¿Qué pasa en Haití? – Por Nicolás Castelli

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¿Qué pasa en Haití?

Por Nicolás Castelli

Hace dos años que la isla vive un estado de insurrección popular causado por la crisis social, económica y política desatada por el actual gobierno que asumió hace tres años de manera fraudulenta con el apoyo de EE.UU. y parte de la comunidad internacional.

Haití es el país más empobrecido y desigual de la región. Con tan solo repasar algunos indicadores socioeconómicos se puede dar cuenta de ello. Según el Banco Mundial, casi el 60% -de una población de 11 millones- vive con 2,40 dólares por día y más del 24% lo hacen con 1,23.

La tasa de desempleo es de más del 70% y en 2014 el Producto Bruto Interno se calculaba en 830 dólares, un monto siete veces menor al de su país vecino, República Dominicana.

A su vez, según informe del Programa Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publicado el año pasado, desde 1990 no ha mejorado la calidad de vida en la isla.

En ese sentido, según la Coordinación Nacional de la Seguridad Alimentaria actualmente 3,6 millones de personas padecen inseguridad alimentaria de las cuales 1,5 millones lo hacen en grado severo.

A 15 años del inicio de la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización en Haití (Minustah, por sus siglas en francés), que en 2017 finalizó luego de decidir que Haití ya estaba en rumbo hacia la estabilidad, el país se encuentra sumido en una crisis sistémica.

Con un gobierno impopular y un Estado fundido que no puede proveer salud, educación y vivienda a la mayoría de su población; y cuyo presidente y gran parte de los funcionarios -implicados en el caso de corrupción más grande de la historia del país- hace dos años que enfrentan masivas movilizaciones populares en las calles que tan solo en febrero pasado dejaron un saldo de 40 muertos y 87 heridos.

La isla es hoy un polvorín insurreccional omitido por las grandes agencias de noticias internacionales para invisibilizar la responsabilidad de EE.UU. y otras potencias sobre lo que ocurre en Haití.

A esto se le suma que desde julio pasado no hay un gobierno legítimo y constituido debido a que, desatada la crisis, no se puede ratificar políticamente la designación del primer ministro (equivalente a un jefe de gobierno) en el parlamento. Es el cuarto que designa Jovenel Moïse desde que llegó a la presidencia hace tres años.

Un gobierno títere y corrupto

El actual presidente de Haití llegó al cargo en 2016 a través de una elección fraudulenta en la que solo votó el 18% del padrón electoral. Sin embargo, EE.UU., Canadá, Francia y la Organización de Estados Americanos (OEA) dejaron pasar el escándalo por intereses espurios que comprometen principalmente a la Casa Blanca.

Una de las causas del estado de insurrección popular está ligado a la corrupción estructural de este gobierno y al manejo doloso de los fondos del programa Petrocaribe lanzado por el ex presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en 2005 para ayudar a otros países en el suministro de petróleo a precios blandos y financiar proyectos de infraestructura social y energética.

Según informes enviados al parlamento por la Corte Superior de Cuentas, Moïse recibió millones de dólares para la ejecución de varios proyectos que no se han realizado. Se estima que la malversación asciende a más de dos mil millones de dólares.

Sobreprecios, sub ejecuciones, contratos yuxtapuestos, obras fantasmales, liquidación precoz de fondos, evasión fiscal y nepotismo son algunas de las denuncias que involucran al presidente de forma directa a través de empresas de su propiedad, como Agritrans.

Por otra parte, hace meses que la isla sufre un desabastecimiento de combustibles que provoca un encarecimiento de la mayoría de los productos, largas colas en estaciones de servicios, paralización de transportes y contrabando. En definitiva, un empeoramiento a las ya de por sí paupérrimas condiciones de vida que avivan la llama del descontento general.

Esta crisis energética tiene dos causas: la primera es que en 2017 el gobierno se fue del programa Petrocaribe por el bloqueo y embargo norteamericano sobre Venezuela y comenzó a comprar crudo a EE.UU. que lo triangula desde el país sudamericano a la isla con costos mucho más onerosos y difíciles de pagar.

