Violencia política en Colombia: crece la preocupación por la seguridad de las y los candidatos

Sigue preocupación por seguridad de candidatos tras ola de violencia electoral

Aunque la Unidad Nacional de Protección, UNP, cumplió la orden presidencial de resolver en 72 horas todas las solicitudes de esquemas de seguridad de candidatos que están en riesgo por la ola de violencia electoral, se mantiene la preocupación por su integridad.

Ello, debido a que la Unidad aseguró que no les puede brindar garantías a todos los políticos, debido a su alto número.

Frente esta situación, expertos en la materia avanzaron en plantear estrategias de seguridad con las que se podría garantizar la integridad de quienes aspiran a ser elegidos para cargos de elección popular el próximo 27 de octubre.

Según el director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz, Néstor Rosania, es imposible garantizar su seguridad de todos los candidatos, puesto que se evidencia un problema estructural en términos de protección, dado que la UNP ha manifestado, en muchas ocasiones, no tener los suficientes recursos económicos para operar.

Rosania agrega que el Gobierno Nacional debe focalizar los esfuerzos en los municipios donde hay mayores riesgos de presencia de grupos armados y economías ilegales, así como en las zonas de frontera (el Catatumbo, la Costa Pacífica nariñense, el Norte del Cauca, el bajo Cuca antioqueño, el Meta y el Guaviare).

También plantea crear una estrategia interagencial para apoyar a la Unidad Nacional de Protección, “así, el Ejército, la Policía y demás entidades podrían hacer acompañamiento en las zonas de mayor conflictividad”.

La UNP asegura que 496 solicitudes de esquemas de protección fueron resueltas en los plazos estipulados por el presidente Iván Duque.

Por su parte, Jorge Iván Cuervo, analista político, asegura que el Gobierno se tardó en convocar a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, donde se tenían que tomar decisiones de carácter preventivo con base en los estudios correspondientes y no actuar sobre la marcha sin hacer investigaciones previas sobre los esquemas de protección.

“Si se comparan las elecciones pasadas en el desarrollo de las conversaciones con las Farc se redujo considerablemente la violencia. Si el Gobierno hubiese tenido un discurso distinto sobre la paz y hubiera legitimado a los defensores del Acuerdo en las distintas regiones, el escenario de riesgo sería diferente”, sostiene.

Entre tanto, Hugo Acero, experto en temas de seguridad, dice que hay que reconocer que el Gobierno Nacional está haciendo esfuerzos para tratar de garantizar la vida y la integridad de los candidatos a las elecciones regionales, pero que la cantidad de inscritos no permite una cobertura total del problema.

Hasta el momento, 1639 candidatos cuentan con equipos de seguridad, que van entre escoltas, vehículos blindados y chalecos, dependiendo de cada situación.

Para él, regiones como el sur de Córdoba, el norte del Cauca, Tumaco y el Catatumbo deberían tener mucha más presencia del Ejército, sobre todo en sus zonas rurales, que es donde se localizan la mayoría de los aspirantes que están en mayor riesgo, pero insiste en que el Ministerio de Defensa desde ya tendría que tener un plan de reacción ante un eventual recrudecimiento de esta situación y no esperar a que falten quince días para hacer un plan candado, como se hace generalmente.

Según el último informe de la MOE, desde el inicio del calendario electoral han sido asesinados siete aspirantes a cargos de elección popular a nivel local, en tanto que otros 54 han sido víctimas de otro tipo de violencia política.

En él también se indica que los partidos que más se han visto afectados por la ola de violencia son Cambio Radical, Liberal, Centro Democrático y la U.

Más inteligencia

Los analistas coinciden en que existe una necesidad de incrementar la inteligencia militar para defender a los candidatos.

Concluyen que el pie de fuerza está generando un efecto globo, es decir, “meten un batallón y los grupos armados lo que hacen es correrse del territorio para posteriormente regresar”.

Agregan que hay carencia de investigación criminal y otro tipo de intervenciones que garanticen la gobernabilidad: “Se requiere de un trabajo conjunto entre instituciones, funcionarios y comunidad”.

El País


Atentados, la sombra detrás de las elecciones

Por Jennyfer Solano

En el marco de los comicios 2014, 2015, 2018 y 2019, según datos de la MOE, se han registrado 66 atentados por violencia política. Previo a las elecciones del próximo 27 de octubre, se han registrado 22 atentados.

Históricamente, en Colombia, los atentados han sido la ‘sombra’ detrás del ejercicio electoral.  Siendo las  comicios regionales el blanco elegido para el mayor número de casos.

En el periodo de enero al 22 de septiembre en 2015, se registraron, de acuerdo con datos de la Misión de Observación Electoral, 15 atentados a nivel nacional.  Es decir 6 menos que en el mismo periodo de este año.  Las regionales 2015 terminaron con 29 atentados y el 2019 sigue avanzando con el peso de 22 atentados hasta la fecha.

Días bajo fuego. No obstante, el 2015 fue un año electoral de zozobra. En un día ocurrieron 3 atentados en diferentes zonas del país, caso que no se ha repetido durante el 2019.

