Perú: suspenden por 120 días al expresidente del Congreso Daniel Salaverry

Daniel Salaverry fue suspendido 120 días por decisión del pleno del Congreso

El pleno del Congreso de la República aprobó este martes sancionar con una suspensión de 120 días sin goce de haber al congresista Daniel Salaverry (Unidos por la República), expresidente de este poder del Estado.

La decisión se tomó por 55 votos a favor, 16 en contra y siete abstenciones.

Previamente a dicha decisión se votaron dos cuestiones previas. Una planteada por Rolando Reátegui (Unidos por la República) para reducir el tiempo de la sanción contra su colega de bancada a 30 días y otra por Hernando Cevallos (Frente Amplio) para que el informe que recomendaba su sanción retorne a comisión.

Sin embargo, ambas fueron desestimadas. La primera fue rechazada con 52 votos en contra, 16 a favor y 10 abstenciones. La segunda, por su parte, recibió 54 en contra, 15 a favor y 10 abstenciones

Daniel Salaverry recibió esta sanción por presuntamente presentar información falsa e imágenes adulteradas en sus informes de representación presentados ante el Legislativo.

Esto ha sido considerado, según detalló la titular de la Comisión de Ética, Janet Sánchez (Contigo), como una infracción contra los principios de “transparencia, honradez, veracidad, responsabilidad e integridad”.

En su intervención, Salaverry indicó que la sanción que recomendó la Comisión de Ética en su contra es una venganza de parte de la mayoría parlamentaria de Fuerza Popular “por no dejarse manejar como un títere” cuando ocupó el máximo cargo del Legislativo.

Aseveró, en ese sentido, que podría rebatir cada uno de los puntos del informe de la Comisión de Ética en su contra, pero indicó que esto no serviría puesto que “ya hay una decisión tomada” por parte del fujimorismo para sancionarlo.

“Podría estar rebatiendo cada punto de ese informe que ha leído la presidenta de la Comisión de Ética, pero sería en vano. ¿De qué serviría? Si aquí ya hay una decisión tomada. Estoy seguro que ya les llegó la orden al Whatssapp, así que cumplan nomas con la consigna, ejecuten su venganza”, señaló.

“El verdadero motivo por el cual se me quiere sancionar es porque yo me mantuve firme en ese lugar donde usted está sentado, porque no me dejé manejar como un títere como quería una cúpula, porque acabé con la agencia de empleos en la cual se había convertido este Congreso”, agregó.

Durante el debate, Wilbert Rozas (Frente Amplio) consideró que la Comisión de Ética debería investigar -por igual- a todos los legisladores que cobraron el concepto por semana de representación y no cumplieron con esta función.

“Se debería sancionar a todos […] a todos los que han recibido y no han hecho semana de representación. En esas condiciones lo que se tiene que hacer es investigar [a todos] y no a uno por venganza política. No lo tenemos que hacer porque hay la orden desde Chorrillos, desde donde sea, para decir ‘a ese sí, a ese también’, no señor, a todos”, dijo.

Por su parte, Patricia Donayre (Unidos por la República) señaló que no hay “una valoración de los argumentos que en su momento en la Comisión de Ética expuso el investigado”.

“Se están infringiendo, de esta manera, los principios de objetividad, justicia, que se encuentran en el artículo cuatro del reglamento. La resolución que declara procedente la denuncia no señala con exactitud las normas infringidas”, agregó.

Cabe destacar que, cuando Daniel Salaverry era presidente del Congreso, interpuso un recurso de amparo ante el Noveno Juzgado Civil de Trujillo para evitar que se debata el informe de la Comisión de Ética en el Legislativo.

Posteriormente, el 22 de julio, el parlamentario desistió de seguir adelante con su recurso de amparo con el cual buscaba anular la investigación que concluyó con una recomendación de sancionarlo con 120 días de suspensión en la Comisión de Ética.

Más temprano el pleno del Congreso sancionó a la congresista Yesenia Ponce (Peruanos por el Kambio) por mentir ante este grupo de trabajo mintió al indicar durante su participación en la investigación en su contra que no vivió en un domicilio de San Borja.

El Comercio


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