El Salvador: organizaciones de DDHH denuncian intento de amnistiar crímenes de guerra

Activistas denuncian intento de amnistiar crímenes de guerra en El Salvador

Organismos de derechos humanos de El Salvador denunciaron este miércoles que el Congreso pretende aprobar una Ley de Reconciliación Nacional que daría una amnistía a responsables de crímenes en la pasada guerra civil (1980-1992).

“Se está fraguando una nueva amnistía” similar a la de 1993, que fue declarada inconstitucional en 2016, declaró en rueda de prensa Julio Magaña, de la Mesa Contra la Impunidad de El Salvador.

El proyecto de ley no contempla “la voz de las víctimas” y “contiene disposiciones lesivas a los derechos humanos que posibilitan una amnistía de facto”, advirtió Magaña, miembro de la mesa que aglutina a una veintena de organismos humanitarios.

En 2016, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema declaró inconstitucional la ley de amnistía de 1993, que impedía investigar y juzgar a responsables de crímenes cometidos durante el conflicto interno.

El tribunal ordenó al Congreso elaborar una ley de reconciliación que diera justicia y reparación a las víctimas de abusos durante la guerra civil.

El legislativo realizó cinco consultas con representantes de víctimas, pero los organismos humanitarios consideran que el proceso fue “insuficiente y sin legitimidad”.

Los organismos rechazan que el fiscal general sea el encargado de la selección de casos por cuanto “vulnera” el derecho a la justicia, regulado por la Declaración Americana de Derechos Humanos.

Los organismos humanitarios están preocupados por la posibilidad de que los casos que no queden comprendidos en la lista que pueda elaborar la fiscalía queden bajo la amnistía.

En ese sentido, advirtieron que la propuesta “vulnera el principio de imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra”, al establecer un plazo para la presentación de denuncias de masacres y otros crímenes.

Los organismos humanitarios reprochan además la propuesta para que los responsables de crímenes que tengan penas menores a 10 años de cárcel “sean suspendidas de oficio por el juez de la causa”, y las que pasen de 10 años se sustituyan por “trabajo de utilidad pública”.

La guerra civil salvadoreña, que concluyó el 16 de enero de 1992 con la firma de acuerdos de paz entre el gobierno y la guerrilla de izquierda, dejó más de 75.000 muertos y más de 7.000 desaparecidos.

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Piden a Bukele ordene abrir archivos militares

La asociación “Mesa contra la Impunidad” pidió ayer que el presidente de la República, Nayib Bukele, ordene abrir los archivos de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES).

David Ortiz, miembro de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), solicitó públicamente que el mandatario ordene poner a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), del Órgano Judicial, de las víctimas y de los organizaciones de derechos humanos, la información militar que tiene que ver con graves violaciones de derechos humanos.

“Aquí no necesitamos dar vueltas, esto es una decisión política, si el comandante general tiene interés por ayudar a las víctimas a conocer la verdad, a darle justicia y reparación, este es un paso determinante y cabe simplemente en una orden”, afirmó Ortiz. Sugirió una Comisión Política para la revisión de cada archivo.

Óscar Pérez, presidente de la Fundación de la Comunicación para el Desarrollo “Comunicándonos”, dijo que el Gobierno anterior, del FMLN, no dio acceso a los archivos militares y negaba que existieran. Asegura que, pese a la promesa del presidente Bukele, aún no tienen acceso, ya que no han tenido respuestas a sus solicitudes de información.

“No registramos todavía una apertura de los archivos militares por parte del Estado Mayor, hay más información sobre la guerra de los 100 días con Honduras que de los 12 años de conflicto en El Salvador, eso es triste y nos parece que esto atenta con el derecho a la verdad”, criticó Pérez.

El Mundo


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