Violencia política en Colombia: los siete candidatos asesinados en estas elecciones

Violencia política en Colombia: los siete candidatos asesinados en estas elecciones

Karina García esperaba convertirse en la primera mujer en llegar a la Alcaldía de Suárez. Se embarcó en una campaña titánica, en uno de los departamentos más violentos del país, que le terminaría costando la vida a ella, a su madre y a otros cuatro líderes sociales y políticos del Cauca. Antes de morir acribillada, García había denunciado que la guerra sucia que venían realizando en contra de su aspiración podría resultar siendo fatal.

Poco valieron sus denuncias. El domingo 1 de septiembre la camioneta en la que viajaba desapareció y los rumores sobre un secuestro se esparcieron rápidamente en la región. Esa misma noche, las explosiones que provenían de una carretera cerca a Suárez fueron el campanazo para que los vecinos del sector se acercaran a inspeccionar qué había sucedido.

La escalofriante escena confirmó la emboscada de la que habían sido víctimas ella y la comitiva que la acompañaba. El carro en el que viajaban apareció incinerado y con múltiples impactos de bala. Un día después, las autoridades confirmaron la identidad de los ocupantes del vehículo que le había proporcionado la Unidad de Protección Nacional.

El crimen de García no es un hecho aislado y dice mucho del recrudecimiento de la violencia política en el país. Ella es una de los siete candidatos que han sido asesinados en Colombia en los últimos dos meses. Organizaciones de derechos humanos, los propios partidos políticos y comisiones internacionales le han pedido al Gobierno que multiplique y refuerce las medidas de protección, principalmente, en las zonas más convulsionadas.

La situación es tan dramática que en algunos municipios incluso se ha considerado la posibilidad de cancelar las elecciones. ¿La razón? Desde que se cerraron las inscripciones de candidaturas, el pasado 27 de julio, hasta el 15 de septiembre, la Misión de Observación Electoral registró 53 candidatos víctimas de violencia política: 39 han sido amenazados, 2 secuestrados, 5 víctimas de atentados, y 7 asesinados.

Los candidatos asesinados

Silvio Alonso Álvarez

A Silvio Alonso Álvarez lo asesinaron en Araba, una vereda ubicada en el norte del Valle del Cauca. El candidato de 38 años, avalado por el Centro Democrático al Concejo de Versalles, recibió un disparo el pasado 5 de agosto. En un primer momento, la Policía Departamental sugirió que el crimen habría sido por un motivo personal alejado del tema político. Sin embargo, las autoridades comenzaron una investigación para establecer los responsables y las circunstancias en las que el candidato fue ultimado.

“Hasta el momento, en el marco de los actos urgentes, se ha podido recolectar importantes informaciones que indican que al parecer el hecho esté motivado en venganzas personales, que no guarda relación directa con su aspiración política”, dijo en su momento el coronel Javier Navarro Ortiz.

Nelson Enrique Gaviria García

El candidato al Concejo de Betania, en el departamento de Antioquia, Nelson Enrique Gaviria García, fue asesinado el 12 de agosto cuando varios hombres armados detuvieron el taxi en el que se movilizaba y le dispararon en repetidas ocasiones. No había denunciado tener amenazas en contra de su vida.

Gaviria entró así en el listado de aspirantes víctimas de la violencia electoral. Ante este  caso, la Comisión Internacional de Derechos Humanos mostró su preocupación por el aumento de la violación de los derechos humanos de los candidatos. “El Estado debe adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los actores políticos en todos niveles de gobierno, sin distinción, a fin de que el derecho a elegir y a ser elegido pueda ejercerse libre de violencia”, expresó la Comisión.

Luis Eduardo Caldera Villamizar

Luis Eduardo Caldera, avalado por el Partido de la U, fue el segundo candidato al Concejo asesinado desde el 27 de julio, cuando se cerraron en el país las inscripciones a las elecciones regionales. Caldera, quien era presidente de las Juntas de Acción Comunal del municipio de San Jacinto del Cauca, fue encontrado sin vida después de que sus familiares le perdieran el rastro y lo reportaran como desaparecido.

