La Asamblea Nacional de Ecuador debate sobre despenalización del aborto y del cannabis medicinal

Aborto por violación, se define despenalización

La votación de las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) todavía no están totalmente definidas. Hay temas en los que hay acuerdo, sea en el contenido o en el mecanismo de votación, pero hay otros en los que se pretende llegar a un consenso durante la mañana y tarde de hoy, antes de la sesión convocada para las 17:30.

César Litardo, presidente de la Asamblea; y Ximena Peña, presidenta de la Comisión de Justicia, ambos de PAIS, esperan que la forma de votación esté clara antes de bajar al Pleno, por lo que mantendrán una reunión con los jefes de bancadas durante el día. Ese encuentro será crucial para establecer qué temas polémicos se votarán por separado, para que exista unanimidad en el resto del texto.

Lo que sí está definido es que la despenalización del aborto en cuatro causales será votada de manera independiente y que la disminución de penas en los delitos de robo será excluida de la propuesta, aunque el correísmo podría solicitar que también se vote aparte.

Hoy se decidirá si la incorporación del comiso sin condena, la despenalización del uso y posesión de derivados del cannabis para tratamientos medicinales, la incautación y la posibilidad de mostrar el rostro de los delincuentes en delito flagrante se votarán de manera independiente, señaló Peña.

Aborto

El texto final, distribuido ayer por el secretario (e), John de Mora, establece cuatro causales para la despenalización del aborto, además de las dos vigentes. La propuesta es que en el artículo 150 se incorpore que la terminación del embarazo no sea punible cuando sea consecuencia de una violación, de una violación incestuosa, de una inseminación no consentida y cuando el embrión o feto padezca una patología congénita adquirida.

En el caso del aborto por violación se aclara que el tiempo de embarazo no podrá superar las 14 semanas de gestación y que “no se requerirá la preexistencia de una sentencia o resolución”, sino únicamente “la afirmación de la víctima ante el personal médico”. Dicha afirmación se convertirá en noticia criminis para el inicio de una investigación.

Igualmente, que las niñas y adolescentes no requerirán de autorización de sus padres o representantes legales para abortar en caso de violación y que el Estado deberá proveer el “acompañamiento necesario para que su decisión sea libre e informada”.

¿Se podrá aprobar?

Según Peña, se esperaría contar con al menos 75 voluntades, de las 70 que se requieren para aprobar. De lo que se conoce, los 32 correístas votarían en conjunto a favor de la despenalización. El resto de partidos están divididos, pero se dará libertad de conciencia en la mayoría.

Por ejemplo, en CREO, Patricio Donoso sostuvo que votará en contra, mientras su coidearia Gloria Astudilla a favor. Todavía no hay una mayoría identificada para ninguna de las dos posturas. Se esperaba conocer el texto final y mantener una reunión hoy, para definir si habrá libertad para votar, pues Guillermo Lasso, líder del movimiento, está en contra del aborto.

En el Bloque de Acción Democrática Independiente (BADI), cuatro estarían en contra, dos a favor y dos no se conoce. Mientras, en PAIS se manejaba un escenario de entre 20 y 26 asambleístas a favor de la despenalización. La mayor parte de bancadas tendrá reuniones hoy antes de la votación.

Por su parte, Wilma Andrade (ID) indicó que en la Bancada de Integración Nacional (BIN) la mayoría estaría en contra: tan solo tres de los 11 votos estarían a favor. (AGO)

EL DATO

Organizaciones a favor del aborto se concentrarán afuera de la Asamblea desde las 17:30. Grupos provida estarán desde las 14:00.

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páginas tiene el documento final para votación que fue remitido a los asambleístas.

La Hora


Las reformas penales van a la votación con ajustes

La falta de consensos para una nueva tipificación del delito del robo obligó a la presidenta de la Comisión de Justicia, Ximena Peña (AP), a suprimir ese artículo del texto que este martes 17 de septiembre de 2019 será sometido a votación en el Pleno.

“Ese tema no obtuvo consenso de la mayoría de las bancadas, por tal motivo no se incluiría en el texto, a no ser que sea una demanda del sector correísta que entiendo que todavía no decide si ese artículo sea parte del informe”, expresó.

