Ecuador: la situación de las niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violación

Obligadas por el Estado a criar a hijos que no querían

“Si no lo quiere, que dé al niño en adopción”. La frase se repite más de 1.500 veces en tuits y comentarios registrados en los días previos al debate por la despenalización del aborto por violación en la Asamblea Nacional, que concluyó el martes con la ratificación sin cambios del Artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal.

La solución parece simple. Si las niñas y mujeres abusadas no quieren criar a los bebés producto del crimen cometido en su contra, entonces que los entreguen al Estado y este les busque un hogar. Pero en Ecuador, dar en adopción a un hijo no está contemplado en la ley y el proceso para cesar la patria potestad está plagado de trabas y vacíos legales que convierten el trámite en un viacrucis, sobre todo para las víctimas.

Mayra Tirira, abogada de la organización Surkuna, lo sabe de primera mano. En 2017, la entidad asumió la defensa de ‘Gaby’ (nombre protegido), una adolescente quiteña que fue abusada por su padre, desde que tenía 11 años. Producto de ese abuso, la pequeña dio a luz a un bebé a quien rechazó desde el inicio. Con su progenitor en prisión y una madre que se rehusaba a aceptar lo acontecido, la niña y el bebé ingresaron a una casa de acogida.

Rápidamente, la relación entre madre e hijo se volvió insostenible, pero pese a varios episodios de violencia, separar a la niña del bebé resultó imposible. No importaron los informes de las trabajadoras sociales de la casa de acogida, en tres instancias distintas: el Juzgado de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Quito negó la separación.

El primero, en 2017. En esa ocasión, durante el dictamen, el jurista indicó que “el separarlos (niña y bebé) a otros centros de acogimiento, se estaría atentando a la familia que consagra la Constitución de la República del Ecuador; además se estaría atentando el de mantener lazos de afectividad, cariño y amor, que debe existir entre madre e hijo”.

Recomendó terapias para que la niña “superara el trauma y aceptara al bebé”.

Tras un nuevo episodio de violencia, la casa de acogida nuevamente recomendó la separación. Esta vez el juez habló directamente con Gaby. “¿Por qué usted no quiere a su hijo?”, le preguntó. Tenía claro que ella había sido victimizada por su padre, que era menor de edad, y que el niño le recordaba los abusos de su progenitor. Aun así, negó la medida y nuevamente recomendó terapia familiar.

El proceso, curiosamente, es estándar en la normativa que utiliza el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) para lidiar con situaciones de disfunción familiar, incluso en casos de niños productos de abuso. “La reinserción familiar es la regla, la adoptabilidad la excepcionalidad”, señala la cartera estatal.

Este año, las abogadas de Surkuna dieron con la única posibilidad legal para separar a Gaby de su bebé, demandarla por negligencia y así iniciar el trámite para que el Estado cese su patria potestad. “Tuvimos que acusarla a ella de ser una madre negligente, para que el Estado finalmente acceda a la separación”, explicó Tirira.

A esto se sumó una nueva complicación. El violador, recluido en prisión, también debía renunciar a sus derechos sobre el niño para que este pudiera ser declarado en adoptabilidad.

“El Estado, como tal, no concibe el hecho de que una madre no pueda querer a su hijo, incluso en situaciones tan complejas como esta, en las que son menores de edad. Se las tiene que responsabilizar a ellas, revictimizándolas, para que sus hijos puedan ser adoptados. Es una situación irrisoria. Es urgente reformar el Código de la Niñez y la Adolescencia”, explicó Tirira, indignada.

Con ella concordó el catedrático y experto en Derechos de la Niñez, José Antonio Toledo. “La ley no contempla que una madre quiera voluntariamente entregar a su hijo en adopción, porque fue construida con una percepción errada y moralista de que la maternidad siempre es deseada y esa concepción prima incluso sobre el bienestar del niño”.

