El Congreso ecuatoriano inicia análisis sobre la reforma tributaria de Lenín Moreno
La Asamblea Nacional inició este martes 22 de octubre el análisis al proyecto de reformas tributarias presentado por el jefe de Estado, Lenín Moreno.
El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, informó de que en el Consejo de Administración Legislativa (CAL) resolvieron admitir a trámite el proyecto de Ley Económico-urgente, denominado de Crecimiento Económico, enviado por el Ejecutivo la semana anterior. «La Comisión de Régimen Económico analizará esta propuesta. Somos responsables con el país y garantizamos desde la Asamblea un debate amplio para el beneficio de todos», anotó en Twitter.
El #CAL en cumplimiento con sus competencias y atendiendo demandas ciudadanas de celeridad calificó el proyecto de Ley Económico Urgente en materia tributaria y lo remitió a @RegimenEconomAN para su análisis y tratamiento, cumpliendo con los plazos que dicta el debido proceso. pic.twitter.com/76nRenWrNo
— Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) October 22, 2019
«El análisis será técnico, participativo y responsable», dijo Daniel Mendoza, presidente de la Comisión que tiene un tiempo máximo de 30 días para tramitar el proyecto. La Ley establece un plazo máximo de 10 días para elaborar el informe para primer debate. En este tiempo se deberá considerar un plazo no menor de 5 días para recabar las observaciones y aportes de los ciudadanos y los actores que tengan interés en el proyecto.
El informe será puesto a consideración del Presidente de la Asamblea Nacional, quien establecerá una sesión del Pleno para debatir en primera instancia el documento. Las observaciones formuladas en el Pleno deberán ser analizadas por la Comisión. Cuatro días luego del primer debate en el Pleno, la Comisión Especializada deberá presentar al titular del Parlamento, el informe para segundo debate, con la sistematización de todas las observaciones presentadas. Recibido el informe, el Presidente ordenará por Secretaría la distribución del mismo a los asambleístas. Concluido el plazo de 48 horas, contado desde la distribución del documento, lo incluirá en el orden del día de la sesión plenaria.
En este debate, el Pleno podrá aprobar, modificar o negar el proyecto de Ley. Una vez aprobado el proyecto, en el plazo máximo de dos días hábiles, deberá enviarlo al Ejecutivo para su sanción u objeción. Al filo de la medianoche del viernes 18 de octubre, el Ejecutivo entregó a la Asamblea el plan de reforma tributaria, que busca «generar un nivel de recaudación que garantice la sostenibilidad de las finanzas públicas, al tiempo de facilitar y modernizar el sistema tributario para que los emprendedores tengan más oportunidades de generar crecimiento económico y oportunidades de empleo», según el Ministerio de Finanzas. La reforma que presentó el Ejecutivo tiene que ver mayormente con los aspectos tributarios del paquete acordado con el FMI y otras entidades internacionales para recibir una línea de crédito por 10.200 millones de dólares.
Están también por delante la reforma presupuestaria, la laboral y la orgánica, no menos espinosas que la tributaria por lo que suponen para la reducción del gasto público. Los cambios propuestos incluyen enmiendas al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPLAFIP) y el Código Orgánico Monetario y Financiero (COMYF), con el fin de darle mayor autonomía al Banco Central. Según el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, se trata de una «reforma legal para modernizar el sistema tributario y promover emprendimiento» y no incluye un alza en el Impuesto al Valor Agregado (IVA). La reforma tributaria original incluía la eliminación a los subsidios a los combustibles, que dio lugar a once días de protestas sociales, que incluyeron una ola de violencia sin precedentes, y que en su nueva versión ha quedado en suspenso.
El ministro de Economía deberá encontrar ahora vías para suplir los casi 1.400 millones de dólares que se esperaban ahorrar con la eliminación del subsidio a los carburantes. Parte de ese dinero provendrá de la ampliación de la base de recaudación entre las empresas más grandes, que deberán pagar un suplemento al impuesto de sociedades, según el proyecto. Aquellas con facturación entre 1 y 5 millones de dólares aportarán durante tres años un 0,1 % de esa facturación; las que facturen entre 5 y 10 millones pagarán 0,15 % anual, y aquellas con más de 10 millones un 0,2 % adicional.
También serán tasadas las bolsas de plástico, los insumos de cigarrillos electrónicos y se eliminarán las desgravaciones fiscales para cualquiera con más de 100.000 dólares de ingresos anuales. Otras medidas buscan favorecer a la pequeña empresa con la eliminación de la burocracia en el pago de rentas anticipadas o de retenciones al fisco.
