La crisis cíclica de la renta en Venezuela

Cualquier intento de comprender la crisis económica que atraviesa Venezuela actualmente no debe ignorar el papel principal que ha desempeñado y desempeña la renta petrolera. Desde su génesis, con la llegada de los grandes capitales foráneos, la renta petrolera modificó la sociedad venezolana en todos sus aspectos, obligó a la modernización del Estado, alteró la composición de las clases sociales, reorganizó la geografía nacional según sus intereses y como nuevo dinamizador de los procesos políticos y económicos, se convirtió en el principal objeto de disputa entre las clases dominantes, generándose los reclamadores de renta y los buscadores de renta(1) como los denomina el profesor Bautista Urbaneja, y que describen dos grandes sectores de la sociedad: aquellos que buscan hacerse del control de la renta ocupando el poder político o económico, y los sectores desposeídos que buscan organizarse para reclamar mayores cuotas de renta por medio de ayudas sociales, expansión de los servicios públicos, etc.

El Estado venezolano, a través de una larga disputa con las trasnacionales petroleras se ha convertido en el administrador principal de la renta petrolera, por supuesto que este no es un administrador “objetivo” o guiado por una absoluta racionalidad gerencial, todo lo contrario, el destino de los algunas veces abundantes y otras veces menguados recursos es definido por los intereses de las clases dominantes venezolanas, de la correlación de fuerzas de su pugna intestina y de las demandas de los otros sectores de la sociedad venezolana. Las formas en que nuestro Estado distribuye la renta varía notablemente según los momentos de esta, mostrandose conciliador y benefactor en los momentos de alza del ingreso pero tornándose neoliberal cuando los precios internacionales del petróleo disminuyen, generándose las conocidas crisis del capitalismo rentístico venezolano. Es nuestra intención develar aquí como la relación entre lo político y lo económico impacta en el comportamiento de un actor determinado, al respecto nos dice Theotonio Dos Santos(2):

“Cuando nos aproximamos a una situación histórica concreta y encontramos sus determinaciones, vemos que el juego de las fuerzas políticas tiene sus posibilidades de acción condicionadas por un restringido número de posibilidades económicas, que se van tornando tanto más estrechas cuanto más profunda es la crisis. Por tanto, en las situaciones de crisis aguda, se tornan más duras y más prominentes las posibles soluciones. Así, el acto político es el que decide (por tanto, el hombre/mujer) qué camino debe seguirse, pero las posibilidades históricas están dadas dentro de determinadas posibilidades económicas. La determinación que comienza en lo económico se realiza a través del acto consciente o político, y vuelve a lo económico, actuando sobre él dentro de las condiciones que él estableció.”

Para ilustrar con mayor claridad podemos recurrir a uno de los casos de la historia reciente del país como lo fueron los gobiernos de Carlos Andrés Pérez, al comparar sus gestiones se mostrará con total claridad este fenómeno. Si tomamos el primer gobierno de CAP, que se desarrolló en el marco de una de las mayores bonanzas petroleras, veremos que el comportamiento del Estado es el de uno fuerte, que interviene activamente en la economía, genera puestos de trabajos, aumenta salarios, inicia programas de industrialización y nacionalización de empresas, etc. Se forma la apariencia de un estado fuerte y cimentando en una abundancia inacabable, abundancia que a su vez comparte con el resto de la sociedad o supuestamente lo hace.