Agregó que los procesos de custodia familiar y acogimiento familiar que maneja el MIES establecen claramente que no pueden ser solicitados por los padres o representantes legales del menor y que las medidas tienen un máximo de entre uno y tres años de duración. “Hay un énfasis en la reinserción que es importante y necesario, pero que no contempla casos tan delicados y termina siendo revictimizante para las víctimas de abuso sexual, pues no solo las obliga a la maternidad extendida, sino que las culpabiliza del rechazo que sienten”, señaló.

El caso de Gaby no es único. EXPRESO consultó con otras organizaciones de derechos humanos y de acogida y de apoyo de mujeres. Dos niñas y una joven accedieron a contar sus casos a este Diario y hablar sobre el complejo proceso al que se enfrentan para entregar a sus hijos al Estado.

Según las cifras del MIES, actualmente hay 2.552 niños, niñas y adolescentes en centros de acogida a nivel nacional. El 29 % fue abandonado, el 25 % fue removido por negligencia. En cincuenta y siete casos, el Estado ha solicitado la privación de la patria potestad de los padres. Solo el 4 % es adoptado cada año.

“Le pedí a mi tía que lo críe”

Melanie (nombre protegido) tiene 16 años. Soñaba con ser doctora, y de paso, ser la primera en su familia en ir a la universidad. Sus sueños se truncaron cuando, a los 14 años, su padrastro abusó de ella y la dejó embarazada. Su mamá no le creyó. Tuvo que hacerlo cuando el embarazo se hizo evidente, pero en lugar de denunciar a su pareja, botó a Melanie de la casa. Ellos siguen juntos.

La niña, en cambio, dio a luz en casa de una tía y tuvo que dejar el colegio. “Yo quería seguir estudiando. Le pedí a mi tía que se quede con mi hijo, que ella lo críe, pero no quiso. Me dijo que yo tenía que cuidarlo”. El año pasado, intentó regalarle el bebé a una vecina. El acuerdo no prosperó. Cuando su tía se enteró, acudió al párroco de su iglesia, al sur del Puerto Principal. “Me llevó a hablar con el padrecito . Él me dijo que Dios me lo mandó y que yo tenía que perdonar porque no es culpa de mi hijo”, recuerda entre lágrimas. Acepta que se siente culpable, que quiere querer a su hijo, pero que no se siente capaz. Espera con ansias cumplir la mayoría de edad.

Ahora, explica, quiere estudiar costura y, quizás, terminar el colegio. “Si ahorita tuviera dónde irme, me iría”. No tiene muy claro cómo será su futuro ni el del pequeño. Intentó aplicar al Bono de Desarrollo Humano del Gobierno, pero al ser menor de edad, aún no es elegible. “Me gustaría que él vaya al colegio, pero yo no tengo ni para mí, no sé qué pasará”.

“Intenté sacármelo”

Camila (nombre protegido) tenía 19 años cuando fue con sus amigas a una discoteca en su Daule natal. Un chico la sacó a bailar, le sonrió y le invitó una cerveza.

No recuerda mucho más. Cuando despertó, estaba sola, en una casa a la que no recordaba haber ido. Al traumático proceso de denuncia, rápidamente se sumó una noticia peor. Estaba embarazada. No quería estarlo. “No me importaba que fuera pecado, no me importaba nada. No quería tenerlo. Intenté sacármelo, pero no pude. No me arrepiento, yo no lo quería”, recuerda resuelta.

Han pasado cuatro años desde aquel momento y la vida no se hizo más fácil. Tras varios episodios de negligencia hacia su hija, la niña ingresó a una casa de acogida durante un año. Al buscar la reinserción familiar, la pequeña fue ubicada junto a su abuela materna, quien actualmente es su guardiana legal. Para Camila, la solución fue igual de conflictiva que el problema. “No voy a casa de mi mamá. Sé que no está bien, que la niña no tiene la culpa de lo que me hicieron, pero cuando la veo pienso en eso. Le agradezco a mi mamá que la cuide, pero hubiera querido que tenga otra familia”, subrayó.

Superar lo que le sucedió tampoco fue fácil. Actualmente, gracias a un trabajo estable, acude a terapia psicológica e intenta restablecer su vida.