La segunda tiene que ver con la retención de combustibles por parte del gobierno quien, en sintonía con las políticas planteadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), de esta forma presiona para justificar la eliminación de subsidios estatales y la suba de precios.

Las causas del apoyo a un gobierno impopular

El campesinado, sindicatos, barriadas populares (con los jóvenes como principales protagonistas de las movilizaciones callejeras), sectores de la burguesía nucleados en el Foro Económico Privado y gran parte de la clase política tradicional, piden la cabeza de Moïse quien solo cuenta con el apoyo de la lumpenburguesía importadora.

En ese contexto ¿Cómo se explica que todavía se mantenga en el poder?

Por un lado, como afirma Lautaro Rivara, sociólogo argentino y miembro de la Brigada Jean-Jacques Dessalines presente en la isla, el apoyo del presidente estadounidense Donald Trump y de parte de la comunidad internacional se debe a que Moïse asegura “la consolidación de un paraíso fiscal en la Isla Gonave y de zonas francas comerciales”. A esto se suma “la política de puertas abiertas a los proyectos megamineros en el norte grande del país donde campean también capitales canadienses; el manso sometimiento al FMI y la garantía de avanzar en la privatización de las últimas empresas estatales que sobrevivieron a la rapiña neoliberal; el sostenimiento de salarios paupérrimos que aseguran la rentabilidad de las maquiladoras que confeccionan textiles para el sur de los EE.UU. a precio de ganga”, entre otras.

Por otra parte, Moïse es un alfil contra Venezuela en el marco de la política de desestabilización y guerra económica de Washington sobre la Revolución Bolivariana. En ese sentido, actúa como un operador en la geopolítica estadounidense en el Caribe al permitir, por ejemplo, la libre navegación en las costas haitianas para que, ante una eventual intervención militar contra el gobierno de Nicolás Maduro, los buques de guerra norteamericanos puedan circular sin problemas.

El Foro Patriótico, una luz de esperanza

Ante esta situación, durante tres días a fines de agosto pasado, en un marco de unidad excepcional en la historia del país por su diversidad y amplitud, 62 organizaciones campesinas, barriales, sindicales, juveniles, estudiantiles, de mujeres, de derechos humanos, religiosas y del sector privado realizaron el Primer Foro Patriótico por un Acuerdo Nacional contra la Crisis para debatir alternativas frente a la situación crítica.

Reunidos en la localidad de Papaye, sede de la Escuela de Formación Política Charlemagne Peralta, donde también participaron delegaciones de Venezuela, Brasil, Argentina, EE.UU. y Sudáfrica, 263 delegados y delegadas de todo el país debatieron un plan de acción y movilización popular para lograr la dimisión del presidente y una transición política que permita sacar al país adelante. Todos los debates y conclusiones que quedaron cristalizadas en la “Declaración de Papaye”.

Ese texto -que constituye el comienzo de la estructuración en un programa de la unidad de varios sectores que ya venía sucediendo en las calles- acordó diversos puntos: la dimisión del presidente, la remoción de los parlamentarios corruptos, la construcción de un gobierno de transición, la reforma electoral y política y la convocatoria a una Asamblea Constituyente.

Son varios los desafíos que enfrenta el pueblo haitiano para mantener una unidad heterogénea, tanto social como políticamente, que avance en organicidad como en acuerdos programáticos y que a la vez actúe como un polo para sacar a este gobierno calificado como “neoliberal, antipopular, ilegítimo y antidemocrático”.

Notas Periodísmo Popular


De nouvelles manifestations défèrlent dans les rues d’Haïti

Des manifestants ont allumé des incendies et scandé des slogans réclamant le départ du président haïtien, lundi, alors que l’opposition accentuait la pression pour chasser Jovenel Moïse du pouvoir.

Des écoles, des commerces et des bureaux gouvernementaux ont fermé leurs portes.

En milieu d’après-midi la police a lancé des gaz lacrymogènes pour disperser des milliers de manifestants. Un contenant est tombé sur le toit d’une maison, et la famille qui y habite est sortie en courant.

Certains manifestants ont tenté de se protéger avec des mouchoirs imbibés d’eau.