En el periodo de alza de los ingresos petroleros el Estado venezolano se ve aliviado en sus tensiones entre los que reclaman cuotas de renta, normalmente inicia un proceso de transferencia de renta a la burguesía por medio del establecimiento de un cambio fijo que sobrevalúa el bolívar de manera artificial frente al dólar, esta sobrevaluación de la moneda nacional actúa como una transferencia directa a los sectores importadores que se benefician de un tipo de cambio bajo que les permite iniciar una masiva importación de bienes de consumo traídos de los países industrializados. Los pocos sectores productivos son a su vez subsidiados por un aumento en el crédito o beneficiados en la importación de bienes intermedios. Por otro lado la clase trabajadora también recibe un aumento de la cuota de renta destinada a ellos, se aumentan los salarios, se otorgan bonificaciones, hay una expansión de los servicios públicos que se extienden hasta los sectores más periféricos donde habitan las y los trabajadores y sus familias, se condonan deudas en el campo, se otorgan créditos a pequeños productores, etc. De igual forma el Estado crece se expande rápidamente en este periodo, crea nuevas instituciones e interviene directamente en la economía, para hacernos una idea, durante el primer periodo de CAP el Estado incrementa su participación en la inversión bruta fija de un 32% en 1970 a un 59,5% en 1976(3).

La aparente abundancia y riqueza de la sociedad venezolana en estos periodos de alza aminora las tensiones en la lucha por el poder y el control de la renta en Venezuela, la conflictividad social se reduce y el Estado desempeña un papel benefactor y asistencialista.

(…) El que fue ministro de Hacienda casi hasta el final de ese primer gobierno de CAP, Héctor Hurtado, resume muy bien, en entrevista concedida a Terry Karl en 1978, lo que en realidad ocurría. “El arma más importante de un ministro de finanzas cuando se enfrenta a múltiples peticiones presupuestarias es poder decir: no hay. Pero ¿cómo podía yo de decir: no hay, con ese montón de dinero por ahí? Y ¿cómo podía decir: no hay, cuando cualquier solicitante podía ir a pedírselo a alguien más?(4)

El segundo gobierno de CAP, en cambio, es muy distante del primero. CAP recibió una nación en crisis producto de la reducción de los ingresos petroleros y el peso de una deuda externa que fustigaba el tesoro nacional, este gobierno que contaba en sus filas con un arsenal de la tecnocracia neoliberal, planificó y puso en ejecución un programa de ajuste o paquete económico para reducir el gasto público, “El Gran Viraje” o VIII Plan de la Nación. Este programa en rasgos generales consistió en una reducción del Estado, reduciendo el número de instituciones, dando pie a un programa de privatizaciones, pero también reorganizando el sistema cambiario que pasaría a un sistema flotante provocando una devaluación del 150% sobre el bolívar, impactando la transferencia de renta a la burguesía importadora pero también flexibilizando la legislación a favor de la inversión privada extranjera buscando atraer sus capitales a la nación. Por supuesto, también se hacen recortes en aquellas transferencias de recursos (o bien de renta en el contexto del petro Estado) a la clase trabajadora por medio de subsidios al consumo, reducción de los salarios, dándose una caída del salario real cercana al 30% (5) producto de la liberación de precios y con el alza del costo de los servicios.

En este periodo la conflictividad se incrementa, el propio sistema puntofijista comienza a entrar en su crisis terminal, la partidocracia, FEDECAMARAS, sectores de las FFAA tienen conflictos entre sí y las amplias mayorías populares dejan de conceder legitimidad a este sistema.

Este fenómeno se vuelve a dar en un periodo de tiempo mucho menor y mucho más reciente, si comparamos el desarrollo económico de los gobiernos de Chávez y Maduro encontraramos preocupantes semejanzas con los hechos económicos y el comportamiento del Estado venezolano entre los años 1970-1998. En la siguiente parte del artículo detallaremos algunas políticas similares entre los distintos ajustes económicos en Venezuela, particularmente el Gran Viraje de Carlos Andrés Pérez y la Agenda Venezuela de Rafael Caldera.

¿El viejo ajuste por fin llegó?

