a la salud de las poblaciones locales y al ecosistema.
El gobierno solo tiene que cumplir con su Política pública de reparación integral de daños ambientales que entre otras acciones señala: “Se exige que los responsables del daño y/o pasivo ambiental realicen la remediación y restauración de los componentes biofísicos del ambiente e indemnicen y compensen a las personas afectadas por el desarrollo inadecuado de actividades productivas”.
La población afectada organizada seguirá buscando justicia, sin embargo, con un gobierno débil y frente a un gigante que no tiene escrúpulos para defender sus intereses financieros, la pregunta final que surge es quién va a pagar los daños causados por la empresa en la Amazonia. Chevron está saliendo del aprieto y a la final va a evadir su responsabilidad, mientras que el gobierno ecuatoriano no tiene fondos para hacerlo aunque en su discurso ya anuncie que la remediación es una tarea que le compete.
No se aprende de la experiencia
Para el gobierno ecuatoriano lo sucedido con Chevron parece no dejarle ninguna experiencia y ha optado no solo con ampliar la frontera petrolera, penetrando en el parque nacional Yasuni y la Amazonia sur, sino que se ha embarcado en grandes proyectos mineros, como Cóndor Mirador, ubicada en el nacimiento de cuencas hidrográficas que alimentan el río Amazonas, en la provincia de Zamora; y el proyecto San Carlos de Panantza, en la provincia de Morona Santiago. Estos dos proyectos tienen en común el desalojo violento de campesinos e indígenas shuar y la desaparición de pueblos, como San Marcos y Nankints.
En Ecuador no existe experiencia minera y, por tanto, no existe regulaciones ni procedimientos específicos con los que se pueda monitorear esta actividad y prevenir daños ambientales; por lo pronto, en Cóndor Mirador es visible ya la contaminación de los ríos y deslaves producidos por haber roto el cauce original de las quebradas. Las poblaciones shuar de las riberas del río Quimi poco a poco están abandonando sus casas, pues no tienen agua sana para su consumo ni para alimentar a su ganado.
Lo más absurdo es cómo el gobierno elabora un discurso de protección para la gran minería y pone de ejemplo la violenta situación que viven poblaciones en donde se ha asentado la minería ilegal, como en el sureste de la provincia de Imbabura, en el cantón Urcuquí. El gobierno dejó que grupos armados tomen el control de poblaciones afrodescendientes de esta provincia, así como en la región fronteriza colombo ecuatoriana de Tobar Donoso, en la provincia de El Carchi y ahora presenta la situación como ejemplo de lo que pasa cuando no opera una transnacional.
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