Paraguay: el Senado decide la fecha para interpelar al ministro del Interior
Los constantes reclamos que pesan sobre los ministros parecen no inmutar al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, quien a medida que aumentan los cuestionamientos va ratificando su postura de no cambiar a sus principales colaboradores en cada cartera de Estado.
Prácticamente, la mitad de los integrantes del Gabinete tienen severos cuestionamientos por parte de la ciudadanía que espera acciones concretas del Gobierno ante la falta de seguridad y la precariedad en la salud y educación.
Entre los ministros vetados están Julio Ullón, jefe del Gabinete Civil; Carla Bacigalupo, titular de la cartera de Trabajo; Juan Ernesto Villamayor, ministro del Interior; Eduardo Petta, titular de Educación, y Rodolfo Friedmann, de Agricultura y Ganadería. En menor medida, pero también criticados, están Benigno López, de Hacienda, y Julio Mazzoleni, de Salud Pública.
ENCUESTA. El pasado 15 de agosto –al cumplirse un año de la gestión de Abdo Benítez–, el 83,8% de las personas opinaron que el presidente debe cambiar su Gabinete, mientras que solo el 16,2% pensaba lo contrario, de acuerdo con una encuesta realizada por CIES para Última Hora, Noticias Paraguay, Telefuturo y Radio Monumental.
A la reprobación ciudadana hacia la gestión de algunos ministros se suma la presión interna que ejerce el cartismo hacia ciertos secretarios de Estados. El grupo que lidera el ex presidente Horacio Cartes sigue pidiendo la cabeza de algunos ministros a cambio del abrazo republicano.
LOS CASOS. Uno de los recientes nombramientos en el Gabinete que crearon roncha es el de Rodolfo Friedmann, a quien sectores de la producción lo acusan de no poseer el conocimiento suficiente para ocupar el cargo. Incluso, el cartismo consideró el nombramiento como una provocación política, ya que fue llevado al cargo a cambio de dejar la banca en el Senado, que es otra de las exigencias del cartismo.
El otro ministro que se encuentra en problemas es sin duda Juan Ernesto Villamayor, el ministro político y de mayor peso en el entorno de Marito. Es el primer secretario de Estado que será sometido a interpelación por la Cámara de Senadores, que hoy, en mesa directiva, definirá la fecha de la sesión en la que deberá ir Villamayor a responder por sus actos.
Otro ministro que tuvo peros y se enredó en polémicas desde que asumió es Eduardo Petta. El pasado jueves, un grupo de estudiantes llegaron hasta su vivienda para escracharlo. Los alumnos reclaman mayor inversión en el sector educativo. Petta soporta además, una demanda por mal desempeño de sus funciones y constantes roces con sindicatos de Educación.
La ministra del Trabajo, Carla Bacigalupo, es otra que desde hace un tiempo se encuentra en la cuerda floja. La gota que aparentemente colmó el vaso fue el resultado de una auditoría que realizó el Poder Ejecutivo a su gestión, y en la cual supuestamente se encontraron varias irregularidades. Sin embargo, pese a las evidencias, el presidente aún no tomó una decisión.
El jefe de Gabinete, Julio Ullón, tampoco escapa a los cuestionamientos. Se le responsabiliza de la firma del polémico acuerdo sobre Itaipú y sobre el último papelón protagonizado en Palacio de Gobierno por permitir que el presidente reciba a un supuesto CEO de Lamborghini, que generó la burla generalizada de la gente. Se lo acusa de manejar de acuerdo con sus intereses políticos la agenda gubernamental.
Tras escándalo por compras “de oro”, Villamayor abre una auditoría interna
Finalmente el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, quien se había burlado de la investigación de La Nación atribuyéndole el “Premio Pulitzer”, ironizando sobre el descubrimiento de compras sobrefacturadas de muebles, anunció una auditoría interna. No pudo sostener su férrea defensa de que no había nada irregular en la adquisición.
La Secretaría Anticorrupción y la Auditoría del Ejecutivo también inician hoy una auditoría especial de estas compras.
Fernando Álvarez, director general de Gabinete del Ministerio del Interior, hizo el anuncio de la auditoría interna en un programa televisivo el sábado. “La máxima autoridad de la institución ha determinado hacer una auditoría interna para deslindar las responsabilidades en cuanto al proceso”, expresó el funcionario al canal SNT.
Recordemos que la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) y la Auditoría General del Poder Ejecutivo inician hoy una auditoría especial al proceso de compra de las comisarías móviles. Así también, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) inició una investigación.
El titular de la Senac, el ex fiscal René Fernández, dijo que la decisión de realizar un examen especial es debido a que los datos revelados resultan llamativos.
Recordemos que el Ministerio del Interior adquirió tres comisarías móviles en diciembre del 2018 y otras tres en abril pasado. A fin de año, los móviles se compraron a G. 570 millones cada uno, en total G. 1.710 millones; y en abril, a G. 493 millones cada uno, totalizando G. 1.479 millones.
En total, los seis tráileres costaron al Ministerio del Interior G. 3.189 millones. Con este dinero, sacan a la calle 12 policías, ya que las estaciones de trabajo instaladas están preparadas para dos uniformados por cada contenedor.
Vale señalar que los precios inflados de los bienes que forman parte del equipamiento de estas comisarías móviles hicieron que el costo total de las mismas se dispare.
FRIGOBARES VACÍOS
El comisario (SR) Fidencio Jacquet, de la Federación Nacional de Gremios Policiales, acercó donaciones a uniformados asignados a las comisarías móviles.
Denunció que la compra de los frigobares para los móviles habría sido únicamente para sobrefacturar, ya que ninguna dependencia policial cuenta con un servicio gastronómico.