Los precios. Tanto en el “Gran viraje” como en la “Agenda Venezuela” la cuestión del control de precios fue un punto clave, si en el primero se pedía una “reducción” de los controles de precios en el segundo se apuntó a una “liberalización” del sistema de precios. Durante los gobiernos de Chávez y el primero de Maduro la oposición señaló una y otra vez al control de precios como una de las principales políticas económicas responsables de los problemas del país. Tras más de una década y media de “aplicación” de esta política, hoy en día basta pasearse por un supermercado, de cualquier zona del país, para ver que de facto se han aplicado ambas políticas de ajuste, tanto la reducción de los controles (nunca muy presentes) como la liberalización de los precios y como consecuencia directa es cierto que abundan productos escasos en otro momento. Ejemplar es el caso de la harina de maíz precocida que tiene un precio de 14 mil bs cuando en la tabla publicada en el Plan de Recuperación el precio acordado era de 20 bs. A ciencia cierta, como con todo lo demás, no se ha anunciado un levantamiento oficial de los controles, aunque es evidente que hay un acuerdo, así sea de omisión.

Impuesto al valor agregado (IVA). El impuesto al valor agregado, que aparece en 1994 en Venezuela con una alícuota de 10%, ha tenido un camino de subida y bajada en los últimos 25 años, sin embargo si en algo coinciden los planes de ajuste es en llevarlo al máximo posible, al punto de que en 1996 llegó a su tasas más alta alcanzando el 16.5% y desde agosto del año pasado quedó en 16%, la más alta en los últimos 17 años. Frente a esto, sectores de la izquierda y los trabajadores han reclamado constantemente su desaparición por ser un impuesto regresivo que recae sobre el bolsillo del pueblo.

Fomento a la inversión extranjera. En el proceso de reducción del Estado y desplazamiento de la centralidad del petróleo en la economía venezolana el Gran Viraje se planteó el levantamiento total de las restricciones internacionales para la inversión extranjera. El 29 de diciembre de 2017 se aprobó la Ley constitucional de inversión extranjera productiva que busca estimular la llegada al país de inversión en materias como los hidrocarburos, minería y telecomunicaciones. Entre sus cambios incluyó la eliminación del Cencoex, reduce el tiempo de permanencia en el país para iniciar el envío de remesas al extranjero, se aumenta de 80% a 100% las utilidades que pueden remitir a sus casas matrices y establece en diez puntos las condiciones favorables que pueden disfrutar las empresas que inviertan. Durante varios meses Luis Britto García denunció esta ley, tanto en su proceso de elaboración como luego de su publicación.

Del subsidio indirecto al subsidio directo. La Agenda Venezuela se planteó directamente la creación de planes sociales focalizados y en general, ante la reducción de los ingresos y la consecuente reducción del Estado (cuando así su dirigencia lo desea) los subsidios indirectos son reemplazados por subsidios directos. En los últimos tiempos el gobierno venezolano, a través de sus distintos voceros, ha anunciado una política de cambio del tipo de subsidio. Aunque la sustitución no ha sido total, porque siguen existiendo diversos subsidios indirectos en distintas áreas claves de servicios, el carnet de la patria nace como el instrumento para la ejecución de una política de subsidios directos. A comienzos de este año el ejecutivo afirmó que el carnet de la patria había llegado a 18 millones 429 mil personas, lo cual quiere decir que más de un tercio de la población no accede a los subsidios directos, suponiendo que estos les lleguen a la totalidad de los carnetizados.

Desmejoramiento de los salarios: Si el Gran Viraje de CAP en su objetivo de “reestructurar la economía del país”, arremetió contra la clase trabajadora restringiendo de manera importante los niveles salariales, el gobierno de Nicolás Maduro en el marco del Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica, ha optado por la misma fórmula. La publicación del Memorando circular N 2792 , del día 11 de octubre del 2018, establece las bases para la eliminación de la contratación colectiva y unifica una tabla salarial fija del sueldo mínimo para todos los sectores del trabajo. Con el objeto de “racionalizar la justa distribución de las riquezas”, el gobierno optó por ajustar por debajo a todos los trabajadores y trabajadoras del sector público, violando el artículo 4 de la LOTTT que prohíbe la desmejora de los derechos salariales conquistados anteriormente. De esta forma, la contratación colectiva, como conquista histórica de la clase trabajadora del país, queda a la buena de la decisión unilateral del patrono público o privado.