“Me avergüenza ir a la escuela”

Dayanara (nombre protegido) es una niña tímida. No aparenta los 13 años que tiene. Lleva en brazos un bebé de seis meses. Es hijo de su primo. Ella y su hermano menor quedaban en manos del adolescente mientras su madre y su tía trabajaban. Se enteraron que estaba embarazada cuando la llevaron al centro de salud con su supuesto dolor de estómago. Ahí, el personal avisó a la Policía.

Su primo está prófugo, su tía se fue de casa. Ahora son solo ella, su mamá y su hermanito. Reciben ayuda de una fundación. A Dayanara no le gusta ir a la escuela. Ahí, todos saben lo que le sucedió. “Me da vergüenza”, dice en una voz casi inaudible. Los chicos, explica, le hacen propuestas indecentes. Ella calla.

Su mamá, quien la acompaña, indica que consiguieron atención legal a través de la organización que las asiste. A ella no le importa si atrapan o no a su sobrino, lo que quiere es que el bebé de Dayanara encuentre otro hogar. “Me dijeron que es difícil, que no podemos solo entregarlo, pero no sé qué más hacer. Yo casi no puedo mantenerlos a ellos. Tengo que pagarle a una vecina para que cuide al bebé. Mi hija no está bien. No le quiere dar el pecho, llora cuando tiene que cargarlo. No debería ser así”, recalca.

Expreso


Cada año más de dos mil niñas se convierten en madres tras ser víctimas de violación

Rosa” (nombre protegido) respiró hondo para tomar fuerzas y contar su historia: su hija fue violada cuando tenía doce años y quedó embarazada.

Las noticias de esta última semana, por la no despenalización del aborto en caso de violación, incesto y malformación del feto; le hicieron regresar a su mente los dolorosos momentos que vivió hace más de 13 años con “Dayana”.

Su hermano abusó sexualmente de su hija y la embarazó. El hombre está pagando 25 años de cárcel, comentó.

“Mi hija era una niña y tenía casi dos meses de embarazo, tuvimos que hacerle sacar el bebé porque no quería tenerlo, por eso hicimos eso”, recordó.

La mujer sólo recuerda que fue un hombre quien le realizó el legrado a la pequeña a cambio de 300 dólares y le explicó que podían haber complicaciones e incluso que la menor podía quedar estéril. “Tuvimos que prestar dinero para pagar y decidimos arriesgarnos”, dijo.

Para “Rosa”, la Asamblea Nacional debió aprobar el aborto en estos casos, porque considera injusto que una mujer deba tener un hijo que no desea.

Patricia Moya, miembro de la Fundación Nuevos Horizontes, dijo sentirse impotente.

“Nosotros palpamos la realidad y no debería obligarse a una niña a tener un bebé fruto de una violación, algo que no quiso y no buscó”, indicó.

De enero del 2018 a agosto del 2019 esta fundación atendió 4.871 casos y brindó 30.145 atenciones (terapias, asesoría legal, entre otros) por violencia psicológica, física y sexual en Portoviejo, Chone y Santo Domingo.

Son 17.448 niñas menores de 14 años las que alumbraron en Ecuador entre el 2009 y el 2016, según datos de Estadísticas Vitales y Nacimientos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). Cada año un promedio de 2.181 niñas (14 años) dan a luz después de ser víctimas de violencia sexual.

Según el Plan Nacional de Salud Sexual y Salud Reproductiva 2017 – 2021 del Ministerio de Salud Pública (MSP), el 7,5% de embarazos en menores de 15 años termina en abortos. En América Latina, el 14% de las muertes maternas están relacionadas a abortos realizados en condiciones inseguras. En Ecuador, esa cifra asciende al 15,6% de todas las muertes, ocupando el quinto lugar de todas las causas de deceso y el tercero de muerte materna.

El abogado Byron Bello indicó que de acuerdo al Código Orgánico Integral Penal (COIP), el aborto es un delito contra la inviolabilidad de la vida.

“La persona que haga abortar a una mujer será sancionada con hasta tres años de cárcel y la mujer que lo cause o lo haya permitido tiene una pena de seis meses a dos años”, señaló.

