Paro nacional y movilizaciones contra las políticas del gobierno de Iván Duque
Estudiantes convocan cese de actividades y nuevas movilizaciones en el país
Los estudiantes la Universidad Industrial de Santander (UIS), en asamblea general definieron convocar a los estudiantes del país para que se sumen a nuevas jornadas de protestas los días 24 y 31 de octubre.
Además, anunciaron que, del 21 al 25 de octubre, iniciarán un cese de actividades académicas en medio de una actividad denominada la ‘Semana de la Indignación’.
«La Asamblea de la UIS quiso convocar algunas jornadas de movilización en rechazo a la aprobación del Artículo 44, incluido en el Presupuesto General de la Nación 2020. Esto es una propuesta, por lo que aún no podemos confirmar que vaya a haber un cese de actividades a nivel nacional hasta que las asambleas de cada universidad no se reúnan y tomen una decisión», señaló Valentina Ávila, líder estudiantil.
Sin embargo, los estudiantes no descartan la posibilidad de sumarse a esta convocatoria ya que aseguran que habrá más jornadas de movilización.
«Como estudiantes siempre hemos sabido que nuestra única vía para que el Gobierno Nacional nos escuche es la movilización pacífica», indicó Alejandro Palacio, otro de los líderes estudiantiles.
Los estudiantes también analizan la posibilidad de interponer ante la Corte Constitucional una demanda contra el artículo 44, que permite que las universidades públicas paguen con recursos asignados para educación las sentencias o fallos proferidos en contra de la Nación, lo que generó el rechazo en la comunidad estudiantil.
Por su parte la ministra de Educación, María Victoria Angulo señaló que el Artículo no es un ‘mico’, como lo han advertido, ni afectará el presupuesto destinado para las Universidades Públicas en la vigencia 2020. E indicó que, por el contrario, el presupuesto aprobado honra los acuerdos y es el más alto de la historia para el sector.
Trabajadores convocaron a paro nacional el 21 de noviembre en contra de reforma pensional y laboral
En las movilizaciones de trabajadores, estudiantes y profesores que se dieron este jueves en algunas ciudades del país, los manifestantes anunciaron un nuevo paro nacional el próximo 21 de noviembre para rechazar lo que ellos han denominado el «paquetazo de Duque», nombre que le pusieron a la reforma pensional que prepara el Gobierno nacional, entre otras medidas.
De acuerdo con Miguel Pardo, miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), agremiación que lideró las movilizaciones, la idea de la protesta surge a raíz de las reforma pensional y laboral que prepara el Gobierno. La medida que más han causado descontento en los gremios es que se dé una posible eliminación de Colpensiones y que se ponga en riesgo los contratos a término indefinido.
Le puede interesar: Movimiento estudiantil vuelve a las calles de Bogotá: Enfrentamientos entre Esmad y estudiantes
«Este ha sido un año de batalla en dónde hemos logrado propinar serios reveces al Gobierno de Duque. El movimiento social está respondiendo en las calles. Hay dos caras de la luna, un Gobierno agresivo, pero un movimiento social que sale a defenderse. Ante la regresiva reforma laboral y pensional, responderemos con un paro nacional el 21 de noviembre», señaló Pardo.
El dirigente sindical también mencionó que entre sus exigencias está la oposición a la creación del Holding Financiero Estatal, porque es un riesgo para el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag).
Asimismo se movilizarán para rechazar lo aprobado en el segundo debate del presupuesto para el 2020, donde se incluyó un artículo que le permite Gobierno disponer de $970 mil millones de los recursos del l Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet), con lo que se afectarían las pensiones de los docentes.
Sobre estos aspectos, el Ministerio de Educación aseguró que viene cumpliendo los acuerdos suscritos con Fecode el pasado 15 de mayo. En ese sentido, precisó que se creó la Comisión Nacional de Seguimiento a la prestación del servicio de salud para garantizar la correcta prestación del servicio de Salud y atender problemáticas como el déficit de algunas especialidades médicas. Sobre otras demandas de Fecode, el Ministerio informó que propuso espacios de trabajo adicionales para trabajar en ellas.
En la movilización también hubo participación de la Confederación Nacional de Trabajadores (CTC), quienes se sumaron a la causa de los docentes por el rechazo a las reformas que se avecinan: «Hemos sido víctimas de las reformas pensionales y laborales. Por eso tenemos que unirnos para dar la pelea a estos gobiernos injustos. Unidos rechazamos contra estás medidas que nos afectarán en el futuro», dijo Luis Ortiz, presidente de la CTC.