Reducción del gasto fiscal: La desmejora de los niveles salariales del sector público no responde a una política aislada, sino que obedece a una creciente reducción del gasto fiscal, otra medida que caracterizó tanto al plan de ajuste neoliberal de CAP (El Gran Viraje), como al de Caldera (Agenda Venezuela), ambos en el contexto de una fuerte baja de los ingresos petroleros. En noviembre de 2014 el presidente Maduro, ante la caída de los precios del crudo, anunció por primera vez un recorte en el gasto público en el que se incluía una revisión de todos los sueldos y salarios de ministerios y empresas del Estado. Pero este recorte del gasto fiscal ni se quedó en el 2014, ni se expresó sólo en los salarios, pues la creciente entrega actual de empresas públicas al sector privado, evidencia que el Estado ahorra importantes gastos al ceder dichas empresas al capital privado.

Privatización de empresas públicas: En el III programa de ajuste de Caldera, “Agenda Venezuela” para superar la crisis bancario-financiera, se creó el plan de privatización de las empresas públicas, como programa pactado con el FMI. Sin la mediación de una institución financiera, el gobierno de Nicolás Maduro, ha desarrollado un creciente plan de privatización de empresas públicas, cuyo carácter sistemático revela que no se trata de casos aislados, sino de una política de Estado. Cadena de supermercados Bicentenario, Arroz del Alba, Planta de alimentos balanceados ABA, Granja Porcina José Leonardo Chirinos y algunas operaciones de PDVSA, son sólo algunos ejemplos que expresan esta política que pretende resolver la crisis con la entrega de lo público al sector privado y de manera menos transparente que en la pasada década de los noventa.

Aumento del precio de los servicios públicos: El incremento de los servicios públicos se ha hecho notar en la política de gobierno de los últimos meses. El servicio de gas doméstico y comercial ha experimentado en los últimos días considerables aumentos en diversos Estados del país, tales como Bolívar en el que el precio aumentó de 0,00178 a 500 bs por litro en las zonas residenciales y 1000 bs en las comerciales. Igualmente en el Estado Lara Carabobo y Nueva Esparta los aumentos han sido preocupantes. Estos casos han venido siguiendo a los iniciados en la Capital desde el mes de enero de este año. Esto se debe, en la mayoría de los casos, a que PDVSA Gas comunal ha delegado la distribución de este servicio a la gestión de cada Estado en la que mayormente se han utilizado compañías privadas, elemento que genera sospecha de una posible privatización de venta de bombonas y operaciones de PDVSA Gas Comunal.

Así mismo, ante la imposibilidad de que la empresa estatal SUPRA CARACAS resuelva el problema de la basura en la capital, se recurrió en el mes de octubre del 2018, a subcontratar un servicio de camiones, que ha llevado al aumento en altos porcentajes de este servicio público desde el mes de noviembre del año pasado. Respecto al servicio de luz, aunque CORPOELEC no ha oficializado ningún aumento, las tarifas han incrementado paulatinamente. En el primer semestre del año en curso, varias zonas de la capital han denunciado aumentos del 150% en el uso de este servicio, en donde del mes de abril al de mayo, el precio incrementó de 2 mil a 5 mil bolívares, sin ningún tipo de anuncio oficial. En el caso del internet, la empresa pública CANTV anunció su nuevo plan de ajuste el pasado mes de abril, que eleva sus tarifas desde los 899 Bs, hasta los 7.192bs. Sin embargo, diversos sectores de la capital han reportado incrementos de hasta un 3600%. Todo esto sin hacer mención al creciente e imparable aumento del pasaje de las camionetas que ya elevó recientemente su tarifa interna a los 700 bs, sin que el gobierno lo haya autorizado, lo que demuestra un total descontrol de éste hacia el sector del transporte público.