El 2 de octubre de 2015 hubo atentados en San Juan Nepomuceno (Bolívar), Pitalito (Huila) e Ibagué (Tolima) contra dos candidatos a la Alcaldía y uno a la Asamblea.

Una situación similar se registró 14 días después, el 16 de octubre de 2015. En esta ocasión, La Playa (Norte de Santander), El Doncello (Caquetá) y Arauquita (Arauca) fueron los municipios víctimas de un atentado por violencia política, dirigido a dos candidatos a Alcaldía y uno a Gobernación.

La ruta que arde en elecciones.  Hay departamentos que tienen mayor registro de atentados que otros, convirtiéndose en paradas de una ruta que arde cada vez que hay elecciones.

Es el caso del Cauca, con 7 casos registrados en comicios entre 2014 y 2019, según la MOE. Este año, se han registrado 3 atentados. En Popayán, en Suárez, municipio donde recientemente asesinaron a la excandidata liberal Karina García, y en Caloto.

La ruta criminal continúa en Arauca, donde se han registrado 5 atentados, de los cuales 3 fueron  durante este año y en el mismo municipio: Saravena.

De hecho, en la vía que conduce de Saravena (Arauca) a Pamplona (Norte de Santander) ocurrió un cuarto hecho violento el pasado sábado, en  el que murió un escolta de la UNP y resultó herida su protegida Yolanda González, militante del partido ASI. Los hechos involucran al Ejército de Norte de Santander y siguen siendo objetos de investigación.

Precisamente, Norte de Santander es el departamento que sigue con mayor número de casos, 5 entre 2014 y 2019. Durante este año van dos atentados.   Uno en San Calixto, contra una mujer candidata a la Alcaldía por un movimiento ciudadano y otro en Convención, contra un hombre candidato a la Asamblea por el Partido Farc.

Antioquia ha sufrido 4 atentados por violencia política, 3 en 2015 y 1 en 2019,  en Caucasia.

Septiembre ha sido el mes cuando más se han registrado atentados durante este año. Seis en total, 2 más que en 2015.

Lo anterior ha preocupado a la autoridades, puesto que esta sombra de violencia parece recrudecer entre más cercano está el certamen electoral.

Hacen parte de esta ruta otros departamentos como Caquetá, Nariño, Santander y Valle del Cauca.

en la Costa. En la región Caribe, los departamentos donde más se han registrado atentados son Magdalena y Bolívar.

En el primero  se han registrado, según la MOE, 4  atentados entre 2014 y 2019.

Durante este año se registró un atentado en el municipio de El Retén contra un candidato a la Alcaldía por el partido Reividicación Étnica PRE.

Y en Bolívar se han registrado 3 atentados, uno en 2019 en el municipio de San Pablo contra un precandidato al Concejo que representaba a la comunidad LGTB.

El Heraldo


Alegando problemas de seguridad, renuncian dos candidatos de FARC en Chocó 

Advirtiendo problemas de seguridad, que han escalado hasta amenazas y hostigamientos, dos candidatos pertenecientes al partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) declinaron sus aspiraciones a las elecciones regionales en el departamento de Chocó.

Se trata de Antonio Ángulo y Yenny Mosquera, candidatos al Concejo de Quibdó y Medio Atrato, respectivamente, quienes señalaron también que el Gobierno Nacional ha incumplido lo acordado en La Habana (Cuba), entre Gobierno y las antiguas Farc.

“El Estado no está garantizando ni políticamente ni en seguridad nuestras aspiraciones, pues nos están matando y vivimos en un constante hostigamiento y amenazas, así no se puede. Tampoco tenemos los recursos que se pactó en el Acuerdo”, manifestó Angulo en declaraciones recogidas por Blu Radio.

Si bien declinaron su candidatura, ambos aspirantes reclamaron mayores garantías en materia de seguridad para los demás candidatos en contienda de cara al 27 de octubre.

Frente a la violencia, la Misión de Observación Electoral (MOE) señala que, desde el inicio de la campaña electoral, el 27 de julio, hasta el 16 de septiembre, 54 candidatos han sido víctimas de violencia: 40 amenazados (cinco de ellas mujeres), dos secuestrados, cinco víctimas de atentados (una de ellas mujeres) y siete asesinados (una de ellas, mujer).

Por su parte, advierte la Defensoría del Pueblo, el 36 % de los municipios del país (uno de cada tres) está en riesgo electoral por cuenta de la presencia de grupos armados ilegales.

El Espectador


En el Eje Cafetero 24 candidatos han recibido amenazas

A 36 días de las elecciones regionales, 24 candidatos están amenazados en el Eje Cafetero.

Así lo reportaron a este medio la Defensoría del Pueblo, la Personería, la Policía y la Fiscalía. Sin embargo, a diferencia de otras regiones del país, en el Eje no ha habido candidatos asesinados, ni se han registrado atentados contra ellos.