El presidente Iván Duque hizo referencia este jueves al inconformismo generado por las posibles reformas. Aseguró que en los últimos días se han conocido «especulaciones y chismes» con respecto a la reforma pensional que quiere impulsar el Gobierno.
Estudiantes UIS, Sena y profesores rechazaron medidas del Gobierno
Frente a la alcaldía de Bucaramanga terminó la protesta que llevaron a cabo los estudiantes de la Universidad Industrial de Santander a quienes también se le sumaron los estudiantes del Sena en rechazo a la decisión del Congreso de la República de avalar en el Presupuesto General de la Nación dineros de la universidades para pagar demandas de la Nación.
«No vamos a permitir que a parte de que el gobierno nos ha incumplido con los acuerdos y no ha girado los recursos que acordamos para las universidades públicas, ahora al contrario, nos quitan más» señaló Edinson Robayo estudiante de derecho.
Por su parte, Luis Suárez estudiante de la UIS de historia indicó que «rechazamos este «paquetazo» de medidas económicas que hoy Iván Duque quiere implementar estos días y las posibles reformas pensionales. Además, también hacemos esta marcha por los abusos del Esmad y no nos importa que se aumente la represión».
En Bucaramanga alrededor de 4000 personas entre estudiantes, profesores y miembros de la unión sindical obrera salieron a marchar por las calles de Bucaramanga en completa normalidad y hubo congestión vehicular en las principales calles como la carrera 27 con calle 36.
Reforma pensional será presentada al Congreso en el 2020
La presentación de la Reforma Pensional o de atención a la vejez se presentará en el próximo periodo legislativo para dar prioridad en el trámite de la nueva Ley de Financiamiento, aseguró el Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.
Dijo que “no creemos que sea viable pensar en que se puedan discutir simultáneamente, por lo tanto, esto nos obliga a reforzar el trabajo, pulirla la reforma de atención a la vejez más y presentarla en la próxima legislatura”.
De acuerdo con el Ministro de Hacienda es un proyecto de ley que juega a 20 o 30 años y lo que busca es ampliar la cobertura al ciento por ciento de la población colombiana y es una ley que va revolucionar la atención a la población mayor del país.
Aclaró que en la próxima reforma pensional no se va a subir las semanas de jubilación de los colombianos ni tampoco la edad.
Así se aprobó el polémico artículo que habilita recursos de educación para pagar fallos contra el Estado
A poco para terminar la discusión del Presupuesto General de la Nación 2020, en la plenaria de la Cámara de Representantes, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, corrió en la noche del miércoles desde el recinto del Senado de la República hacia el Salón Elíptico para hacer una petición puntual: que se reabriera la discusión del artículo 44 de dicho proyecto y se aprobara tal y como venía en la ponencia.
“El tema del artículo 44 hace referencia a los pagos que deben hacer los contribuyentes o las universidades por cuestiones de sentencias. Aquí se discutió y se rechazó. En Senado se discutió y fue aprobado. Entonces, tenemos ese problema de diferencias (…) La propuesta: que se acepte como está. El Gobierno estudiará la manera de corregir y expresar mejor la voluntad que tiene la Cámara”, dijo Carrasquilla.
La solicitud alteró a la oposición y a varios congresistas que, con anterioridad, habían votado por la eliminación de dicho artículo porque, en pocas palabras, habilita dineros de la educación pública para pagar condenas en contra de la Nación. “En virtud de la autonomía consagrada en el artículo 69 de la Constitución Política, las universidades estatales pagarán las sentencias o fallos proferidos en contra de la Nación con los recursos asignados por parte de esta, en cumplimiento del artículo 86 de la Ley 30 de 1992”, reza el texto.
Carrasquilla intentó explicar que no era un asunto nuevo y que dicha figura ya había sido incluida en anteriores leyes de presupuesto. “Se ha buscado que las universidades sujetas a demandas se protejan mejor, que tengan equipos jurídicos que no dejen vencer los términos. El artículo no es nuevo, no es algo inaudito, ha hecho parte de una larga tradición”, expresó el jefe de la cartera de Hacienda.
De hecho, hubo una conversación durante la intervención de Carrasquilla que generó suspicacias en el recinto.