El jurista dijo que existen otras sanciones en el aborto con muerte de la madre, que van hasta los 16 años, en caso de que quien lo realice no haya tenido consentimiento.

Mientras que el delito de violación es sancionado de 19 a 22 años de prisión, de acuerdo al Art. 171 del COIP.

El Diario


435 mujeres afrontaron un proceso legal por abortar

Diana (nombre protegido) se encuentra estable y fuera de peligro en el hospital de Calderón, en Quito. Ella sufrió un aborto espontáneo el pasado fin de semana y su caso es tomado como un ejemplo de la criminalización de la mujer en el actual Código Orgánico Integral Penal (COIP). Ella tiene 16 años y cuando fue al centro de salud de Yaruquí, en el valle de Tumbaco, los galenos informaron de su estado a la Fiscalía y a la Policía.

Esta decisión indignó a colectivos de mujeres que afirmaron que para los médicos de turno primó la denuncia contra la adolescente, antes que la atención médica. Aseguraron que ella estuvo con resguardo policial y de agentes fiscales durante todo el día, mientras su estado de salud se deterioraba. Señalan que a las 21:00 fue trasladada a Calderón.

Jorge Donoso, relacionador público de esa casa de salud, contó que la chica se encuentra estable. Él pidió comprensión a la prensa para no dar más detalles y preservar la seguridad de la menor, como obliga la ley y es el deseo de su familia. Las voceras de colectivos de protección de derechos de la mujer, que son parte de la defensa legal de Diana, comunicaron que la menor no tiene un proceso judicial en su contra, puesto que el aborto fue por causas naturales. Su caso se dio en un contexto sensible para el país, luego de que el martes anterior la Asamblea no aprobara la despenalización del aborto por violación.

Esta decisión era parte de las reformas al Código Orgánico Integral Penal, que ahora pasó a revisión del presidente Lenín Moreno. La abogada Ana Vera sostiene que el caso de Diana evidencia los vacíos en la legislación nacional. Por un lado, la ley estipula que los profesionales de la salud tienen la obligación de guardar el secreto profesional y no denunciar a sus pacientes, que su rol es garantizar la atención en salud.

Pero por otro deben denunciar. “Pueden realizar una denuncia en casos de violencia contra niños y adolescentes, violencia sexual, etc. En otros casos tienen la obligación de guardar el secreto profesional, hay un incumplimiento grave y deberían tomarse acciones”, analizó. Para la jurista este hecho disuade a las niñas y mujeres que busquen atención de salud. Diana llegó al hospital -señala- y antes de que la atiendan los médicos pusieron la denuncia ante las autoridades.

Según datos de la Fiscalía del Estado y el Consejo de la Judicatura, entregados a colectivos de derechos de las mujeres, alrededor de 30 mujeres tuvieron una sentencia por abortar, desde 2015. Y en el período 2103 hasta enero de este año 2019, 435 fueron criminalizadas por este hecho.

Según el Plan Nacional de Salud Sexual y Salud Reproductiva 2017–2021 del Ministerio de Salud Pública, el 15,6% de muertes maternas está relacionado con abortos en condiciones inseguras. Víctor Álvarez, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, explicó que durante el proceso de reforma del Código Penal denunciaron que la ley atentaba contra el derecho del paciente, que es la confidencialidad y el sigilo médico.

De igual manera, aclara que el art. 276 de la Constitución obliga a los profesionales de la salud a denunciar hechos como situaciones de violación a los derechos humanos, a la integridad sexual y reproductiva o muerte violenta. Para el médico es necesario que se apruebe el artículo 201 del Código Orgánico de Salud (COS), puesto que los casos de aborto son un problema de salud. Pero la ley no tiene consenso en la Asamblea.

“Los médicos no estamos para denunciar, sino para brindar atención médica”. Álvarez lamenta que el COS no sea tratado en el Legislativo, dice que primaron intereses electorales y políticos. “Si el Código de Salud hubiera estado vigente la adolescente de 16 años no habría vivido esta situación”.

El Telégrafo