En Caldas es donde hay más aspirantes con amenazas en su contra, 15. De esos, seis buscan ser alcaldes y los nueve restantes concejales. Precisamente, un candidato al concejo de Riosucio salió del país por presuntas amenazas. Se trata de Ferney de Jesús Naranjo, quien denunció recibir panfletos amenazantes. “Nosotros sabemos todo sobre su esposa y su hija. Ábrase del pueblo maldito sapo. Renuncie o muérase”, dice uno de los mensajes.

Por municipios, los casos se registran así: cuatro en Belalcázar, uno en Viterbo, uno en Norcasia, cuatro en La Dorada, uno de Supía, uno en Neira, uno en Manizales, uno en Marulanda y uno en La Merced.

Tulia Helena Hernández, presidenta de la Asociación de Personeros de Caldas, afirmó que La Dorada es uno de los municipios con situación “más compleja” y se ha identificado que los candidatos implicados “son o fueron, alguna vez, activistas con temas relacionados a restitución de tierras”.

En cuanto a la situación en la capital de Caldas, Hernández, quien también es la Personera de este municipio, señaló que únicamente hay un candidato con medidas extraordinarias de seguridad. Se trata de Carlos Mario Marín, aspirante a la Alcaldía de Manizales por el partido Alianza Verde.

Hernández señaló que aunque no aparecen en los registros actuales, hay tres aspirantes al concejo de Manizales que le han informado a la Personería sobre amenazas en su contra. “De estos solo uno inició el proceso de denuncia y ya se activó el protocolo, los otros dos todavía se encuentran temerosos de hacer la denuncia, pero han sufrido hostigamientos”, comentó la funcionaria.

Gustavo Ocampo, coordinador de la Misión de Observación Electoral (MOE) en Caldas, señaló que la situación del departamento es “mejor” que en otras zonas del país.
“Vemos a Caldas con tranquilidad, pues a comparación de departamentos como Antioquia, Meta Cauca, Santander, es de más calma y afortunadamente nunca se ha llegado a una afectación grave o la muerte de alguno”.

Respecto a la seguridad de los aspirantes, el secretario de Gobierno de Caldas, Carlos Piedrahita, indicó que ya se comunicaron con la Unidad Nacional de Protección (UNP) para que “reevalúe los riesgos y atienda de manera oportuna los requerimientos de estas personas”.

Nueve en Risaralda y Quindío

La Defensoría del Pueblo de Risaralda da cuenta de seis candidatos amenazados en este departamento. Uno de ellos es el aspirante a la alcaldía de Pueblo Rico, Leonardo Siágama. En ese mismo municipio una candidata al concejo por el partido de las Farc y su equipo recibieron amenazas.

También está amenazado el candidato a la Alcaldía de Santa Rosa de Cabal Rodrigo Toro. En esa misma población recibió amenazas un candidato al concejo, Orlando Zambrano.

En Pereira, según la Defensoría, denunciaron amenazas contra el candidato a la Alcaldía, Mauricio Salazar, y el aspirante al concejo Nelson Siágama.

Por su parte Melissa Ríos, vocera de la MOE en Risaralda, informó que antes del 27 de julio pasado, tres meses antes de las elecciones, se reportaron amenazas a tres precandidatos a alcaldías de diferentes municipios del departamento y después de esta fecha, en el apartado de violencia contra candidatos, la MOE apuntó una amenaza contra una candidata al concejo de Pereira, la colombo-venezolana Luz Polo.

“En cuanto a la violencia política, se hace un llamado a las instituciones, al Gobierno, a que creen nuevos mecanismos para mitigar y prevenir este fenómeno y, además, a que refuercen los ya existentes pues vemos que la UNP está desbordada con 117 mil candidatos en todo el país”, afirmó Ríos.

Las autoridades en Quindío, aseguran que a la fecha, tres aspirantes a diferentes cargos de elección popular en el departamento han denunciado amenazas en su contra. A estos candidatos ya les fueron activadas sus respectivas rutas de protección mientras la UNP revisa estos casos.

Según datos revelados por la defensora del pueblo en el Quindío, Luisa Fernanda León, estos casos corresponden a un candidato al Concejo de Armenia, otro candidato a la Alcaldía de Quimbaya y un aspirante al Concejo de Montenegro, este último finalmente renunció a su candidatura. Hasta el momento no se han registrado nuevas intimidaciones.

Frente a estas denuncias el comandante de la Policía del Quindío, coronel Luis Benavides, señaló que estos casos ya fueron atendidos y estas personas ya tienen sus rutas de protección. “Se están haciendo las acciones que nos corresponden y la Fiscalía adelanta las investigaciones correspondientes. Cada mes se realizan los comités electorales para revisar este tipo de casos, pero desafortunadamente, en muchas ocasiones están usando las redes sociales para enviar estos mensajes intimidatorios”.

Por otro lado, el secretario del Interior de la Gobernación del Quindío, Andrés Buitrago, informó que una de las denuncias fue presentada en Bogotá. “Hemos tenido varias reuniones con los candidatos para socializar con ellos las medidas de protección y cuál es el conducto que se debe seguir en cada caso y cómo la Policía les presta el servicio para garantizarles la tranquilidad durante el ejercicio electoral. Se dispuso de unos recorridos especiales donde les pasan revista a los candidatos”.

El Tiempo


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