Su cuerpo fue hallado en el río Cauca y, de acuerdo con las primeras versiones, tenía las manos atadas. La última vez que fue visto con vida fue el 15 de agosto, cuando salió a primera hora de la mañana desde su vivienda, en el corregimiento de Astilleros, hacia el casco urbano.

El asesinato del líder político generó una ola de manifestaciones en el departamento y el repudio de los habitantes del sur del Bolívar. “Lamentamos y repudiamos el vil asesinato del líder social Luis Eduardo Caldera Villamizar, quien había sido reportado como desaparecido hace 15 días en Astilleros, corregimiento de San Jacinto del Cauca. Nuestras condolencias para sus familiares y toda la comunidad sanjacintana”, dijo el gobernador de Bolívar, Dumek Turbay.

Karina García

La sevicia y premeditación con la que fue asesinada la aspirante a la Alcaldía de Suárez, en el Cauca, conmocionó al país. Su asesinato y el de otras cinco personas que se encontraban con ella, era una masacre que estaba anunciada. Lo alcanzó a denunciar la misma Karina García Sierra, y lo ratificó una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo.

El hecho se dio cuando la candidata del Partido Liberal viajaba en una camioneta, junto con su mamá Otilia Sierra; el aspirante al Concejo municipal Yeison Camilo Obando; los presidentes de las JAC veredales, Aidé Tróchez y Héctor González y la dirigente rural Lavedis Ramos.

En un punto de la carretera que une al corregimiento La Betulia con el municipio de Suárez, se les atravesó otro vehículo que los obligó a detenerse. Entonces comenzaron los disparos con ráfagas de fusil. En medio de la emboscada solo el conductor logró salir del vehículo y huir, aunque con heridas de gravedad.

Dentro de la camioneta de la Unidad Nacional de Protección quedaron los otros seis ocupantes. Luego del ataque, los criminales le prendieron fuego al automotor.

Yeison Camilo Obando

En la masacre en la que fue asesinada Karina García, el Partido Liberal también perdió a un joven candidato al Concejo de Suárez. Yeison Camilo Obando, de 23 años, hacía parte de la caravana en la que viajaba la aspirante a la alcaldía y desde que se inició la campaña era normal que él la acompañara a las actividades políticas que realizaban en el territorio.

Orley García

El norte de Antioquia pasa por una grave crisis de seguridad por cuenta de las luchas entre las disidencias, el Clan del Golfo, los Caparros y los Pachelly. En medio de esa disputa, fue asesinado Orley García, candidato a la Alcaldía de Toledo por el Centro Democrático, atacado a tiros en la vereda Morales Toro, ubicada a 30 minutos de la cabecera municipal.

García era conocido en su municipio como el Profe y tenía 48 años cuando fue atacado el 7 de septiembre por la espalda. Según el comandante de la Policía de Antioquia, coronel Giovanny Buitrago, le dispararon desde un matorral con una escopeta. Esta versión desmiente aquella que circulaba en el pueblo, según la cual el candidato había recibido 13 impactos de fusil.

Sus 15 años en el sector educativo lo convirtieron en uno de los educadores más reconocidos de Toledo. Esta era la tercera vez que inscribía su nombre como aspirante a la alcaldía del municipio, lo intentó en 2008 y 2016. La gobernación ofreció una recompensa de 30 millones de pesos para quien entregue información que permita la captura de los responsables del crimen

Bernardo Betancourt

En una zona tan convulsionada como el Catatumbo hacer política es sinónimo de peligro, entre otras cosas, por la presencia de grupos al margen de la ley. Bernardo Betancourt, candidato conservador a la Alcaldía de Tibú, Norte de Santander, fue asesinado en el corregimiento de La Gabarra mientras desarrollaba actividades de su campaña. Su cuerpo quedó tendido sobre una carretera tras recibir varios impactos de bala.

Según el coronel Fabián Ospina, comandante de la policía de Norte de Santander, “una persona se le acercó (a Betancourt) y le disparó indiscriminadamente”. Betancourt era padre de tres hijos y aspirante a la Alcaldía de Tibú por segunda vez, en 2011 también se enlistó como candidato para ser el dirigente de los tibuyanos.