Romper el ciclo de la crisis

Partiendo de que el Estado venezolano se construyó dentro de los márgenes de la explotación petrolera y tomó el papel de administrador de la renta proveniente de la colocación en el mercado mundial de ese único producto, hemos querido mostrar que las variaciones en los precios de comercialización del petróleo afectan al propio Estado, su conformación y las políticas que de él emanan, expandiéndose en época de bonanza y contrayéndose con la caída de los precios del mismo. Gobiernos como los de CAP y Caldera que acá hemos tomado como ejemplo de este fenómeno, respondieron a las crisis producto de la baja de los precios del crudo y el endeudamiento internacional aplicando “recetas neoliberales”, coherente con la inclinación política que los caracterizó. Sin embargo, estas medidas son difíciles de diferenciar con las tomadas actualmente por el gobierno de Nicolás Maduro que al menos en lo discursivo no se identifica con el neoliberalismo. Llama poderosamente la atención que frente a la crisis, la lógica que se impone es de orden puramente administrativo, pretendiendo recortar gastos a costa del sacrificio de quienes menos responsabilidad tienen en la generación de ésta, llegando incluso a sacrificar el proyecto histórico como actualmente evidenciamos.

El ciclo de las crisis de la renta petrolera venezolana no puede superarse aplicando siempre la misma lógica, cuando mucho, esto nos hará entrar en un nuevo ciclo de auge y posterior debacle económico como la historia reciente nos demuestra. Reducir el problema de la crisis de la renta a lo puramente administrativo, suponer que los problemas de Venezuela se resuelven con gerencia y buena administración como los tecnócratas han pretendido siempre, no permite ver el trasfondo de los intereses de clase en la administración de ésta, intereses que son sostenidos tanto en el auge económico como en la propia crisis con el fin de no perder los privilegios históricos o recién alcanzados. Modificar los intereses de clase en la administración de la renta, reemplazarlos definitivamente por los intereses de las grandes mayorías nacionales, históricamente excluidas y fácilmente descartables por la lógica neoliberal en época de escasez, podría ser el palo en la rueda de las crisis cíclicas de la renta petrolera venezolana.

Romper con este ciclo supone superar la lógica de la tecnocracia y confiar de manera decidida en la fuerza orgánica que ha logrado construir en los últimos tiempos la producción local, en la capacidad de gestión y de control directo sobre sus territorios que han alcanzado las comunas, en la fuerza demostrada por los campesinos en los procesos de recuperación de tierras y su intento por sostener la producción, en la disposición que tienen algunas organizaciones de trabajadores que han manifestado la capacidad de control y autogestión directa sobre los espacios productivos. La diferencia cualitativa de este momento histórico de crisis respecto a los atravesados por los gobiernos de CAP y Caldera radica en que existen condiciones orgánicas generadas por el proyecto histórico chavista que ha dejado como saldo un enorme cúmulo de voluntades dispuestas a tomar la gestión directa del territorio, de las empresas y del campo, generando hasta ahora resultados reales y tangibles aún teniendo que navegar en contra de múltiples dificultades en su intento.

Sin embargo, para avanzar en este sentido es necesaria la transparencia por parte del gobierno sobre todos los procesos que adelanta en el marco de la crisis. Al respecto, recientemente las voces de algunos movimientos sociales se aventuraron a plantear más allá del análisis coyuntural, una serie de propuestas en el documento Diálogos para una Superación Chavista de la Crisis donde resalta justamente el llamado a la transparencia de los procesos adelantados en el marco de los planes de ajuste económico y en general a todos los factores decisivos para la vida de los venezolanos.

La aparente salida fácil de la reducción de gastos administrativos como receta propia del neoliberalismo, que reduce al Estado a su mínima expresión con sus ya conocidas consecuencias, evidencia la composición de clase (o al menos los intereses que defiende) de un determinado gobierno. Si además teniendo la oportunidad de tomar otras alternativas se insiste en repetir esquemas que en el pasado cargaron sobre la espalda de los más débiles la pesada carga de la crisis, difícilmente pueda darse una salida verdaderamente revolucionaria a la actual crisis.

La Haine


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