—Ministro, es que el viceministro dijo que ustedes lo objetaban. Esa es la propuesta que quiere escuchar la plenaria— le ilustró el representante Carlos Cuenca, presidente de la Cámara, a Carrasquilla.
—¿Que lo objetaba? — respondió Carrasquilla, evidentemente sorprendido. Sin embargo, siguió con el discurso. —Al ser incorporado el artículo, a lo que estamos comprometiéndonos es a proceder con una objeción del artículo— finalizó.
El viceministro que, según varios congresistas, hizo el compromiso de objetar el artículo una vez aprobado fue Juan Alberto Londoño y detrás de todo eso había un interés adicional: ese artículo era el único, de acuerdo con el mismo funcionario, que difería de lo aprobado por Senado. Es decir, así se evitaba una conciliación.
Por esa razón, la petición era reabrir y aprobar tal como venía en la ponencia. “El Gobierno puede revisar, en otro instrumento, cómo miramos el tema de las sentencias de las universidades, pero no le neguemos al país $ 7 billones de pesos en inversión que cada uno de ustedes trabajó, (cuando pidieron) que aumentáramos el presupuesto de inversión de $ 40 billones a $ 47 billones, con un billón y medio más para educación superior”, dijo Londoño.
Algunos manifestaron la inconveniencia de aprobar la solicitud del Gobierno. “¿Qué va a pasar si aprobamos este artículo en el marco del diálogo entre el Gobierno y el movimiento estudiantil? Aprobar ese artículo es echarle un fósforo a un tanque lleno de gasolina, es poner en aprietos al presidente y a la ministra de Educación en su diálogo con los estudiantes”, ripostó el representante José Daniel López, de Cambio Radical.
Y siguieron varios más de la oposición. “Hemos acompañado los acuerdos de estudiantes, profesores y rectores. Si se reabre este artículo 44, se falta a esos acuerdos, es apagar un incendio con gasolina. Me parece completamente grave y que no vaya a decir el ministro que es que van a considerar objetar este artículo, porque no les creemos, es imposible creer cuando se ha faltado tanto a la palabra de parte del gobierno en cabeza del presidente y sus ministros”, dijo por su parte el representante León Fredy Muñoz, de la Alianza Verde.
El representante Carlos Carreño, de FARC, también participó: “Más de 100 representantes votamos por impedir que con este artículo se le dé un tiro de gracia a la educación superior en nuestro país. Aquí hay una intencionalidad de acabar con la educación pública. Miles de estudiantes vienen reclamando sensatez por parte del Gobierno Nacional. No puede el Gobierno seguir insistiendo en acabar con la única posibilidad de los sectores populares de acceder a la educación superior”.
También intervino el representante Jorge Gómez, del Polo Democrático: “Lo que acaba de pasar me da vergüenza ajena. El viceministro casi que pone las manos en la candela diciendo que él y el Gobierno se comprometían a que después arreglaban el asunto objetando o presentando un nuevo proyecto”.
Culminadas las intervenciones, se abrió el registro y la plenaria, con una votación de 70 contra 49, dio vía libre para que el artículo 44 se pusiera nuevamente en consideración de los congresistas. El representante del Polo, Germán Navas Talero, manifestó su inconformidad. “A nombre del Polo, mantenemos nuestro voto. No lo vamos a cambiar, no es muy ético sin que haya una causa justa, esas posiciones se cambian por mermelada. No creo en la palabra del Gobierno, no creo en Carrasquilla”, expresó Nava. Finalmente, con una votación de 64 votos a favor y 49 en contra, el polémico artículo fue aprobado y, posteriormente, la plenaria de la Cámara le abrió el camino al Presupuesto General de la Nación de 2020.
Quién gana y quién pierde si no se reemplaza la ley de financiamiento
Tras el fallo de la Corte Constitucional que declaró inexequible la ley de financiamiento, por vicios de forma, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, anunció que el Gobierno modificará su agenda legislativa para presentar de nuevo ante el Congreso el mismo texto que fue aprobado el año pasado.
El proyecto irá con mensaje de urgencia dada la importancia de preservar los efectos de la ley, que han sido, a su juicio, positivos para el país en el 2019. Para ello, será necesario posponer la presentación del proyecto de ley de protección a la vejez, lo que se iba a hacer en noviembre próximo.