La iniciativa apuntaba a establecer escalas para la aplicación de penas por este delito, por ejemplo, de tres a seis meses si el valor del bien sustraído no supera un salario básico unificado; o de 22 a 26 años si a consecuencia del robo se ocasiona la muerte.

Con ello se mantendrá tal como está el artículo 189 del Código Penal, que se estipula, entre otros aspectos, que “cuando el robo se produce únicamente con fuerza en las cosas”, será sancionado con pena privativa de libertad de tres a cinco años.

Otro de los artículos que irá con ajustes es el 150, sobre el aborto no punible por violación, incesto e inseminación no consentida. Peña explicó que habrá precisiones para las causales.

“Antes se hablaba de incesto, ahora se está planteando que sea la violación incestuosa porque pueden haber casos de incesto que no son violación. También el tema de mal formación fetal… y en la inseminación no consentida se hace una referencia al artículo 164 que es el que la define”, indicó.

Antes de la reinstalación de la sesión 611 del Pleno, prevista para las 17:00, el presidente de la Asamblea, César Litardo (AP), planea reunirse con los jefes de las bancadas legislativas para definir el mecanismo de votación. Mientras que grupos Provida anuncian manifestaciones.

Además del aborto por violación, hay otros temas que serían votados por separado como el uso de los derivados del cannabis para fines medicinales y terapéuticos, la figura de comiso sin sentencia, incautación y el artículo que permitirá mostrar el rostro de los procesados por delitos.

La ministra del Interior, María Paula Romo, confía en que la Asamblea apruebe los cambios sobre nuevos criterios para el uso progresivo de la fuerza por parte de la Policía, y que también les permita a los uniformados retirar armas blancas a quienes no tengan justificación válida para llevarlas consigo.

En la agenda del Pleno consta, además, la discusión de un proyecto de resolución que impulsa el asambleísta Héctor Muñoz, de Suma, para limitar las funciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

Muñoz abrió la posibilidad de modificar su propuesta para eliminar a ese organismo, a través de una reforma parcial a la Constitución, a pesar de que ya está en marcha una iniciativa ciudadana en este sentido.

El Pleno también decidirá hoy sobre la salida de Ecuador de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).

El Comercio


Será ley: viacrucis para no condenar a una mujer violada que abortó

Por Silvia Buendía

El primer paso para instituir el laicismo en el mundo se dio en Francia en 1789 cuando se llamó a Estados Generales y se votó la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Al Ecuador el laicismo le llegó mucho más tarde, en 1897 y de la mano de Eloy Alfaro. La separación entre Iglesia y Estado fue el principal aporte de la revolución alfarista para que nuestro país ingresara a la modernidad. Desde entonces, el Estado laico se ha ido construyendo en forma lenta, paulatinamente. Es complicado cambiar la idiosincrasia de un pueblo a través de leyes. A Alfaro de alguna manera esto le costó la vida.

Un debate sobre derechos

Pese a sus limitaciones, el Estado laico es en nuestros días el mayor garante de las libertades públicas. En ese contexto, las organizaciones feministas han venido esgrimiento argumentos y aportando razones para que el Estado entienda que el aborto es un problema de salud pública y que, por lo tanto no puede ser abordado desde la criminalización. En 2007 grupos antiderechos llegaron a Monticristi con la exigencia de que la Constitución prohibiera todo tipo de aborto, incluso el terapéutico. Una pequeña batalla se ganó entonces. La norma penal respecto al aborto quedó como estaba desde 1938, es decir, con dos causales en las cuales el aborto no era delito: cuando estuviera en riesgo la vida o la salud de la mujer y cuando la mujer hubiera sido violada y tuviera discapacidad mental.

En octubre del 2013 se dio una oportunidad histórica para que la Asamblea ampliara las causales de despenalización del aborto.

Fue en el segundo debate del Código Orgánico Integral Penal (COIP), cuando la entonces asambleísta Paola Pabón mocionó que se exceptúe de la votación el art. 150 para debatir y votar por separado la despenalización del aborto en caso de violación, sin importar que la mujer tuviera o no discapacidad mental.