La ONU recomienda a Ecuador reexaminar las medidas de austeridad
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales expresó preocupación por el impacto en la población de las medidas de austeridad implementadas por el Gobierno de Ecuador tras el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y la elaboración de su Plan de Prosperidad 2018-2021.
Luego de analizar el cuarto informe periódico del país sudamericano, el Comité emitió este martes una serie de recomendaciones entre las que destaca la evaluación previa de los efectos sobre los derechos económicos, sociales y culturales de cualquier medida tomada para responder al deterioro económico, con el objetivo de evitar que los grupos más desfavorecidos la sufran desproporcionadamente.
Del mismo modo, instó a no rebajar el gasto público en las áreas de educación y salud y a asegurar una partida presupuestaria para la inversión social en los colectivos más pobres.
El Comité reconoció los altos niveles del déficit fiscal y el endeudamiento del país, pero insistió en que las medidas de austeridad deben aplicarse sólo cuando son necesarias y, en esos casos, deben ser proporcionadas, consultadas con las poblaciones afectadas y sometidas a un examen independiente.
Además, no deberían causar discriminación y, en cambio, buscar la mitigación de las desigualdades que generalmente se agudizan en tiempos de crisis.
Estado de emergencia
El Comité subrayó también su alarma por la implementación del estado de emergencia declarado el pasado 3 de octubre ante las protestas que detonó la adopción de las medidas de austeridad.
Advirtió sobre el peligro de suspender la libertad de asociación y se refirió con preocupación a la violencia, el vandalismo y el uso desproporcionado de la fuerza, en ocasiones por parte del ejército, contra los manifestantes y defensores de derechos humanos que salieron a las calles a mostrar su inconformidad con el paquete de austeridad.
En este contexto, el Comité recomendó al Gobierno ecuatoriano que garantice el derecho de asociación y manifestación pacífica de la ciudadanía y apegarse a los estándares internacionales de derechos humanos en el caso del estado de emergencia.
Pueblos indígenas y afrodescendientes
Otro motivo de preocupación es el incremento de las actividades extractivas anunciadas en el Plan de Prosperidad, por lo que llamó a Ecuador a reconsiderar el incremento de la explotación petrolera y la minería a gran escala, recordándole sus compromisos con el Acuerdo de París.
El Comité llamó también a la protección de los defensores de los derechos humanos, haciendo especial énfasis en los pueblos indígenas, afrodescendientes y Montubios, sobre todo en el marco de las actividades extractivas.
Con respecto al aumento de concesiones mineras en territorios indígenas, exhortó a garantizar que los pueblos que los habitan tengan seguridad jurídica en cuanto a sus tierras y recursos naturales y a que se les informe y consulte para obtener su consentimiento libre y previo al establecimiento y gestión de áreas protegidas sobre sus territorios.
Alertó sobre el trabajo forzoso al que son sometidos los empleados de la empresa japonesa de electricidad Furukawa, que afectas en su gran mayoría a personas afrodescendientes y urgió a tomar medidas de protección y reparación y asistencia psicosocial a las víctimas, así como sancionar a los responsables.
Migrantes
Por otra parte, valoró el esfuerzo de Ecuador para acoger a un número significativo de migrantes, pero destacó con preocupación el efecto excluyente de los requisitos para otorgar visas humanitarias, así como la xenofobia y los actos de violencia contra los migrantes.
En este renglón, el Comité recomendó simplificar los procedimientos para la regularización de los migrantes, especialmente en el caso de los menores no acompañados.
Abogó, por otro lado, por poner fin a los despidos, la discriminación y otras represalias por actividades sindicales y a tomar las providencias que hagan falta para reducir el trabajo informal e integrar al sector formal a quienes lo desempeñan.
Seguridad social
El Comité alentó a Ecuador a extender la seguridad social de manera progresiva a los grupos no cubiertos y a fortalecer la cobertura social de los trabajadores independientes, además de mejorar los servicios para las personas dedicadas al trabajo doméstico no remunerado.
Al referirse a los prejuicios contra la contracepción y a la criminalización del aborto aún en los casos de violación, el Comité pidió mantener la inversión en métodos contraceptivos y promover el acceso a la educación y servicios de salud sexual y reproductiva, así como a garantizar que la regulación de la interrupción del embarazo sea compatible con la integridad de la mujer, llamando a despenalizar el aborto en casos de violación.