“El proyecto de ley de protección a la vejez se ha venido trabajando desde marzo, es infortunada la coincidencia de que se crucen. No creemos que sea viable pensar en que se discutan simultáneamente, por tanto nos obliga a reforzar el trabajo, pulirla más para presentarla en el próximo año. Es un proyecto de ley que juega a 20, 30, 50 años… esperar unos mesesitos en un contexto de 50 años no es un costo insuperable”, dijo.
Entre tanto, “para el país es prioritario darle continuidad a la ley de financiamiento, es lo más urgente”.
Agregó que esta ley (todavía vigente) tiene las mayorías en el Legislativo y, por ello, el Gobierno confía en que la aprobarán antes del 31 de diciembre.
El ministro y el viceministro, Juan Alberto Londoño, destacaron que los impuestos que se causen este año y que se deben pagar en el 2020 siguen vigentes, tal como lo informó la Corte Constitucional.
Algunos efectos
Si bien el ministro Carrasquilla señaló que no es “horoscopista” para predecir la suerte del proyecto, de no lograrse revivir la ley, personas de altos recursos tributarían menos, mientras que iniciativas de impulso al emprendimiento se verían cortadas.
Patrimonio. Si no revive la ley, desaparecería el impuesto al patrimonio, que corresponde al 1 por ciento para los que tienen más de 5.000 millones de pesos en patrimonio líquido.
Dividendos. También dejaría de existir, desde el 2020, el aumento al impuesto a los dividendos que reciban las firmas sin domicilio en Colombia, que pasó al 7,5 por ciento para las ganancias logradas en el 2019, y cuya tarifa para el 2017 y el 2018 fue del 5 por ciento. Al igual que en el anterior, lo causado en el 2019 se pagará en el 2020.
Sobretasa a bancos. En la ley de financiamiento se aprobó que debían pagar el 4 % más en impuesto de renta en el 2020 y 3 por ciento para el 2020 y el 2021.
IVA plurifásico. También quedaría sin piso este recaudo anual de unos 910.000 millones de pesos por el IVA plurifásico a las cervezas y gaseosas a cargo de proveedores, mayoristas, distribuidores y comerciantes que vendan más de 2.400 millones al año.
Viviendas de lujo. Se quitaría un impuesto al consumo del 2 por ciento a la venta de inmuebles nuevos o usados con valor superior a 26.800 Unidades de Valor Tributario (UVT), que equivalen a 918,4 millones de pesos en el 2019.
Cárcel a evasores. Tras 25 años de intentos, esta penalización, que fue uno de los principales logros de la ley, quedaría sin piso jurídico. Según la Dian, en el impuesto de renta la evasión baja desde 37,8 por ciento en 2017 al 33,5 en el 2018.
Logros en riesgo
El sector empresarial, incluyendo a emprendedores, está entre los que pierden si el Gobierno no logra que el Congreso reviva la ley. Estos serían algunos impactos negativos.
Exención de IVA a bienes de capital. Cuando se adquieran o construyan bienes de capital (los que sirven para producir bienes y servicios), la totalidad del IVA pagado puede tratarse como un descuento al impuesto de renta. Esto se perdería.
Economía naranja. Según cifras del Ministerio de Cultura, unas 40.000 empresas de las industrias creativas y de base tecnológica existentes, más las que se creen hasta el 2021, no tendrían la exención por 7 años del impuesto de renta. Aplica a las que vendan al año menos de 80.000 UVT ($ 2.700 millones).
El régimen simple y sus resultados
Renta de empresas. Para impulsar el crecimiento y la generación de empleo, se aprobó una reducción progresiva en las tarifas del impuesto de renta, pasando del 33 al 30% a partir de 2022.
El régimen simple. Este mecanismo, que les facilita a los propietarios de pequeños negocios cumplir sus obligaciones fiscales y de seguridad social, también se acabaría. La Dian ya tiene unas 8.500 personas inscritas, de las cuales 3.500 nunca habían declarado, es decir, se formalizaron para aprovechar la ventaja de este régimen (la meta inicial era de 2.500).
Agro emprendedor. Los emprendedores del sector agropecuario quedarían sin una exención de 10 años en el impuesto de renta, cuyas condiciones son muy parecidas a las de la economía naranja, pero en estos proyectos deben generar mínimo 10 empleos e invertir más de 25.000 UVT (856,7 millones de pesos en el 2019).
VOLVER