En ese momento, en ese debate, algunas legisladoras compartieron datos escalofriantes. Cada día se registraban 14 denuncias de mujeres violadas (fuente Fiscalía), de 3’804.976 mujeres en edad fértil, una de cada cuatro había sufrido violencia sexual (fuente INEC); entre el 16 al 30% de mujeres pueden embarazarse luego de una violación sexual (fuente Congreso Americano de Obstetras y Ginecólogos 2012); 3.684 niñas entre 12 y 14 años fueron violadas en 2010 (fuente INEC).

En 2013 una encuesta de Cedatos determinó que el 64% de la población estaba de acuerdo con la despenalización del aborto en caso de violación. Pero el entonces presidente Rafael Correa mandó a callar a sus asambleístas e impidió toda posibilidad de debate. Incluso llegó a amenazar con renunciar si el tema se seguía discutiendo en el Pleno.
Debido a esa pataleta de Correa, no solo no se pagó la deuda histórica con las mujeres, sino que esta se hizo aún más grande, pesada y vergonzosa.

La actualidad

Han pasado seis años desde entonces. El escenario hoy es bastante diferente. En primer lugar, la campaña argentina para legalizar el aborto traspasó fronteras y pegó con fuerza en toda Latinoamérica. En Ecuador las organizaciones feministas nos dedicamos estos años a levantar información que prueba que la criminilización del aborto no solo no impide su práctica, sino que incrementa el problema. También el panorama político del país es otro. Lenín Moreno no solo no es un curuchupa autoritario como Correa, sino que tampoco impone su postura sobre la despenalización del aborto –cualquiera que esta sea- a su bloque legislativo.

Será ley

Dos hechos recientes patearon el tablero político a favor de despenalización del aborto. Uno de ellos se dio en enero durante el primer debate del COIP cuando la asambleísta independiente María Mercedes Cuesta -conocida por su defensa de la vida desde la concepción- subrayó con una pregunta el verdadero sentido del debate: ¿Debe el Estado criminalizar a una mujer violada que abortó? Ella misma se respondió diciendo que no, que eso era cruel e inadmisible. Su discurso se hizo viral, a partir de ese momento la prensa cubrió este tema desde ese mismo cuestionamiento puntual y urgente.

El segundo hecho que remeció a la clase política y a la opinión pública se dio cuando el portal de noticias GK publicó un reportaje que aseguraba que Jaime Nebot, líder del Partido Social Cristiano, había trasmitido a su bloque que a su parecer una mujer violada no puede ser revictimizada por el Estado si decide abortar y que él está a favor de despenalizar el aborto en casos de violación.

Luego de esta publicación, Nebot emitió un comunicado en el que ratificó lo dicho por GK y volvió a tocar este tema un par de semanas después en una entrevista con Andeson Boscan en La Posta.

En la Asamblea, las intervenciones de los legisladores que están a favor de la despenalización del aborto han estado impecablemente sostenidas con argumentaciones jurídicas, médicas y sociales, con datos estadísticos e información científica. La necesidad de ampliar las causales de despenalización del aborto se ha socializado y debatido intensamente en medios de comunicación y en espacios académicos. Incluso algunos movimientos y partidos políticos -como Alianza PAIS e Izquierda Democrática- han emitido comunicados a favor de la despenalización del aborto en casos de violación.

Asimismo, organizaciones sociales como la Conaie, el Frente Unitario de Trabajadores, la Ecuarrunari, la Junta de Protección de Derechos y la Coalición Nacional de Mujeres también se pronunciaron en contra de que se criminalice a las mujeres violadas que abortan. Todo esto seguro ha calado en la opinión pública, pues de acuerdo con una encuesta de Cedatos de julio de este año, el 73,4% de la ciudadanía está de acuerdo en despenalizar el aborto en casos de violación.

Este miércoles 18 de septiembre la Asamblea votará el COIP y dentro de este, interrumpir embarazos en casos de violación. No importa el resultado, gracias al trabajo incansable de las feministas, en Ecuador ya se ha operado la despenalización social del aborto.

Más temprano que tarde, la ampliación de las causales de aborto no punible se convertirán en ley. (O)

El Telégrafo


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