Un journaliste de la radio locale, Joseph Edmond, a été atteint d’une balle à la main droite. Un collègue qui l’accompagnait, Eddy Baptiste, a révélé qu’il a été transporté à l’hôpital. Selon M. Baptiste, M. Edmond a été touché par les tirs de policiers qui ont pris la fuite à bord d’une voiture banalisée.

L’instabilité politique a fait plusieurs morts au cours des trois dernières semaines.

L’opposition dénonce la corruption des élus, l’inflation galopante et une pénurie d’essence. Plusieurs stations-service de la capitale ont été contraintes de fermer leurs portes, puisque les fournisseurs réclament maintenant paiement des plus de 100 millions $ US qui leur sont dus par le gouvernement.

Les manifestants exigent aussi une enquête plus approfondie au sujet des allégations selon lesquelles des membres du gouvernement précédent auraient dépensé de façon illicite des milliards de dollars provenant d’un programme vénézuélien destiné à financer des programmes sociaux urgents. Ses détracteurs accusent le président Moïse de chercher à protéger son allié, l’ancien président Michel Martelly, et d’avoir lui-même trempé dans la corruption avant d’être élu.

M. Moïse a annoncé la semaine dernière n’avoir aucune intention de démissionner.

Lors d’une conférence de presse dimanche, les leaders de l’opposition ont demandé à leurs partisans de les aider à bloquer les rues et à trouver le président qui, selon eux, se cache.

L’actualité


La Misión en Haití pide a los manifestantes y las autoridades que renuncien a la violencia

Tras varios días de intensas protestas en Haití, el portavoz de las Naciones Unidas Stéphane Dujarric manifestó este lunes su preocupación por los informes de violencia e incendios provocados que se han producido últimamente en todo el país.

Durante su encuentro diario con la prensa en Nueva York, Dujarric señaló que la Misión de Apoyo a la Justicia de las Naciones Unidas en Haití (MINUJUSTH) hizo un llamado a la población a que se abstenga de usar de la violencia y elogió la labor de la Policía Nacional,” que ha hecho todo lo posible para proporcionar seguridad al pueblo haitiano, a las instituciones del Estado y a la propiedad privada”.

Del mismo modo, indicó que la Misión y sus socios internacionales mantienen conversaciones con los grupos locales de cara a encontrar una salida pacífica de la crisis y aliviar el sufrimiento de la población.

Según informaciones de prensa, la nación caribeña atraviesa una crisis económica cada vez más profunda a la que se une una escasez crónica de alimentos y combustible. Esta combinación de elementos ha causado que miles de personas salgan a las calles, exigiendo la dimisión del presidente haitiano, Jovenel Moïse.

Los líderes de la oposición organizaron el viernes un día nacional de resistencia al Gobierno, en el que, según dichas fuentes, se instó a la gente a salir a las calles y, tras una manifestación en la que se incendiaron varias viviendas y comercios, la policía disparó gases lacrimógenos contra los manifestantes. Los enfrentamientos de las últimas semanas han causado varios muertos.

Participación en la Asamblea General

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Haití, Bocchit Edmond, destacó el sábado durante el debate de la Asamblea General que el presidente Jovenel Moise trata de establecer un diálogo nacional haitiano para resolver la crisis.

Sin embargo, advirtió que “Haití no podrá recuperarse sin un apoyo sustancial, contenido, duradero, coherente, bien coordinado y eficaz de la comunidad internacional”.

Presencia de la ONU durante la transición

El pasado mes de junio el Consejo de Seguridad aprobó una resolución por la que se creaba la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití, con el objetivo de apoyar al Gobierno en el fortalecimiento de la estabilidad política y la buena gobernanza.

La Oficina la dirigirá un representante especial que prestará asistencia gubernamental en la planificación de elecciones y en materia de capacitación de derechos humanos a la Policía Nacional. También proporcionará ayuda en la respuesta a la violencia de las pandillas, en el cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, en la mejora de la supervisión penitenciaria y en el fortalecimiento del sector judicial.

La Oficina sustituirá a la Misión el 16 de octubre finalizando 15 años de presencia permanente de mantenimiento de la paz en Haití.

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