La paradoja es que hace un mes firmó, junto a los demás aspirantes a este cargo, un pacto por la No violencia durante el Consejo Municipal de Paz. Cinco días antes de ser asesinado, el candidato denunció a través de su cuenta de Facebook que simpatizantes de otras campañas estaban generando dudas sobre su aspiración diciendo que él estaría inhabilitado para ejercer el cargo. “Si nos ganan, que nos ganen de manera limpia”, sentenció en un video publicado en la red social.

El 30 de septiembre de 2011, Betancourt fue capturado con fines de indagatoria por supuestos nexos con paramilitares y acusado del delito de concierto para delinquir agravado. En esa época Bernardo recibió el beneficio de detención domiciliaria y después quedó en libertad.

Cifras preocupantes: las alertas están activas

Hacer política en algunas regiones de Colombia es una actividad peligrosa. Las elecciones de 2019 contrastan con las de 2015, las más pacíficas de la historia reciente. Según la Defensoría del Pueblo, en 402 municipios hay un nivel de riesgo por la presencia de actores armados ilegales como las disidencias de las Farc, el ELN, el EPL o las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, conocidas como el Clan del Golfo.

Estas elecciones son las primeras en las que la Farc se mide en los territorios como nuevo actor político. Según el defensor del Pueblo, Carlos Negret, esa colectividad, junto con el Centro Democrático, es la que mayor riesgo presenta en esta contienda electoral.

Desde la firma del acuerdo -diciembre de 2016- han asesinado a 160 excombatientes y ahora que se aproximan las elecciones “arrecian las amenazas en contra de los dirigentes de nuestro partido”, alertan los miembros de la Farc.

Miembros del partido del expresidente Álvaro Uribe, por su parte, le dijeron a SEMANA que hasta la fecha hay 68 militantes en riesgo, entre candidatos, congresistas y miembros de la dirección.

Las zonas que presentan mayor preocupación siguen siendo las mismas que han padecido el conflicto interno como Cauca, Norte de Santander y Nariño.

¿Qué está haciendo el Estado para proteger a los candidatos?

En la disputa por el poder local algunos candidatos se debaten entre continuar con su aspiración política o vivir. Tras el asesinato de Bernardo Betancourt en Tibú, se reunió la Comisión Nacional para la Coordinación y el Seguimiento de los Procesos Electorales, es decir, la institucionalidad en pleno, porque no solo está el Gobierno, sino los entes de control y la Fiscalía, la Registraduría y el CNE, así como la MOE y los partidos políticos.

En efecto, el presidente Iván Duque manifestó su “preocupación” por la situación actual, admitió que los índices de violencia, como los asesinatos, han aumentado con respecto a 2015. Pero resaltó una notable disminución en los atentados, mientras en 2015 hubo 22, en 2019 se han registrado 5, a su juicio esto demuestra que las autoridades están actuando y “tomando precauciones”. Además, le ordenó a la Unidad Nacional de Protección que en las próximas horas “dejara al día todas las solicitudes que se han recibido hasta la fecha”.

El pasado 10 de septiembre, el Ministerio del Interior habilitó una línea de emergencia directa para atender a los candidatos en situación de riesgo que estará a cargo del despacho de la ministra Nancy Patricia Gutiérrez, por celular y por WhatsApp.

Desde el año pasado está funcionando unos planes del Gobierno que pretenden dar mayor transparencia electoral y seguridad como el Plan Nacional de Garantías Electorales; el Plan Democracia, que cuenta con 166.000 uniformados de la Fuerza Pública y el Plan Ágora que tiene cuatro componentes: focalización de zonas críticas, articulación del Estado, participación ciudadana y visibilización.

Los partidos políticos, así como muchos candidatos en las zonas más críticas han firmado pactos de no violencia, sin embargo, las cifras de violencia contrastan con la buena voluntad política que se expresa en los documentos. En pleno posconflicto, el país tiene el reto de proteger a sus líderes políticos y de garantizar a la ciudadanía que pueda ejercer su derecho al voto.

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